La intervención de EEUU en Venezuela acelerará "el desacoplamiento mundial con Washington", dice experto

La intervención de EEUU en Venezuela acelerará "el desacoplamiento mundial con Washington", dice experto Sputnik Mundo, 10.01.2026 La intervención militar en Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro han desatado una ola de condena global, que sitúa a la diplomacia de Washington en uno de sus niveles más bajos en décadas. "Sumado a los aranceles, no hay razones para confiar o querer asociarse con EEUU, hasta Europa se está dando cuenta", dijo un experto a Sputnik. En los últimos meses, la comunidad internacional ha observado distintas acciones emprendidas por Estados Unidos que, denuncian, han sobrepasado el derecho internacional. La más controversial ocurrió el pasado 3 de enero, con el operativo en Venezuela para secuestrar a su presidente, Nicolás Maduro. Los Gobiernos de México, Brasil, Colombia y Chile emitieron un comunicado —firmado también por España— en el que califican la invasión a Venezuela como un "precedente sumamente peligroso" para la paz regional. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido uno de los críticos más duros de las acciones estadounidenses, denunciando que los bombardeos en zonas civiles de Caracas no solo violan la soberanía venezolana, sino que amenazan con desestabilizar a todo el continente. Ante estos hechos, ha exigido una reunión urgente de la OEA y la ONU, para frenar lo que dijo que era el "comportamiento imperialista" de EEUU. Desde Brasilia, el presidente Lula da Silva ha trazado una "línea roja" inaceptable, señalando que el secuestro de un mandatario en funciones despoja a la región de sus garantías básicas de seguridad. Esta postura es compartida por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la autodeterminación de los pueblos y ha criticado la ineficacia de los organismos multilaterales para prevenir esta incursión. Para estos líderes, la acción de Washington no es un acto de liberación, sino una exhibición de fuerza que obliga a la región a cerrar filas contra futuras intervenciones en sus propios territorios. En Europa, el presidente Pedro Sánchez declaró que "no se puede reconocer una intervención que viola el derecho internacional" y la política más popular de Francia, Marine Le Pen, calificó de manera similar la acción como una violación intolerable a la soberanía de los Estados, enfatizando que este principio es "sagrado", independientemente de quien esté gobernando. Por su parte, China y Rusia han liderado la ofensiva diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU, tildando la operación de "acto hegemónico" y "catástrofe universal". La Cancillería china dijo estar "profundamente conmocionada" por las imágenes de Maduro bajo custodia federal en Nueva York, denunciando que tales acciones amenazan directamente la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. La idea de que "nadie está a salvo" si no se alinea estrictamente con los intereses de la Casa Blanca ha calado hondo alrededor del mundo, acelerando la búsqueda de autonomía, incluso en países como Dinamarca, miembro de la OTAN, luego de que el propio presidente Donald Trump reiterara esta última semana que EEUU debía quedarse con Groenlandia por "razones de seguridad nacional", ya sea por las buenas o las malas. Mandatarios de países del sur global han denunciado que este lenguaje remite a los tiempos más oscuros de la época colonial, con los recursos naturales —en este caso el petróleo venezolano, que el Gobierno estadounidense ha admitido está en el centro de su interés por Venezuela— convertidos en el verdadero botín detrás de la retórica sobre seguridad regional y presunto combate el narcotráfico. Desacoplamiento imparable Las acciones estadounidenses, con ecos en la región a numerosas instancias de desestabilización contra Gobiernos populares durante la Guerra Fría, "va a acelerar el desacoplamiento mundial con Washington", aseguró a Sputnik José Luis Romano, internacionalista egresado de la UDELAR, quien opinó que el daño en la confianza global hacia EEUU es ya "irreparable". "Los líderes mundiales ahora ven los tratados y convenios firmados con Washington no como garantías, sino como papel mojado ante el capricho de una potencia que ha decidido que su seguridad nacional está por encima de cualquier norma global establecida", dijo el especialista. "Sumado a los aranceles, no hay razones para confiar o querer asociarse con EEUU. Hasta la propia Europa, que generalmente nunca quiere enojar a la Casa Blanca y arriesgar perder su paraguas de seguridad que obtiene prácticamente gratis, se está dando cuenta", ahondó. En ese sentido, Romano señaló que los mandatarios y dirigentes políticos que hoy condenan la acción no solo lo hacen por solidaridad con Venezuela, sino por la comprensión de que el desacoplamiento de Washington es ahora una necesidad estratégica de supervivencia. "El secuestro de Maduro es la chispa que está transformando la desconfianza económica provocada por los aranceles en un alejamiento político de primer orden, con el mundo buscando desesperadamente un nuevo equilibrio de poder que no dependa de la voluntad unilateral de una sola nación y socios más confiables y razonables", dijo. México debe buscar un "desacoplamiento con EEUU" El historiador Harim Gutiérrez, egresado de la UNAM y del Colegio de México, coincidió con dicho análisis. Sin embargo, advirtió que este alejamiento —basado en la desconfianza que genera EEUU— tiene algunos fuertes obstáculos, como la necesidad económica. "Países geográficamente más alejados de EEUU, como los europeos o asiáticos, ya venían dando señales de buscar diversificar sus relaciones e incluso vecinos como Canadá, con el propio [primer ministro Mark] Carney diciendo que ya no existe la relación especial con Washington", afirmó en diálogo con este medio. México debería replantear su relación política con Washington tras ataque de EEUU en Venezuela, dicen expertos - Sputnik Mundo, 1920, 04.01.2026 México debería replantear su relación política con Washington tras ataque de EEUU en Venezuela, dicen expertos Sin embargo, precisó que México, posicionado como el principal socio comercial de EEUU, deberá mantener las respuestas matizadas a las "calumnias" lanzadas desde Washington y su defensa de la soberanía con el fin de procurar que la exportación de bienes no se detenga, advirtiendo que sus autoridades no pueden perder tiempo en repensar completamente su estrategia económica e industrial. "La presidenta, Claudia Sheinbaum, deberá buscar la manera de plantarse fuerte contra el intervencionismo de Washington, incluso a riesgo de que esto provoque represalias. Es urgente planear un desacoplamiento con EEUU, que probó no ser es un socio confiable, y cortar la dependencia con un actor global que estará cada vez más aislado", concluyó

Cuántas leyes internacionales puede violar Estados Unidos contra Venezuela y salir impune?

Recomiendo: ¿Cuántas leyes internacionales puede violar Estados Unidos contra Venezuela y salir impune? Por Vijay Prashad | 10/01/2026 | Mundo Fuentes: Instituto Tricontinental de Investigación Social El ataque de EE. UU. contra Venezuela no comenzó el 3 de enero de 2026: el bombardeo del país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores demuestran el desprecio de Washington por la soberanía y el derecho internacional. En la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos envió sus fuerzas militares a Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro Moros y a su esposa Cilia Flores, diputada de la Asamblea Nacional, bombardeando sitios civiles y militares en Caracas. Estados Unidos acusó formalmente a ambos de “narcoterrorismo” y otros cargos relacionados, y los mantiene retenidos en Nueva York, donde comparecieron por primera vez ante el tribunal federal de Manhattan el 5 de enero de 2026. Está claro que Estados Unidos no inició su ofensiva contra Venezuela el 3 de enero de 2026. La guerra híbrida contra el proceso bolivariano de Venezuela comenzó en 2001, después de la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos como parte de un paquete de 49 leyes decretadas por el presidente Hugo Chávez y ratificadas por la Asamblea Nacional. La nueva ley venezolana perjudicó a los conglomerados petroleros, la mayoría de ellos estadounidenses, al permitir que el gobierno redirigiera una mayor parte de los ingresos petroleros hacia programas sociales y el desarrollo nacional a largo plazo. Los conglomerados petroleros, particularmente ExxonMobil (Exxon), se enfurecieron y desde entonces han trabajado con el gobierno estadounidense para intentar derrocar no solo al gobierno de Venezuela sino todo el proceso bolivariano. La guerra híbrida a través de medios económicos, políticos, informativos e incluso sociales, ha sido una característica constante de la vida venezolana durante el último cuarto de siglo. El ataque ilegal contra Venezuela en 2026 y el secuestro de su presidente y de la primera dama forman parte de esta larga y continua guerra contra la clase trabajadora de este país sudamericano. El Techo de la Ballena (colectivo de artistas), Cambiar la vida, transformar la sociedad, 1963. ¿Qué hace que el ataque contra Venezuela sea ilegal? Teniendo en cuenta que Estados Unidos ignora completa y sistemáticamente el derecho internacional, incluso mientras habla de un “orden internacional basado en reglas”, vale la pena revisar los fundamentos del derecho internacional y examinar las leyes internacionales que ese país violó con su ataque contra Venezuela el 3 de enero. En primer lugar, cuando hablamos de “derecho internacional”, nos referimos a obligaciones jurídicas que los Estados y, en ciertos casos, las organizaciones internacionales y las personas, reconocen como vinculantes en sus relaciones entre sí. Estas normas provienen de dos fuentes principales: tratados (acuerdos escritos) y derecho internacional consuetudinario (normas que se vuelven vinculantes a través de una práctica estatal constante y son aceptadas como ley). Un Estado debe consentir en quedar vinculado por un tratado (lo que significa que debe firmarlo o adherirse a él). Sin embargo, puede quedar vinculado por el derecho internacional consuetudinario y por las normas imperativas (jus cogens, o “derecho imperativo”, normas fundamentales que obligan a todos los Estados) independientemente de que haya firmado algún tratado. Por ejemplo, la prohibición del genocidio y de la esclavitud no requiere que un Estado firme nada, ya que estas prohibiciones son reconocidas como normas imperativas que obligan a todos los Estados en virtud del derecho internacional. Dicho de otro modo, algunas leyes son tan fundamentales que ningún Estado puede eximirse de ellas. Las obligaciones a las que me referiré a continuación provienen de ambas fuentes: tratados (como la Carta de las Naciones Unidas) y el derecho internacional consuetudinario (incluido el principio de no intervención y la inmunidad de los jefes de Estado), en algunos casos interpretados y aplicados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las controversias entre Estados, cuyos fallos tienen una autoridad especial para explicar lo que el derecho internacional requiere en la práctica. 1. Prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Existen dos tratados clave que deberían restringir el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra otros países: El más importante es la Carta de las Naciones Unidas, de 1945, cuyo Artículo 2, numeral 4, establece que todos los Estados deben abstenerse de recurrir a la “amenaza o el uso de la fuerza” contra otro Estado. Existen excepciones limitadas a esto, como cuando el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando bajo el Capítulo VII de la Carta (Artículos 39 a 42), determina que existe una “amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión” y luego autoriza el uso de fuerzas aéreas, navales o terrestres para “mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”, o cuando un Estado actúa en legítima defensa. Como no existe otra excepción, el acto de agresión de Estados Unidos contra Venezuela constituye una clara violación de la Carta de la ONU, la obligación de tratado más alta en el sistema interestatal. En las Américas, también existe la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 1948, cuyo Artículo 21 establece que el “territorio de un Estado es inviolable” y que no se permite ninguna “ocupación militar” o “medidas de fuerza” por parte de un Estado contra otro. La Carta de la OEA sigue a la Carta de las Naciones Unidas, cuyo Artículo 103 deja claro que, cuando las obligaciones de los tratados entran en conflicto, las obligaciones de los miembros bajo el tratado internacional fundado por la ONU prevalecen sobre las de cualquier otro acuerdo internacional. Ya debería haber resoluciones tanto en la ONU como en la OEA para condenar las acciones recientes de Estados Unidos. La ausencia de tales resoluciones es una demostración no tanto de la impotencia del sistema interestatal en sí mismo, sino más bien del poder absoluto de tipo mafioso que ejerce Estados Unidos en el mundo. 2. No intervención en los asuntos internos o externos de un Estado. El Artículo 2, numeral 7, de la Carta de la ONU subraya la centralidad de la soberanía estatal al dejar claro que nada en la Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos que son “esencialmente de la jurisdicción interna” de cualquier Estado (excepto a través de medidas coercitivas bajo el Capítulo VII). La prohibición de que los Estados intervengan en los asuntos de otros también se establece claramente en el Artículo 19 de la Carta de la OEA, que señala que ningún Estado “tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, por ningún motivo” en los asuntos internos o externos de otro Estado y eso incluye cualquier “forma de injerencia”, como una invasión militar o la captura de un jefe de gobierno. La Carta de la ONU y la Carta de la OEA son tratados y el derecho internacional consuetudinario refuerza estas normas de tratados, prohibiendo independientemente la intervención. En el caso de 1986 Nicaragua contra Estados Unidos, presentado a raíz del apoyo de Washington a la guerra de la Contra y la instalación de minas en los puertos de Nicaragua, la CIJ afirmó el principio consuetudinario de no intervención y aplicó las normas sobre el uso de la fuerza y la legítima defensa (incluidas la necesidad y la proporcionalidad). Los intentos directos de Estados Unidos por derrocar al gobierno venezolano, desde el intento de golpe de Estado en 2002 hasta el secuestro del presidente Maduro y Cilia Flores en 2026, constituyen violaciones claras de estos principios, pero igualmente lo es el apoyo brindado por Estados Unidos para organizar acciones armadas, como la Operación Gedeón (2020), en la que Estados Unidos financió mercenarios para atacar al gobierno venezolano. 3. Violación de la inmunidad de los jefes de Estado. Cuando un Estado ejerce jurisdicción penal, civil o coercitiva sobre un jefe de Estado extranjero en ejercicio, en contravención del derecho internacional, arrestando, procesando, deteniendo o ejerciendo de otra manera autoridad coercitiva sobre esa persona, viola la inmunidad del jefe de Estado. Esta es una norma diseñada para garantizar que los Estados puedan mantener relaciones sin que tribunales extranjeros capturen a sus máximas autoridades. En términos simples: como regla general, un tribunal nacional extranjero no puede arrestar o juzgar legalmente a un jefe de Estado en ejercicio a menos que esa inmunidad sea levantada por el propio Estado de esa persona. No existe un tratado único que codifique esta inmunidad en un solo instrumento, pero está bien establecida en el derecho internacional consuetudinario y reflejada en diversos instrumentos y fallos judiciales. La Convención de las Naciones Unidas sobre las Misiones Especiales (1969), por ejemplo, establece que un jefe de Estado que encabeza una misión especial “gozará de las facilidades, privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional a los jefes de Estado”. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) codifica por separado la inmunidad diplomática para agentes diplomáticos acreditados, ilustrando el principio más amplio del derecho internacional de inviolabilidad para representantes oficiales. Lo más importante es que la CIJ, en República Democrática del Congo contra Bélgica (2002), conocido como el “Caso de la orden de arresto”, presentado después de que Bélgica emitiera una orden de detención internacional contra el ministro de Relaciones Exteriores en ejercicio de la RDC, sostuvo que el ministro de Relaciones Exteriores en ejercicio gozaba de “inmunidad de jurisdicción penal” e “inviolabilidad” bajo el derecho internacional y que la orden de detención de Bélgica violaba esas obligaciones. Existe una excepción importante en el sistema internacional, y se aplica en el marco de la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga a personas (no a Estados, como lo hace la CIJ). El Artículo 27 del Estatuto de Roma de la CPI establece que la calidad oficial “como jefe de Estado o de gobierno” no exime a una persona de responsabilidad prevista en el Estatuto y que las inmunidades “no impedirán a la Corte ejercer su competencia”. Bajo el Estatuto de Roma, la CPI puede procesar a personas por los delitos internacionales más graves —genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión— cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren actuar. Por eso la CPI puede emitir órdenes de detención incluso contra jefes de Estado o de gobierno en funciones. Esta es la lógica jurídica invocada en la orden de arresto de la CPI contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El brutal ataque de Trump no solo viola el derecho internacional, sino que también plantea cuestiones en virtud de la legislación estadounidense. La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 exige que el presidente estadounidense consulte con el Congreso “en todos los casos posibles” antes de introducir las fuerzas armadas estadounidenses en hostilidades con cualquier Estado y, si no lo hace, debe informar al Congreso dentro de 48 horas, debiendo cesar las hostilidades en un plazo de 60 días si no se obtiene la autorización. El desprecio de Washington por el derecho internacional se refleja en el ámbito nacional. En su comparecencia inicial ante el tribunal el 5 de enero, el presidente Maduro dijo: “Soy un prisionero de guerra”. Esta es una afirmación precisa. Maduro y Flores fueron capturados con fines puramente políticos, como parte de la larga guerra de Washington contra el Sur Global. Lo imagino en su celda, al antiguo conductor de autobús y sindicalista, el presidente renuente que llegó al socialismo a través de su padre sindicalista y su madre católica, el que una vez me dijo: “la historia me puso en esta silla presidencial no para complacer a nadie sino para defender a mi país y al socialismo”. Imagino a Flores, la joven abogada que ayudó a defender a Hugo Chávez después del levantamiento de 1992 y consiguió su liberación de la cárcel en 1994. Los imagino tarareando la gran canción de Alí Primera de 1977 que más tarde se convertiría en un himno del chavismo, Los que mueren por la vida: Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos cumpa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas Sino cantar de gallos Ellos no serán bandera, para abrazarnos con ella Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea No es tiempo de recular, ni de vivir de leyendas Canta, canta, compañero que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Que no calle tu canción Si te falta bastimento Tienes ese corazón Que tiene latir de bongo, color de vino ancestral Viene tu cueca de lucha, cabalgando un viento austral Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Que no calle tu canción… Fuente: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/boletin-venezuela-ataque-estados-unidos/

Venezuela: el principio del fin de Trump

Venezuela: el principio del fin de Trump hace 10 horas © Sputnik Cada día que pasa tras la agresión militar estadounidense contra Venezuela, se vuelve más evidente el fracaso de Donald Trump contra la nación caribeña. El poder chavista exhibe una impresionante robustez y seguridad en sí mismo. La dignidad mostrada por Nicolás Maduro en su comparecencia ante un tribunal de Nueva York solo ha fortalecido la imagen del secuestrado presidente y ha deteriorado aún más la del inquilino de la Casa Blanca, mientras que los planes de Washington por controlar el petróleo venezolano también tropiezan con la realidad. Así lo señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de la edición de Puentes Informativos, donde también abordan el verdadero trasfondo de las masivas protestas en Irán, así como el estallido social en Bolivia.

Papa al cuerpo diplomático, Vatican.va

Papa Leon XIV, @pontifex_es en la red X: La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas. La #paz ya no se busca como un don y como un bien deseable en sí mismo, sino que se persigue mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio. Esto compromete gravemente el estado de derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica. En el contexto actual, estamos asistiendo a un auténtico “cortocircuito” de los #DerechosHumanos. El derecho a la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa e incluso el derecho a la vida están siendo restringidos en nombre de otros pretendidos nuevos derechos, con el resultado de que el propio marco de los derechos humanos está perdiendo su vitalidad y dejando espacio para la fuerza y la opresión. Esto ocurre cuando cada derecho se vuelve autorreferencial y, especialmente, cuando pierde su conexión con la realidad de las cosas, con su naturaleza y con la verdad.

Qué Estado palestino?: la autodeterminación es indivisible

Recomiendo: ¿Qué Estado palestino?: la autodeterminación es indivisible Por Naji El Khatib | 06/01/2026 | Palestina y Oriente Próximo Fuentes: Viento Sur Hassan Abu Libdeh (exministro de la Autoridad Palestina) mencionó, el 19/12/2025, que en el contexto de la colonización rampante el porcentaje de tierras en las que un Estado palestino sería viable se estaba reduciendo considerablemente. Sugirió que en lugar del 23% de la Palestina del Mandato (correspondiente a Cisjordania y Gaza), los palestinos podrían en la práctica solo obtener entre el 8% (en un escenario optimista) y el 3% (en un escenario realista, teniendo en cuenta la colonización israelí) del territorio ocupado en 1967. Según las fronteras de 1967, la superficie del “Estado de Palestina” es de 6.225 kilómetros cuadrados. La verdad sangrienta y asesina que los líderes palestinos niegan es que la entidad ocupante se ha apoderado de 182 kilómetros cuadrados de Gaza al este de la Línea Amarilla (que Israel declaró como sus nuevas fronteras), de 349 kilómetros cuadrados, el área de Jerusalén, de 2.188 kilómetros cuadrados, para varios asentamientos, 176 kilómetros cuadrados para reservas naturales protegidas, y 1.328 kilómetros cuadrados, el resto de la Zona C después de la asignación del área de los asentamientos previstos para la anexión. Esto significa que nuestro futuro Estado podría establecerse solo en el 32% del territorio del “Estado de Palestina” proclamado tras los Acuerdos de Oslo. Si aceptamos las aspiraciones de la extrema derecha terrorista israelí liderada por Smotrich, según la cual la anexión podría incluir 1.248 kilómetros cuadrados de la Zona B, entonces el “Estado de Palestina” no sería más que una monstruosidad geográfica que represente el 12,2% del territorio. En otras palabras, la superficie de nuestro futuro Estado podría variar entre el 8%, en el mejor de los casos, y el 3%, en el peor, de la superficie de la Palestina histórica. En otras palabras, y sin rodeos, “ni siquiera vale la pena». Entonces podemos concluir que el rechazo de este Estado se impone como un deber nacional para decir: No al Estado como sustituto del derecho de retorno y del derecho a la autodeterminación de todo el pueblo palestino Los sucesivos reconocimientos internacionales del llamado “Estado palestino” se presentan como un logro político histórico, cuando en realidad no constituyen más que un reciclaje de una vieja ilusión, promovida en detrimento de la esencia misma de la causa palestina. Estos reconocimientos, a pesar de su cuidado lenguaje diplomático, eluden deliberadamente las cuestiones fundamentales: ¿quién es el pueblo palestino? ¿Cuál es el contenido real de su derecho a la autodeterminación? ¿Y qué lugar ocupa el derecho de retorno en este supuesto Estado? Es sorprendente observar que estos reconocimientos del Estado de Palestina no hacen ninguna referencia a las resoluciones 181 y 194 de la ONU, como si hubieran sido borradas del registro de la legalidad internacional. La resolución 194, que constituye el fundamento jurídico del derecho al retorno, se margina en favor de una sola resolución, la 242, reducida a una simple cláusula de negociación. Así, el derecho internacional se vacía de su fuerza vinculante y se transforma en un instrumento político selectivo. Incluso cuando algunas iniciativas internacionales mencionan la necesidad de una retirada israelí de los territorios ocupados en 1967, este discurso sigue siendo parte de un marco de negociación que establece una falsa equivalencia entre una potencia colonial ocupante y un pueblo bajo ocupación. La ocupación deja entonces de ser un crimen que debe terminar inmediatamente para convertirse en un «conflicto» gestionado mediante mesas de negociación abiertas indefinidamente. Desde los Acuerdos de Oslo este proceso de negociación se ha consagrado como la única opción ofrecida a los palestinos. La Organización para la Liberación de Palestina desempeñó un papel central en la consolidación de esta elección, no como una opción política susceptible de crítica y revisión, sino como un destino histórico sin alternativa. El resultado es el desmantelamiento interno del proyecto nacional, el abandono gradual del derecho al retorno y la aceptación de una autoridad con autonomía limitada, que opera bajo el control de seguridad y militar de la ocupación. Más de veinte años de negociaciones no han producido ni Estado, ni soberanía, ni siquiera una congelación de la colonización. Por el contrario, estas negociaciones sirvieron de cobertura política y jurídica para una aceleración sin precedentes del colonialismo de asentamiento y una confiscación sistemática de lo que quedaba de las tierras palestinas, incluidas aquellas en las que se suponía que el «Estado» prometido vería la luz. El proyecto estatal se ha transformado así en un conjunto de bantustanes aislados, sin continuidad territorial y perspectiva política. En este contexto, la observación formulada por la abogada francesa Rafaëlle Maison es de particular importancia: la retirada israelí de los territorios ocupados no está, según el derecho internacional, de ninguna manera condicionada a un proceso de negociación. El derecho internacional no otorga a la potencia ocupante el derecho a negociar el fin de su ocupación; le impone una retirada inmediata e incondicional. Por lo tanto, el proceso de negociación iniciado después de Oslo no solo es contrario a los intereses del pueblo palestino, sino también al espíritu mismo del derecho internacional. Esto significa que los palestinos no solo fueron derrotados por el equilibrio de poder, sino que también fueron engañados políticamente. La negociación no fue una forma de obtener la retirada, sino una herramienta para gestionar y prolongar la ocupación. Sin embargo, se presentó como una prueba de sabiduría política, ya que algunos negociadores llegaron a considerar la negociación como un valor en sí mismo, ignorando el hecho de que, desde el punto de vista israelí, este proceso no tenía como objetivo resolver el conflicto, sino gestionarlo al menor coste. Por lo tanto, los reconocimientos internacionales del Estado palestino no pueden considerarse una victoria política. Constituyen, en su esencia, una marginación del corazón de la causa palestina y un intento de sustituir los derechos históricos y jurídicos de todo un pueblo por una entidad soberana incompleta en una parte del territorio. Un Estado sin retorno, sin soberanía y sin unidad del pueblo y de la tierra no es un Estado, sino una forma moderna de perpetuación de la derrota. El derecho a la autodeterminación es indivisible. No puede limitarse a los habitantes de Cisjordania y la Franja de Gaza, excluyendo a millones de refugiados en los exilios, ni a los palestinos dentro de la Línea Verde, que viven como ciudadanos de segunda categoría en un Estado, Israel, construido sobre las ruinas de su pueblo. Tampoco puede reducirse a una bandera, un himno y unas fronteras provisionales, mientras que la estructura del colonialismo de asentamiento permanece intacta, desde el río hasta el mar. Cualquier solución política que ignore la unidad del pueblo palestino y la unidad de sus derechos, y que no se base en la justicia histórica y la igualdad política, no será una solución, sino una reproducción del conflicto en una forma diplomática embellecida. Lo que se requiere no es un Estado a cualquier precio, sino la aplicación efectiva del derecho a la autodeterminación de todo el pueblo palestino. Naji El Khatib es profesor e investigador en sociología política. EHESS-Paris, Universidad An Najah-Nablus, Palestina. Texto en francés: https://blogs.mediapart.fr/naji-el-khatib/blog/251225/quel-etat-palestinien-le-droit-l-autodetermination-est-indivisible?utm Traducción: Enrique García . Fuente: https://www.sinpermiso.info/textos/que-estado-palestino-la-autodeterminacion-es-indivisible

reto de hoy para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Recomiendo: El asalto de Estados Unidos contra Venezuela El reto de hoy para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Por Jeffrey D. Sachs | 08/01/2026 | EE.UU., Venezuela Fuentes: La Jornada El tema que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene hoy ante sí no es el carácter del gobierno de Venezuela. El tema es si cualquier Estado miembro tiene el derecho de determinar por la fuerza, coerción o estrangulamiento económico el futuro político de Venezuela o de ejercer control sobre sus asuntos. La cuestión remite directamente al artículo 2, sección 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El Consejo debe decidir si esa prohibición se sostiene o se abandona. Abandonarla acarrearía las más graves consecuencias. Permítaseme ofrecer algunos antecedentes. Desde 1947, la política exterior de Estados Unidos ha empleado en repetidas ocasiones la fuerza, la acción encubierta y la manipulación política para producir un cambio de régimen en otros países. Existe un registro histórico cuidadosamente documentado de este asunto. En su libro Covert Regime Change ( Cambio encubierto de régimen), la politóloga Lindsay O’Rourke documenta 70 operaciones encubiertas de intento de cambio de régimen sólo entre 1947 y 1989. Estas prácticas no concluyeron con la guerra fría. Desde 1989, entre las operaciones de cambio de régimen realizadas por Estados Unidos, sin autorización del Consejo de Seguridad, y que han tenido las mayores consecuencias, han estado: Irak en 2003, Libia a partir de 2011, Honduras en 2009, Ucrania en 2014 y Venezuela de 2002 en adelante. Los métodos empleados están bien establecidos y documentados. Incluyen guerra abierta, operaciones encubiertas de inteligencia, instigación y manipulación de disturbios, apoyo a grupos armados, manipulación de medios masivos y redes sociales, soborno a funcionarios militares y civiles, asesinatos selectivos, operaciones bajo banderas falsas y guerra económica. Estas medidas son ilegales conforme a la Carta de la ONU, y típicamente han provocado violencia continua, conflicto letal, inestabilidad política y profundo sufrimiento de la población civil. El registro reciente de Washington con respecto a Venezuela es claro también. En abril de 2002, Estados Unidos conoció y aprobó un intento de golpe contra el gobierno. En la década de 2010, financió a grupos de la sociedad que participaban en protestas contra el gobierno. Cuando el gobierno enfrentó las protestas, Washington respondió con una serie de sanciones. En 2015, el presidente Barack Obama declaró que Venezuela era, y cito: una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. En 2017, en una cena con líderes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente Trump abordó abiertamente la opción de que Estados Unidos invadiera Venezuela para derrocar al gobierno. De 2017 a 2020, Estados Unidos impuso sanciones de gran alcance a la compañía petrolera estatal PDVSA. La producción petrolera cayó 75 por ciento de 2016 a 2020, y el PIB real per cápita descendió 62 por ciento. En repetidas ocasiones, la Asamblea General de la ONU ha votado abrumadoramente contra esas medidas coercitivas unilaterales. El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció unilateralmente a Juan Guaidó como presidente interino, y pocos días después congeló alrededor de 7 mil millones de dólares de activos soberanos de Venezuela en el extranjero y concedió a la autoridad designada poder sobre algunos de esos activos. Esas acciones forman parte de un continuo esfuerzo estadunidense para un cambio de régimen, que se extiende por más de dos décadas. El año pasado, Washington ha realizado operaciones de bombardeo en siete países, ninguna de las cuales fue autorizada por el Consejo de Seguridad, y ninguna por legítima defensa conforme a la Carta. Entre los países atacados están Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y ahora Venezuela. El mes pasado, el presidente Trump ha formulado amenazas directas contra seis Estados miembros de la ONU, entre ellos Colombia, Dinamarca, Irán, México y, por supuesto, Venezuela. No se convoca a los miembros del Consejo para juzgar a Nicolás Maduro. No se les convoca para evaluar si el reciente ataque estadunidense y las actuales acciones de cuarentena naval darán resultados en términos de libertad o subyugación. Se convoca a los miembros del Consejo para defender el derecho internacional y, específicamente, la Carta de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas surgió como el segundo gran esfuerzo de la humanidad para colocar el derecho internacional por encima de la anarquía internacional. En palabras de la Carta, la ONU fue creada para “salvar a las generaciones subsecuentes del flagelo de la guerra, que dos veces en nuestro tiempo ha ocasionado indecible sufrimiento a la humanidad. Dado que estamos en la era nuclear, el fracaso no puede repetirse. La humanidad perecería. No habría una tercera oportunidad”. Para cumplir sus responsabilidades conforme a la Carta, el Consejo de Seguridad debe afirmar de inmediato las siguientes acciones. Estados Unidos debe cesar de inmediato y desistir de cualquier amenaza explícita e implícita o de usar la fuerza contra Venezuela. Debe poner fin a su cuarentena naval y a todas las medidas militares coercitivas relacionadas, emprendidas en ausencia de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Debe retirar de inmediato sus fuerzas militares del interior y los alrededores de Venezuela, con inclusión de inteligencia, navales y otros efectivos emplazados con propósitos coercitivos. Venezuela debe adherirse a la Carta de la ONU y a los derechos humanos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recomiendo que el secretario general designe de inmediato a un enviado especial, con el mandato de comprometer a actores venezolanos e internacionales de importancia, y reportarse al secretario general en el curso de los 14 días siguientes con recomendaciones consistentes con la Carta. Y el Consejo de Seguridad debe mantener con urgencia el control sobre este asunto. Todos los estados miembros deben abstenerse de amenazas unilaterales, medidas coercitivas o acciones armadas fuera de la autoridad del Consejo de Seguridad. En conclusión, señor presidente y distinguidos miembros del Consejo, la paz y la supervivencia de la humanidad dependen de si la Carta de las Naciones Unidas sigue siendo un instrumento vigente de derecho internacional o se permite que se vuelva irrelevante. Esa es la opción que se presenta al Consejo este día. Jeffrey Sachs: Profesor y director del Centro para el Desarrollo Sustentable en la Universidad Columbia Traducción: Jorge Anaya Comentarios de Sachs ante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela. Publicado con la autorización del autor Fuente de la traducción al castellano: https://www.jornada.com.mx/2026/01/06/opinion

inexistencia del "Cartel de los Soles" pone en problemas a los aliados sudamericanos de EEUU

La inexistencia del "Cartel de los Soles" pone en problemas a los aliados sudamericanos de EEUU - Sputnik Mundo El desmontaje de la hipótesis del "Cartel de los Soles" deja "mal parados" a los gobiernos sudamericanos que lo habían declarado como "organización terrorista" solo por solicitud de Washington. Expertos consultados por Sputnik señalaron que el episodio es una demostración de la falta de "réditos" del alineamiento automático con Washington. La existencia del supuesto "Cartel de los Soles" y su presunto vínculo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había sido uno de los sustentos de la operación de secuestro contra el mandatario venezolano del 3 de enero y su traslado a Nueva York para ser sometido a un tribunal estadounidense. Sin embargo, lo que parecía el centro de la acusación contra el mandatario venezolano ahora comenzó a desmoronarse tan pronto el caso llegó a las cortes estadounidenses. Un artículo del diario estadounidense New York Times indicó que el escrito presentado por la fiscalía admite que el Cartel de los Soles no es una organización real e intenta matizarlo como un supuesto "sistema clientelar". Países sudamericanos que celebraron el secuestro de Maduro quieren acelerar la salida de venezolanos Además de ensombrecer el proceso penal que EEUU intenta establecer contra Maduro, el cambio de visión de la fiscalía estadounidense pone en cuestión la decisión de varios países sudamericanos que, a instancias del Departamento de Estado estadounidense, habían declarado al supuesto Cartel de los Soles como una "organización terrorista". En agosto de 2025, los gobiernos de Ecuador y Paraguay aprobaron decretos que pasaban a considerar a esta entidad como "organización terrorista internacional". En los meses siguientes siguieron medidas similares los gobiernos de Perú y Argentina. Un comunicado del Gobierno argentino indicaba, incluso, que la decisión se fundamentaba "en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter trasnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región". "La resignificación del Cartel de los Soles pone en una posición incómoda a los países que replicaron las políticas de EEUU como un acto reflejo y deja en evidencia la falta de una mirada estratégica sobre lo que implica asumir posicionamientos desde una política exterior propia", comentó a Sputnik la analista internacional Julieta Heduvan. Heduvan señaló que países como Argentina, Ecuador, Perú o Paraguay actuaron en busca de "priorizar el alineamiento con Washington" pero, en este nuevo escenario, la situación "termina exponiendo la ausencia de una planificación real por parte de estos gobiernos". El politólogo y analista internacional argentino Daniel Blinder dijo a Sputnik que los países sudamericanos, y particularmente Argentina, han optado por un "alineamiento absoluto" con Washington que va incluso más allá de los vínculos de la década de 1990 y que, ahora, implica "la aceptación absoluta de las lecturas del mundo que tiene el Gobierno de EEUU". "Estos países toman la agenda del Departamento de Estado de EEUU, la copian y la repiten. Cuando el Gobierno de Trump dicen 'estos son buenos y estos son malos', la Cancillería argentina lo va a copiar", apuntó Blinder. Una alianza con poco rédito Decio Machado, politólogo y sociólogo instalado en Ecuador, dijo a Sputnik que las nuevas derechas latinoamericanas actúan "con una lógica de vasallaje hacia los EEUU" y con la esperanza de una "contraprestación que históricamente nunca ha pasado". El experto remarcó que, históricamente, los países latinoamericanos no se han beneficiado del alineamiento automático con Washington, a pesar de que varios gobiernos de la región han intentado "vender a sus poblaciones la idea de que ser amigo de EEUU es algo que ayuda al país y posiciona al gobernante de turno". "No hay un rédito ni una contraprestación real como consecuencia de estas estrategias. Más bien lo que hay es entrega de soberanía", aseveró. Machado subrayó que este escenario se vuelve más problemático ante un EEUU que "no solo viola el derecho internacional" sino que también basa sus intervenciones "en la mentira", algo que, recordó, ya tiene antecedentes, por ejemplo, en la fallida búsqueda de "armas de destrucción masiva" en Irak en 2003. Las idas y vueltas de EEUU Para Heduvan, "los cambios de postura de Washington responden exclusivamente a los intereses de EEUU y deben interpretarse desde esa lógica". En ese sentido, remarcó que esas posturas "muchas veces tienen escasa relación con los Estados y con los propios actores involucrados". De hecho, el propio Gobierno de Trump ha dado muestras recientes de cambio radicales de postura con respecto a dirigentes políticos latinoamericanos. El último tuvo como protagonista al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), que en 2022 fue acusado por la Justicia de EEUU por delitos de narcotráfico. Hernández llegó a ser detenido en Tegucigalpa y extraditado a EEUU, donde fue condenado a 45 años de prisión. Sin embargo, Trump lo indultó en noviembre de 2025, horas antes de las elecciones en Honduras, y afirmando que el exmandatario había sido tratado "injustamente". "La figura de Maduro está en condiciones de crecer y de convertirse en un símbolo" Aunque no llegó a estar en prisión, EEUU también tuvo un cambio de postura con respecto al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), a quien en 2022 señaló por su participación "en actos de significativa corrupción" y aplicó sanciones económicas contra sus empresas. La posición también fue revisada por el Gobierno de Trump, que levantó las sanciones y retiró los señalamientos. "Algunas decisiones tienen un valor simbólico o instrumental mayor para Estados Unidos que para sus socios, como la denominación del Cartel de los Soles como organización terrorista, aunque otras pueden generar efectos más profundos y duraderos en la región, como puede ser la instalación de una base militar", apuntó Heduvan, señalando que algunas de estas posturas pueden acabar generando algunas tensiones regionales. Blinder, por su parte, opinó que el seguidismo de Washington puede ser "redituable" para países como Argentina en tanto se mantenga un escenario con un Trump fuerte, pero advirtió que el escenario podría comenzar a ser diferente "ante cualquier situación interna que ponga en jaque" al actual presidente estadounidense. "Parece que por ahora no hay problema en aceptar las lecturas hollywoodenses de Washington sobre quienes son buenos o malos, pero el problema se verá una vez que la película acabe y otro sea el devenir", advirtió.