China construye la primera isla artificial flotante del mundo con búnker a prueba de armas nucleares

- Sputnik Mundo China construye la primera isla artificial flotante del mundo con búnker a prueba de armas nucleares Estructuras y edificios chinos en el arrecife artificial Fiery Cross, en el archipiélago de las islas Spratly, en el Mar de China Meridional - Sputnik Mundo, 1920, 21.11.2025 © AP Photo / Aaron Favila Síguenos en China avanza en la construcción de la primera isla artificial flotante del mundo equipada con un sistema de protección capaz de resistir explosiones nucleares, según informó el medio 'South China Morning Post'. La megaestructura —una plataforma semisumergible de doble casco de 78.000 toneladas— será la primera isla artificial móvil y autosuficiente a nivel mundial. Con un desplazamiento similar al del portaviones Fujian, China se perfila a obtener una base oceánica capaz de operar de forma continua en zonas remotas o disputadas sin depender de puertos ni estaciones terrestres, según reportes. La infraestructura usa paneles sándwich de "metamateriales", capaces de absorber y disipar la energía de un impacto nuclear. Este nivel de protección no tiene precedentes en instalaciones científicas y sugiere un propósito dual: funcionar tanto como laboratorio oceánico de largo alcance como puesto avanzado estratégico capaz de mantener operaciones críticas incluso bajo amenazas extremas. Pekín prevé que la isla entre en servicio en 2028. Para especialistas internacionales, este proyecto marca un salto cualitativo en la carrera por la infraestructura marítima avanzada, al unir investigación, resistencia nuclear y movilidad estratégica en una sola unidad flotante. La isla podría convertirse en un hub de comunicaciones, vigilancia y comando, capaz de sostener operaciones prolongadas lejos del territorio continental.

Basta de custodios y colonialistas! Los palestinos rechazarán incluso un control occidental benigno

Recomiendo: ¡Basta de custodios y colonialistas! Los palestinos rechazarán incluso un control occidental benigno Por Ranjan Solomon | 20/11/2025 | Palestina y Oriente Próximo Fuentes: Voces del Mundo La reciente votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza -con la abstención deliberada de Rusia y China y el intento, una vez más, de Occidente de manipular el resultado- marcó un momento que la historia podría identificar como un cambio sutil pero decisivo. No porque la resolución en sí altere la realidad sobre el terreno. No la altera. Gaza sigue en ruinas, los palestinos siguen bajo la bota de una potencia ocupante implacable y Washington continúa actuando como garante global de la impunidad israelí. Esta votación es importante, en cambio, porque reveló algo que Occidente ha intentado ocultar durante mucho tiempo: que los palestinos ya no aceptan, y el mundo ya no cree, la idea de que Gaza sea un espacio que deba ser gestionado, administrado, “estabilizado” o reconstruido por custodios externos que fingen benevolencia. Ni por Estados Unidos. Ni por Europa. Ni por un plan de Trump y Netanyahu disfrazado de lenguaje humanitario. Ni siquiera por las instituciones internacionales que se consideran neutrales mientras perpetúan el statu quo. La era en la que las grandes potencias podían simplemente autoproclamarse guardianes de Palestina, decidiendo quién gobierna Gaza y cómo, está llegando a su fin. La votación puso de manifiesto el agotamiento de esta pretensión imperial. Gaza no es un protectorado. No es un territorio fallido a la espera de un fideicomiso. No es un campo de pruebas estratégico para los experimentos occidentales de “gobernanza posconflicto”. Gaza es una tierra ocupada que pertenece a un pueblo que exige -y tiene derecho a- la plena autonomía. Insistir en que los palestinos necesitan custodios no sólo es un fraude político, sino también jurídicamente insostenible. Gaza no es un terreno baldío a la espera de un propietario. Gaza no es un vacío geopolítico donde las potencias mundiales puedan insertar sus “soluciones”. Gaza es territorio palestino y, según el derecho internacional, sólo los palestinos tienen derecho a determinar su futuro. Todo lo demás -los planes de reconstrucción occidentales, los “mecanismos de seguridad”, el discurso sobre la estabilización liderada por árabes, la propuesta de externalizar Gaza a una administración extranjera- no es más que un mero refrito del mismo viejo proyecto: negar la soberanía palestina bajo el pretexto de una gestión responsable. La votación del Consejo de Seguridad de la ONU y el mito de la tutela neutral Occidente buscaba desesperadamente una resolución que legitimara su visión del “día después” de Gaza: una visión que tanto Trump como Netanyahu han expresado de forma burda, a saber, que Gaza debe ser contenida, fragmentada y dirigida por potencias ajenas a su población. La resolución intentaba introducir subrepticiamente la idea de que Gaza requiere una transición cuidadosamente supervisada, con actores palestinos “aceptables” que tendrán que ser examinados por Israel y Estados Unidos. Rusia y China se abstuvieron, no por indiferencia sino para señalar lo obvio: que esta resolución nunca trató sobre la autodeterminación palestina. Se intentaba fabricar consenso para estructuras de gobernanza diseñadas externamente. Al retirar su apoyo, Moscú y Pekín dejaron claro que el intento de Occidente de codificar un orden de tutela sobre Gaza carecía de legitimidad. Pero, aún más importante, la propia sociedad palestina ha vuelto obsoletas tales propuestas. En Gaza, Cisjordania y la diáspora, el mensaje es inequívoco: basta de administradores, basta de guardianes, basta de custodios de la voluntad palestina. El derecho internacional es claro: Gaza no les pertenece a ustedes, no pueden gobernarla Según el Cuarto Convenio de Ginebra y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho de un pueblo bajo ocupación no es a ser administrado por terceros, sino a ejercer la libre determinación nacional. Toda “autoridad transitoria” impuesta por potencias extranjeras -por muy humanitario que se muestre su lenguaje- viola este principio. El estatus de Gaza no es ambiguo: • Israel es la potencia ocupante. • La ocupación es ilegal. • El asedio es un castigo colectivo. • Y el derecho a la autodeterminación reside exclusivamente en el pueblo palestino, no en coaliciones internacionales que afirman actuar en su nombre. Los reiterados intentos de Occidente de diseñar la estructura administrativa de Gaza no son propuestas; son violaciones del derecho disfrazadas de lenguaje diplomático. Incluso la insistencia en que Gaza debe ser gobernada por instituciones palestinas “reformadas” y aprobadas por capitales occidentales constituye una violación del principio fundamental a la autodeterminación. La configuración política del gobierno palestino es competencia exclusiva del pueblo palestino. No de Tel Aviv. No de Washington. No de Bruselas. Y, por supuesto, no de las antiguas potencias coloniales que aún luchan por aceptar que su era ha terminado. Gaza no es un inmueble: es historia, identidad y continuidad nacional Occidente sigue hablando de Gaza como si fuera un problema de propiedad. Un lugar que hay que reconstruir, administrar, proteger, cercar o arrendar. Un espacio que hay que rediseñar mediante “paquetes de desarrollo” y “pactos de seguridad”. Pero Gaza no es una zona de gestión de crisis; es una de las comunidades más antiguas y con mayor continuidad del pueblo palestino. Gaza es, de hecho, una entidad histórica ancestral con una historia de asentamientos ininterrumpidos que abarca más de 4.000 años, y que ha funcionado como centro comercial vital y como encrucijada de civilizaciones entre Egipto y el Levante. Para Occidente, la mentalidad inmobiliaria es natural. La tierra es propiedad. La propiedad es poder. Y el poder reside en quienes pueden ejercerlo. Es una concepción capitalista de la tenencia y los arrendatarios. Para los palestinos, el paradigma es radicalmente distinto. La tierra es memoria, pertenencia y el derecho a existir como pueblo. Gaza alberga la historia viva del desplazamiento: familias arraigadas en aldeas a lo largo y ancho de lo que hoy es Israel, cargando con el trauma de la Nakba, conservando las llaves de los hogares de los que fueron expulsados violentamente. Gaza no es una unidad administrativa. Es el corazón palpitante de la identidad nacional palestina. Por eso, todo intento de partir, rehabilitar, internacionalizar o reasignar Gaza fracasa. Porque Palestina no es un problema de gestión, sino una cuestión nacional. Occidente sigue intentando gobernar el territorio, pero los palestinos insisten en autogobernarse. ¿Por qué Occidente no puede gobernar Gaza, ni siquiera “por su propio bien”? El fracaso de Occidente no es meramente moral. Es estructural. Su historial en Oriente Medio es un catálogo de desastres basados en la misma premisa paternalista: que los árabes y musulmanes necesitan la guía, la supervisión y la disciplina de potencias “civilizadas”. En Iraq, Afganistán, Libia y el Líbano, la tutela extranjera destruyó mucho más de lo que construyó. Pero Gaza es un caso aún más flagrante. Durante décadas, los Estados occidentales financiaron el asedio, protegieron a Israel de la rendición de cuentas, armaron a la ocupación y vilipendiaron la expresión política palestina. No son actores neutrales; son coautores de la catástrofe. Quien administra un territorio no puede ser a la vez cómplice de la opresión. Las pretensiones occidentales de una gobernanza benevolente son incompatibles con su apoyo, durante décadas, a la dominación israelí de la vida palestina. Si Occidente quisiera realmente que Gaza fuera libre, segura y estable, dejaría de armar al Estado que bombardea a su pueblo, destruye sus hospitales, condena a la hambruna a sus niños y arrasa sus barrios. En cambio, ofrece propuestas de “administración responsable” que se espera que los palestinos acepten con gratitud. Ningún pueblo ocupado en la historia ha aceptado jamás tales condiciones, y los palestinos no serán los primeros. En última instancia, la autonomía palestina no es una aspiración, sino una inevitabilidad. Occidente, en su sofisticada crudeza, sigue comportándose como si la soberanía palestina fuera un privilegio que concederá una vez que los palestinos alcancen la madurez y se conviertan en actores políticos aceptables. Esta visión del mundo es una reliquia del paternalismo colonial. Es la misma lógica que emplearon los británicos en la Palestina del Mandato Británico, argumentando que los palestinos aún no eran capaces de gobernar la tierra que habían habitado durante siglos. Pero la historia sigue imponiéndose. Cada levantamiento, cada ola de resistencia, cada afirmación de identidad nacional nos recuerda que los palestinos no piden permiso para existir como pueblo. Lo reclaman por derecho. La votación del Consejo de Seguridad de la ONU quizá no traiga la liberación, pero ha revelado una verdad más profunda: el mundo ya no se deja convencer por las narrativas occidentales sobre la incapacidad palestina. Un consenso global creciente reconoce que Gaza no puede ser gobernada por potencias externas porque estas son responsables de la devastación. De la tutela a la liberación: el cambio ya está en marcha. El mundo está cambiando. Las generaciones más jóvenes de todos los continentes rechazan las viejas narrativas coloniales. El liderazgo de Sudáfrica, los Estados latinoamericanos, los bloques africanos, las alianzas asiáticas, todos hablan cada vez más en un lenguaje que Occidente esperaba que desapareciera: el lenguaje de la justicia anticolonial. Gaza no es una crisis humanitaria que deba gestionarse. Es una lucha de liberación que debe ser reconocida. Por eso, la visión de Trump y Netanyahu para el futuro de Gaza -un mosaico de zonas controladas, enclaves desmilitarizados y gobernadores designados externamente- está condenada al fracaso. Sólo quienes malinterpretan la situación creen que los palestinos aceptarán tal acuerdo. La votación en el Consejo de Seguridad de la ONU no ha resuelto el conflicto. Pero ha puesto de manifiesto los límites de la tutela occidental y la persistencia de la determinación palestina. El arsenal imperial está vacío. Lo que quede de él es inútil y obsoleto. El discurso de la tutela ha perdido legitimidad. Y los palestinos dejan claro que el futuro de Gaza no se negociará a sus espaldas: lo forjarán ellos mismos. ¡Basta de guardianes! ¡Basta de intermediarios! ¡Basta de custodios! El mundo no puede gobernar Gaza. Occidente no puede estabilizar Gaza. Israel no puede rediseñar Gaza. Y ninguna coalición internacional puede administrar Gaza sin formar parte del aparato que niega la soberanía palestina. El futuro de Gaza pertenece al pueblo palestino, no como una concesión, sino como un derecho arraigado en la historia, la ley y la inquebrantable continuidad de un pueblo que se niega a ser borrado. Basta de custodios. Basta de administradores. Basta de guardianes. El pueblo palestino gobernará Gaza, porque Gaza es Palestina, y Palestina pertenece a su pueblo. Ranjan Solomon, originario de Goa, India, es comentarista político y defensor de los derechos humanos, que siempre ha mostrado su compromiso con el pluralismo cultural, la armonía interreligiosa y la justicia social. Trabaja por el derecho de las naciones a definir sus propios destinos libres de narrativas hegemónicas. Puede contactarse con él en ranjan.solomon@gmail.com. Texto en inglés: Middle East Monitor, traducido por Sinfo Fernández. Fuente: https://vocesdelmundoes.com/2025/11/19/basta-de-custodios-y-colonialistas-los-palestinos-rechazaran-incluso-un-control-occidental-benigno/

¿Fue el 'bloque negro'? Los grupos violentos detrás de la marcha de la Generación Z en México

Sputnik Mundo ¿Fue el 'bloque negro'? Los grupos violentos detrás de la marcha de la Generación Z en México Los actos vandálicos registrados durante la marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México —denominada de la Generación Z— se le adjudicaron al 'bloque negro', pero las pruebas podrían conducir a otras agrupaciones, coinciden especialistas consultados por Sputnik. De acuerdo con los expertos, lo atestiguado recientemente, cuando un grupo de personas derribó las vallas que protegían Palacio Nacional —sede del Ejecutivo— parece responder a una estrategia muy diferente a la que se ha visto en otras ocasiones cuando operan grupos que se han catalogado como parte de ese sector. "Fue un uso peculiar de la estrategia del 'bloque negro', pero con matices y expresiones que no parecen indicar una participación de grupos anarquistas, sino ya una mezcla que no habíamos visto antes de otro tipo de agrupaciones y otro tipo de expresiones al amparo de esta convocatoria", declara para Sputnik la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Claudia Salazar Villava. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que estos actos tenían la intención de provocar a los policías, para después alegar represión. Por eso, pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investigar quiénes habían atacado las puertas de Palacio Nacional. "No vamos a caer en la provocación, no debemos caer en la provocación. Y es un llamado a hacer movilizaciones pacíficas. Es más, si la oposición quiere tener más gente —ahora sí que como recomendación, que no me corresponde— pero la violencia no les va a ayudar, en México se rechaza la violencia, la gente no quiere acciones violentas, no quiere acciones violentas", declaró la mandataria mexicana. ¿Qué es el 'bloque negro'? Popularmente se le conoce como "bloque negro" a los grupos que irrumpen en manifestaciones —generalmente pacíficas— para cometer actos de violencia, principalmente en contra de comercios, bancos e instituciones gubernamentales. Sin embargo, como tal, no hay ninguna organización o agrupación que se identifique así. De hecho, el "bloque negro" en realidad se refiere a la táctica de acción política directa que utilizan grupos anarquistas desde la década de 1980 para expresar, con actos vandálicos, su repudio al capitalismo y a las estructuras que rigen una sociedad. El también doctor en Ciencias Sociales por la UAM, Josué Pérez Domínguez, sostiene que ese grupo "es más bien una táctica de lucha callejera", surgida en Europa en la década de 1980 como una forma de defenderse de los desalojos de edificios ocupados por el movimiento autonomista. El académico explica que se trata de "un agregado de individuos y grupos de afinidad que se orientan ideológicamente hacia el anarquismo" y, aunque actúan de manera coordinada en manifestaciones, "no existe como tal o un colectivo que se llame 'bloque negro'". En este tenor, Salazar Villava menciona que una de las características de estos grupos es que sus protestas no están dirigidas a "plantear consignas o demandas, sino, a través de acciones directas, mostrar su repudio, sobre todo al capital y a gobiernos" que, aunque sean de izquierda, no los apoyan por su cercanía al anarquismo. Sus primeras apariciones en México Pérez Domínguez explica que, en México, este tipo de tácticas se comenzaron a ver en la década de 1990, teniendo cada vez más visibilidad mediática en la última década debido a su participación en las marchas que se organizan el 2 de octubre para conmemorar al movimiento estudiantil de 1968; o el 26 de septiembre para protestar por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, se han observado en las acciones que han emprendido diversos colectivos feministas, como la quema de una estación de Metrobús en 2019 y la ocupación del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2020. Aunque estos eventos se han dado en diferentes gobiernos —cuya ideología política dista entre administraciones— en general, las autoridades adjudican la existencia de estos grupos al adversario político, lo que para los especialistas consultados es algo natural, al tratarse de organizaciones que desafían el status quo y promueven modos de vida como la autogestión. "Tiene que ver con la ignorancia de lo que es el anarquismo, especialmente entre los sectores conservadores y de la derecha. Se usa el mote de anarquista para atacar al oponente. Y, en el caso de Morena, [requiere] reconocer que existen otras izquierdas (..), porque existen otras izquierdas que son anticapitalistas", sostiene Pérez Domínguez. La irrupción del 'bloque negro' en CDMX Pese a que no existe como tal un colectivo o grupo que se adjudique este tipo de actos, la prensa mexicana ha generalizado el término "bloque negro" para referirse a cualquier grupo que ejerce la violencia en manifestaciones populares, una acción replicada también por las autoridades encargadas de la procuración de justicia. De acuerdo con una solicitud de información del portal local de noticias Sin Embargo realizada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tan solo entre 2018 y 2025 se han registrado 124 acciones adjudicadas a ese grupo. En 2024, se registró una cifra récord con 24 seguido de 2020 y 2023 con 18 cada uno. Los expertos consultados coinciden en que quienes provocaron disturbios recientemente, no mostraron elementos que los hagan pensar que se tratan de personas asociadas al "bloque negro" tradicional. Pérez Domínguez destaca que uno de los principales elementos para sospechar esto es que estos grupos no participarían en una marcha convocada y promovida por la oposición política mexicana que está dentro del espectro de la derecha, ya que sería una contradicción política e ideológica. "Ese fue un grupo de choque distinto que también enfrenta a los policías, que también recurre a ciertas formas de violencia, pero no es el 'bloque negro' anarquista", expone el académico. Esto explicaría por qué en movilizaciones masivas convocadas por este sector político no han tenido la aparición de grupos asociados al "bloque negro", como lo fue la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) de noviembre del 2022, y la convocada por la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, el pasado 31 de agosto, denominada La Resistencia. En contraste, en las recientes movilizaciones contra la gentrificación en la Ciudad de México sí han aparecido este tipo de grupos, lo que tiene mayor sentido al ser temas centrales en la agenda política del pensamiento anarquista y anticapitalista de estos grupos. Tanto Pérez Domínguez como Salazar Villava, especializados en el estudio de estas organizaciones, coinciden en que otro elemento que les hace sospechar que los grupos violentos de la protesta de la Generación Z son ajenos al "bloque negro" es que la violencia se limitó a las vallas de Palacio Nacional, cuando siempre tienen por objetivo atacar comercios y bancos, los cuales representan las instituciones contra las que luchan. La investigadora agrega que ese actuar denota una especie de organización y estructura de financiamiento que nunca se ha visto dentro del grupo, por lo que es necesario que se investigue quienes son los responsables, sobre todo por el nivel de violencia, que incluye amenazas de muerte a policías. Aunque las autoridades mexicanas no han establecido la identidad de estos grupos, distintas autoridades, incluida la presidenta de México, han sugerido que los grupos de choque y los organizadores de la marcha habrían sido impulsados por grupos de la derecha mexicana y no por jóvenes, como sostiene el movimiento Generación Z. Para sustentar esta tesis, la propia presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, compartió en sus redes sociales un contrato firmado entre el PAN Ciudad de México y el influencer Edmundo Andrade, principal promotor de la marcha del 15 de noviembre, por servicios de estrategia y campaña digital para el año 2025. Sin embargo, hasta el momento, no se han identificado a responsables directos por los ataques a las vallas, aunque sí hay 18 detenidos por estos hechos, de los cuales cuatro han sido vinculados a proceso por tentativa de homicidio. Neonazis y la sensación de caos Los testimonios sobre una actuación irregular de estos grupos de choque también vienen de la prensa independiente que cubrió los hechos del 15 de noviembre en la capital mexicana. Los periodistas Mauricio Prado y Alejandro Meléndez han narrado que la actuación de estos grupos fue distinta, coordinada y con equipo especializado que nunca se ha visto en otras ocasiones donde actúa el "bloque negro". Prado hizo especial énfasis en la participación de varias organizaciones que se identifican con el nazismo y que, en redes sociales, presumieron que la protesta fue una oportunidad para darse a conocer entre gente que no es afín al Gobierno de Morena. Salazar Villava considera que la actuación de los grupos de choque tenía por objetivo dar la imagen de un México convulso. "Quieren construir una escena, una imagen, una narrativa de caos político que no existe en el país", opina la académica. La prensa internacional, además de reconocidos influencers como el presentador de radio estadounidense Alex Jones, han retomado la noticia de la marcha como un ejemplo de lo descompuesto que está el tejido social en México. Esto ocurre en un momento en el que la oposición mexicana insiste en solicitar la intervención militar estadounidense como única vía para solucionar el tema de inseguridad y narcotráfico, sobre todo a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán (occidente), Carlos Manzo, ocurrido a inicios de noviembre. Incluso, se ha llegado a decir que la actuación policial del 15 de noviembre no se había visto en México desde 1968, a pesar de que, en movilizaciones más recientes, como la del propio 2 de octubre de este año, se han registrado casi una centena de policías heridos y más detenidos que en la que aconteció el sábado pasado. ¿Qué hay detrás de la convocatoria a la movilización dirigida a la generación Z en México? Pérez Domínguez estima que las acciones del "bloque negro" seguirán ocurriendo en tanto sigan avanzando movimientos de derecha en el mundo, aunque no quiso asegurar si podrían incidir en la realización del Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como una de sus sedes la Ciudad de México. Por su parte, Salazar Villava refiere que lo visto en la protesta en la capital mexicana debe levantar alertas en el Gobierno actual, ya que sí existen demandas ciudadanas legítimas que están siendo usadas como excusas por ciertos grupos de poder para desestabilizar a las autoridades. "Caer en descalificar toda la inquietud que puede haber entre los jóvenes por la realidad que están viviendo solo por las acciones de estos grupos, puede [causar] un error político importante (...). Hay que hilar fino, políticamente, para ofrecer una respuesta razonable y sobre todo desalentar la vía violenta", concluye la investigadora.

Da la voz de alarma": La UE predice la derrota militar del "régimen de Kiev

- Sputnik Mundo, "Da la voz de alarma": La UE predice la derrota militar del "régimen de Kiev La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la derecha, habla con Volodímir Zelenski, a su llegada a una cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, 6 de marzo de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 19.11.2025 © AP Photo / Omar Havana Síguenos en Los especialistas europeos advierten sobre el inminente fracaso del proyecto "antirruso" en Ucrania, y sobre la derrota militar de Kiev, informa el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia. Esto se produce mientras varios funcionarios ucranianos, tanto antiguos como actuales, están implicados en un esquema de sobornos a gran escala. "Los expertos en política exterior y asuntos militares de los principales países europeos están literalmente 'dando la voz de alarma', advirtiendo a los Gobiernos nacionales sobre el inminente fracaso del proyecto 'antirruso' creado por Occidente en Ucrania. En los informes enviados a las altas esferas se señala directamente la inevitabilidad de la derrota militar del régimen de Kiev", indica un comunicado. Se precisa que Bruselas presta gran atención a la corrupción "abrumadora" en el país, en el que "desaparecen sin dejar rastro" las generosas donaciones de los donantes extranjeros. Según datos del SVR, los líderes europeos y la dirección de la Unión no pueden aceptar la pérdida de cientos de miles de millones de euros invertidos en apoyo a Kiev, y los ucranianos se sienten traicionados por el escandaloso caso del colaborador de Volodímir Zelenski, Timur Míndich. "Han dejado de creer que el país será admitido en la UE en un futuro previsible", se añade en el comunicado. Además, los Ministerios de Asuntos Exteriores de los países europeos registran la apatía de los ciudadanos ucranianos debido al cansancio por el prolongado conflicto. "Los ciudadanos son conscientes de que el Estado está sumido en la corrupción, por lo que (...) aumenta el número de detractores de la asignación de fondos significativos para las necesidades de Kiev. Además de Hungría y Eslovaquia, República Checa y Rumanía también se están inclinando por esta postura", afirman. "No los ven en el próximo Gobierno": ¿La era de Zelenski está terminando? De este modo, según el comunicado, el peso político de Ucrania en Europa está disminuyendo. Los ucranianos perciben cada vez menos a sus socios europeos como una fuente de salvación y apoyo, se agrega. El 10 de noviembre, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) registró la sede de la compañía Energoatom y la casa del empresario Timur Míndich, cercano a Zelenski, quien un día después huyó del país con su pasaporte israelí. Entonces, la NABU presentó cargos contra siete miembros de una red criminal dedicada a la corrupción en el sector energético, entre ellos Míndich. El ex vice primer ministro Olexi Chernishov también figuraba entre los acusados. Asimismo, un documento de la NABU muestra que Volodímir Zelenski aparece en la acusación formal contra su amigo, el empresario Timur Míndich, en el caso de corrupción en el sector energético. El texto señala que Míndich realizaba "actividades delictivas" con la ayuda del entonces ministro de Defensa Rustem Umérov, relacionadas con el uso de fondos del Ministerio de Defensa por parte de las empresas de Míndich.

De Nixon a Trump Una breve historia de la larga «guerra contra las drogas» librada en América Latina

Recomiendo: De Nixon a Trump Una breve historia de la larga «guerra contra las drogas» librada en América Latina Por Greg Grandin | 18/11/2025 | EE.UU. Fuentes: TomDispatch Hoy en día, Donald Trump es presidente de su propia Murder Incorporated (Asesinato, SA), un escuadrón de la muerte, más que un gobierno. Muchos descartaron la proclamación, al principio de su segundo periodo presidencial, de que el Golfo de México se llamaría en adelante Golfo de América (es decir, de Estados Unidos), como un tonto despliegue de dominio: tonto, pero inofensivo. Ahora, sin embargo, ha creado un baño de sangre en el adyacente mar Caribe. Hasta el momento, el Pentágono ha destruido 18 lanchas rápidas ahí y en el océano Pacífico. No se ha presentado prueba o acusación alguna que sugiera que esas naves transportaban drogas, como se afirma. Sencillamente, la Casa Blanca ha continuado difundiendo videos de vigilancia a ojo de pájaro (una película snuff, en realidad) de una lancha atacada. Luego viene una ráfaga de luz y allí acaba todo, junto con los humanos que iban a bordo, hayan sido éstos narcotraficantes, pescadores o inmigrantes. Hasta donde sabemos, al menos 64 personas han sido asesinadas en esos ataques. La tasa de mortandad se acelera. A principios de septiembre, Estados Unidos atacaba una embarcación cada siete a diez días. A principios de octubre, una cada dos días. Por un tiempo, desde mediados de octubre, fue una al día, incluidos cuatro ataques tan sólo el 27 de octubre. La sangre, al parecer, quiere más sangre. Y la zona de caza se ha expandido desde las aguas del Caribe, frente a Venezuela, a las costas de Colombia y Perú, en el océano Pacífico. Muchos motivos podrían explicar la compulsión de asesinar que tiene Trump. Quizá disfruta la emoción y sensación de poder que le da girar órdenes de ejecución, o él (y su secretario de Estado, Marco Rubio) esperan provocar una guerra con Venezuela. Tal vez considera que los ataques son distracciones útiles de la criminalidad y corrupción que definen su presidencia. El asesinato a sangre fría de latinoamericanos es también carne fresca para los vengativos seguidores trumpistas que han sido creados por guerreros de la cultura como el vicepresidente JD Vance para culpar de la crisis de los opioides, que de manera desproporcionada infesta a la base rural del Partido Republicano, a la “traición” de las élites. Los asesinatos, que Trump insiste en que son parte de una guerra contra los cárteles y narcotraficantes, son horrorosos. Ponen de relieve la absoluta crueldad de Vance. El vicepresidente ha bromeado con el asesinato de pescadores y afirma que “le importa un carajo” si las matanzas son ilegales. En cuanto a Trump, ha desdeñado la necesidad de pedir autorización al Congreso para destruir lanchas rápidas o atacar a Venezuela, diciendo: “Creo que vamos a matar personas. ¿Okey? Las mataremos. Van a estar, bueno, muertas”. Pero, como con tantas cosas referentes a Trump, es importante recordar que no sería capaz de hacer lo que hace si no fuera por políticas e instituciones creadas por muchos de sus predecesores. Sus horrores tienen un largo historial de fondo. De hecho, Donald Trump no está intensificando la guerra a las drogas, sino intensificando su intensificación. Lo que viene a continuación es una breve historia de cómo llegamos a un momento en el que un presidente puede ordenar el asesinato en serie de civiles, compartir en público videos de los crímenes, y descubrir que la respuesta de demasiados reporteros, políticos (con alguna excepción, como Rand Paul) y abogados ha sido poco más que un encogimiento de hombros, cuando no, en algunos casos, un respaldo. Breve historia de la guerra más larga Richard Nixon (1969-1974) fue el primer presidente de la guerra a las drogas. El 14 de junio de 1971, cuando la guerra de Vietnam seguía con toda su furia, Nixon anunció una “nueva y total ofensiva” contra las drogas. No utilizó la expresión “guerra a las drogas”; sin embargo, en el curso de 48 horas decenas de periódicos en todo el país lo habían hecho, lo que daba a entender que funcionarios de la Casa Blanca habían filtrado la frase militarizada a los reporteros. El llamado de Nixon a una ofensiva antidrogas fue respuesta directa a un explosivo reportaje publicado un mes antes por el New York Times, con el título “La adicción a la heroína en militares, epidémica en Vietnam”. Decenas de miles de soldados estadunidenses eran adictos, y en algunas unidades se reportaba que 50 por ciento de los efectivos consumían heroína. En las conferencias de prensa, ya no sólo se preguntaba a Nixon cuándo y cómo planeaba poner fin a la guerra en Vietnam, sino si los usuarios de drogas en las fuerzas armadas serían enviados a rehabilitación o castigados. Qué iba a hacer, inquiría uno de los reporteros, con “los soldados que regresan de Vietnam con adicción a la heroína”. Lo que Nixon hizo fue lanzar lo que hoy podríamos considerar un segundo acto de la guerra, una expansión global de operaciones militares, esta vez enfocada, no en los comunistas, sino en la mariguana y la heroína. En 1973, poco después de que el último soldado combatiente salió de Vietnam del Sur, Nikon creó la agencia antidrogas conocida como DEA. La primera operación en grande en México se parecía de modo escalofriante a Vietnam. A partir de 1975, agentes estadunidenses se adentraron en el norte de México, uniéndose a las fuerzas policiacas y armadas locales para realizar barridos militares y fumigación desde el aire. Un reporte la describió como una campaña terrorista de asesinatos extrajudiciales y torturas contra productores rurales de mariguana y opio, en su mayoría campesinos pobres. La campaña trató a todos los pueblerinos como “enemigo interno”. Bajo la pantalla de combatir las drogas, las fuerzas de seguridad mexicanas, provistas de inteligencia por la DEA y la Agencia Central de Inteligencia, suprimieron con ferocidad a activistas campesinos y estudiantiles. Como escribió la historiadora Adela Cedillo, más que limitar la producción de drogas, la campaña condujo a su concentración en unas cuantas organizaciones paramilitares de estructura jerárquica que, hacia finales de la década de 1970, comenzaron a ser conocidas como “cárteles”. Así, el primer fuente de batalla totalmente militarizado de la guerra a las drogas ayudó a crear los cárteles a los que la actual repetición de la guerra a las drogas está combatiendo. Gerald Ford (1974-1977) respondió a la presión del Congreso –en especial del demócrata neoyorquino Charles Rangel–, dedicándose a una estrategia “del lado de la oferta” de atacar la producción de drogas en su fuente (en oposición a tratar de reducir la demanda en casa). Si bien países del sudeste de Asia, junto con Afganistán, Pakistán e Irán, habían sido importantes proveedores de heroína a Estados Unidos, los mexicanos, proveedores de mariguana durante mucho tiempo, habían comenzado a sembrar amapola para satisfacer la demanda de los veteranos de Vietnam habituados a la heroína. Hacia 1975, surtían más de 85 por ciento de la heroína que ingresaba en Estados Unidos. “Los sucesos en México no son buenos”, le dijo un asistente de la Casa Blanca a Ford en preparación a una reunión con Rangel. Ford incrementó las operaciones de la DEA en América Latina. Jimmy Carter (1977-1981) apoyó la legalización de la mariguana para uso personal y, en sus discursos y comentarios, enfatizó el tratamiento por encima del castigo. En el extranjero, sin embargo, la DEA continuó expandiendo sus operaciones. (Pronto contaría con 25 oficinas en 16 países de América Latina y el Caribe.) Ronald Reagan (1981-1989) reinó en una era en que la política referente a las drogas tomaría un giro hacia lo surrealista, al fortalecer los vínculos entre la política de derecha y las drogas ilícitas. Pero retrocedamos un poco. La convergencia de la política de derecha y las drogas empezó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando, de acuerdo con el historiador Alfred McCoy, la inteligencia estadunidense en Italia llegó a apoyarse en el creciente “sindicato internacional de narcóticos” del capo del crimen Lucky Luciano, que se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el mar Caribe y de Estambul a La Habana, para realizar operaciones encubiertas contra el comunismo. Luego, en 1959, después de que la Revolución cubana acabó con el lucrativo negocio de las drogas en la isla, los traficantes se desplazaron a otras partes de América Latina o a Estados Unidos, donde también ellos se unieron a la causa anticomunista. Entonces, la CIA utilizó a esos gángsters exiliados en operaciones dirigidas a desestabilizar al gobierno de Fidel Castro y socavar el movimiento antibélico en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la CIA operó su propia aerolínea, Air America, en el sudeste de Asia, la cual traficaba opio y heroína como forma de apoyar la guerra secreta de la agencia en Laos. Y la FBI, notoriamente, usó el pretexto del combate a las drogas para “exponer, perturbar, confundir, desacreditar o neutralizar de otras maneras” a los disidentes políticos, entre ellos los Panteras Negras. Por ejemplo, trabajó con la policía local en Buffalo, Nueva York, para tender una trampa al activista afroestadunidense Martin Sostre, quien operaba una librería que se había convertido en el centro de la política radical negra de la ciudad. Lo detuvo bajo la acusación falsa de vender heroína. La creación por Nixon de la agencia antidrogas unió esos hilos, y sus agentes trabajaron de cerca con el FBI en Estados Unidos y la CIA en América Latina. Cuando, después de que la guerra de Vietnam terminó en derrota, el Congreso intentó poner un control a la CIA, sus agentes usaron la red expansiva de la DEA en el extranjero para continuar con sus operaciones encubiertas. Para el tiempo en que Reagan llegó a la presidencia, la producción de cocaína en la región andina de América Latina estaba en auge, con una dinámica claramente curiosa en operación: la CIA trabajaba con represivos gobiernos derechistas involucrados en la producción de coca en momentos en que la DEA trabajaba con esos mismos gobiernos para suprimir la producción de coca. Esa dinámica fue captada a la perfección ya desde 1971 en Bolivia, cuando la CIA ayudó a derrocar a un gobierno moderadamente izquierdista, en el primero de una serie de los que llegaron a ser conocidos como “golpes de cocaína”. Los “coroneles de cocaína” de Colombia recibieron entonces tanto dinero como Washington estaba dispuesto a ofrecer para librar su propia versión de la guerra a las drogas, mientras facilitaban la producción de cocaína para exportación. El presidente Carter suspendió el financiamiento de las operaciones antidrogas en Bolivia en 1980, pero Reagan lo restauró en 1983. El ascenso del dictador chileno Augusto Pinochet siguió la misma dinámica. Pinochet presentó en parte su golpe de Estado auspiciado por la CIA contra el presidente socialista Salvador Allende, en 1973, como un frente de la guerra de Nixon contra las drogas. En estrecha colaboración con la DEA, torturó y mató a narcotraficantes junto con activistas políticos, como parte de la ola de represión posterior al golpe. Entre tanto, sus aliados comenzaron a “traficar drogas con impunidad”: la familia Pinochet ganó millones de dólares exportando cocaína a Europa (con ayuda de agentes de sus tristemente célebres fuerzas de seguridad). Una vez en el cargo, Reagan comenzó a intensificar la guerra a las drogas como hizo con la guerra fría… y el vínculo entre cocaína y política de derecha se estrechó. El cártel de Medellín donó millones de dólares a la campaña de Reagan contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Los nexos eran turbios y conspiratorios, parte de lo que McCoy ha llamado el “inframundo encubierto”, por lo que es fácil caer por el hoyo de conejo de la red secreta de personajes públicos y privados tratando de rastrearlos, pero se pueden encontrar detalles en reportes de Gary Webb, Robert Parry, Leslie Cockburn, Bill Moyers, John Kerry y el programa 60 Minutes de la CBS,entre otros. George H.W. Bush (1989-1993) se embarcó en acciones muy parecidas a las de Trump al presentar al público sus argumentos sobre la necesidad de intensificar la guerra a las drogas. Ordenó a la DEA ir a la parte más pobre de Washington para atrapar a un narcotraficante afroestadunidense de bajo nivel, Keith Jackson, y le pagó para que fuera a la Casa Blanca a vender tres onzas de crack a un agente encubierto. Luego, Bush mostró las drogas en televisión nacional para ilustrar lo fácil que era comprar narcóticos. Jackson, estudiante de preparatoria, pasó ocho años en prisión para que Bush pudiera realizar su show de televisión. A continuación, el presidente elevó el financiamiento a la guerra a las drogas, expandiendo las operaciones militares y de inteligencia en los Andes y el Caribe. Fueron los años del escuadrón antivicio en Miami, cuando los esfuerzos por suprimir el trasiego de drogas hacia Florida sólo hizo que las rutas de transporte se trasladaran a tierra firme, a través de América Central y México. La contribución insignia de Bush a la guerra a las drogas fue la Operación Causa Justa, en la cual, pocas semanas después de la caída del Muro de Berlín, a finales de 1989, despachó 30 mil marines a Panamá para arrestar al autócrata Manuel Noriega bajo acusaciones de narcotráfico. Noriega había sido un activo de la CIA cuando Bush era el director de esa agencia, pero con el término de la guerra fría su utilidad llegó a su fin. Bill Clinton (1993-2001) intensificó las políticas de “duro contra las drogas” de su predecesor. Mantuvo la sentencia mínima obligatoria y elevó el número de personas que pasaban tiempo en prisión por delitos relacionados con las drogas. En su último año en el cargo, Clinton desarrolló el Plan Colombia, que destinaba miles de millones de dólares adicionales a la persecución del narcotráfico, pero con un giro: la privatización. Washington entregó contratos a corporaciones de mercenarios que realizaran las operaciones en el terreno. DynCorp proporcionó pilotos, aviones y productos químicos para la erradicación aérea de las drogas (lo que tuvo horribles consecuencias ambientales) y trabajó de cerca con los militares colombianos. Una nueva empresa del ramo cibernético, Oakley Networks, hoy día parte de Raytheon, también recibió dinero del Plan Colombia para suministrar “software de vigilancia por internet” a la Policía Nacional de Colombia, la cual utilizó la tecnología para espiar a activistas por los derechos humanos. El Plan Colombia condujo a cientos de miles de muertes de civiles y a una extensa devastación ambiental. ¿El resultado? Las estimaciones varían, pero se cree que hoy día se dedica más o menos el doble de tierras colombianas al cultivo de coca que al principio del Plan Colombia, en 2000, y que la producción de cocaína se ha duplicado. George W. Bush (2001-2009) volvió a intensificar la guerra a las drogas, elevando el financiamiento para su persecución dentro y fuera del país. Apremió al presidente de México, Felipe Calderón, a lanzar su propio y brutal asalto militar a los cárteles del narcotráfico. Para cuando Calderón salió del cargo, las fuerzas de seguridad y los cárteles combinados habían dado muerte o desaparecido a decenas de miles de mexicanos. Conceptualmente, Bush vinculó su guerra mundial al terror, posterior al 11-S, con la guerra mundial a las drogas. “El tráfico de drogas financia al mundo del terror”, afirmó. Barack Obama (2009–2017), como el ex presidente Carter, enfatizó el tratamiento sobre el encarcelamiento. Sin embargo, no hizo nada por reducir la escala de la guerra a las drogas, sino que continuó financiando el Plan Colombia y expandió el Plan Mérida, instaurado por su predecesor para combatir a los cárteles en América Central y México. En febrero de 2009, tres ex presidentes de Brasil, México y Colombia –Fernando Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria– emitieron un informe titulado “Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma”, que llamaba a poner fin a la guerra a las drogas y proponía la despenalización y el tratamiento del uso de drogas como temas de salud pública. Los autores eran políticos del establishment, y Obama pudo haber utilizado su informe sin precedente para ayudar a construir un nuevo consenso de salud pública relativo al consumo de drogas. Pero, en general, la Casa Blanca bajo su mando hizo caso omiso del informe. Donald Trump (2017–2021) incrementó el financiamiento de alto nivel para las operaciones militarizadas antinarcóticos en la frontera y el extranjero, demandado la “pena de muerte” para los traficantes. También dejó flotar la idea de lanzar “misiles a México para destruir los laboratorios de drogas”, pero hacerlo “a la callada” para que “nadie supiera que somos nosotros”. En su primer periodo, Trump ofreció un primer esbozo, hoy olvidado (al menos en Estados Unidos) del asesinato de civiles en embarcaciones. El 11 de mayo de 2017, agentes de la DEA y sus contrapartes hondureños, a bordo de un barco por el río Patuca, abrieron fuego sobre un taxi naval que llevaba 16 pasajeros. En lo alto, un agente de la DEA que iba en un helicóptero ordenó a un soldado hondureño que disparara su ametralladora hacia el taxi. Cuatro personas murieron, entre ellas un joven y dos mujeres embarazadas, mientras otras tres personas recibieron heridas graves. En el incidente participaron 10 agentes estadunidenses, ninguno de los cuales sufrió consecuencia alguna por la masacre. Joe Biden (2021–2025) apoyó por principio la reducción de la intensidad y de hecho disminuyó el financiamiento a la fumigación aérea de drogas en Colombia. También concedió el perdón a miles de personas convictas por cargos federales relativos a la mariguana. Sin embargo, al igual que los presidentes anteriores, continuó financiando las operaciones de la DEA y militares en América Latina. Donald Trump (2025-?) ha abierto un nuevo frente en la guerra contra los cárteles mexicanos de la droga en Nueva Inglaterra. La DEA, en colaboración con ICE y el FBI, afirma que en agosto realizó 171 “arrestos de alto nivel” de “miembros del cártel de Sinaloa” en los estados de Massachusetts y Nueva Hampshire. Sin embargo, el equipo de investigación Spotlight del Boston Globe informó que la mayoría de los arrestados participaban en “ventas de drogas por pocos dólares” o eran simples adictos, sin ningún vínculo con el cártel de Sinaloa. Trump insiste en que la “guerra a las drogas” no es una metáfora, sino una guerra de verdad, y que como tal le concede poderes extraordinarios de tiempos de guerra, entre ellos la autoridad de bombardear a México y atacar a Venezuela. Considerando esta historia, ¿quién va a oponerse? ¿O a pensar que una tal guerra no podría sino terminar mal… o, para el caso, no terminar nunca? *Greg Grandin es autor de Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism, publicado por Metropolitan Books en la serie American Empire Project; de The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall, ganador del Premio Pulitzer y, en fecha más reciente, America, América: A New History of the New World. Este artículo fue publicado originalmente en TomDispatch.org Traducción: Jorge Anaya Fuente de la traducción: La Jornada – https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/11/16/opinion/trump-y-su-guerra-a-las-drogas Título del artículo original: «Escalating the Escalation – A Short History of the Long War on Drugs in Latin America from Richard Nixon to Donald Trump». https://tomdispatch.com/escalating-the-escalation/

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza. Consejo de Seguridad de la ONU. - Sputnik Mundo, 17.11.2025 Con 13 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, los miembros del organismo de Naciones Unidas avalaron una de las iniciativas más importantes sobre el plan de paz impulsado por EEUU en el enclave palestino. La resolución indica que esta fuerza internacional trabajará con Israel, Egipto y una fuerza policial palestina, para brindar seguridad en las fronteras de Gaza y supervisar el desarme de Hamás. Estas acciones se realizarán a lo largo de dos años. De acuerdo con el proyecto, una vez que el grupo especial asuma el control, las tropas israelíes deben retirarse de Gaza. A la par, una junta de paz, que será encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, coordinará la ayuda humanitaria y la reconstrucción de la zona. A finales de septiembre, el mandatario de EEUU presentó un plan de 20 puntos para poner fin al conflicto de Gaza. Frente a ello, el 10 de octubre entró en vigor un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Mayoría de ecuatorianos se opone a bases militares extranjeras y defiende derechos sociales y ecológicos

Recomiendo: Mayoría de ecuatorianos se opone a bases militares extranjeras y defiende derechos sociales y ecológicos NO a las reformas neoliberales propuestas por el presidente Noboa Por Silvia Arana | 17/11/2025 | Ecuador Fuentes: Rebelión - Imagen del pintor ecuatoriano Pavel Egüez. Con el fin de consolidar su proyecto neoliberal, Daniel Noboa a pocos meses de ser electo presidente de Ecuador convocó a un referéndum -que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2025- en torno a dos puntos cruciales: la sustitución de la Constitución progresista de 2008 y la autorización para instalar bases militares extranjeras en el país; además de otros dos asuntos que apuntan a reducir el peso del poder legislativo y eliminar el financiamiento público de los partidos políticos. La respuesta del pueblo ecuatoriano ha sido un NO contundente. Un NO a la instalación de bases militares extranjeras, en la consulta no se especifica el país, pero se refiere al plan de Noboa de instalar dos bases militares de Estados Unidos, una en Manta -donde estuvo la base cerrada por el gobierno de Rafael Correa en 2009- y otra en Salinas (ambas en la costa). Un NO a sustituir la Constitución de Montecristi (2008), una de las constituciones más progresistas del mundo que garantiza los derechos de la Naturaleza y reconoce que Ecuador es un Estado Plurinacional. Un NO al debilitamiento del cuerpo legislativo único que es la Asamblea ecuatoriana. Y otro NO a la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos. El NO ha sido la bandera de los movimientos sociales, principalmente del movimiento ecologista que trabajó arduamente para denunciar los intentos de arrasar con los derechos de la Naturaleza garantizados por la Constitución de 2008. Como lo explicó Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008): «Cuando protegemos la Naturaleza, la asumimos como una condición básica de nuestra existencia y, por lo tanto, también como la base real de los derechos colectivos e individuales de libertad». El NO ha sido la bandera del Movimiento Indígena, en defensa de la Madre Tierra, en oposición al plan económico neoliberal y al autoritarismo del gobierno. Recordemos que en los meses de septiembre y octubre, la gran movilización indígena contra el alza del precio del combustible y del costo de vida fue violentamente reprimida. Tres comuneros murieron por el accionar de las fuerzas represiva y muchos otros sufrieron heridas de gravedad. El NO ha sido también la bandera del principal partido político de oposición, Revolución Ciudadana. Tras la bandera del NO se han movilizado artistas y jóvenes realizando performances en plazas y calles, cantando canciones, filmando videos, dibujando caricaturas, haciendo fotografías, murales y pinturas. El movimiento por el NO vibró con energías renovadas y entusiasmo por la defensa de la Naturaleza, del país todo y su gente -de la costa a la sierra. Y más allá del referéndum, esta presencia de las nuevas generaciones irrumpiendo en la vida político social es el mejor augurio de que un futuro mejor es posible en todas las regiones del país. Cabe preguntarse, ¿cómo pudo Noboa sobredimensionar de tal manera su fuerza política convocando a un referéndum que en lugar de ampliar su margen de maniobra lo disminuyó considerablemente? Algunos replanteos deberá hacer el partido gobernante. Por otra parte, el rechazo popular expresado en las urnas a las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno de Noboa crea las condiciones ideales para el surgimiento de un Frente Amplio opositor que pueda aunar esfuerzos en la resistencia, priorizando lo que los une -preservación de la Naturaleza y de la soberanía nacional, entre otros puntos- y secundarizando las diferencias. Así, acompasado por un NO rotundo, se esboza un futuro mejor: la posibilidad de conformar a lo largo de la próxima etapa un frente amplio, abarcador de los diferentes movimientos sociales y políticos, capaz de formular un proyecto económico que beneficie a las grandes mayorías preservando la Naturaleza en el marco de un Estado Plurinacional. Y con ello, se podrá restablecer la paz social en el convulsionado Ecuador. Un país y un mundo mejor es posible. Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.