martes, 3 de noviembre de 2026

De Balfour al Diluvio de Al-Aqsa: ni olvido ni perdón

 

De Balfour al Diluvio de Al-Aqsa: ni olvido ni perdón


Fuentes: Alkarama

109 años después de la Declaración Balfour, el pueblo palestino sigue enfrentándose a un proyecto colonial sostenido por potencias extranjeras. Frente al genocidio, el despojo y los intentos de borrar nuestra existencia, seguimos afirmando nuestros derechos a la tierra, al retorno, a la autodeterminación y a la liberación.

El 2 de noviembre de 1917 el Gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un «hogar nacional para el pueblo judío» en Palestina. Una potencia imperial decidió sobre una tierra que no le pertenecía, sin reconocer los derechos políticos y nacionales del pueblo que la habitaba. En aquella declaración nuestro pueblo quedó reducido a unas «comunidades no judías»: una forma de negar nuestra identidad y nuestra condición de sujeto político en nuestra propia patria.

Balfour representa una responsabilidad colonial que no podemos encerrar en los libros de historia. La desposesión, la expulsión y la fragmentación de Palestina forman parte de una misma lógica: apropiarse de la tierra y quebrar la voluntad de quienes pertenecen a ella. La Nakba no terminó con la expulsión de 1948. Su continuidad se expresa en el desarraigo, la colonización y el intento de convertir la vida palestina en algo imposible.

La responsabilidad británica tampoco borra la de los demás gobiernos que han contribuido a sostener este proyecto. Estados Unidos y las potencias europeas deben responder por sus decisiones. En febrero de 2024 expertos de Naciones Unidas señalaron a Estados Unidos y Alemania como los principales exportadores de armas a Israel y exigieron detener las transferencias ante el riesgo de su utilización en crímenes internacionales. Las advertencias sobre la posible complicidad de Estados y empresas fueron reiteradas en junio de aquel año. Nadie puede alegar desconocimiento.

Exigimos responsabilidades a todos los gobiernos que han proporcionado armas, financiación, apoyo logístico o cobertura política al exterminio del pueblo palestino. También a quienes pretenden sustituir sus obligaciones por declaraciones de preocupación, mientras mantienen relaciones que sostienen la impunidad. Y a los gobiernos árabes que anteponen la normalización con Israel a los derechos y la vida de nuestro pueblo.

De Balfour al momento histórico abierto por el 7 de octubre de 2023, conocido como Diluvio de Al-Aqsa, hay una realidad que ningún relato colonial puede ocultar: Palestina no comenzó a existir cuando sus ocupantes decidieron nombrarla, y su historia no puede reducirse a esa fecha. Nuestro pueblo nunca aceptó su desaparición ni dejó de luchar por su libertad.

Desde las revueltas contra el dominio británico hasta las movilizaciones populares, la organización de las mujeres, las luchas de las prisioneras y los prisioneros y la defensa cotidiana de la tierra, generaciones de palestinas y palestinos han mantenido viva la causa. De Nazaret a Ramala, de Gaza a los campamentos del exilio, somos un pueblo unido por la tierra, la memoria y el derecho al retorno.

Nunca hemos dejado de resistir ni vamos a dejar de hacerlo hasta la liberación de toda Palestina, del río al mar, y la recuperación de todos nuestros derechos. El fin del colonialismo, el retorno de las personas refugiadas, la libertad de las personas presas y la autodeterminación son derechos irrenunciables.

Recordar Balfour exige actuar: organizar la solidaridad, impulsar el boicot, exigir un embargo militar efectivo y reclamar justicia y reparación. Ningún gobierno tiene derecho a negociar nuestra desaparición ni a decidir qué parte de nuestra patria o de nuestros derechos debemos abandonar.

Ni olvido ni perdón. Por la liberación, el retorno y una Palestina libre del río al mar.

Fuente: https://alkarama.eu/de-balfour-al-diluvio-de-al-aqsa-ni-olvido-ni-perdon/

Elecciones de medio término ¿Qué cambia si ganan los demócratas?

 

Elecciones de medio término

¿Qué cambia si ganan los demócratas?


Fuentes: Diario Tiempo Argentino

En lo económico es muy difícil que haya cambios sustanciales. Estados Unidos está en una situación crítica desde hace ya varios años. Barack Obama, Joe Biden y Trump no han hecho más que agudizarla involucrándose en guerras eternas.

Parece que se van despejando las dudas (si alguna) en torno a las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ya hasta los republicanos suponen que ganarán los demócratas, y lo único que queda por definir es cuál será la diferencia. Hasta en Michigan donde el candidato a senador Abdul el Sayed ha sido acusado por Trump de «musulmán, terrorista y comunista» (no le dijo negro porque queda feo), las encuestas le dan siete puntos de ventaja sobre su contrincante republicano. En los últimos diez días todas las encuestas dan que los demócratas han ampliado su ventaja. Hasta en las elecciones para gobernador de Virginia y Nueva Jersey parece que van a perder los trumpistas.

En síntesis, si los resultados se ajustan a lo esperado los demócratas se van a alzar, el martes de viene, con una mayoría en la Cámara y en el Senado, y probablemente una mayoría de los gobernadores estaduales. Esto último es importante porque el sistema norteamericano establece gran parte del poder político a ese nivel (recaudación de impuesto, mando de la Guardia Nacional, recuento de votos y organización de elecciones). Más allá de la magnitud del triunfo, ¿qué va a cambiar?

Vamos a diversos niveles: política interna, política exterior y economía. En cuanto a la política interna, poco va a cambiar. Muchos de los demócratas no se diferencian demasiado de los trumpistas. Por ejemplo, la gobernadora de Virginia y oficial de la CIA, Abigail Spanberger, es una blue dog democrat, que coincide más con Trump que con el ala “moderada” de su propio partido.

Funcionarios como Scott Bessent, Pete Hegseth y Marco Rubio es probable que continúen en sus cargos. Y por supuesto que buena parte del Partido Demócrata coincide con los MAGA en torno a la expulsión de inmigrantes y su reivindicación de “valores familiares y cristianos”. De hecho, el hackeo de las computadoras de Homeland Security y la publicación de 6600 nombres de agentes de ICE, con direcciones y teléfonos ha tenido un mayor impacto del que puede tener el resultado electoral.

Una cuestión importante, en el nivel político, es que el trumpismo se está erosionando en su apoyo popular, si bien retiene casi 40% de opinión positiva y un 37% de adhesión. Esto se debe sobre todo a los numerosos problemas económicos que tienen, en parte derivados de la cuestión petrolera, pero sobre todo de mantener un gasto bélico absolutamente desmedido.

Y si bien muchos analistas suponen que la mayoría de la juventud es hoy en día anti Trump, esto hay que matizarlo bastante, sobre todo porque las universidades, colegios y secundarias evangélicas son muy numerosas y esos jóvenes tienden a ser adherentes del MAGA.

Más allá de los matices, y si bien un triunfo demócrata traerá pocos cambios sustanciales, la realidad es que impactará fuertemente sobre el mundo MAGA, sobre todo en aquellos políticos que aspiran a suceder a Trump en la presidencia que se lanzarán al ruedo en 2028. Ni hablar de entre los demócratas, ya que la derrota es huérfana y la victoria tiene muchos padres. En ese sentido podemos esperar que los próximos dos años, hasta las presidenciales de 2028, sean conflictivos.

En lo económico es muy difícil que haya cambios sustanciales. Estados Unidos está en una situación crítica desde hace ya varios años. Barack Obama, Joe Biden y Trump no han hecho más que agudizarla involucrándose en eternas guerras que son financiadas con emisión de dinero y bonos de Tesoro para comprar armamento que tiene un impacto nulo en el crecimiento económico.

A eso hay que agregar que los grandes sectores de poder (desde el complejo militar industrial, pasando por las finanzas, hasta las petroleras que se han beneficiado de la guerra de Irán) no tienen ningún interés en reducir sus ganancias para poder redireccionar la economía hacia actividades más productivas. En síntesis, el modelo económico neoliberal, inaugurado por Ronald Reagan y continuado por Bill Clinton, continuará con un consenso bipartidista, gane quien gane. Pensemos que los astronómicos presupuestos militares votados en los últimos 20 años gozaron del apoyo de ambas bancadas.

En política exterior las cosas tampoco  son muy distintas. Una mayoría de los demócratas apoya a Israel y el genocidio en Gaza, a Zelensky y la Guerra de Ucrania, a la confrontación con China, la India y Rusia. Lo mismo podemos decir de la agresión a Cuba; no olvidemos que el gestor de la invasión de playa Girón fue JF Kennedy que continuó la política de Dwight Eisenhower. Ni hablar de que la promoción de gobiernos de ultraderecha (por no decir neofascistas) goza de amplio consenso.

En ese sentido el triunfo de Lula tiene más impacto que un congreso controlado por los demócratas ya que pone un freno a la intervención en los países del continente y al esfuerzo por convertir América Latina en un patio trasero en serio. No olvidemos que el silencio demócrata frente al secuestro de Nicolás Maduro fue algo ensordecedor.

En síntesis, un triunfo demócrata va a tener escaso efecto en modificar las políticas de Estados Unidos en el corto y mediano plazo. Sin embargo, puede tener un impacto en términos de resquebrajar la coalición neoliberal y de incentivar formas de organización y movilización que vienen en lento crecimiento desde Black Lives Matter hasta las marchas de los vecinos de Minnesota en contra del ICE.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/que-cambia-si-ganan-los-democratas/

lunes, 2 de noviembre de 2026

Bulgaria eligió a Yotova y su propuesta de mayor soberanía

SPUTNIK MUNDO

"Bulgaria eligió a Yotova y su propuesta de mayor soberanía"
"Yotova es una candidata socialista desde un punto de vista plural y amplio: ha habido una coalición, un pacto entre diferentes partidos; la posición que están adoptando algunos países de Europa del Este refleja una dicotomía entre la dependencia de Occidente y la defensa de su propia soberanía", afirmó Aníbal Garzón, sociólogo, docente y comunicador, especializado en Estudios Internacionales, en diálogo con Séptimo Piso.
"Algunos medios la definen como prorrusa, pero esta candidata dice que no tienen que ser otros quienes definan su posición", dijo, y agregó que "la candidata sostuvo que involucrarse en el conflicto de Ucrania e imponer sanciones a Rusia no beneficia a la economía de su país".
"Es una candidata socialista, que representa una pluralidad de izquierdas y que se enfrentó, sobre todo, a un candidato europeísta y conservador como Gyurov; su victoria se produjo con una participación del 27%, apenas uno de cada cuatro búlgaros", añadió.
"Aquí queda claro a quién le interesa ejercer influencia sobre esos países: no sería Rusia, sino Bruselas y Washington, que buscan subordinarlos a sus intereses en esta guerra. Basta observar los casos de Finlandia, que era un país neutral, y Suecia, que terminaron incorporándose a la OTAN", cerró.

¿El «Sistema Internacional de Shenzhen» un nuevo paradigma después de Yalta?


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¿El «Sistema Internacional de Shenzhen» un nuevo paradigma después de Yalta?

Por Alejandro Marcó del Pont | 02/11/2026 | Economía


Fuentes: El tábano economista [Foto: En la Conferencia de Yalta se reunieron Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Iósif Stalin]

Hasta dónde pueden competir sin cruzar el punto de guerra

(El Tábano Economista)


La confirmación de la asistencia del presidente estadounidense Donald Trump y del presidente ruso Vladímir Putin a la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China, ha reactivado una pregunta que parecía reservada a los manuales de historia diplomática: ¿puede una reunión entre las tres mayores potencias nucleares del mundo inaugurar una nueva arquitectura de orden internacional?


La expectativa de un encuentro trilateral entre Trump, Xi Jinping y Putin no surge de la nada. Se inscribe en una secuencia de contactos presidenciales, señales públicas y maniobras diplomáticas que sugieren que Pekín, Moscú y Washington están explorando, al menos tentativamente, los límites de su competencia. La posibilidad de que esa exploración desemboque en una recalibración estratégica ha alimentado la idea de un supuesto “Sistema Internacional de Shenzhen”, expresión asociada al profesor Wang Wen, decano del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China.


La referencia a Yalta no es casual. La Conferencia de Yalta de 1945 no creó un orden mundial perfecto, pero sí estableció las coordenadas fundamentales del sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial. Un mundo organizado alrededor de grandes potencias, con esferas de influencia reconocidas, alianzas rígidas y una división del poder que terminó por cristalizar en la confrontación bipolar de la Guerra Fría. Durante décadas, esa arquitectura sostuvo una paz imperfecta, pero estable, entre los bloques. Lo hizo mediante disuasión nuclear, competencia ideológica, guerras periféricas y una disciplina geopolítica brutal. No fue un orden justo; fue un orden funcional.


El colapso de la Unión Soviética pareció anunciar el fin de esa lógica. Estados Unidos emergió como potencia hegemónica y durante un tiempo se creyó que la unipolaridad sería la forma definitiva de organización internacional. Sin embargo, la experiencia de las últimas tres décadas ha demostrado que la primacía estadounidense no eliminó los conflictos, sino que los reconfiguró. Las guerras de Afganistán e Irak, la crisis financiera de 2008, el ascenso de China, el regreso de Rusia como potencia militar, la fragmentación de las cadenas de suministro, la crisis climática y la irrupción de la inteligencia artificial han revelado que ningún actor puede administrar unilateralmente un mundo interdependiente. La unipolaridad no produjo estabilidad duradera; produjo resistencia, desorden y una creciente demanda de pluralidad.


En ese contexto, la eventual cumbre de Shenzhen adquiere un significado que excede la foto protocolar de tres líderes. No porque vaya a fundar un nuevo orden mundial —eso sería prematuro—, sino porque podría revelar si las grandes potencias son capaces de sustituir la lógica de la confrontación por una lógica de competencia regulada. La propuesta de Wang Wen no consiste en reemplazar a las Naciones Unidas ni en abolir las instituciones existentes, sino en reformular los principios de coexistencia entre las potencias. Su tesis es que el mundo ya no puede seguir operando bajo la mentalidad de Yalta: bloques enfrentados, esferas de influencia, suma cero y división territorial. La alternativa sería una coexistencia basada en respeto mutuo, prevención de conflictos, coordinación de políticas y competencia controlable.


Sin embargo, hay una objeción inmediata que Occidente suele formular. Una negociación de paz seria requiere una preparación mucho más rigurosa que una idea surgida de manera improvisada, especialmente si proviene del Kremlin. La crítica es legítima, pero incompleta. Las reuniones cara a cara entre jefes de Estado de grandes potencias nunca son improvisadas. Son el resultado visible de meses de diplomacia silenciosa, contactos técnicos, pruebas de posición y cálculos domésticos. Los hechos disponibles lo confirman. El 4 de febrero, Xi Jinping mantuvo conversaciones telefónicas por separado con Putin y Trump. Durante la tercera semana de mayo, Trump y Putin visitaron Pekín sucesivamente para reunirse con Xi. Entre el 23 y el 25 de septiembre, Xi viajó a Estados Unidos. El 1 de octubre, Putin declaró públicamente en la 23ª Reunión Anual del Club de Debate Valdai que una cumbre trilateral era posible, siempre que la agenda fuera adecuada.


Esa secuencia no prueba que exista ya un acuerdo de paz ni que Shenzhen vaya a producir uno. Pero demuestra que tal cumbre no sería una ocurrencia espontánea. Sería el punto culminante de una diplomacia preparatoria. La incertidumbre no reside en si los presidentes pueden reunirse, sino en si comparten una agenda mínima capaz de transformar una reunión simbólica en un proceso político sostenible.


Para entender el alcance real del posible encuentro, conviene abandonar la retórica del “nuevo orden” y examinar los objetivos concretos de cada potencia. Porque si hay algo que la historia diplomática enseña con crudeza es que las cumbres no nacen de la armonía, sino de la necesidad.


China necesita tiempo. Su prioridad no es rediseñar el sistema internacional, sino proteger las condiciones que le permitan consolidar su posición en comercio, tecnología, producción avanzada y cadenas de suministro. Pekín atraviesa una fase de transición hacia lo que denomina “desarrollo de alta calidad”, un modelo que exige estabilidad externa, acceso a mercados, seguridad tecnológica y continuidad en el comercio global. China ha demostrado que puede utilizar la interdependencia como instrumento de poder: el control de tierras raras y minerales críticos es el ejemplo más visible. Pero ese poder solo es sostenible si el sistema económico mundial no se fragmenta de manera irreversible. Una desvinculación total entre China y Occidente sería costosa para ambos lados, aunque no simétricamente.


Por eso, una cumbre trilateral le conviene a Pekín si le permite congelar la competencia en un nivel administrable mientras gana tiempo tecnológico. China quiere presentarse como el anfitrión indispensable, como el actor capaz de reunir a las tres mayores potencias nucleares y ofrecer una imagen de multipolaridad ordenada. No busca necesariamente imponer un nuevo orden, sino impedir que el orden actual se degrade hasta un punto en que la confrontación se vuelva incontrolable. Su apuesta es pragmática: ganar tiempo, reducir riesgos y consolidar posición.


Rusia busca algo distinto, reconocimiento. Para Moscú, sentarse en la misma mesa que Trump y Xi sería un logro simbólico de enorme magnitud. Significaría salir del aislamiento impuesto por Occidente, recuperar estatus de gran potencia y demostrar que Rusia sigue siendo un actor central del sistema internacional. Pero el objetivo ruso no es únicamente simbólico. Putin busca asegurar el reconocimiento de su perímetro estratégico: Ucrania, el espacio postsoviético, la reversión de la expansión de la OTAN y una arquitectura de seguridad europea que refleje sus intereses. Una cumbre trilateral le permitiría presentar la guerra en Ucrania como un asunto de seguridad entre grandes potencias.


Esa es la clave del riesgo. Si Shenzhen se convierte en un foro donde se discute el futuro de Ucrania sin Ucrania, el encuentro no sería una negociación de paz, sino una legitimación de esferas de influencia. Rusia no necesita que la cumbre produzca un tratado; le basta con obtener reconocimiento, legitimidad y un espacio para negociar desde una posición de igualdad aparente. Para Moscú, incluso una declaración vaga sería una victoria diplomática.


Estados Unidos, por su parte, parece moverse hacia una política más transaccional y hemisférica. La “doctrina Donroe” captura una tendencia real del trumpismo, la recuperación de la primacía estadounidense en el hemisferio occidental como eje estratégico. Las acciones militares en Venezuela, las presiones sobre Colombia y Cuba y la idea de que el dominio estadounidense en América no volverá a ser cuestionado revelan una voluntad de reafirmar la esfera de influencia tradicional de Washington. Pero eso no significa que Estados Unidos se desentienda de Asia o Europa. Significa que Washington prioriza resultados concretos, acuerdos puntuales y beneficios verificables por encima de compromisos institucionales de largo plazo.


La incompatibilidad es evidente. China quiere tiempo y estabilidad. Rusia quiere reconocimiento y esferas de influencia. Estados Unidos quiere resultados transaccionales y reafirmación hemisférica. Es difícil imaginar un conjunto de objetivos menos convergente para una cumbre que aspire a fundar un “paradigma” duradero. La reunión podría producir una distensión táctica, pero no necesariamente una transformación estructural.


El calendario agrava la fragilidad. La cumbre de Shenzhen está prevista para el 18 y 19 de noviembre de 2026, apenas días después de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Si Trump sufre un revés electoral importante, su margen de maniobra se estrecharía drásticamente. Una derrota republicana en el Congreso no eliminaría automáticamente su política exterior —mantendría el veto presidencial y podría recurrir a órdenes ejecutivas—, pero sí limitaría su capacidad para concretar acuerdos con Rusia, aprobar fondos, levantar sanciones o sostener compromisos de largo plazo.


Ya existe resistencia bipartidista en el Congreso frente a los acercamientos de Trump con Moscú. Reuters ha señalado que las concesiones económicas hacia Rusia y las críticas a Ucrania han generado oposición incluso dentro del Partido Republicano. Si los demócratas ganan control del Senado, podrían bloquear nominaciones de seguridad nacional y utilizar ese poder como palanca en las disputas sobre Ucrania, China, Irán e inteligencia artificial. En ese escenario, la cumbre de Shenzhen podría convertirse en un ejercicio simbólico de bajo contenido, o incluso en una reunión que nunca llegue a producirse.


Este es el punto más incómodo del planteamiento, la política doméstica estadounidense es el eslabón más débil de cualquier arquitectura de orden que dependa de la continuidad de un presidente. Sin consenso bipartidista, el “paradigma Shenzhen” no sobreviviría al ciclo electoral. La confianza entre líderes puede abrir una puerta, pero no construye instituciones. Y sin instituciones, los acuerdos entre potencias son tan frágiles como la voluntad de quienes los firman.


El valor analítico del G3 no reside, por tanto, en lo que probablemente logre, sino en lo que revela. En primer lugar, revela que el orden de Yalta ya no funciona, pero que tampoco existe consenso sobre su reemplazo. La crítica china al viejo paradigma es correcta: el mundo ya no puede organizarse exclusivamente alrededor de bloques enfrentados y esferas de influencia. Pero la alternativa propuesta sigue siendo demasiado vaga y demasiado dependiente de la buena voluntad de tres potencias con agendas divergentes.


En segundo lugar, revela que el G3 es un formato de gestión de crisis, no de fundación de orden. Su función realista sería crear salvaguardas: líneas rojas, canales de comunicación, mecanismos de prevención de escalada, protocolos militares de emergencia y reglas mínimas de comportamiento. No redistribuiría poder ni democratizaría la gobernanza global. Sería una arquitectura de contención, no de justicia.


En tercer lugar, revela que la exclusión de Europa y del Sur Global no es un accidente, sino una característica estructural del formato. Un directorio de tres potencias no puede ser, por definición, inclusivo. Su eficiencia depende precisamente de su pequeñez. Pero esa eficiencia tiene un costo: la pérdida de legitimidad ante quienes quedan fuera. Ucrania, la Unión Europea, India, Brasil, África, el mundo árabe y el resto del Sur Global no pueden ser tratados como variables de ajuste en un tablero decidido por tres capitales.


La estabilidad de las grandes potencias no es lo mismo que la justicia del orden. El G3 podría gestionar crisis —Ucrania, deuda, clima, inteligencia artificial, proliferación nuclear— de forma que estabilice el sistema para las potencias, pero sin alterar las asimetrías estructurales que generan esas crisis. La inflación global, la fragmentación de las cadenas de suministro, las crisis de deuda, el cambio climático, la gobernanza de la IA y la no proliferación nuclear son problemas interdependientes que exceden la diplomacia bilateral. Ninguno puede resolverse sin algún grado de coordinación entre Estados Unidos, China y Rusia, porque son las tres mayores potencias nucleares y actores decisivos en energía, tecnología, finanzas y seguridad. Pero coordinación no equivale a solución. Coordinar crisis no es lo mismo que transformar las condiciones que las producen.


Por eso, una coexistencia sostenible necesitaría beneficios recíprocos durante el proceso, obligaciones graduales, mecanismos de verificación y revisiones periódicas. La confianza entre presidentes puede facilitar el comienzo, pero no resuelve la contradicción estructural. Podría existir una ventana para que los tres gobiernos administren sus diferencias porque necesitan aliviar presiones distintas: China necesita tiempo, Rusia necesita legitimidad y Estados Unidos necesita resultados. Eso justificaría explorar una distensión. Pero para convertirse en un paradigma duradero, tendría que superar dos pruebas: que ninguna potencia utilice la pausa para preparar una imposición posterior —algo que Washington ha hecho con frecuencia en la historia reciente— y que los compromisos sobrevivan a los cambios políticos internos.


La cumbre podría abrir esa posibilidad. No demostraría todavía que esas condiciones existen. La diferencia entre una cumbre y un sistema es la diferencia entre una foto y una institución. La foto puede ser poderosa; la institución requiere reglas, permanencia, inclusión y capacidad de sanción. Sin eso, Shenzhen será solo otro episodio de diplomacia de cumbres, no el nacimiento de un nuevo orden.


La conclusión más honesta es que el verdadero legado de Shenzhen no será un “Sistema Internacional de Shenzhen”, sino la evidencia empírica de que las tres potencias llamadas a coordinar el mundo no comparten una visión del mundo que puedan coordinar. Europa teme ser marginada. Ucrania teme ser negociada. El Sur Global teme ser excluido. Y todos tienen razón en recelar.


En ausencia de una visión compartida, el orden internacional seguirá siendo menos un diseño consciente que un equilibrio precario entre intereses temporales. La pregunta no es si Trump, Xi y Putin pueden sentarse juntos en Shenzhen. La pregunta es si pueden sentarse juntos sin convertir el mundo en una mesa de reparto. Esa es la prueba que ningún comunicado, ninguna foto ni ninguna declaración podrá eludir.


Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2026/11/01/el-sistema-internacional-de-shenzhen-un-nuevo-paradigma-despues-de-yalta/

domingo, 1 de noviembre de 2026

Brasil: la batalla acaba de comenzar


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Brasil: la batalla acaba de comenzar

Por Alejandro Marcó del Pont | 30/10/2026 | Brasil, Economía

Fuentes: El tábano economista

¿La jaula como negocio? (El Tábano Economista)

Luiz Inácio Lula da Silva es una de las figuras más influyentes de la política latinoamericana desde hace cuarenta años. Hace apenas tres semanas se habían escrito todos los obituarios políticos del presidente brasileño. No fui la excepción. El hijo del expresidente encarcelado, Flávio Bolsonaro, había salido de la primera vuelta con una ventaja de más de dos millones de votos que parecía irreversible.


Lula, a los ochenta años, parecía destinado a una retirada silenciosa después de cuatro décadas en el centro de la vida pública brasileña. El domingo, sin embargo, el viejo metalúrgico ejecutó otra de sus improbables resurrecciones: transformó una derrota de primera vuelta en una victoria de segunda, y se convirtió en el primer presidente de la era democrática brasileña en lograrlo. Será el mandatario con más años de gobierno electo en la historia del país.


Pero la euforia de las calles no debe confundirse con una victoria estratégica. Lo que las urnas entregaron es un equilibrio de fuerzas casi quirúrgico: Lula conserva el Ejecutivo; el Partido Liberal, la mayor bancada individual de la Cámara desde la redemocratización y la más numerosa del Senado; y el bloque conservador la capacidad real de bloquear presupuestos, reformas y nombramientos. La legislatura que lo mantuvo como rehén durante los últimos cuatro años no se ha suavizado: se ha vuelto más hostil. Cada partida del presupuesto, cada reforma tributaria o social, cada designación de ministro o juez, será objeto de una negociación dura, con la amenaza de un juicio político flotando como espada de Damocles. Lula no debería confundir la supervivencia con la reivindicación. Acaba de ganar el derecho a gobernar dentro de una jaula.


Aquí reside la hipótesis central de este análisis. El resultado no es accidental ni puramente ideológico. Es funcional a un conjunto de intereses que, sin necesidad de un plan secreto centralizado, convergen en preferir un Lula contenido a un bolsonarismo con poder pleno. La élite económica y política brasileña —y ciertos sectores de la estadounidense que priorizan la estabilidad de contratos y mercados— no necesitaba “querer” a Lula.


Necesitaba un resultado que le permitiera seguir acumulando, desregulando selectivamente, exportando y evitando rupturas mayores. Ese resultado exige, precisamente, que el presidente no tenga mayoría propia, que deba negociar permanentemente con el Centrão, el agronegocio, las financieras y los grandes grupos exportadores, y que su política económica se mantenga lo bastante ortodoxa como para no desatar una crisis cambiaria, fiscal o inflacionaria.


La primera vuelta cumplió la primera parte del diseño. El mapa congresional que quedó configurado el 4 de octubre entrega al Partido Liberal la primera minoría en ambas cámaras y refuerza un bloque de derecha y centroderecha capaz de imponer costos elevados a cualquier iniciativa del Ejecutivo. No se trata de una conspiración del “Estado profundo” en el sentido hollywoodense, sino de la lógica profunda del presidencialismo de coalición brasileño: un sistema que premia la fragmentación del poder y castiga a quien intente gobernar sin repartir. Las élites no necesitaban inventar ese mecanismo, solo aprovecharlo.


La segunda vuelta invita a una especulación más fina. ¿No sería, en realidad, más conveniente que ganara Lula bajo estas condiciones? Un Flávio Bolsonaro con mayoría congresional y alineamiento estrecho con la Casa Blanca de Trump habría concentrado poder, acelerado una agenda potencialmente disruptiva —posible debilitamiento o salida de los BRICS, realineamiento hemisférico más rígido, riesgos de ruptura institucional— y generado mayor incertidumbre para los sectores que viven de la previsibilidad.


Lula, cercado por un Congreso hostil, sin mayoría propia y en un país más polarizado que nunca, es, paradojalmente, más previsible. Necesita repartir cargos, presupuestos y vetos. Es más fácil desgastarlo, desprestigiarlo y, llegado el caso, sacarlo de la gobernanza si la crisis económica o la parálisis legislativa se agravan. Las élites brasileñas —y parte de las estadounidenses que privilegian la estabilidad de mercados y contratos— han preferido históricamente gobiernos progresistas “domesticados” a radicalismos de derecha que puedan producir crisis o aislamientos. Esto no implica que todas las élites desearan exactamente este desenlace. Implica que la secuencia resultante es funcional a muchos de sus intereses.


La secuencia biográfica de Lula ofrece un precedente revelador. La condena, la prisión de 580 días, la inelegibilidad, la anulación de las sentencias por el Supremo Tribunal Federal y la restitución de derechos políticos pueden leerse, más allá de los debates jurídicos, como un mecanismo de disciplinamiento político. No necesariamente ordenado por un centro único, pero sí funcional para debilitar al principal rival de la derecha y reconfigurar el tablero. El uso selectivo del sistema judicial no es una teoría conspirativa: es una observación empírica sobre cómo operan, en Brasil, las fronteras entre derecho y política cuando están en juego proyectos de poder de largo aliento.


Ahora Lula enfrenta tres problemas que trascienden la disputa partidaria. El primero es la gobernabilidad misma. La violencia política en las calles ha aumentado y el discurso de odio circula con libertad en las redes. El segundo es la reparación institucional. Un Tribunal Supremo que alguna vez fue garante del orden democrático ha visto erosionada su legitimidad por el escándalo financiero del Banco Master. El presidente no puede “reparar” una corte, pero sí puede negarse a tratar la crisis como un problema ajeno. El tercero es el más decisivo: ¿utilizarán Lula, el Partido de los Trabajadores y las fuerzas democráticas, este respiro para renovar la política brasileña, o se limitarán a administrar la supervivencia?


Eso exigiría nuevos liderazgos más allá de las figuras que dominan la izquierda desde hace cuarenta años, nuevas formas de participación popular que no dependan de un solo carisma, y una narrativa capaz de hablar a los trabajadores precarios, a las familias religiosas y a los votantes enfurecidos que se han desplazado hacia la extrema derecha.


En el plano regional y global, la victoria de Lula tiene un significado que desborda Brasil. Desafía la llamada “maldición del reconocido” que ha derrotado a casi todos los gobiernos latinoamericanos en la última década. La economía brasileña estaba en una situación razonable, aunque sus logros fueron modestos y desigualmente distribuidos. Todo apuntaba a una derrota; Lula la evitó. Más importante aún, el resultado frena, al menos temporalmente, el proyecto de subordinación hemisférica que críticos han denominado “Doctrina Donroe”.


Brasil no deja de negociar con Estados Unidos, pero conserva autonomía para dialogar con China, la Unión Europea, India, Rusia y el resto del Sur Global. La Administración Trump, con lazos estrechos con el bolsonarismo, prefería un resultado que debilitara a Lula y, por extensión, al peso de Brasil dentro de los BRICS. La victoria del petista es, en ese sentido, un respiro para el bloque y para cualquier pretensión de integración latinoamericana soberana. Pero la propia debilidad interna de Lula limitará su capacidad de liderazgo en estos foros. Gobernará un país más aislado ideológicamente en una región que se ha desplazado a la derecha, y deberá hacerlo con un Congreso que le niega margen de maniobra.


La hipótesis de la jaula no es una teoría de la conspiración. Es una lectura de la convergencia de intereses y de la explotación de las reglas del juego por múltiples actores: élites económicas, oposición política, activismo judicial, mercados financieros. La evidencia no apunta a un plan secreto unificado, sino a un resultado estructural que beneficia a quienes priorizan la previsibilidad sobre la ruptura.


Lo verificable es que Lula gobernará en una caja de hierro. La hostilidad del Legislativo, la presión por el impeachment y la fragilidad fiscal son hechos documentados. Lo especulativo es atribuir a una élite omnisciente el diseño deliberado de ese escenario. Más realista es reconocer que el sistema político brasileño, tal como está configurado, produce con regularidad este tipo de equilibrios: presidentes fuertes en el discurso y débiles en la capacidad de imponer.


La historia de Brasil en los próximos cuatro años será, muy probablemente, la de un presidente luchando por sobrevivir políticamente en un entorno institucional diseñado para limitarlo. Lula ha vuelto a realizar un milagro. Su última tarea es asegurarse de que el país no necesite otro. La batalla, en realidad, acaba de comenzar.


Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2026/10/28/brasil-la-batalla-acaba-de-comenzar/

sábado, 31 de octubre de 2026

Los demócratas serían favoritos en 22 de 36 gubernaturas de EEUU


 - Sputnik Mundo, 

Los demócratas serían favoritos en 22 de 36 gubernaturas de EEUU

A una semana de que inicie la elección intermedia en Estados Unidos, una consultora estima que el Partido Demócrata arrasará con la mayoría de las gubernaturas que estarán en juego, incluidos aquellos estados donde ya gobierna el Partido Republicano de Donald Trump.

La organización Decision Desk HQ sostiene que los demócratas podrían ganar en 22 de las 36 gubernaturas que se votarán el próximo 3 de noviembre en este país norteamericano, donde los republicanos se juegan la mayoría en el Congreso de EEUU y, con ello, la forma en que podrá seguir gobernando Trump.

Entre los estados en los que se proyecta la victoria demócrata están Wisconsin, Arizona, Míchigan, Oregón, Maine, Nuevo México, Minnesota, Connecticut, Nueva York, Colorado, Illinois, Pensilvania, Rhode Island, California, Hawái, Massachusetts y Maryland, de acuerdo con las previsiones de esta consultora.

Palestina ante la democracia de los colonos

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Palestina ante la democracia de los colonos

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Fuentes: El Salto

Los crímenes contra nuestro pueblo no han impedido que las fuerzas que los ejecutan, justifican o respaldan sigan reuniendo la mayoría del apoyo electoral. El castigo que puedan sufrir determinados dirigentes en las urnas no equivale a un rechazo de la violencia colonial.

Para el pueblo palestino, la pregunta después de las elecciones israelíes es qué ocurrirá con nuestras vidas mientras sus dirigentes negocian quién gobernará. Qué pasará con Gaza, con las familias amenazadas de expulsión, con las prisioneras y los prisioneros, con una tierra que sigue siendo colonizada. En esas negociaciones se decidirá quién administra un poder que actúa sobre millones de palestinas y palestinos sin reconocerles el derecho a decidir su futuro.

El escrutinio todavía abierto deja al Likud de Benjamín Netanyahu como primera fuerza, pero sin una mayoría suficiente junto a sus aliados. Tampoco la oposición encabezada por Gadi Eisenkot puede gobernar por sí sola. La incertidumbre puede prolongarse y nadie debería dar por terminada la carrera de Netanyahu. Entre 2019 y 2022, Israel celebró cinco elecciones legislativas. Sabemos que una crisis política puede durar mucho y que él sabe aprovecharla para mantenerse en el poder.

Un pueblo condenado a la muerte

Mientras se negocian los escaños, la maquinaria del genocidio continúa funcionando. No se detienen las detenciones, no desaparecen los puestos de control ni se devuelve la tierra robada. Esa continuidad explica nuestra mirada sobre estas elecciones: la democracia de los colonos para administrar la opresión del pueblo palestino.

Las principales fuerzas sionistas discrepan sobre cómo preservar ese dominio. Discuten los métodos, los ritmos, las alianzas y el precio internacional de sus decisiones, dentro de un amplio consenso estratégico que niega nuestra libertad. Nuestra experiencia nos impide confundir esas disputas con una elección entre la opresión y la liberación.

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La diferencia entre Eisenkot y Netanyahu habrá que medirla en la práctica: en lo que hagan en Gaza, en sus decisiones sobre los asentamientos y en el trato a las personas presas. Ninguno reconoce nuestros derechos; difieren en cómo expresan ese rechazo y en los métodos que emplean para imponérnoslo. Un discurso más presentable ante los gobiernos extranjeros no es suficiente. Quien aspire a sustituir a Netanyahu deberá responder por sus propios actos y por su trayectoria.

Porque la ocupación no comenzó con Netanyahu. La Nakba, el despojo y la expansión colonial atravesaron gobiernos de distinto signo. Los principales partidos sionistas han condenado a nuestro pueblo a la muerte, la expulsión o la subordinación, mientras discrepan sobre la forma de imponer esa condena. Nosotras y nosotros defendemos el derecho a existir como pueblo libre en nuestra tierra.

Eso no significa que todos los resultados nos den igual. Para una persona encerrada en una prisión israelí, apartar a Itamar Ben Gvir puede tener una importancia inmediata. El carnicero de las prisiones ha hecho del sufrimiento de las personas presas una bandera política. Bajo su responsabilidad, el hambre, las palizas, las humillaciones y la privación de atención médica han formado parte de una política de ensañamiento documentada por organizaciones de derechos humanos.

Quitarle ese poder importa. Importa para quien espera un medicamento, para quien recibe una ración insuficiente de comida, para quien soporta aislamiento y violencia, para las familias que temen que su ser querido no salga vivo. Apartarlo no nos libera del sistema que lo hizo posible, pero puede aliviar un sufrimiento insoportable. Exigirlo también forma parte de nuestra responsabilidad hacia las prisioneras y los prisioneros. Pero su salida tendría que traducirse en cambios reales y en responsabilidades por los abusos cometidos. Las cárceles coloniales existían antes de Ben Gvir. Apartar a uno de sus verdugos puede aliviar sufrimiento, mientras seguimos luchando por la libertad de todas las personas presas.

Nuestra libertad queda fuera del debate

El avance de las dos listas árabes también merece atención. Expresa una movilización de la ciudadanía palestina que busca frenar la discriminación y la ofensiva contra sus derechos. Su mayor representación pone a prueba a quienes dicen querer sustituir a Netanyahu, pero rechazan contar con ellas para gobernar. Se les permite votar y después se pretende que sus votos no tengan capacidad de decidir. Esa contradicción deja al descubierto los límites de la democracia que Israel exhibe ante el mundo.

En estas elecciones, los derechos del pueblo palestino no han importado a las principales fuerzas sionistas ni han sido una exigencia de su electorado. Se discute quién puede garantizar mejor la seguridad de Israel, gestionar sus guerras o recuperar su posición internacional. Nuestra libertad, nuestro retorno y nuestra autodeterminación quedan fuera del debate. Esa exclusión revela hasta qué punto se ha normalizado nuestra opresión.

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Los crímenes contra nuestro pueblo no han impedido que las fuerzas que los ejecutan, justifican o respaldan sigan reuniendo la mayoría del apoyo electoral. El castigo que puedan sufrir determinados dirigentes en las urnas no equivale a un rechazo de la violencia colonial. Ese respaldo obliga a mirar más allá de Netanyahu y a señalar la responsabilidad de una sociedad que sigue otorgando poder a quienes ejecutan, justifican o sostienen la opresión de nuestro pueblo.

Netanyahu puede intentar aprovechar esa realidad para sobrevivir. Existe el riesgo de que recurra a nuevas agresiones o a una escalada para reforzar su posición. No sabemos qué decidirá, pero sabemos qué le permite actuar: una impunidad que ha comprobado una y otra vez.

Conoce las condenas que no van acompañadas de medidas, las expresiones de preocupación que no interrumpen el suministro de armas y las líneas rojas que se borran después de cada crimen. Ha aprendido en la práctica que sus aliados pueden criticar sus palabras mientras siguen sosteniendo sus políticas.

Por eso, la responsabilidad internacional debe ocupar el centro de este debate. Los gobiernos que arman, financian y protegen a Israel contribuyen a hacer posibles sus crímenes. Quienes tienen capacidad para actuar y eligen callar también deben responder. No pueden pedirnos que esperemos al próximo gobierno mientras mantienen las condiciones que permiten al actual seguir adelante.

Para nuestro pueblo, esta incertidumbre exige reforzar la organización en Palestina, en los campamentos de refugiados y en la diáspora. Necesitamos unir fuerzas, defender a nuestras comunidades y construir un frente nacional unificado que sostenga la lucha por la liberación, el retorno y la autodeterminación, con la participación de las mujeres, la juventud y todas las generaciones palestinas.

Los movimientos de solidaridad tienen una responsabilidad igualmente clara: mantener los ojos puestos en Palestina y no bajar la guardia. Si cambia el gobierno israelí, habrá quienes pidan paciencia y presenten el relevo como una oportunidad que exige suspender la presión. La respuesta debe medirse en hechos: fin del genocidio, libertad para las personas presas, fin de la ocupación y reconocimiento de nuestros derechos.

Hasta entonces, deben continuar la movilización, el boicot y la exigencia de romper las complicidades. La salida de un dirigente no devuelve una casa, no abre una celda ni devuelve la vida a una niña asesinada. Los derechos del pueblo palestino no están sujetos a negociación entre partidos israelíes. Nuestra libertad no necesita su permiso.

Jaldía Abubakra es palestina. Fundadora de Alkarama – Movimiento de Mujeres Palestinas y miembro de la ejecutiva del Movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina (Masar Badil).

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/palestina/palestina-democracia-colonos