Gaza 1.000 días de genocidio

Recomiendo: Gaza 1.000 días de genocidio Por Diego Delgado | 04/07/2026 | Palestina y Oriente Próximo Fuentes: Ctxt 1.000 días de genocidio. Cuatro palabras que encierran muchas décadas de apartheid más o menos silencioso, algún conflicto como respuesta a la resistencia de un pueblo que no quiere ser aniquilado y, sobre todo, una forma de relacionarse con el mundo muy propia de quienes hoy soplan un millar de velas por cada noche que se han ido a dormir siendo plenamente conscientes de que se está cometiendo una limpieza étnica con su complicidad. Las autoridades palestinas cifran en más de 73.000 las personas asesinadas por el sionismo que encabeza Benjamin Netanyahu, mientras que la cifra de heridos y heridas ronda los 173.500. Los ataques de Israel han obligado a huir de sus hogares a 1,9 millones de gazatíes, alrededor del 85% de la población total de la Franja de Gaza, que en 2023 se estimaba en unos 2,2 millones de habitantes. Y, con el paso de los meses y los años, la ofensiva se ha ido expandiendo sin pudor ni consecuencias hacia otros lugares como Cisjordania o Líbano. La realidad es que el número de víctimas difícilmente se sabrá con exactitud, pero nadie con un mínimo de información sobre el tema duda de que la cantidad de personas masacradas supera por mucho las cifras oficiales. Ya en septiembre de 2025, Francesca Albanese –relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados– advertía de que la cifra real de muertes podría rondar los 680.000. CTXT ha mantenido durante todo este tiempo una cobertura fija del genocidio en su portada y ha ofrecido información de primera mano gracias al periodista gazatí Mahmoud Mushtaha. El 29 de octubre de 2023 publicamos su primera ‘Crónica desde el infierno’, y desde ese momento Mushtaha escribió con regularidad para contar al mundo lo que se estaba viviendo en Gaza. Meses después, en abril de 2024, consiguió huir de allí y pudo retirarse a escribir su libro, Sobrevivir al genocidio en Gaza, un testimonio inigualable del sufrimiento que supone un intento de exterminio. Eficacia inhumana El 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás, Israel desató sobre Palestina todo su potencial destructivo. Lo hizo abiertamente, sin ambages, porque más de siete décadas de deshumanización sistemática del pueblo palestino lo hicieron posible. Yoav Gallant, entonces ministro de Defensa, les calificó de “animales humanos” apenas unos días después de aquel 7 de octubre. Desde ese momento, la limpieza étnica se ha desarrollado siguiendo criterios de productividad y eficacia propios de la fabricación en masa capitalista. La frialdad distópica del sionismo quedó rápidamente plasmada en ‘Lavender’, un sistema informático que utiliza la Inteligencia Artificial para configurar listas de objetivos para el ejército israelí. Las primeras fases del genocidio estuvieron regidas casi exclusivamente por este software que, según fuentes del servicio de inteligencia de Israel, falla en alrededor del 10% de los casos y puede marcar objetivos que no tienen conexión en absoluto con grupos como Hamás. En estos casi tres años, las investigaciones han arrojado luz sobre la miseria moral israelí, cuya inhumanidad alcanza cotas del todo inimaginables. Más allá de la utilización de tecnologías de muerte sin apenas supervisión, el ejército ha puesto en práctica estrategias de exterminio que traspasan todos los límites. Una de las más crueles es la de los ataques de “doble golpe”, que consiste en volver a bombardear una zona ya arrasada con poco tiempo de diferencia para asesinar a quienes hayan acudido a socorrer a las personas heridas. Otra de las prácticas desveladas por fuentes del ejército israelí certifica la completa despreocupación por las víctimas civiles. Cuando no es posible identificar la ubicación exacta de algún militante de Hamás, la solución es autorizar la matanza de civiles hasta “cifras de tres números” y gasear los túneles en los que puede haber gente escondida. Mayor ensañamiento y obscenidad mostraron las FDI en marzo de 2025, cuando asesinaron a sangre fría a un equipo de rescate de la Media Luna Roja y de Defensa Civil. Los cuerpos aparecieron maniatados y mutilados, aún con los uniformes sanitarios puestos. La OMS cifra en más de 1.700 los y las trabajadoras sanitarias asesinadas en Palestina entre octubre de 2023 y diciembre de 2025. Además, la Oficina de Medios de Comunicación de Gaza denuncia la destrucción de 34 hospitales, 240 instalaciones sanitarias y 142 ambulancias; un desmoronamiento provocado del sistema de salud que conlleva inevitablemente muertes que deberían sumarse al saldo genocida de Israel, aunque no se hayan producido directamente a manos del ejército. La información también está siendo masacrada Este genocidio presenta una característica muy diferencial que, a priori, debería imposibilitar la impunidad con la que se está cometiendo. Se trata de la retransmisión en directo, y para todo el planeta, incluso de las mayores atrocidades cometidas por el régimen de Benjamin Netanyahu. Si bien el trabajo minucioso de adoctrinamiento llevado a cabo, al menos, desde los años cuarenta del siglo pasado, predispone a la población israelí a mirar para otro lado, cuando las imágenes llegan hasta el último rincón del mundo hay que hacer mucho más que eso. De ahí el esfuerzo propagandístico y censor de Israel. El atentado de Hamás el 7 de octubre de 2023 sirvió como caldo de cultivo a innumerables bulos que demonizaron al extremo no solo a dicha organización, sino a toda la sociedad palestina. De hecho, varias organizaciones se dedicaron expresamente a inventar y expandir desinformación, siempre beneficiosa para las intenciones genocidas del sionismo. Bebés decapitados, familias torturadas y otras muchas historias fabricadas para ser especialmente desagradables e impactantes. El culmen de la operación llegó con la publicación del vídeo ‘Testigos de la masacre del 7 de octubre’, que muestra, durante casi 50 minutos, atrocidades, una detrás de otra, sin contexto ni censura para evitar imágenes sensibles. La estrategia fue un éxito: el entonces secretario de Estado estadounidense Antony Blinken reprodujo una de estas falsedades como argumento contra un posible alto el fuego, en una sesión del Senado de EEUU el 31 de octubre de aquel año. Según cifras del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), hasta el 11 de junio de 2026 Israel había asesinado al menos a 263 trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. La propia organización define como pendiente de confirmación el fallecimiento de otros 130 y califica el genocidio palestino como el evento más letal para la profesión periodística desde 1992, año en el que empezó a recoger información al respecto. Casos como el de Issam Abdallah demuestran que, lejos de ser algo accidental, la maquinaria de muerte de Netanyahu tiene a los y las periodistas como objetivo prioritario. Abdallah, que trabajaba para la agencia Reuters, fue asesinado por el ejército israelí mientras vestía su chaleco identificativo de prensa en Líbano. La zona en la que se encontraba había sido sobrevolada por helicópteros de las FDI durante 46 minutos, lo que certifica que los dos obuses fueron disparados deliberadamente para intentar acabar con su vida y la de seis colegas que se encontraban con él. Hay voces dentro del ejército que reconocen la existencia de un “impulso obsesivo por controlar el discurso público” y “una cultura organizativa basada en el engaño”. Tanto el Gobierno como la fuerzas armadas pusieron en marcha un entramado de organizaciones, pseudomedios de comunicación y perfiles de redes sociales para tener el dominio de lo que se dice sobre el genocidio. El hambre, la sed y las enfermedades llegan a donde las bombas no alcanzan La población palestina está siendo exterminada. Es la única conclusión viable tras comprobar que, además de los bombardeos y los disparos cada vez más indiscriminados, Israel se está afanando en matar de hambre, sed y enfermedades a todos y todas las habitantes de Gaza. De hecho, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado ha presentado un informe muy detallado en el que respalda la definición de genocidio. Según Médicos Sin Fronteras, para agosto de 2025 ya se habían dañado dos de las tres vías de llegada de agua a la Franja, provocando que alrededor de un 70% del agua que circula a través de ellas se pierda por las fugas. Además, más del 60% de las desalinizadoras gestionadas por el sector público y las ONG ya no funcionan por los destrozos causados. El hambre se ha convertido en una de las principales armas sionistas. Los bloqueos sistemáticos de la ayuda humanitaria desde el inicio del genocidio tienen como objetivo la inanición de la población gazatí, y lo están logrando. De nuevo Médicos Sin Fronteras pone datos a la catástrofe: más del 25% de las criaturas menores de cinco años y de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia sufren desnutrición aguda. La carencia de alimentos se ceba especialmente con las personas más débiles y con los niños y las niñas. Quienes sufren alguna enfermedad empeoran con gravedad y las infancias quedan cercenadas por la muerte. Existen ejemplos descorazonadores como el de una niña de 12 años con celiaquía que murió de desnutrición por no poder recibir alimentos sin gluten ni el tratamiento adecuado. En los dos primeros años de genocidio, hasta octubre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado ha registrado 151 muertes de niños y niñas por desnutrición. Quienes no fallecen por la falta de alimentos son tiroteados mientras acuden desesperadamente a por algo con lo que llenar sus estómagos y los de sus familias. La “masacre de la harina” es uno de los episodios más funestos de estos 1.000 días de limpieza étnica, con más de 110 asesinados en la madrugada del 29 de febrero de 2024 cuando trataban de alcanzar algo de harina de un convoy de abastecimiento en el norte de Gaza. La sed, la desnutrición y las paupérrimas condiciones de vida son un caldo de cultivo excepcional para infecciones y enfermedades de todo tipo. La destrucción de los centros sanitarios y el bloqueo de los suministros médicos culmina la operación. El Ministerio de Salud de Gaza advirtió en mayo de 2026 de que el 47% de los medicamentos esenciales, el 59% de los suministros médicos y el 87% de los materiales para pruebas de laboratorio están agotados. En cifras de la ONU, desde enero hasta abril de 2026 se registraron más de 70.000 casos de enfermedades relacionadas con las malas condiciones de los campamentos en Gaza; y más del 80% de estos campamentos de desplazados presentan plagas visibles e infecciones de la piel como sarna, piojos o chinches. Todas estas afecciones van deteriorando la salud de la población y pueden ser responsables directas de muchas muertes. La inacción cómplice de los gobiernos del mundo… La humanidad lleva 1.000 días viendo un genocidio ante sus ojos; es innegable que sabemos lo que está ocurriendo. Evidentemente, la responsabilidad de la ciudadanía no puede equipararse en ningún caso a la que tienen quienes ocupan puestos con capacidad de decisión, que son los principales culpables de que todo esto siga ocurriendo. En todos estos meses ha habido algunos posicionamientos y ciertas decisiones que, visto el impacto que han tenido, no pasan de meramente estéticas. Por ejemplo, en noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional emitió orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, ex ministro de Defensa. Más de un año y medio después, esto no se ha traducido en nada. La República de Sudáfrica abrió un camino de oposición simbólica al genocidio que algunos Estados, como España, han ido siguiendo. Su querella contra Israel por la vulneración de la Convención para Prevención y Sanción del delito de Genocidio de Naciones Unidas supuso un cierto despertar internacional que, de nuevo, no se ha traducido en nada contundente más allá de lo discursivo. Cuando mejor se ha podido detectar la radical impunidad con la que actúa el Estado de Israel ha sido durante los supuestos acuerdos de alto el fuego alcanzados. El primero, el 15 de enero de 2025, no impidió al sionismo asesinar con francotiradores al menos a tres palestinos solo cinco días después de firmar la tregua. Este acuerdo se terminó el 18 de marzo, cuando Israel decidió romperlo unilateralmente con un bombardeo sorpresa sobre Gaza que se cobró más de 400 vidas, más de la mitad de las cuales eran mujeres, niños y niñas. Meses después, en octubre, Donald Trump anunció un plan para terminar con “la guerra”. Si bien entró en vigor el día 9, Israel no ha dejado de asesinar a población palestina en ningún momento. De hecho, desde esa fecha se han reportado más de 750 víctimas mortales a manos del sionismo, además de múltiples bombardeos. Más allá de los ataques directos, Netanyahu sigue profundizando en el régimen de apartheid con medidas como la aprobación de la pena de muerte solo para palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. … y los intentos de la sociedad civil por evitarlo Los pocos posicionamientos institucionales que se han podido ver en los últimos meses están claramente impulsados por un contexto social cada vez más movilizado. En el transcurso de estos 1.000 días, las protestas contra el genocidio han desbordado el ámbito de las organizaciones más politizadas, o específicamente dedicadas a la cuestión palestina, y se han instalado en una parte significativa de la sociedad. La asistencia a las manifestaciones en apoyo a Gaza ha ido creciendo y ha dado paso a acciones más sólidas y con mayor incidencia. Posiblemente la más mediática haya sido la Global Sumud Flotilla. En agosto de 2025 empezó a configurarse una flota de barcos de todo el mundo que pusieron rumbo a Gaza para tratar de romper el bloqueo sionista. La misión terminó el 3 de octubre con el arresto de las 462 personas voluntarias que viajaban a bordo de las 42 embarcaciones, que habían sido previamente atacadas con drones. El pasado mes de marzo se volvió a intentar, con 3.000 personas participantes en más de 100 embarcaciones, y el resultado fue el mismo: Israel interceptó la flota y detuvo a los y las tripulantes, en ambas ocasiones con malos tratos y torturas incluidos. Las universidades también se volcaron en la lucha antisionista siguiendo el ejemplo de la neoyorquina Universidad de Columbia. Allí, las movilizaciones y las acampadas en el recinto contagiaron a otras universidades de EEUU y del resto del mundo. En España fue especialmente exitosa la convocatoria en la Universidad Complutense de Madrid, que llegó a acumular más de 500 tiendas de campaña durante 31 días, entre mayo y junio de 2024. Poco más de un año después, activistas proPalestina lograron interrumpir la Vuelta Ciclista a España en protesta por la participación de un equipo israelí, lo que demuestra que la movilización sigue activa a pesar de la inacción institucional. La respuesta de los gobiernos está dejando ver las costuras de un sistema podrido, que prefiere blindar a un genocida antes que poner en riesgo intereses económicos y estratégicos. En el Reino Unido, por ejemplo, el dimitido primer ministro Keir Starmer intentó clasificar a Palestine Action como una organización terrorista. La dinámica es compartida en todo el mundo, y el Estado español no se salva por mucho que parezca haberse colocado como punta de lanza del antisionismo: la extrema violencia mostrada por la Ertzaintza contra activistas de la Global Sumud Flotilla en el aeropuerto de Bilbao borra cualquier declaración institucional a favor de los derechos del pueblo palestino. Alemania es, quizá, el país europeo más claramente inclinado en favor de Netanyahu; y allí, en la región de Hesse, el partido conservador CDU ha presentado un proyecto de ley que sancionará a quienes nieguen el derecho a existir del Estado de Israel. En 1.000 días, el proyecto genocida sionista ha ofrecido una infinidad de pruebas que demuestran hasta dónde es capaz de llegar la mentalidad colonialista. En 1.000 días, todo el Norte Global –que, desgraciadamente, son quienes tienen la capacidad de detener esta masacre– ha aceptado, protegido o promovido un exterminio retransmitido en directo, certificando que comparte esa mentalidad. Lo que ocurre en Gaza es solo un adelanto de lo que ocurrirá en otros lugares del mundo cuando el declive de la hegemonía capitalista occidental y el colapso climático vayan provocando crisis cada vez más agudas. Fuente: https://ctxt.es/es/20260701/Politica/54164/Diego-Delgado-1000-dias-de-genocidio-Gaza-Israel-limpieza-etnica-exterminio-Palestina-desinformacion-impunidad.htm

os inesperados, movimientos que esconden otros, o que distraen. Hay peones, hay caballos, hay alfileik,Irán marca una línea roja en su seguridad nacional .

Mundo - Sputnik Mundo, Conduce Javier Benítez. Irán marca una línea roja en su seguridad nacional. El ministro de Defensa en funciones de Irán, Majid Reza, declaró durante una reciente reunión con los miembros de la Comisión Económica del Parlamento que las capacidades defensivas, no tripuladas y de misiles de la República Islámica no pueden ser objeto de negociación. Irán pone los límites "Las capacidades defensivas, de misiles y de drones de la República Islámica de Irán no están sujetos a negociación ni lo estarán, y estas capacidades seguirán desarrollándose y perfeccionándose con redoblada fuerza, apoyándose en los recursos nacionales y en consonancia con la garantía de la seguridad y la disuasión del país", destacó Majid Reza. Por su parte, el canciller iraní, Abás Aragchí, señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene la obligación de contener las acciones israelíes contra Teherán en el marco de los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán, firmado con la mediación de Islamabad. "POTUS [el presidente de EEUU] ha comprometido a EEUU a poner un bozal a sus mascotas en Tel Aviv. Si ignoran a su amo, Irán les dará una lección", advirtió Aragchí a través de su cuenta de X, enfatizando que las estipulaciones del texto son "totalmente claras" y de carácter público, para que cualquiera pueda comprobarlas. En opinión del analista internacional y periodista Pablo Jofré Leal, Aragchí está hablando con claridad. "Estados Unidos tiene que ponerle un bozal a su proxy, a su 'perro de la guerra'. Porque de otra forma, indudablemente Irán tendrá que cumplir de forma eficaz las promesas efectuadas, es decir, un ataque sostenido contra el régimen israelí con el incumplimiento del primer punto del memorando de entendimiento. Aquí hay una obligación del régimen estadounidense respecto a promesas, a compromisos asumidos, aunque traten de desvirtuar ese memorando", concluye Jofré Leal.

El «Hondurasgate» se expande: de América Latina a una presunta red global de injerencia electoral

Recomiendo: El «Hondurasgate» se expande: de América Latina a una presunta red global de injerencia electoral Por «Ali Reza» Peralta | 03/07/2026 | Mundo Fuentes: Rebelión A la trama inicial del escándalo -conocido como Hondurasgate-, conformada por 37 audios filtrados que vinculan a Juan Orlando Hernández, Nasry Asfura y gobiernos de Estados Unidos, Israel y Argentina en un supuesto “Plan Cóndor 2.0”, se suma ahora una hipótesis más amplia: la existencia de un “patrón global de injerencia electoral” atribuido a empresas de inteligencia israelí y alianzas con sectores de ultraderecha. Esta información surge de denuncias recogidas por el Grupo Milenio y publicaciones de la revista Pacto difundidas en Instagram. La nueva arista: Colombia, Francia y más de 30 países africanos. 1. Colombia: acusación directa del presidente Petro. El 29 de junio de 2026 el mandatario saliente Gustavo Petro denunció que el software de la Registraduría Nacional fue comprometido durante la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio. “Tenemos pruebas de un cambio en las direcciones IP de varios servidores del Registro Nacional” y que “el software fue comprometido y otros escribieron datos para colegios electorales y puestos de votación”, afirmó. Petro señaló como responsable a “la única entidad en el mundo capaz de hacer eso, Israel”. En esa elección, según datos oficiales, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella obtuvo el 49,66% de los votos, frente al 48,70% de Iván Cepeda. El presidente saliente vinculó la supuesta injerencia a una “alianza internacional de ultraderecha” que incluiría a Benjamín Netanyahu, Javier Milei y Juan Orlando Hernández. 2. Francia y el caso BlackCore. El 11 de junio el primer ministro francés Sébastien Lecornu y Marc-Antoine Brillant, jefe del organismo Viginum, denunciaron “maniobras ilegales” por parte de la empresa israelí BlackCore, vinculada a la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel. Según Viginum, la compañía organizó campañas de desinformación contra candidatos del movimiento La Francia Insumisa durante las elecciones municipales de marzo de 2026, y también habría operado en Escocia, Nueva York, Angola y Togo. 3. África y América: otros casos señalados. Investigaciones de Grupo Milenio y El Diario de Sonora indican que los grupos Team Jorge y Archimedes Group -conformados por exmiembros de organismos de inteligencia israelí- intervinieron en procesos electorales de 33 países africanos, logrando lo que califican como “éxito” en 27 de ellos. En México se les atribuye haber prestado apoyo a Tomás Zerón de Lucio -quien se encuentra en situación de evasión en Israel- y haber influido en la campaña de Ricardo Monreal. Por su parte, en Honduras, el Archimedes Group habría actuado en conjunto con la trama expuesta en las grabaciones que dieron origen al escándalo. Conexión con el caso original Los audios difundidos por Canal Red y el sitio hondurasgate.ch ya describían la conformación de una “unidad de periodismo digital” financiada desde Estados Unidos con el objetivo explícito de “frenar el avance de gobiernos progresistas en América Latina”. En una grabación fechada el 30 de enero de 2026, Juan Orlando Hernández menciona: “Vamos a montar una célula informativa desde Estados Unidos para que no nos rastreen en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas”. Asimismo, hace alusión al presidente argentino: “Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa […] Se vienen expedientes contra México, contra Colombia”. Las empresas señaladas: antecedentes documentados – BlackCore: Acusada por las autoridades francesas de crear perfiles falsos y difundir deepfakes de contenido sexual contra candidatos que manifestaban su apoyo a la causa palestina. – Team Jorge: En 2023, una investigación del proyecto Forbidden Stories reveló que este grupo ofrecía servicios para manipular resultados electorales mediante el uso de bots, hackeos y acciones de sabotaje. Actualmente se le vincula con operaciones en México y en el continente africano. – Archimedes Group: Fue eliminada de la red social Facebook en 2019, tras comprobarse que administraba redes de cuentas falsas o “granjas de trolls” en países de África. Según datos de Grupo Milenio, también habría operado en Honduras, Panamá y México. – Pegasus: El programa espía desarrollado por la empresa NSO Group fue adquirido por el gobierno de Iván Duque en 2021 con fondos provenientes del lavado de activos, según denuncias presentadas por Gustavo Petro en 2024. Respuestas oficiales y disputas sobre la evidencia 1. Honduras. Las autoridades del gobierno de Nasry Asfura y el propio Juan Orlando Hernández rechazan la autenticidad de las grabaciones. Por su parte, el medio Diario C24 sostiene que fueron “creados con inteligencia artificial” por operadores vinculados al partido LIBRE. Hernández declaró al respecto: “No conozco al señor Petro, no conozco a la presidenta de México, no tengo ningún interés”. 2. Colombia. El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, manifestó el 1 de junio que “no se conoce prueba o indicio alguno” que demuestre irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales. A su vez, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea descartó la existencia de manipulación durante la etapa de preconteo de votos. Pese a ello, Petro ratificó que pondrá a disposición de las autoridades competentes los elementos de juicio que respaldan su denuncia. 3. Israel. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de Israel sobre las acusaciones formuladas por el presidente colombiano. En el caso de Francia la empresa BlackCore tampoco ha presentado descargos públicos. No obstante, el medio especializado The Seventh Eye reveló que el gobierno israelí destinó al menos un millón de dólares durante 2024 para incidir en el desarrollo del festival Eurovisión, recursos gestionados por la oficina de “hasbara” dependiente del despacho del primer ministro Benjamín Netanyahu. El patrón que se desprende de las investigaciones El Grupo Milenio resume el panorama de la siguiente manera: “Desde Colombia hasta Francia y de Honduras a la ciudad de Nueva York, un creciente cúmulo de denuncias señala a Israel como responsable de una red global de interferencia electoral destinada a frenar el avance de la izquierda, silenciar a los críticos de su política en Gaza y colocar en el poder a líderes afines”. La hipótesis central que conecta el Hondurasgate con los sucesos en Colombia y Francia es que la “unidad de periodismo digital” a la que se refiere Hernández no sería más que un nodo dentro de una estructura mucho más amplia: operada por contratistas privados dedicados a la inteligencia y coordinada, a su vez, con gobiernos de tendencia de ultraderecha. Precisamente, las grabaciones mencionan de forma explícita a México y Colombia como objetivos prioritarios, coincidiendo con los países donde actualmente se han presentado denuncias por presunta intervención. Puntos pendientes de verificación 1. Peritajes independientes: Se informó que los audios del Hondurasgate arrojaron un resultado del 95% de coincidencia al ser analizados con la herramienta Phonexia Voice Inspector. Sin embargo, Juan Orlando Hernández ha presentado un informe pericial opuesto, que asegura que el material fue manipulado mediante inteligencia artificial. 2. Pruebas técnicas del presunto hackeo en Colombia: El presidente Petro no ha hecho públicos los registros de cambios en direcciones IP ni el informe técnico completo que respalde su denuncia. Por su parte, la Registraduría Nacional tampoco ha confirmado que se hayan producido alteraciones en sus servidores. 3. Vínculo operativo directo: A la fecha no existen documentos oficiales que confirmen una coordinación concreta entre las empresas BlackCore, Team Jorge o Archimedes Group, y los gobiernos de Estados Unidos, Argentina u Honduras; más allá de las referencias que aparecen en las propias grabaciones. Contexto documental existente – El Plan Cóndor original: Archivos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos confirman la existencia de un mecanismo de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur durante la década de 1970, con el fin de perseguir a opositores políticos. El uso del término “Plan Cóndor 2.0” por parte de Canal Red se emplea como una analogía con aquel antecedente histórico. – El Proyecto Pegasus: En 2021, un consorcio integrado por 17 medios de comunicación internacionales reveló que el software espía se utilizó contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en países como México, Hungría y Arabia Saudita. – Informe de IDEA Internacional: El organismo advirtió que la difusión de “relatos sin fundamento sobre fraude electoral” constituye un riesgo de carácter sistémico en Colombia, y recomendó la realización de auditorías técnicas completas al sistema informático de votación. Conclusión El escándalo del Hondurasgate ha dejado de ser un asunto circunscrito a la región centroamericana para convertirse en una pieza clave dentro de un rompecabezas de alcance transnacional. Si se confirma la autenticidad de los audios y las denuncias presentadas por el gobierno de Colombia encuentran sustento probatorio, estaríamos ante la primera evidencia concreta de la existencia de mecanismos de coordinación entre Estados y empresas privadas de inteligencia, destinados a influir en los procesos electorales a escala hemisférica. «Ali Reza» Peralta es director de la Academia del Pensamiento Estratégico y responsable de su plataforma de difusión digital ApeTv. Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Interponen demanda millonaria a la FIFA por eliminación de Irán en el Mundial 2026

Mundo - Sputnik Mundo, Interponen demanda millonaria a la FIFA por eliminación de Irán en el Mundial 2026 El politólogo iraní Lotfolah Kaveh Afrasiabi interpuso una demanda por 1.000 millones de dólares ante un tribunal de Boston contra la FIFA, su presidente Gianni Infantino y otros funcionarios del organismo, tras la polémica eliminación de la selección del país persa del Mundial de Fútbol 2026 por la anulación de un gol frente a Egipto. Afrasiabi solicitó que el caso sea reconocido como una demanda colectiva en representación de hasta 91 millones de iraníes e iraní-estadounidenses que, según argumentó, resultaron afectados emocionalmente por la decisión arbitral. "Quienes controlan la FIFA son eurocentristas y clasistas": el Mundial nunca había sido tan lucrativo Además, aseguró que la indemnización solicitada incluso podría ser mayor. En la demanda, el politólogo acusó a la FIFA de aplicar un "doble rasero, la hipocresía y la discriminación abierta" contra la selección iraní.

El Memorando de Entendimiento y la disputa por el estrecho de Ormuz

Recomiendo: El Memorando de Entendimiento y la disputa por el estrecho de Ormuz Por Carlos Fazio | 03/07/2026 | Mundo Fuentes: Mate Amargo, Montevideo / Dibujo de portada, Adán Iglesias Toledo Mientras las conversaciones entre Washington y Teherán siguen en un impasse salpicado de escaramuzas militares que vulneran lo pactado, afloran los motivos reales de Trump para llegar a un acuerdo: la disminución de la reserva estratégica de petróleo de EE.UU. A su vez, desde una posición de fuerza asimétrica, la nación persa reafirma su soberanía territorial sobre la vía marítima. La normalización del proceso de conversaciones entre Estados Unidos e Irán sigue en un limbo. El cese de las hostilidades acordado en el marco del Memorando de Entendimiento resultó ser frágil. Y todo indica que la estructura diplomática diseñada por los negociadores iraníes y los mediadores paquistaníes y cataríes fue aceptada por la administración Trump sobre la base de un engaño calculado. El 16 de junio, Donald Trump celebró la formalización del memorando, “autorizando” la apertura libre de peajes del estrecho y la eliminación inmediata del bloqueo naval de la Quinta Flota en el estrecho de Ormuz. “Barcos del mundo, arranquen motores. ¡Que corra el petróleo!”, ordenó en sus redes sociales. Pero el viernes 26, el Mando Central (CentCom) del Pentágono en el golfo Pérsico volvió a bombardear una torre de telecomunicaciones en Taheriyeh, cerca de la ciudad portuaria de Sirik, situada en el sur de Irán, y la aldea de Masen, en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, tras acusar a la República Islámica de haber atacado con drones el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, cuando intentaba salir subrepticiamente y sin concertación con las autoridades iraníes de esa vía marítima por la costa de Omán el día anterior. La respuesta iraní no se hizo esperar. En represalia, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó varias posiciones de las tropas de EE.UU. en la región, acusando a Washington de violar el alto el fuego pactado. El CGRI lanzó misiles balísticos y drones contra ocho infraestructuras importantes estadounidenses en el área, entre ellas, la base aérea Ali Al Salem en Kuwait y la sede de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU. en el puerto de Mina Salman, en la capital de Baréin. Un día después, en otra flagrante violación del memorándum de entendimiento, el ejército de EE.UU. llevó a cabo una nueva serie de ataques aéreos en la provincia de Hormozgán, en el sur iraní, lo que se sumó a un patrón creciente de perfidia estadunidense que no muestra signos de disminuir ni se puede ocultar bajo la elaborada capa de formalidades diplomáticas y sutilezas procedimentales. Lo que realmente se está materializando sobre el terreno no es más que un frágil alto al fuego, que Estados Unidos pretende destruir en pos de sus verdaderos objetivos estratégicos. Todo lo que Trump ha buscado se ha centrado, en última instancia, en la reapertura sin restricciones del estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento marítimo más vital del mundo, incluso si lograr ese objetivo significaba permitir que aproximadamente 22 000 millones de dólares en activos iraníes congelados llegaran a Irán (12 000 millones de dólares de Catar y aproximadamente 10 000 millones de dólares en ingresos petroleros). Desde la perspectiva del megalómano que preside EE.UU., se trata sin duda de un acuerdo favorable. Afín a sus usos y costumbres, su cálculo es frío, transaccional y revelador. El objetivo final es obligar a Teherán a elegir entre aceptar la normalización de la agresión militar continua o renunciar a su posición de control soberano sobre el estrecho marítimo. Por lo tanto, la estrategia del palo y la zanahoria se ha vuelto inequívocamente evidente. Todo lo demás, incluidas las grandilocuentes promesas de alivio de las sanciones, los compromisos de inversión y reparaciones, y el discurso diplomático sobre la estabilidad regional, no son más que fachada. Trump sabe, también, que el régimen sionista de Israel no permitirá bajo ninguna circunstancia que Estados Unidos influya en sus decisiones estratégicas, ni Washington ni Tel Aviv aceptarán que Irán obligue al ejército de ocupación israelí a retirarse del sur del Líbano y de los territorios ocupados. En tales circunstancias Washington había elaborado un plan con maña. Ante la persistencia de la nación persa en ejercer su soberanía sobre el estrecho, EE.UU. habría presionado a Omán para que estableciera un corredor marítimo alternativo en sus aguas territoriales a través del estrecho de Ormuz sin coordinarse con Irán, dando por sentado que Teherán no se arriesgaría a una confrontación militar debido a su urgente necesidad de los recursos financieros descongelados. Washington partió de la base de que la necesidad económica prevalecería sobre los principios estratégicos y que Teherán aceptaría una erosión simbólica de su soberanía a cambio de una ayuda financiera tangible. Según el plan estadunidense, una vez que ese corredor omaní obtuviera reconocimiento formal, podría ampliarse gradualmente hasta que la reapertura del estrecho se convirtiera en un hecho consumado impuesto a Irán. La estrategia fue cuidadosamente planificada y diseñada de manera gradual para evitar la confrontación directa, al tiempo que se intentaba erosionar el control legítimo de Irán sobre la vía fluvial. El razonamiento era lógico, pero los cálculos de EE.UU. fueron erróneos. La asimétrica respuesta punitiva iraní contra varios buques mercantes trastocó por completo el escenario estadunidense para sorpresa de los halcones en Washington. La administración Trump no tuvo en cuenta la cultura estratégica de una nación que ha demostrado repetidamente su disposición a soportar dificultades en defensa de su soberanía. La respuesta iraní demostró que la soberanía sobre el estrecho no es una moneda de cambio que se pueda intercambiar por incentivos financieros, sino un derecho nacional fundamental al que no se puede renunciar bajo ninguna circunstancia. Teherán ha recalcado que según el acuerdo alcanzado, cualquier tránsito por el estrecho de Ormuz debe realizarse por las rutas anunciadas por la República Islámica. El viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Qaribabadi, ha subrayado que “no se puede garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz con acuerdos ambiguos, rutas paralelas o decisiones que no tengan en cuenta el papel de Irán como estado costero”. Además, advirtió que cualquier falta de coordinación con Teherán conllevaría la suspensión de las rutas paralelas. En virtud del acuerdo provisional de 14 puntos firmado por Trump, Teherán acordó hacer todo lo posible para garantizar el paso seguro de los buques comerciales durante 60 días sin coste alguno. El artículo 5 del memorándum también prevé conversaciones entre Irán y Omán para definir la futura administración del estrecho y los servicios marítimos de conformidad con el derecho internacional y los derechos soberanos de los Estados ribereños. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní ha creado una Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para tramitar las solicitudes de tránsito de buques, que exige solicitudes previas y el cumplimiento de las rutas y horarios establecidos. Irán y Omán también han formado un grupo de trabajo conjunto, integrado por funcionarios de sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores, para debatir la futura administración del estrecho, los servicios marítimos y los costes asociados. Ambas partes han reiterado que todos los acuerdos deben respetar plenamente la soberanía y los derechos soberanos de los Estados ribereños. Irán también rechazó enérgicamente una declaración conjunta de Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico (CCG, conformado por Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos), que abogaba por la “navegación libre, incondicional y sin restricciones”, sin peajes ni intentos de controlar la vía marítima. La Cancillería iraní calificó dicha declaración de “intervencionista, irresponsable y provocadora”. El SPR y los motivos ocultos de Trump El 15 de junio, un día antes de la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, el Departamento de Energía anunció que la Reserva de Petróleo Estratégico de Estados Unidos (SPR, por sus sigla sen inglés) alcanzaron su punto más bajo en 40 años al situarse en 340.3 millones de barriles, debido a los estragos generados en la oferta global por la guerra contra Irán. Esa cifra no se veía desde 1983, cuando la reserva –creada tras el boicot petrolero de la OPEP a EE.UU. a raíz de la guerra de Yom Kipur diez años antes– aún estaba en la fase inicial de inventariado. La reducción de la reserva estratégica de EE.UU. ocurre después de que el 11 de marzo pasado, la Casa Blanca autorizara la liberación de aproximadamente 172 millones de barriles, para aliviar las presiones sobre los mercados internacionales y moderar el aumento de los precios de los combustibles derivado de la guerra a la que el propio Trump había dado luz verde, con el consiguiente cierre temporal del estrecho de Ormuz y los ataques a la infraestructura energética de los países del Golfo durante el conflicto. De acuerdo con un despacho del experto geopolítico Pepe Escobar, con base en información suministrada por “altos mandos” de la vieja escuela de los servicios de inteligencia del Estado profundo estadounidense, ahora involucrados en los negocios globales, la razón principal por la que Trump firmó el memorándum de entendimiento se debió a que, tras el anuncio del Departamento de Energía, EE.UU. estaba a solo 60 días del agotamiento definitivo de las reservas de petróleo (a pesar del previsorio robo de petróleo venezolano), lo que habría supuesto la destrucción total de su gobierno. Las fuentes de Escobar aludían a una evaluación detallada de riesgos en la que los datos concretos apuntan a mediados de agosto de 2026, como el momento en que EE.UU. debe detener legalmente el uso de reservas de emergencia. Según Goldman Sachs, si se corta el suministro el precio del petróleo subirá a 700 dólares el barril; con lo que el déficit mundial de suministro de petróleo se ampliará instantáneamente en millones de barriles al día, lo que provocará una crisis global. En tal escenario, Trump y los republicanos perdería las elecciones intermedias de la primera semana de noviembre, y a continuación, los demócratas lo someterían a un proceso de destitución. Ahí entraría en juego la interacción entre el agotamiento físico de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU.; los límites reales y prácticos de los precios del petróleo, y el oculto mercado de derivados de dos billones de dólares; una interacción que Escobar analiza como una fase final altamente sincronizada. Según el analista geopolítico brasileño, Teherán lo calculó todo a la perfección. Llámese “peaje” o “tasas de tránsito” para cualquier petrolero que desee atravesar sus aguas territoriales del Golfo Pérsico, lo que importa es que Irán eludió de facto las sanciones occidentales. Y la pregunta, ahora, es si EE.UU. –y la economía mundial– están fuera de peligro. Eso depende de adónde conduzca el memorando de entendimiento, ya que el petróleo aún no fluye libremente por el estrecho de Ormuz y la reserva de petróleo estadoundiense sigue agotándose. Trump simplemente no puede permitirse que la reserva se agote. Sin embargo, así es como irán las cosas si el flujo en el estrecho de Ormuz no vuelve a ser totalmente libre más pronto que tarde. Y es Teherán quien controla el flujo, no “War-a-Lago”. Así que, o bien Trump se contiene, o bien podría incluso convertirse en el responsable de una crisis global vinculada a una implosión generalizada de la deuda soberana. Soberanía y reconfiguración espacial en el estrecho de Ormuz En ese contexto, conviene tomar en cuenta algunos elementos sobre la implementación del Memorándum de Islamabad, que han pasado prácticamente desapercibidos para los analistas de seguridad occidentales, atrapados en las métricas de destrucción militar y los cálculos de capacidad naval de EE.UU. Como señala un extenso informe de Xavier Villar en Hispantv, Irán ha asumido la responsabilidad exclusiva de las operaciones de desminado en el estrecho de Ormuz, rechazando de manera categórica la participación de Estados Unidos y Francia en el proceso. Simultáneamente, la revisión de las rutas de navegación, trazadas originalmente en 1968 y actualmente en fase de negociación técnica con Omán, marca un quiebre administrativo definitivo con los regímenes de la dinastía Pahlavi. Interpretar estos desarrollos como meros ajustes logísticos de posguerra implica diagnosticar erróneamente la naturaleza profunda del proyecto geopolítico de la República Islámica. Según Villar, ese espacio marítimo se ha transformado en un ámbito donde un imaginario político distinto interrumpe activamente las “cartografías hegemónicas”. A su juicio, la aserción de control sobre esta vía navegable constituye una reafirmación de la autonomía jurisdiccional y un ejercicio de creación de mundo antimperial. Consolida una realidad estructural que define la interacción del Estado con el sistema internacional y descarta cualquier lectura transaccional de su posición estratégica. El analista refiere que la teoría convencional de las relaciones internacionales, heredera directa de la Paz de Westfalia de 1648, concibe la soberanía como “un monopolio secular y territorial de la fuerza”. Ese paradigma asume que el espacio geográfico funciona como un contenedor neutral y que la validez estatal depende del reconocimiento de las potencias hegemónicas. Sin embargo, estudios musulmanes críticos desmantelan esta epistemología eurocéntrica al examinar cómo la secularización del poder estatal fue un proceso histórico profundamente político, diseñado para subordinar las tradiciones islámicas y mantener una jerarquía internacional excluyente. La República Islámica subvierte esta estructura desde adentro, fusionando el aparato estatal moderno con los imperativos éticos de la revolución. Trasciende la mera administración burocrática o el cumplimiento de tratados impuestos. Así, la soberanía iraní se ejerce como una aserción continua de dignidad frente a la subyugación sistémica. Esta concepción transforma radicalmente el espacio físico. La geografía del mundo musulmán adquiere una densidad histórica y ética. El territorio se convierte en el medio a través del cual se sostiene una existencia política autónoma. Cada decisión administrativa, por técnica que parezca, opera como un acto de afirmación existencial contra la objetivación imperial. Como recuerda Villar, el orden espacial de Asia occidental contemporánea fue delineado minuciosamente por intereses imperiales. El Golfo Pérsico fue históricamente integrado como un lago británico y, tras la retirada imperial, reconfigurado bajo un paraguas de seguridad estadunidense. Este diseño geopolítico buscaba garantizar el flujo ininterrumpido de capital y energía, marginando sistemáticamente las aspiraciones políticas locales y gestionando las poblaciones costeras desde la periferia. Ahora, agrega el analista, la decisión de alterar las rutas de tránsito a través del estrecho ilumina esta lógica espacial descolonial. Los carriles marítimos existentes, registrados ante la Organización Marítima Internacional, datan de 1968, cuando la orientación geopolítica de la dinastía Pahlavi estaba firmemente anclada en el bloque occidental. Entonces, esas rutas fueron diseñadas para optimizar la extracción y el tránsito de hidrocarburos para los mercados globales, priorizando la eficiencia del capital internacional sobre las sensibilidades soberanas y las realidades demográficas de los estados costeros. A raíz de la guerra de agresión ilegal y no provocada desatada por Trump y Benjamín Netanyahu el 28 de febrero pasado, la revisión iraní de esos carriles, coordinada con Omán, constituye un acto de reclamación cartográfica, que reescribe físicamente el mapa marítimo para alinearlo con las realidades políticas y de seguridad emanadas tras la realidad en el campo de batalla. Así, esta acción técnica, aparentemente burocrática, desmantela la infraestructura espacial heredada de la Guerra Fría en el golfo Pérsico. Al trazar nuevas líneas de tránsito, el Estado iraní redefine los límites de lo posible para el comercio global, subordinando la fluidez del capital a las exigencias de la seguridad nacional y asumiendo el control total sobre los flujos que cruzan su jurisdicción. En el ámbito del derecho internacional, Irán navega hábilmente entre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus propias interpretaciones de jurisdicción. Al mantener una posición de no adhesión a la convención, Teherán utiliza sus principios para argumentar a favor del derecho de paso, mientras se reserva el derecho a restringir la navegación de buques de guerra de Estados que considere hostiles, en particular, Estados Unidos e Israel. Esta ambigüedad calculada, según Villar, es una herramienta jurídica que refleja la postura política de la nación persa. El derecho internacional se convierte así en un campo de batalla discursivo donde se disputan los límites de la soberanía, adaptando la interpretación de las normas marítimas para servir a los imperativos de seguridad nacional y consolidar su autoridad sobre las aguas territoriales. La asunción exclusiva del desminado del estrecho, reclamada como prerrogativa única del Estado iraní bajo el Memorándum de Islamabad, adquiere una dimensión práctica y ética profunda. Al limpiar las minas unilateralmente, las fuerzas navales iraníes ejecutan una reclamación espacial que asume la responsabilidad total del espacio, rechazando la tutela extranjera. En ese sentido, la insistencia de Teherán en la responsabilidad única del desminado, al rechazar las ofertas de ayuda de Francia o Estados Unidos, opera como una corrección histórica profunda. El acto físico de barrer las minas transforma el lecho marino de una zona de securitización imperial a un dominio de gestión soberana nativa. La dimensión económica del estrecho, aunque innegable en su impacto global, está estrictamente subordinada a esa lógica política. La vulnerabilidad de las rutas de suministro global es una consecuencia de la geografía física, pero la explotación de esta vulnerabilidad responde a un cálculo político deliberado. Teherán comprende que la interdependencia económica global otorga un poder asimétrico a quien controla los cuellos de botella estratégicos. La insistencia de Irán y Omán en recibir tarifas por los servicios marítimos transforma la transacción económica en un acto soberano, que obliga al capital global a reconocer la realidad física y política de la administración de la República Islámica, integrando el coste de la soberanía en las ecuaciones del comercio mundial. La negativa a aceptar rutas paralelas durante el periodo de transición refuerza esta jurisdicción absoluta. Cualquier buque que intente eludir los corredores designados está desafiando la soberanía espacial del Estado. La advertencia de Teherán de que utilizará diversos instrumentos para responder a las violaciones del memorándum articula una línea roja que defiende la integridad jurisdiccional del Estado. Demuestra que el control del tráfico trasciende la noción de concesión para constituir el ejercicio de un derecho inherente. Como señala Xavier Villar, esa disuasión espacial nivela las correlaciones de poder convencional, utilizando la proximidad geográfica y la topografía costera para crear una zona de negación de acceso. Hace prohibitivo cualquier intento de control absoluto por parte de Estados Unidos que, en base a su superioridad naval, garantizaba tácitamente hasta antes del conflicto la libertad de navegación por esa vía marítima. Como se ha

Irán no negociará hasta que EEUU cumpla sus compromisos y le advierte

- Sputnik Mundo Ajedrez de Geopolítica Conduce Javier Benítez. Irán no negociará hasta que EEUU cumpla sus compromisos y le advierte sobre sus bravatas El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, destacó la importancia de que EEUU cumpla con sus compromisos adoptados en el memorando de entendimiento antes de entablar conversaciones sobre un acuerdo de paz final. Mientras, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió a Washington sobre sus bravatas. Nada de juegos "No teníamos previsto reunirnos con las partes estadounidenses a ningún nivel en los próximos días, algo que lamentamos tener que descartar. Debemos monitorear continuamente el cumplimiento de las obligaciones de EEUU y utilizar nuestras herramientas cuando sea necesario", expresó Baghaei en rueda de prensa, al incidir en que "las obligaciones de ambas partes son claras y transparentes". Mientras, Pezeshkian se expresó a través de su cuenta de X al respecto. "El entendimiento es una cuestión mutua. Si la parte estadounidense se adhiere al acuerdo, nosotros también cumpliremos con nuestros compromisos. Nuestro enfoque frente a las bravatas irracionales y las amenazas sin fundamento es apoyarnos en la racionalidad y la dignidad humana en la toma de decisiones, y defender con firmeza y sin temor cuando llegue el momento de actuar", sentenció en la red social. "Estados Unidos no ha cumplido nunca ningún acuerdo en nada, no sólo con Irán", afirma el analista internacional Nicola Hadwa. “No cumplieron los acuerdos con Siria, quedaron de retirarse de Irak en el año 2011: estamos en el 2026 y todavía tienen tropas ahí. Estados Unidos no es un país serio, no es un país creíble, así que a Irán no le queda otra [opción] que prepararse para una guerra, porque [Washington] no va a respetar absolutamente nada. Lo que está haciendo [el presidente de EEUU] Donald Trump es ganar tiempo para tratar de reconstruir todo su poderío militar; (…) todas sus bases militares fueron barridas en Asia Occidental y están en reconstrucción”, señala Hadwa. Teherán también envió un mensaje al presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Macron ha dicho que, en el desminado del estrecho de Ormuz, colabora con sus socios. Según el memorando de entendimiento de Islamabad, el desminado se realiza únicamente por Irán y no por ningún otro país, y en principio no permitimos tal cosa. La situación es sensible y compleja. Recomendamos encarecidamente a Francia que no la complique más con sus provocaciones", avisó Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán.

El antisionismo no es racismo

Recomiendo: El antisionismo no es racismo Por Pastora Filigrana | 02/07/2026 | Opinión Fuentes: Ctxt Asimilar los conceptos de antisemitismo y antisionismo tiene un objetivo muy concreto: criminalizar la legítima protesta contra el sionismo. El movimiento de solidaridad con Palestina está en el punto de mira de la criminalización en todo el mundo. En el Estado español, cuenta con buena salud y es uno de los más articulados y activos de Europa. Por ahora, la legitimidad social del movimiento está ganando el pulso a la criminalización a pesar de los intentos de entidades como ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) y otros grupos de presión política, mediática y social del nacionalismo sionista. Estos grupos acusan de manera continuada al movimiento proPalestina de ser racista con las personas e instituciones judías por su crítica a las políticas del Estado de Israel. Recientemente, ACOM pidió al Gobierno de EEUU que prohibiera la entrada por antisemitas al periodista Guillermo Fesser, al cineasta Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem a raíz de declaraciones que catalogaban la agresión a Palestina de genocidio, exterminio, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica y por exigir al Gobierno de España la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Esta misma entidad ha denunciado a una concejala de Podemos Illes Balears por compartir la consigna “Palestina libre del río al mar” en el programa “Invierno Rojo” de Canal Red. Estas expresiones constituyen, a juicio de ACOM, una incitación pública a la violencia a la población judía y por tanto un delito de odio antisemita, tipificado en el artículo 510 del Código Penal. Estos grupos de presión sionistas son los mismos que exigían a las universidades el desmantelamiento de las acampadas solidarias con Palestina. Según ACOM, estas iniciativas encajaban con la definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y suscrita por España (IHRA). En esto casos, ACOM consideraba que había judíos que se sentían en peligro por las acampadas, que pedían el cese las agresiones del Estado de Israel en Gaza. Estas interpretaciones confunden pretendidamente antisionismo y antisemitismo y buscan criminalizar la legítima protesta contra el sionismo. El antisemitismo es un tipo específico de discriminación étnico-racial basada en prejuicios, hostilidad o violencia contra personas e instituciones judías por el hecho de serlo. Es decir, se trata de odio contra una identidad étnico-racial y no a una posición política. El sionismo, por el contrario, es una opción política y nacionalista que reivindica un Estado de Israel que ocupe todo el territorio histórico de Palestina, concibiendo que el pueblo judío es el legítimo poseedor de este territorio. En base a esta ideología, el Estado de Israel ha desplazado a cientos de miles de personas palestinas desde 1947, ha ocupado sus territorios y desobedecido las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que refrendan la existencia de dos estados, Israel y Palestina. No todas las personas judías son sionistas y comparten este concepto político nacionalista. Por tanto, la crítica al sionismo y sus acciones es la crítica a una ideología y práctica política independientemente de la etnicidad de las personas que la defiendan. Sin embargo, los sionistas asimilan el antisionismo con el racismo contra las personas judías (antisemitismo). Esto es una paradoja en sí misma, porque concebir que todas las personas judías comparten una misma ideología nacionalista es un estereotipo racista que homogeniza a una población. El objetivo de ACOM y los sionistas es que estos actos de protestas contra el Estado de Isarel se castiguen penalmente con el agravante de odio antisemita, pero hasta ahora no lo han conseguido. La crítica y la protesta contra las políticas de un Estado están amparadas en España por el derecho fundamental a la libertad de expresión y, por ahora, no existe una jurisprudencia que interprete la crítica al sionismo como antisemitismo. Y estamos vigilantes para que nunca llegue. Para conseguir la criminalización mediática y judicial de las críticas antisionistas tienen algunos instrumentos que juegan a su favor, como la definición de antisemitismo de la IHRA que permite interpretar que la crítica legítima al sionismo puede ser antisemitismo. La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) es una organización intergubernamental fundada en 1998, de la que forman parte 34 países, entre ellos España. Tiene como finalidad reforzar, impulsar y promover la educación, la memoria y la investigación en todo el mundo sobre el Holocausto. El 26 de mayo de 2016, los países miembros de la IHRA adoptaron una definición práctica, jurídicamente no vinculante, de “antisemitismo”: “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”. La definición de antisemitismo de la IHRA incluye una serie de ejemplos prácticos de actos que podrían considerarse antisemitas. Uno de los que especifican es “aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático”. Este ejemplo práctico abre la puerta a etiquetar como antisemita a cualquiera que critique los abusos israelíes. Hay que tener en cuenta que se trata de una definición de trabajo. No adoptada por ninguna institución internacional, sin embargo, su uso es extendido. Como advierte el periodista Miquel Ramos, las acusaciones de antisemitismo basadas en la definición de la IHRA han conllevado en los últimos años la cancelación de varias actividades en universidades de Reino Unido y Estados Unidos, la ilegalización de organizaciones y la prohibición de manifestaciones y hasta banderas palestinas en Francia o Alemania. Esta definición errónea de antisemitismo no es sólo un texto, sino que su puesta en práctica está vulnerando el derecho a la libertad de expresión que ampara la crítica a la política del Estado de Israel respecto a Palestina. Desde 2020, el Gobierno español respalda esta definición de IHRA facilitando por tanto a los grupos de presión sionista su trabajo de criminalización mediática del movimiento de solidaridad con Palestina. Especialmente preocupante es que el Ministerio del Interior del Gobierno de España esté utilizando esta definición de antisemitismo para monitorizar la evolución de los delitos e incidentes de odio contra la población judía. En los últimos años han puesto en marcha diferentes iniciativas ciudadanas a nivel internacional contra esta definición errónea de antisemitismo. En abril de 2023 más de cien organizaciones de la sociedad civil internacional iniciaron una campaña que exigía a Naciones Unidas combatir el antisemitismo en línea con las normas internacionales de Derechos Humanos, especialmente salvaguardando el derecho a la libertad de expresión y la legítima protesta contra la política del Estado de Israel. En el año 2021 cientos de académicos especializados en antisemitismo, estudios sobre el Holocausto, estudios judíos y estudios de Medio Oriente, firmaron la Declaración de Jerusalén sobre antisemitismo. Esta declaración propone una nueva definición, jurídicamente no vinculante, como alternativa a la Definición de la IHRA: “El antisemitismo es discriminación, prejuicios, hostilidad o violencia contra judíos como judíos (o instituciones judías como judías)”. La Asociación Acción contra el Odio está llevando a cabo una campaña mediática para que el Gobierno español abandone la definición de la IHRA y se adhiera a otras definiciones de antisemitismo, como la Declaración de Jerusalén, que limita el odio antisemita a la discriminación, prejuicios, hostilidad o violencia contra personas e instituciones judías por el hecho de serlo. En un contexto de auge del discurso de odio racial necesitamos más que nunca poder ejercer el derecho a la protesta contra el racismo (también el antisemitismo) y la guerra colonial, como la de Israel en Palestina. Necesitamos más que nunca acampadas, boicots, manifestaciones y flotillas humanitarias como las del movimiento de solidaridad con Palestina. Los intentos del nacionalismo sionista de criminalizar estas protestas no sólo atentan contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, si no contra la universalidad misma de los Derechos Humanos que la protesta intenta proteger. Fuente: https://ctxt.es/es/20260601/Firmas/54070/Pastora-Filigrana-antisionismo-racismo-antisemitismo-genocidio-judaismo-Israel-Palestina.htm