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viernes, 18 de junio de 2021
Hay un golpe de Estado en marcha en Perú
Hay un golpe de Estado en marcha en Perú
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Por José Carlos Llerena, Vijay Prashad | 17/06/2021 | América Latina y Caribe
Fuentes: Alainet / Counterpunch [Foto: Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi]
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Aunque Pedro Castillo ha ganado la segunda vuelta de la elección presidencial, su adversaria se niega a aceptarlo. Muchos temen que la tensión aumente con la ayuda de la leal derecha peruana y la recién llegada embajadora estadounidense a Lima.
Pedro Castillo, del partido Perú Libre, ha comenzado a recibir felicitaciones de todo el mundo. No hay duda que es el ganador de la elección presidencial del 6 de junio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha anunciado los resultados electorales con el 100% de los votos contabilizados: Castillo logró el 50,137% de los votos (8,83 millones de votos), y su oponente en la segunda vuelta, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, logró el 49,893% (8,78 millones). Según todos los indicios Fujimori ha perdido la elección.
Sin embargo, la candidata de la derecha se ha negado a admitirlo. De hecho, ha contratado a los mejores abogados de Perú para recusar los resultados electorales. A las pocas horas de que el recuento se hiciera público, el equipo de Fujimori presentó impugnaciones a 134 actas dentro de plazo y tienen listas otras 811. Cualquiera que conozca la comunidad jurídica peruana se dará cuenta de que algunos de sus bufetes más destacados están en la lista de Fujimori: el Estudio Echecopar; Gersi; Miranda & Amado; Payet, Rey, Cauvi y Pérez; Rodrigo, Elías & Medrano; Rubio Leguía Normand; Rebaza, Alcázar & De las Casas. Solo en Lima, hay más de 30 abogados trabajando. El equipo de Fujimori se puso en contacto con todos ellos antes de la votación, anticipando la posibilidad de una victoria de Castillo y la necesidad de paralizarlo en los tribunales. El ejército legal de cuello blanco ha puesto en marcha una estrategia racista de instrumentalización de la justicia [lo que en terminología anglosajona de conoce como lawfare –NdT]. Se lo quieren jugar todo a la invalidación de los votos de las comunidades indígenas de Perú, el núcleo de la base de apoyo de Castillo.
Estados Unidos nombró recientemente una nueva embajadora para el Perú. Su nombre es Lisa Kenna, y fue asesora del secretario de Estado Mike Pompeo (anteriormente oficial del ejército, director de la CIA y funcionario de la secretaría de Estado en Irak). Poco antes de las elecciones la embajadora Kenna hizo público un video en el que hablaba de las estrechas relaciones entre los Estados Unidos y el Perú y de la necesidad de que se produjera una transición pacífica de uno a otro presidente. “La transición presidencial es un ejemplo para toda la región”, afirmaba, como si anticipara una posible impugnación. Si alguien sabe de interferencias en los procesos electorales en América Latina ese es Estados Unidos.
Otro que también sabe del tema en el equipo de Keiko Fujimori es Fernando Rospigliosi. Rospigliosi, que fue ministro del interior con el presidente Alejandro Toledo, se unió al equipo específicamente para colaborar en esta confrontación, pues durante años fue muy crítico con los delitos cometidos por el padre de Keiko, el presidente Alberto Fujimori, que actualmente cumple condena en prisión. En su currículo consta que trabajó para la embajada estadounidense. En 2005 el antiguo militar de tendencias izquierdistas Ollanta Humala se presentó como candidato para las elecciones presidenciales de abril de 2006. Todo indicaba que Humala, que intentó un golpe de Estado contra Alberto Fujimori en 2000, contaba con el apoyo de las masas. Algunos incluso pensaban que seguiría la senda de Hugo Chávez y Evo Morales para inclinar Perú hacia la izquierda. En ese periodo Rospigliosi acudió a la embajada de EE.UU. en busca de apoyo para evitar la victoria de Humala.
El 18 de noviembre de 2005 Rospigliosi y el exdirector de la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio del Interior, Rubén Vargas Céspedes, acudieron a un almuerzo * en la embajada en donde mostraron “su preocupación por la perspectiva de que el ultranacionalista Ollanta Humala se consolidara como una fuerza política con la que hay que contar”. Tanto Rospigliosi como Vargas trabajaron para una ONG llamada Capital Humano y Social, que había conseguido un contrato de la Sección de Asuntos Anti-Narcóticos y Aplicación de la Ley del gobierno de EE.UU. Ambos solicitaron a la embajada que instara a la empresa encargada de las comunicaciones, Nexum, que “hiciera seguimiento de la cobertura mediática de Humala y promoviera noticias y comentarios contra él en las regiones cocaleras”. Querían que la embajada estadounidense utilizara sus considerables recursos para debilitar la posición de Humala. Una vieja estratagema.
A Estados Unidos le preocupaba Humala, y le preocupaban sus declaraciones contra la presencia militar estadounidense en el Perú y sus vínculos con Hugo Chávez. Les pareció buena idea lo que Rospigliosi y Vargas propusieron en la embajada y Humala perdió la elección de 2006. Conseguiría ganar en 2011, frente a Keiko Fujimori; pero en 2011 Humala se había transformado en el candidato de los neoliberales, alguien a quien EE.UU. consideraba útil e inofensivo. El 19 de mayo de 2011 Humala firmó un texto que le ataba a la agenda neoliberal, el Compromiso en Defensa de la Democracia”. En el acto protocolario estuvo presente el padrino de la derecha peruana, el novelista Mario Vargas Llosa.
Vargas Llosa es una figura clave en el país, gracias al prestigio que le proporcionó el Premio Nobel de literatura de 2010. Cuando se supo que Castillo había arrasado en el Perú rural, Vargas Llosa hizo comentarios despectivos sobre los votantes de las áreas campesinas y advirtió de que sería una catástrofe para el país, que se convertiría en otra Venezuela. Macerado en la bilis del racismo, Vargas Llosa se unió a otros intelectuales de la extrema derecha para denigrar a las clases trabajadora y campesina peruanas, con la esperanza de que sus comentarios proporcionen suficiente cobertura al proceso de golpe de Estado en gestación en el interior de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Todo parece estar listo: una nueva embajadora estadounidense con credenciales de la CIA, un experto en artimañas con el hábito de acudir a la embajada en busca de ayuda para difamar a la izquierda, un patriarca a quien su propio pueblo le produce alergia y una candidata cuyo padre tuvo el respaldo de la oligarquía cuando maquinó un autogolpe de Estado en 1992.
Pedro Castillo continúa teniendo el control de la calle y las masas están dispuestas a manifestarse. No quieren que les roben su elección. Pero el ambiente es de miedo en el Perú. Merodean fuerzas oscuras. ¿Será capaz el pueblo de derrotarlas?
* N. del T.: Los detalles sobre esas conversaciones y las citas textuales provienen de documentos filtrados por Wikileaks (¡Libertad para Assange!).
José Carlos Llerena Robles es educador popular, miembro de la organización peruana “La Junta” y representante de Alba Movimientos Capítulo Perú. Vijay Prashad es jefe de corresponsales de Globetrotter, director de Tricontinental: Institute for Social Research y editor jefe de LeftWord Books. Su último libro es Washington Bullets, con prólogo de Evo Morales.
Fuente: https://www.alainet.org/es/node/212672
El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a sus autores, a su traductor y a Rebelión como fuente de la traducción
jueves, 17 de junio de 2021
El desplome del globalismo neoliberal en América Latina desde México hasta Perú
El desplome del globalismo neoliberal en América Latina desde México hasta Perú
Alfredo Jalife
Mapa de México - Sputnik Mundo, 1920, 12.06.2021
© Foto : agustinbg/Pixabay
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América Latina, en sus principales países oscilatorios, exhibe una dinámica del desplome del impuesto decálogo del Consenso de Washington que se refleja en las revueltas de los 'millennials' en Chile y Colombia —dos bastiones del globalismo neoliberal— y en las elecciones de México y Perú, donde triunfan los soberanistas frente a los globalistas.
En el momento geoestratégico tripolar de las tres superpotencias EEUU, Rusia y China, que de facto aplican sus esferas de influencia, y la etapa de desglobalización y regionalismos que vive el planeta en el ámbito geoeconómico, Latinoamérica opera en su conjunto el reflujo soberanista antineoliberal frente al disfuncional y caduco globalismo neoliberal financierista que provocó cuantiosos estragos socioeconómicos y psicopolíticos.
Dos bastiones militarizados del globalismo neoliberal se tambalean en Colombia y Chile con el asombroso despertar de la mayoría de su población juvenil millennial, mientras que las elecciones intermedias en México refrendan el triunfo de Morena, un partido específicamente antineoliberal en el poder.
En paralelo, independientemente del resultado final de las elecciones presidenciales en Perú, el ascenso azorante del maestro rural indígena Pedro Castillo evidencia que su modelo de libre mercado ha llegado a su fin, como sucedió antes en Argentina —con la llegada de la dupla de los Fernández—, además del retorno triunfal del grupo de Evo Morales en Bolivia, cuando se proyecta el retorno triunfal de Lula da Silva en Brasil.
Los pequeños y medianos países en América Latina son muy respetables, pero no es lo mismo el impacto de su giro antineoliberal en países situados en los primeros lugares del ranking geoeconómico, demográfico y político como son Brasil, México y Argentina, que países de poderío mediano como Perú o más limitados como Bolivia.
Inclusive, se pudiera aducir que el triunfo del banquero neoliberal Guillermo Lasso, con una diferencia del 5%, frente a su rival de centro-izquierda Andrés Arauz, se debió al apoyo politiquero contra natura del partido indigenista Pachakutik.
Peor aún: el banquero Lasso no cuenta con una mayoría solvente en el Congreso con su partido Creando Oportunidades (CREO).
La anatomía de la Asamblea Legislativa de Ecuador —UNES de centro-izquierda del correísmo, 49 escaños (36%); el Pachakutik indigenista, 27 escaños (19%); Partido Social Cristiano, 16 escaños; Izquierda Democrática, 18 escaños— no es nada benéfica para el banquero neoliberal Lasso con su partido colocándose en un mediocre quinto lugar con un 8,7%, lo que le obligará a realizar acrobáticas alianzas contra natura y que vaticinan una caótica ingobernabilidad.
Lasso gana en Ecuador, pero, ¿significa eso el fin del correísmo?
La agenda 'social' de Ecuador ostenta 85 escaños (62%). Aun cuando el globalismo neoliberal gana la presidencia tiene en contra a la Asamblea en forma apabullante.
Resalta el casi 20% del movimiento indigenista Pachakutik. ¿Cómo conciliará el banquero neoliberal supremacista Guillermo Lasso su agenda globalista con las demandas legítimas de los indígenas ecuatorianos que hoy andan desbrujulados geopolíticamente?
Dígase lo que se diga, existe un pasmoso despertar del indigenismo en Bolivia, Ecuador y ahora en Perú.
Las elecciones intermedias en México asentaron los reales del antineoliberalismo del partido Morena en el poder que obtiene la "mayoría simple" en alianza con sus partidos aliados y que le permiten aprobar el presupuesto, cuyo enfoque se centra en la ayuda a los pobres.
Morena obtiene prácticamente el doble de los votos de los dos principales partidos de oposición: el neoliberal PAN y el PRI en búsqueda de su definición ideológica cuando naufraga entre sus sectores neoliberales (los perdedores) y nacionalistas.
De las 15 importantes gubernaturas, Morena descuelga 12 —11 gubernaturas como tal y 1 de sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo—, frente a la mediocridad de dos gubernaturas del PAN en Querétaro y Chihuahua, y una en el importante estado industrial financiero de Nuevo León para el partido centrista Movimiento Ciudadano, que, paradójicamente, no se refleja en la Cámara de Diputados donde solamente obtuvo el 7%.
Morena sufrió una derrota catastrófica en la capital, Ciudad de México, que parece haber liquidado las aspiraciones presidenciales de su jefa de Gobierno.
En realidad, Morena se corre hacia el centro-izquierda, lo cual se refleja con el inmediato nombramiento poselectoral del economista de Cambridge Rogelio Ramírez de la O. de corte neokeynesiano y que ha sido muy bien recibido por la cúpula empresarial y hasta por el expresidente panista Felipe Calderón.
Se pudiera aducir que aun como en el caso extremo de Ecuador, cuando "triunfa" el neoliberalismo bancario, como en Ecuador, lo hace a un estrecho margen gracias a su alianza con los cándidos indigenistas y ostentando una mediocre minoría en los congresos que no le otorgan ni mandato ni gobernabilidad de la que ya carecen sus hermanos simbióticos globalistas neoliberales en Chile y en Colombia.
Más allá de los consabidos malabarismos de conteo electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONP), que ya dio por vencedor al indígena Pedro Castillo del Partido Libre de la izquierda peruana con 0.5% por encima de su contrincante neoliberal Keiko Fujimori —con varios cargos criminales a cuestas—, no se diga de las sospechosas piruetas acrobáticas de la Junta Nacional de Elecciones (JNE) —que bajo presión del fujimorismo del Partido Fuerza Popular y su alianza con Mario Vargas Llosa (Los papeles de Panamá de Vargas Llosa: lavado neoliberal imperfecto en los paraísos fiscales) que exigen la anulación de 200.000 votos para propinar un "golpe de Estado electoral" contra el triunfador Pedro Castillo— acelera el reflujo de los soberanistas frente a los globalistas neoliberales de Latinoamérica.
Castillo no lo tendrá fácil para gobernar en Perú
11 de junio, 12:38 GMT
Pedro Francke, economista consejero de Pedro Castillo ha comentado que mantendrán una economía de mercado y que jerarquizará el incremento de impuestos a las compañías mineras —segundo productor de cobre (detrás de Chile) y plata (detrás de México) en el mundo—, así como combatir la evasión trasnacional de impuestos en los paraísos fiscales, con el fin de incrementar los gastos en salud y educación.
La Administración Biden seguramente ha de sopesar el estrepitoso fracaso de su imposición del decálogo anacrónico del Consenso de Washington que nunca vivió sus mejores tiempos en Latinoamérica para la mayoría de su población expoliada, no se diga con su geopolítica caduca de neomonroísmo frente a la penetración geoeconómica de China —como ya había adelantado hace seis años en mi libro China irrumpe en Latinoamérica: ¿dragón o panda?.
Será sumamente difícil que la Administración Biden mantenga la hegemonía hemisférica de EEUU con su sádico globalismo neoliberal si no ajusta su mira hoy distorsionada, daltónica y cíclope ante la nueva realidad mundial cuando padece la tormenta migratoria debido a los vientos que sembró especialmente en Centroamérica.
Un ajuste de mira sería, para el partido Demócrata, readoptar y readaptar la "Alianza para el Progreso" que había procurado el presidente católico asesinado John Kennedy y que destrozaron sus sucesores.
Baste comparar las dos regiones respectivas de EEUU, con Latinoamérica, y de China, con sus vecinos de la ASEAN: las diez naciones del bloque asiático.
Mientras Latinoamérica se ha pauperizado, debido al pernicioso globalismo neoliberal, la ASEAN ha escalado alturas geoeconómicas triunfales.
EEUU ha explotado en forma irrestricta a Latinoamérica, mientras China ha dejado crecer a la ASEAN en forma sinergética.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
miércoles, 16 de junio de 2021
Julian Assange y el colapso del Estado de derecho
Julian Assange y el colapso del Estado de derecho
Por Chris Hedges | 16/06/2021 | Mentiras y medios
Fuentes: Scheer Post [Ilustración Mr. Fish]
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Este artículo reproduce la intervención de Chris Hedges en un acto celebrado el pasado jueves en Nueva York en apoyo de Julian Assange. Dicho acto forma parte de una gira por Estados Unidos que durará un mes y en la que intervienen entre otros el padre y el hermano de Julian y Roger Waters (Pink Floyd).
Una sociedad que prohíbe la posibilidad de decir la verdad anula la posibilidad de vivir en la justicia.
Esa es la razón por la que esta noche estamos aquí. Todos los que conocemos y admiramos a Julian condenamos su prolongado sufrimiento y el de su familia. Exigimos que se ponga fin a los muchos errores e injusticias que se han cometido con su persona. Le respetamos por su valor y su integridad. Pero la batalla por la libertad de Julian nunca ha sido solo por la persecución a la que se sometía a un editor. Es la batalla por la libertad de prensa más importante de nuestra era. Y si perdemos esa batalla las consecuencias serán devastadoras, no solo para Julian y su familia sino para todos nosotros.
Las tiranías invierten el Estado de derecho. Convierten la ley en un instrumento de injusticia. Esconden sus crímenes mediante una falsa legalidad. Utilizan la dignidad de tribunales y juicios para ocultar su criminalidad. Aquellos que, como Julian, exponen ante el público esa criminalidad son personas peligrosas, porque sin el pretexto de la legitimidad la tiranía pierde credibilidad y lo único que le queda es el miedo, la coacción y la violencia.
La prolongada campaña contra Julian y Wikileaks es una ventana hacia la demolición del Estado de derecho, un paso más hacia lo que el filósofo político Sheldon Wolin llama nuestro sistema de totalitarismo invertido, una forma de totalitarismo que mantiene la ficción de la antigua democracia capitalista, incluyendo sus instituciones, iconografía, símbolos patrióticos y retórica, pero que internamente ha entregado todo el control a los dictados de las corporaciones globales.
Yo estaba en la sala del tribunal cuando Julian Assange fue juzgado por la juez Vanessa Baraitser, una versión moderna de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que exigía la sentencia antes de declarar el veredicto. Fue una farsa judicial. No existía base legal alguna para mantenerle en prisión. No había base legal alguna para juzgarle, siendo un ciudadano australiano, según la Ley de Espionaje de EE.UU. La CIA le estuvo espiando en la embajada ecuatoriana a través de una compañía española, UC Global, contratada para proporcionar la seguridad a la embajada. Este espionaje incluyó las conversaciones confidenciales entre Assange y sus abogados cuando discutían los términos de su defensa. Este mero hecho debería haber invalidado el juicio. Julian está prisionero en una cárcel de alta seguridad para que el Estado pueda continuar los abusos degradantes y la tortura que espera provoquen su desintegración psicológica o incluso física, tal y como ha testificado el relator Especial de la ONU para la Tortura, Nils Melzer.
El gobierno de Estados Unidos ha dado instrucciones al fiscal londinense James Lewis, tal y como ha documentado con elocuencia [el exdiplomático, periodista y defensor de derechos humanos británico] Craig Murray. Lewis presentó dichas directrices a la juez Baraitser, que las adoptó como su decisión legal. Todo el show fue una pantomima judicial. Lewis y la juez insistieron en que no estaban intentando criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa, al mismo tiempo que se afanaban en establecer un marco legal para criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa. Y esa es la razón por la que el tribunal se esforzó tanto por ocultar el proceso judicial a la opinión pública, limitando el acceso a la sala del tribunal a un puñado de observadores y poniendo todas las dificultades posibles para imposibilitar su visionado en línea. Fue un oscuro juicio amañado, más típico de la Lubianka que de la jurisprudencia británica.
Yo sé que muchos de los que estamos hoy aquí nos consideramos radicales, puede que hasta revolucionarios. Pero lo que estamos exigiendo tiene de hecho un tinte conservador, dentro del espectro político. Exigimos la restauración del Estado de derecho. Algo tan sencillo y básico que no debería resultar incendiario en una democracia en funcionamiento. Pero vivir en la verdad en un sistema despótico es un acto supremo de desafío. Esa verdad aterroriza a quienes detentan el poder.
Los arquitectos del imperialismo, los señores de la guerra, las ramas legislativa, judicial y ejecutiva del gobierno, controladas por las grandes empresas, y sus serviles cortesanos de los medios de comunicación son ilegítimos. Si pronuncias esta sencilla verdad quedas desterrado, como hemos estado muchos de nosotros, a los márgenes del panorama mediático. Si demuestras esa verdad, como han hecho Julian Assange, Chelsea Manning, Jeremy Hammond y Edward Snowden al permitirnos fisgar en las interioridades del poder, serás perseguido y procesado.
Poco después de que Wikileaks publicara los archivos de la Guerra de Irak en octubre de 2010, que documentaban numerosos crímenes de guerra de Estados Unidos –incluyendo imágenes del ametrallamiento de dos periodistas de Reuters y otros 10 civiles desarmados en el video Asesinato Colateral, la tortura sistemática de prisioneros iraquíes, el ocultamiento de miles de muertes de civiles y el asesinato de cerca de 700 civiles que se habían acercado demasiado a los puestos de control estadounidenses–, los destacados abogados de derechos civiles Len Weinglass y mi buen amigo Michael Ratner (a quien acompañaría posteriormente para reunirse con Julian en la embajada ecuatoriana) se reunieron con Julian en un apartamento de Londres Central. Las tarjetas bancarias personales de Assange habían sido bloqueadas. Tres ordenadores encriptados habían desaparecido de su equipaje durante su viaje a Londres. La policía sueca estaba fabricando un caso en su contra con la intención, le advirtió Ratner, de extraditarle a Estados Unidos.
“Wikileaks y tú personalmente os enfrentáis a una batalla que es tanto legal como política”, le dijo Weinglass a Assange. “Como aprendimos en el caso de los Papeles del Pentágono, al gobierno de Estados Unidos no le gusta que se haga pública la verdad. Y no le gusta que le humillen. No importa que sea Nixon, Bush u Obama, un Republicano o un Demócrata, quien ocupe la Casa Blanca. El gobierno de EE.UU. intentará evitar que publiques sus repugnantes secretos. Y si tienen que destruirte a ti, y destruir al mismo tiempo la Primera Enmienda y los derechos de los editores, están dispuestos a hacerlo. Creemos que van a perseguir a Wikileaks y a ti, Julian, por publicarlos”.
“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?”, preguntó Julian.
“Por espionaje”, continuó Weinglass. “Van a acusar a Bradley Manning por traición, acogiéndose a la Ley de Espionaje de 1917. No creemos que se le pueda aplicar porque es un denunciante de conciencia, no un espía. Pero van a intentar obligar a Manning a que te implique a ti como colaborador”.
“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?”
Esa es la cuestión.
Han perseguido a Julian por sus virtudes, no por sus defectos.
Han perseguido a Julian porque sacó a la luz más de 15.000 muertes no denunciadas de civiles iraquíes; porque hizo públicas la tortura y los malos tratos a unos 800 hombres y muchachos de entre 14 y 89 años en Guantánamo; porque publicó que Hillary Clinton ordenó en 2009 a los diplomáticos estadounidenses que espiaran al Secretario General de la ONU Ban Ki Moon y a otros representantes de China, Francia, Rusia y Reino Unido, un espionaje que incluía obtener su ADN, el escaneo de su iris, sus huellas dactilares y sus contraseñas personales, continuando métodos habituales de vigilancia ilegal como las escuchas ilegales al Secretario General de la ONU Kofi Annan las semanas previas a la invasión de Irak de 2003 dirigida por Estados Unidos; le han perseguido porque divulgó que Barack Obama, Hillary Clinton y la CIA orquestaron el golpe militar de 2009 en Honduras que derrocó al presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya, y lo reemplazó con un régimen militar corrupto y asesino; porque reveló que George Bush hijo, Barack Obama y el general Davis Petrous llevaron a cabo una guerra en Iraq que, según las leyes posteriores al proceso de Núremberg, se considera una guerra criminal de agresión, un crimen de guerra y porque autorizaron cientos de asesinatos selectivos, incluyendo los de ciudadanos estadounidenses en Yemen, donde también lanzaron secretamente misiles, bombas y ataques con drones que acabaron con la vida de decenas de civiles; porque reveló que Goldman Sachs pagó a Hillary Clinton 657.000 dólares por dar conferencias, una suma tan enorme que solo puede considerarse un soborno, y que Clinton aseguró en privado a los líderes empresariales que cumpliría sus ordenes, mientras prometía a la opinión pública una regulación y una reforma financiera; porque sacó a la luz la campaña interna para desacreditar y destruir a Jeremy Corbyn por parte de miembros de su propio Partido Laborista; porque mostró cómo la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad utilizan herramientas de hackeo que permiten al gobierno la vigilancia al por mayor a través de nuestros televisores, ordenadores, smartphones y programas antivirus, lo que permite al gobierno registrar y almacenar nuestras conversaciones, imágenes y mensajes de texto privados, incluso si están encriptados.
Julian sacó a la luz la verdad. La desveló una y otra y otra vez, hasta que no quedó la menor duda de la ilegalidad, corrupción y mendacidad endémicas que definen a la élite gobernante global. Y por descubrir esas verdades es por lo que han perseguido a Assange, como han perseguido a todos aquellos que se atrevieron a rasgar el velo que cubre al poder. “La Rosa Roja ahora también ha desaparecido…”, escribió Bertolt Bretch cuando la socialista alemana Rosa Luxemburgo fue asesinada. “Porque ella a los pobres la verdad ha dicho, los ricos del mundo la han extinguido”.
Hemos experimentado un golpe de Estado empresarial, mediante el cual los pobres y los hombres y mujeres trabajadores se ven reducidos al desempleo y el hambre; la guerra, la especulación financiera y la vigilancia interna son las únicas ocupaciones del Estado; por el cual ya ni siquiera existe el habeas corpus; por el que los ciudadanos no somos más que mercancías que se usan, se despluman y se descartan para los sistemas corporativos del poder. Negarse a contraatacar, a tender lazos y ayudar al débil, al oprimido y al que sufre, a salvar el planeta del ecocidio, a denunciar los crímenes internos e internacionales de la clase dominante, ea xigir justicia, a vivir en la verdad es llevar la marca de Caín. Quienes detentan el poder deben sentir nuestra ira, y eso significa realizar actos constantes de desobediencia civil, significa acciones constantes de protesta social y política, porque este poder organizado desde abajo es el único que nos salvará y el único poder que liberará a Julian. La política es un juego de temor. Es nuestro deber moral y cívico hacer sentir miedo a los que están en el poder, mucho miedo.
La clase dominante criminal nos tiene a todos sujetos por el miedo. No puede reformarse. Ha abolido el Estado de derecho. Oscurece y falsea la verdad. Busca la consolidación de su obsceno poder y su obscena riqueza. Por tanto, citando a la Reina de Corazones, metafóricamente, claro, yo digo: “¡Que les corten la cabeza!”.
Chris Hedges es un periodista ganador del Premio Pulitzer. Fue durante 15 años corresponsal en el extranjero para The New York Times, ejerciendo como jefe para la oficina de Oriente Próximo y la de los Balcanes. Anteriormente trabajó para los diarios The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor y NPR. Presenta el programa “On Contact”, nominado para un Premio Emmy, de la cadena internacional de televisión rusa RT.
El video completo del acto puede verse aquí. La intervención de Chris Hedges comienza en el minuto 45:50.
Fuente: https://scheerpost.com/2021/06/11/chris-hedges-julian-assange-and-the-collapse-of-the-rule-of-law/
El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a su autor, a su traductor y a Rebelión como fuente de la traducción
lunes, 14 de junio de 2021
Bolivia plantea una investigación internacional sobre el apoyo ecuatoriano a la expresidenta Áñez
Bolivia plantea una investigación internacional sobre el apoyo ecuatoriano a la expresidenta Áñez
hace 28 min (actualizado: hace 26 min)
Jeanine Áñez, ex presidenta transitoria de Bolivia (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2021
© AP Photo / Juan Karita
LA PAZ (Sputnik) — El embajador boliviano en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, planteó una investigación internacional sobre el papel del expresidente ecuatoriano Lenin Moreno (2017-2021) en favor del Gobierno de facto instalado en este país en 2019.
"El préstamo apresurado de armamento letal y no letal de Ecuador a Bolivia en los primeros días del golpe de 2019 es una vulneración grave del derecho internacional, esto requiere una investigación seria con la participación de organismos internacionales", dijo Pary a la televisión estatal.
Quito prestó a La Paz en noviembre de 2019 al menos 5.500 granadas de gas lacrimógeno y casi 3.000 proyectiles diversos, incluidas municiones de guerra, en apoyo a la entonces recién instalada presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), en una operación revelada en los últimos días en la capital boliviana.
El caso ganó actualidad tras el arresto en Estados Unidos del exministro boliviano Arturo Murillo, señalado como principal gestor del préstamo ecuatoriano y de una compra paralela de materiales antidisturbios con sobreprecio, sobornos y una trama de lavado de dinero, delitos por los que ahora está procesado.
Plan Cóndor
Pary dijo que el nuevo Gobierno presidido por Luis Arce considera "solicitar una investigación internacional sobre el caso", en el cual se habrían violando normas tanto ecuatorianas como bolivianas.
"Una operación como el préstamo de materiales militares y policiales solo es posible mediante un acuerdo de cooperación internacional que normalmente toma su tiempo, no se hace en dos o tres días, sino en meses y hasta años, pero en ese caso se lo hizo de la noche a la mañana", afirmó.
El Gobierno boliviano pide que Áñez y su gabinete declaren en caso de corrupción
31 de mayo, 19:40 GMT
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mostró el pasado fin de semana a la prensa, como prueba del apoyo del Gobierno ecuatoriano de Moreno a Áñez, una comunicación oficial de Quito, de mayo de 2020, en la que pedía la devolución de los materiales.
"Es el Plan Cóndor II; el funcionamiento de esta organización básicamente se asemeja a la estrategia del Plan Cóndor que hemos vivido en los años 70, donde varios países cooperaban regionalmente para la represión", afirmó Del Castillo en referencia a la colaboración entre gobiernos dictatoriales latinoamericanos de décadas pasadas.
Medios locales, que divulgaron el fin de semana varios documentos oficiales que confirmarían el préstamo de los materiales policiales y militares de Ecuador a Bolivia, indicaron que esa operación fue iniciada el 14 de noviembre de 2019, apenas dos días después de la instalación del Gobierno transitorio de Áñez.
En las semanas siguientes, operaciones conjuntas de militares y policías contra manifestantes que protestaban contra el golpe que derrocó al Gobierno de Evo Morales (2006-201) dejaron una treintena de civiles muertos en varios puntos del país.
viernes, 11 de junio de 2021
Lecciones de un maestro peruano
Lecciones de un maestro peruano
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Por Lautaro Rivara | 11/06/2021 | América Latina y Caribe
Fuentes: Rebelión
Al momento de escribir estas líneas, Pedro Castillo es el presidente electo del Perú. Solo resta la demorada e inevitable declaración oficial de parte del ONPE, la autoridad electoral competente.
Pero aún dejando en suspenso el veredicto de las urnas, de todos modos los acontecimientos producidos entre la primera vuelta electoral del 11 de abril y la celebración del balotaje de este 6 de junio, arrojan ya un enorme cúmulo de lo que en honor al oficio del candidato Castillo llamaremos las “lecciones” de Perú, así como todo un correlato de hipótesis, indicios y anti-lecciones. Veamos algunas de ellas.
1. No hay generación espontánea en los procesos sociales y políticos
Aún hoy, no del todo repuestos de la sorpresa, un cúmulo de observadores, dirigentes, analistas, periodistas y cientistas políticos, insisten en realizar afirmaciones que, erradas hace dos meses, hoy demuestran poco más que pereza intelectual a la hora de estudiar lo que hasta ayer nos era desconocido. Algunas llegan a ser de este tenor: “Castillo no representa un movimiento real de las masas que se hubiera desarrollado con antecedencia a estos comicios”.
Muy por el contrario, y como desarrollamos con Gonzalo Armúa en un artículo extenso destinado a trazar la genealogía de Castillo, Perú Libre y los movimientos y sectores sociales en que se asienta su ingreso a la arena electoral, y también en nuestra entrevista a Santos Saavedra, presidente de las Rondas Campesinas del Perú, esta historia viene de lejos. No es sólo la casualidad, la vacancia electoral o la crisis de representación producida por la errática sucesión de presidentes lo que explica su surgimiento y su éxito electoral. Detrás de Castillo, en torno de de Castillo y mucho antes que Castillo, hay una serie de fenómenos organizativos que datan de las últimas décadas y años: la organización radical del magisterio peruano y sus huelgas masivas, la consolidación de las Rondas Campesinas en buena parte del territorio nacional -con epicentro en el norte del país-, la completa reconfiguración política y territorial del Perú tras la derrota de la guerrilla maoista de Sendero Luminoso, la caída de la autocracia de Alberto Fujimori, el impacto de la “guerra contra las drogas” de la DEA, etc. Esto, sin hablar de los fenómenos recientes específicamente urbanos, como las masivas marchas juveniles contra la corrupción sucedidas desde julio del año 2018, con epicentro en Lima y réplicas en Cusco, Arequipa, Huaraz, Ayacucho y Trujillo, que costarían su cargo a 15 altos funcionarios de Estado.
Pero lo que es falso en términos de movimiento social, también lo es en términos estrictamente electorales: nuevos partidos políticos, nuevos liderazgos regionales y luchas regionales antimineras han decantado en la conquista popular de gobernaciones como la de Walter Aduviri Calisaya en Puno o la de Vladimir Cerrón, el neurocirujano fundador de Perú Libre que ganó la gobernación de Junín en dos oportunidades, siendo luego suspendido de su cargo.
2. El eterno retorno de los viejos (nuevos) programas
Quien haya seguido de cerca los dos debates electorales celebrados entre los contendores, el primero en la localidad cajamarquina de Chota (televisado, de forma inédita, para todo el público nacional, evidenciando la existencia de un otro Perú), y el segundo, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones con pompa y circunstancia en Arequipa, se habrá percatado de que el posicionamiento de Castillo, aún en medio de una feroz campaña macartista, no se dejó nada en el tintero. Castillo no suavizó consigna alguna ni maquilló su programa, como parecen demandar los manuales tácitos de las candidaturas cada vez más descafeinadas, centristas, tecnocráticas y liberalizadas que proliferan en la región. Aunque con diferencias de tono, y visiblemente más cómodo oficiando de anfitrión, Castillo habló de referéndum constituyente; denostó frente a su rival las esterilizaciones forzosas bajo la dictadura de Alberto Fujimori; puso sobre el tapete la necesidad de una (segunda) reforma agraria que a la vez complete y rectifique la de Velasco Alvarado; propuso políticas económicas de industrialización soberana; habló de la necesidad de poner coto a las corporaciones y de la necesaria reapropiación de la renta minera y agraria; manifestó el inicio de una coordinación geopolítica con Rusia y otras naciones para la obtención de vacunas; y se refirió en extenso a la lucha anticorrupción -quizás una de las principales demandas populares del Perú, pero no para cazar corruptos de poca monta ni hacerle el caldo gordo al lawfare, sino a través de una cruzada «que comience por arriba».
Un programa, en suma, nacionalista radical, industrialista, soberanista y popular, entroncado en la propia historia del Perú, cuya última referencia de bienestar y “progreso” para la inmensa mayoría de la población fue el gobierno militar nacionalista de Velasco Alvarado entre los años 1968 y 1975, cuya gesta fuera tan bien retratada por el reciente documental “La revolución y la tierra” -altamente recomendable-. Vale remitirse al “Ideario y programa” elaborado por el ideólogo Vladimir Cerrón, firmado en Huancayo en el año 2020. Una primera mirada puede dar la impresión de un programa clásico, tradicional, “duro”, pletórico de definiciones ideológicas como el marxismo, el leninismo y el mariateguismo, con apelaciones recurrentes a la “dictadura del mercado”, la “lucha de clases”, la “neocolonia” o la “industrialización”.
Pero una lectura atenta nos mostrará un programa enormemente actual y “moderno”, bien informado y atento de las más recientes experiencias gubernamentales latinoamericanas. Programa que tiene, por ejemplo, importantes desarrollos en torno a la protección ambiental y la ecología política, los derechos sociales y reproductivos de la mujer, y la constitución de un Estado Plurinacional, tomando como referencia explícita en esta materia a los avances constitucionales de Ecuador y Bolivia. Consideremos que Perú, pese a no contar con un fuerte movimiento “indígena” comparable al de estos países, no alberga una menor diversidad, como lo atestiguan las 4 lenguas indígenas habladas en la zona andina y las otras 43 en su región amazónica.
Quizás haya quien, abrumado por la campaña que buscó instalar la lucha entre dos presuntos conservadurismos -los que en teoría representarían Fujimori y Castillo- se sorprenda al saber que el programa de Perú Libre aboga, entre otras cosas, por la despenalización del aborto, por el combate frontal a la trata, por la despatriarcalización de la sociedad y el estado, por la promoción y el respeto de los derechos reproductivos de la mujer peruana, por la desnaturalización del ámbito doméstico como “natural” o consustancial a la condición femenina, y por la promoción de la organización política de la mujer en todos sus niveles. Quien busque allí un culto a la identidad, políticas multiculturales de corte norteamericano, ancestralismo oenegeista o políticas de la diferencia, no va a encontrarlo: ni en el programa, ni en el partido, ni en el magisterio, ni en las Rondas Campesinas ni en sus bases sociales organizadas.
Pero resulta problemático, cuando no peligroso, comparar este programa -con más aciertos que yerros si consideramos su éxito electoral- con el del clan Fujimori, quienes ocultan aún la política eugenésica llevada adelante por su gobierno, el que según la investigación desarrollada entre 1996 y el año 2000 por una comisión del Congreso, habría impuesto la “anticoncepción quirúrgica” a través del Programa de Anticonceptivos Quirúrgicos Voluntarios (LCA), esterilizando de forma forzosa a 314.605 mujeres, la mayoría de ellas campesinas e indígenas.
En una nota de opinión reciente, escrita desde su breve escala en Lima tras ser deportado por el Estado colombiano, Juan Grabois adelantaba una consideración importante sobre la naturaleza de la fuerza social y política de Castillo y de los sectores progresistas representados por Verónika Mendoza y Juntos por el Perú: “Esta alianza presenta múltiples puntos de tensión pero también múltiples potencialidades porque, por primera vez, la alianza progre-popular la conducen los pobres.” Potencialidad que refiere no sólo a la capacidad de construir un programa de gobierno capaz de apalancar importantes transformaciones sociales en el Perú del bicentenario, sino también de aportar a la sutura entre una historia de fuerzas regionales/rurales/populares sin pregnancia en la decisiva capital, o de izquierdas y progresismos limeños vueltos de espaldas al Perú profundo y popular.
Además, esta alianza y su vector principal, son relevantes también si consideramos que en el 2020 UNICEF estimaba para este año una pobreza del 30 por ciento en la población general, y del casi 40 para la niñez y adolescencia, en un país con un 75 por ciento de informalidad y precarización laboral. Esto, sumado a la conocida riqueza hídrica, minera, pesquera e hidrocarburífera del Perú, explica el poder de convocatoria de una consigna en apariencia tan simple: “no más pobres en un país rico”. Las virtudes y errores de Castillo deben medirse entonces en función de su propia base social. “Artificios no” solía decir el amauta José Carlos Mariátegui, sepultado ayer en el Perú en las librerías izquierdistas y sus mesas de saldos, pero insospechadamente vigente y vivo en estos nuevos vuelcos de la historia.
3. La política de a caballo: nuevos outsider y viejos caudillos
Llegado cierto punto del ascenso del llamado “ciclo progresista y de izquierda en América Latina y el Caribe”, el continente vivió una suerte de estabilización: conservadora en su eje andino, en los países de la tambaleante Alianza del Pacífico, y progresista o de izquierda (en una amplia gama de tonalidades) en numerosos países de Sudamérica, Mesoamérica y el Caribe. Sus ejemplos paradigmáticos: el “oasis” chileno de un lado -no exento de procesos de movilización como las sucesivas rebeliones estudiantiles y las luchas mapuches en el wallmapu-, y la estabilidad macroeconómica y política de Bolivia en el otro lado del espectro político.
Dicha estabilidad hace tiempo que saltó por los aires: primero en las naciones que había sido protagonistas de importantes transformaciones sociales, por obra y gracia de sus propios yerros y vacilaciones, pero ante todo por la contraofensiva del imperialismo norteamericano y las derechas vernáculas, lo que derivó en triunfos conservadores en elecciones condicionadas por el lawfare o en golpes de Estado de blandos a duros, de militares a parlamentarios.
Lo que reina hoy es, más bien, la inestabilidad, transversal a todo el arco político, ante la creciente dificultad de gobernar sociedades neoliberales (porque eso son, sin importar cual sea el carácter de sus gobiernos) cada vez más violentas, desiguales, excluyentes y polarizadas, máxime si a las contradicciones precedentes sumamos el demoledor impacto de la pandemia, que implicó un retroceso global y simultáneo en casi todo los indicadores sociales (pobreza, desempleo, precariedad, informalidad, desigualdad, violencia, hambre, compulsión migratoria, etc).
Junto con sus fundamentos materiales, lo que ha saltado por los aires es la institucionalidad dominante, tanto la de las élites conservadoras, como la de las “élites” progresistas (se trata, claro, de una provocación). Esto, sumado a la propia radicalización endógena de las derechas latinoamericanas, ha generado una serie de procesos de-constitituyentes (que, formal o tácitamente buscan hacer tabula rasa con las conquistas del constitucionalismo de principios de siglo), así como la emergencia de nuevos liderazgos autoritarios (el resonar, de nuevo, de lo que Leopoldo Lugones supo llamar “la hora de la espada”) y el colapso o completo descrédito de instituciones como las judiciales o parlamentarias en varias de nuestras naciones. Algo conecta a figuras tan disímiles como las de Jair Bolsonaro en Brasil, Yaku Pérez en Ecuador, Pedro Castillo en Perú, Luis Fernando Camacho en Bolivia o los “independientes” en Chile: no se trata, evidentemente, de sus ideas, sus programas o los sujetos que representan, pero sí de su capacidad por interpretar y capitalizar el desgaste de sus respectivos sistemas políticos, y de ganar legitimidad como outsiders llamados a patear el tablero político.
La utilización, por ejemplo, de los Congresos como armas de guerra contra los ejecutivos nacionales, promoviendo destituciones y mociones de censura, han producido efectos muy dispares: desde despejar el camino para el gobierno de lo que hasta ese momento era apenas una figura pintoresca del bestiario conservador local en el país más extenso del continente (Bolsonaro), hasta abrir el camino para la irrupción de un maestro rural, ex rondero y sindicalista del interior del Perú (Castillo). Para orientarse en las aguas turbulentas de la política latinoamericana, parece importante convenir en el carácter de la crisis en curso, la cual no es sólo económica sino también política e institucional.
Quizás una de las imágenes más notorias del proceso electoral haya sido la de Castillo, este maestro rural que suele llevar sombrero y chicote, yendo a votar en una yegua encabritada. Y es que tal vez lo más singular de este outsider del siglo XXI es cuánto se parece a los caudillos del siglo XIX, lo cual nos lleva a preguntarnos cuánto se parece a sí misma la sociedad peruana, o cómo ha evolucionado de forma tan dispar una sociedad no solo surcada por el clivaje clasista y por el clivaje territorial Ande-Costa-Amazonía, sino también por el régimen más violentamente centralista que jamás ciudad-puerto alguna haya impuesto a su territorio circundante. Si a eso sumamos una larga historia de secular racismo, gamonalismo, servidumbre y pongueaje, podremos comprender cuántos Perús coexisten en el Perú.
Lo que explica a su vez el otro desconcierto recurrente de analistas externos al país (tanto los que viven fuera del país como algunos limeños, igualmente “externos”): el fracaso rotundo de todos los manuales consagrados del marketing y la comunicación política. Podía parecer evidente, pero no lo fue para todos, que el hecho de que fuera de Lima Metropolitana la conectividad a internet no llegará al 40 por ciento (y en algunas regiones en donde Castillo se impuso con holgura a mucho menos), darían otra centralidad y contundencia a viejas estrategias como las campañas de a pie o de a caballo, los mítines en las plazas de los pueblos, el uso de radios campesinas y populares, o el aún más antiguo boca-a-boca. Incluso, en el campo específico de las redes sociales, el eterno Twitter y los pujantes Tik Tok e Instragram, sucumbieron frente al regreso de un Facebook redivivo, que en muchos países de nuestro continente no ha perdido su centralidad ni un ápice.
4. El regreso de las masas: la democracia con apellidos
Sin duda, uno de los elementos más virtuosos de la llamada “primavera latinoamericana” fue la combinación de múltiples formas democráticas: liberales y procedimentales, si, pero también protagónicas y movilizacionales. El pueblo como ciudadanía y como masa. La urna y la calle: la urna para refrendar las calles, y las calles para proteger las urnas. En palabras de su más consecuente promotor, Hugo Chávez Frías: “No es lo mismo hablar de revolución democrática que de democracia revolucionaria. El primer concepto tiene un freno conservador; el segundo es liberador”.
Ahora bien, este aspecto fue uno de los primeros en estancarse e incluso retroceder: en algunos países el movimiento popular entró en un estado de letargo (como en Bolivia, uno de los hechos que según los propios dirigentes del MAS contribuyó a la eficacia del golpe), en algunos de produjo una mutación estructural de los sujetos protagónicos del ciclo precedente (como en el caso del movimiento piquetero argentino), mientras en otros estos parecen haberse desestructurado profundamente (como en Ecuador). Las últimas conquistas electorales, las del Frente de Todos en la Argentina y la del MORENA en México (no así en Bolivia, dado el protagonismo de los movimientos obreros y campesino-indígenas en la recuperación democrática), no se dieron, claramente, bajo “el signo de las masas” ni tras el impulso de grandes rebeliones sociales
Pero el caso de Castillo en el Perú, entraña, como en el estallido social chileno y su canalización constituyente, y en el portentoso paro nacional en Colombia frente a la crisis terminal del uribismo, el potencial regreso de las masas al centro de la escena política. No es casual que un proceso de movilización permanente haya acompañado estos días de vigilia ante el lento recuento electoral. Tampoco el que los Ronderos hayan movilizado a varios miles de personas, y amenazado con poner en acción a una base social estimada en unos 2 millones y medio de peruanos y peruanas. Tampoco la acción atenta, diligente y protagónica del magisterio en las mesas de votación más apartadas del país. Ni tampoco la presencia en la calle de una juventud urbana que ya estaba en ella, de forma intermitente, desde mediados del año 2018. Claro que en términos relativos, el movimiento social peruano es débil en comparación con el de sus países vecinos: sin embargo, es claro que está en marcha un proceso de repolitización creciente, sobre todo en las zonas rurales y en las nuevas generaciones de jóvenes.
Movilizar lo organizado, organizar lo desmovilizado, y tender puentes firmes que logren suturar la fractura entre el mundo rural y urbano y entre la izquierda popular y las clases progresistas urbanas, será fundamental en el tiempo por venir. De lo contrario, el ejercicio de una democracia meramente procedimental pronto se verá desbaratado por los poderes fácticos que concentran en torno de así al poder mediático (visible fue su actuación en la llamada “campaña del miedo”, al poder económico (cuyas maniobras de terrrosimo financiero como la caída de los valores de la bolsa y le devaluación del sol peruano recién comienzan) y al poder parlamentario (con la unidad de las bancadas conservadoras en un congreso fragmentado en donde Perú Libre será apenas la primera minoría).
Por estas horas, el establishment peruano se debate entre al menos tres estrategias. En primer lugar el golpismo sin atenuantes, lo que explica el “ruido de sables” que se escuchó en las últimas horas y llevó al Ministerio de Defensa a reiterar lo que debería ser obvio: el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y su no derecho a la intromisión en los resultados electorales. En segundo lugar, la guerra de asedio y desgaste, con la acción concertada de las corporaciones mediática, judicial y parlamentaria, que buscarán imponer al presidente electo una nueva moción de censura en continuidad con los últimos años de intrigas palaciegas. Y en tercer lugar, y no menos probable, la estrategia de “canibalización” de Castillo y Perú Libre, por la cual candidatos que llegaron al poder con programas populares como los de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, acabaron siendo cooptados por las élites gobernantes. Frente a todas estas estrategias, será fundamental el ejercicio de una democracia “con apellidos”, popular, protagónica, organizada y con pueblo en la calle, tal como la que viene enseñando en su campaña este maestro de a caballo.
Lautaro Rivara. Sociólogo, periodista y analista.
Blog del autor: https://todoslospuentes.com/
Castillo no lo tendrá fácil para gobernar en Perú
Castillo no lo tendrá fácil para gobernar en Perú
hace 3 horas
Pedro Castillo, candidato a la presidencia de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 11.06.2021
© REUTERS / Angela Ponce
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Pedro Castillo no tendrá nada fácil convertirse en el próximo presidente de la República de Perú y dirigir el destino de su país. Aunque el candidato izquierdista lidera los resultados de los comicios con el 50,2% de los votos, alcanzado ya el 99,99% del escrutinio, el maestro de escuela todavía no ha sido proclamado vencedor oficial.
Y el veredicto final se retrasará quizás algunos días más.
Su oponente, la aspirante derechista Keiko Fujimori se quedaría en el 49,7% de los sufragios, según informa la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desde su portal virtual, en referencia a la segunda vuelta del 6 de junio.
El margen entre ambos llegaba a las 70.000 votos, y el partido de Fujimori, Fuerza Popular, estaba tan desesperado por variar el resultado que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la petición de anular 200.000 votos, aproximadamente, pertenecientes a 802 mesas a nivel nacional. Si esas impugnaciones fueran admitidas a trámite, las papeletas afectadas deberían ser retiradas del recuento final.
Impugnaciones
El propio presidente del organismo electoral peruano, Jorge Salas, calificó de "extraordinario" esa solicitud de nulidad presentada por los abogados de Fujimori.
Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori gestures towards followers from a building in Lima, Peru - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2021
Salas señaló que en las presidenciales de 2011 solo se presentaron dos pedidos de nulidades, mientras que en los comicios de 2016 aumentaron a casi una treintena, lo que supone una "diferencia importante" respecto a la situación actual. "El sistema electoral peruano está pensando para cosas de muy poca dimensión en relación a los recursos impugnativos. Lo que está pasando ahora es extraordinario", subrayó el alto funcionario.
Según aclaró Salas, las impugnaciones deben pasar primero por los jurados electorales especiales, que tardarían unos tres días en convocar audiencias y otros tres días en ofrecer su respuesta. Prácticamente una semana de espera. Y ahí no acabaría el proceso, porque solo entonces llegarían a la JNE, órgano que tendría otros plazos para dictar su resolución.
En otro orden de cosas, Salas lamentó el "mal favor" que se hace a la democracia peruana "al hablar de fraudes que no existen", refiriéndose a la denuncia de Fuerza Popular sobre un presunto "fraude en mesa".
"El fraude implica un concierto de voluntades orquestado, planificado y ejecutado desde adentro y con el ánimo de causar una decisión torcida, de afectar la voluntad popular y eso no existe, eso no se ha visto, eso no sucede. Eso no está sino en la febril imaginación de alguien", declaró Salas en una entrevista a la emisora RPP.
Estrategia fujimorista
¿Cuál es la estrategia que subyace bajo esta maniobra fujimorista? "Parece apuntar a que se cumpla la autoprofecía de los desmanes en las calles que se esfuerzan en provocar, sin evaluar los trágicos resultados que podrían desencadenarse". Así de contundente se expresaba en un reciente artículo editorial el diario limeño La República.
"Es el momento de poner paños fríos a esta irresponsable y temeraria denuncia", añadió el rotativo progresista, máximo competidor del periódico El Comercio, de tendencia conservadora y decano de la prensa de Lima, la capital peruana.
Pese a la denuncia de Fujimori, los observadores internacionales que supervisaron la marcha de las votaciones no encontraron pruebas de un fraude masivo, aunque sí algunas "irregularidades aisladas". Después de destacar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales del proceso, el jefe de los observadores enviados por la Organización de Estados Americanos (OEA), Rubén Ramírez, felicitó al pueblo peruano y reconoció el esfuerzo de las autoridades peruanas "por la organización de un proceso de gran complejidad, marcado por la pandemia y la polarización política".
A la misma conclusión exitosa y correcta llegaron los delegados de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).
Un simpatizante de Pedro Castillo con un muñeco del candidato presidencial - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2021
América Latina
El abrazo progresista de Latinoamérica a la victoria de Pedro Castillo en Perú
hace 24 horas
Salvo giros inesperados, Castillo parece destinado a sustituir a Francisco Sagasti en la Jefatura del Estado, pero tendrá que enfrentarse a un Congreso muy fragmentado, donde persiste una importante presencia de partidos de derecha, a pesar de que su formación, Perú Libre, haya sido la que más actas de diputado ha conseguido —37—, seguido de Fuerza Popular, que se quedó con 24 representantes.
Perú Libre está bastante lejos de la mayoría absoluta —66— de los 130 escaños totales del Parlamento para acometer cambios de gran calado.
Un gobierno de cambios y retos
El propio Castillo ve necesario cambiar la Constitución y abrir un periodo constituyente, pero necesitará echar mano del diálogo y la negociación para avanzar en su ambicioso programa bolivariano y sindicalista. Incluso el Legislativo saliente, dominado todavía por los sectores fujimoristas —73 diputados—, parecía dispuesto a morir matando, pues se apresuró a votar a favor de una serie de reformas constitucionales que buscaban debilitar la figura presidencial y que provocaron comentarios de preocupación por parte de Sagasti.
"Seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la Constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica", anunció el candidato de izquierdas cuando los guarismos se decantaban por su nombre, queriendo calmar los nervios de los mercados y de sus aliados internos.
Los retos que tiene Castillo por delante son colosales, entre ellos reducir la desigualdad y el desempleo. Los efectos de la pandemia han sido terribles en este país andino de 33 millones de habitantes, pues la pobreza aumentó nada menos que un 9%, hasta alcanzar a un tercio de la población del Perú. El paro es otro asunto extremadamente delicado ya que solo el año pasado 2,3 millones de personas perdieron su trabajo.
Castillo tendrá poco margen de maniobra, pero debería aumentar la inversión pública y fomentar de esa manera la capacidad de uno de los motores de la economía nacional. Los primeros pasos que dé serán determinantes para fijar el rumbo de su política macroeconómica. Mucho dependerá de a quién nombre como ministro de Economía y Finanzas y de a quién designe como presidente del Banco Central de Reserva.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
América Latina
Elecciones generales en Perú (2021)
Perú: aumenta la tensión ante la indefinición electoral
Perú: aumenta la tensión ante la indefinición electoral
hace 9 horas (actualizado: hace 9 horas)
Manifestaciones en Perú - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2021
© REUTERS / Sebastian Castaneda
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Aún no existe el resultado de la elección presidencial en Perú luego de tres días de haberse realizado los comicios. Los números, ya irreversibles según varios análisis, afirman que el ganador ha sido Pedro Castillo. Keiko Fujimori, su contrincante, optó el 9 de junio en la noche por pedir la anulación de 802 actas.
Keiko Fujimori pidió la anulación de 802 actas de votación el miércoles en la noche. "Representan aproximadamente 200.000 votos", afirmó en la rueda de prensa, la segunda ofrecida para denunciar lo que sería, según ella, un fraude realizado en las elecciones del pasado domingo 6de junio.
Sus declaraciones ocurrieron con el 99% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y lo que sería la confirmación de la victoria de Pedro Castillo que, con alrededor de 70.000 votos más, resulta irreversible según varios análisis.
La candidata de Fuerza Popular sostuvo que "cuando estas acciones de nulidad sean admitidas, deben ser retirados del recuento final del Jurado Nacional de Elecciones [JNE]". Es decir que, según su anuncio, 200.000 votos, en su mayoría favorables a Castillo, deberían ser restados del resultado final, es decir del total de votos de su contrincante que podría, en ese marco, quedar en segundo lugar.
Esos 200.000 votos no serían los únicos en poder modificarse. Según Fujimori, se sumarían a los 300.000 votos provenientes de las 1.200 actas en observación por parte del JNE. "Si sumamos 802 mesas en las que se ha presentado solicitud de nulidad que representan 200.000 votos y le agregamos las 1.200 actas observadas que representan 300.000 votos, aquí todavía está en juego 500.000 votos que creemos que es fundamental que se analicen para el recuento final", afirmó.
Las reacciones
El anuncio de Fujimori desató numerosas reacciones contrarias en redes sociales. En primer lugar, porque su compromiso del día domingo de las elecciones había sido el de respetar los resultados. "No sabemos cuál va a ser el resultado, pero sea cual sea, primero ratificar nuestro compromiso de respetar la voluntad popular", afirmó, por ejemplo, en el desayuno con su familia en un barrio popular limeño.
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En segundo lugar, porque su pedido de anular 200.000 votos implica el intento de restarle los votos a Castillo, para así atribuirse la victoria. "Lo que está haciendo Keiko Fujimori no tiene precedentes en la historia del Perú, pretender anular 802 mesas electorales, en las localidades donde el Perú entero sabe que arrasó su contendor", afirmó, por ejemplo, Patricia Arévalo, usuaria de Twitter, en el marco de una multiplicación de mensajes contra la dirigente de Fuerza Popular.
Las reacciones contra Fujimori se debieron a que su denuncia fue considerada como una maniobra desesperada y sucia similar a las elecciones del 2016. En aquella oportunidad, ante su derrota en segunda vuelta contra Pedro Pablo Kuczynski, también había decidido no reconocer el resultado, lo que se tradujo luego en la inestabilidad política que tuvo, entre otras consecuencias, el paso de cuatro mandatarios en cinco años de gobierno.
Quien se expresó ante la nueva denuncia de fraude fue Castillo: "agradezco a quienes siguen resistiendo en las calles. No caigamos en provocaciones de quienes quieren ver este país en el caos. Por ello, hacemos un llamado de paz".
Las palabras del candidato de Perú Libre fueron comunicadas mientras se llevaba adelante una nueva vigilia frente a su local de campaña, en Lima, por cuarta noche consecutiva.
"Keiko Fujimori, con todo el poder que tiene detrás, con el poder de los empresarios, el dinero del narcotráfico, todo el bufete de abogados que tiene, está intentando destruir la decisión popular, está intentando realmente destruir la democracia. Hay un peligro por parte de la derecha, pero sabemos que el pueblo puede más, por eso estamos haciendo resistencia, para hacer valer nuestros votos", afirmó desde allí Melissa Becerra, estudiante de arquitectura.
Melissa Becerra en la vigilia en apoyo a Pedro Castillo - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2021
Melissa Becerra en la vigilia en apoyo a Pedro Castillo
© Sputnik / Marco Teruggi
Los argumentos del fraude
El 9 de junio era el último día para presentar los recursos de nulidad de actas. Fujimori ya había denunciado el 7 de junio un denominado "fraude en mesa", es decir, según su explicación, ejecutado por Perú Libre. Es proceso habría sido "planificado y sistemático".
Durante la rueda de prensa del miércoles 9, Miguel Ángel Torres, vocero de Fuerza Popular, explicó el proceso a través del cual el partido que llevó a Castillo "habría vulnerado el sistema electoral".
Según su explicación, dentro de las 802 actas:
503 tendrían "falsificación de firmas de miembros de mesa", es decir que las firmas allí puestas no corresponderían con aquellas consignadas en el documento de identidad.
132 actas, a su vez, habrían tenido "irregularidades al momento de consignar la votación dentro del acta", es decir que los números de votos marcados no corresponderían con la realidad ya que, según explicó, sería imposible que, como ocurrió en algunas mesas, Fuerza Popular no tuviera un solo voto.
65 actas deberían ser anuladas debido a la conformación de los miembros de mesa. Según Fuerza Popular, se habría dado el caso de parientes en una misma mesa, producto de la acción de fraude de Perú Libre.
Las pruebas presentadas por Fuerza Popular fueron pocas respecto a la gravedad de la denuncia. Esa insuficiencia ya había sido señalada luego de la rueda de prensa del 7 de junio, tanto por la prensa nacional como por la internacional, donde, el Washington Post, por ejemplo, se refirió a las "acusaciones infundadas de fraude electoral".
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Algunas de esas pruebas del 7 de junio fueron inclusive refutadas. Una de ellas fue que una mesa de votación en la ciudad de Puno había sido "copada" por tres miembros de una misma familia, acusación hecha debido a que llevaban el mismo apellido. El señalamiento fue rápidamente desmentido por la misma ONPE que afirmó que las tres personas habían sido elegidas por sorteo, y, los mismos acusados negaron ser parientes y anunciaron que iniciaron un proceso contra Fujimori.
La tensión creciente
Perú se encuentra en un momento de tensa e incierta calma. Una mayoría reconoce que Castillo ganó las elecciones presidenciales, tanto dentro como fuera del país como el caso de Evo Morales, el poder electoral no ha dado fecha de cuándo sería anunciado el resultado oficial, y las denuncias de Fujimori podrían retrasar los tiempos del conteo final.
Nadie sabe cuándo estará entonces la definición de una contienda que tiene al país en vilo. Las radios en los autos actualizan en permanencia los números y noticias al respecto, y, en la mayoría de los canales de televisión continúa un tratamiento mediático contrario a Castillo.
Pedro Castillo, candidato a la presidencia por Perú Libre, en su cierre de campaña electoral - Sputnik Mundo, 1920, 09.06.2021
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Perú Libre llama a la calma ante intentos del fujimorismo de crear "caos" en balotaje
hace 17 horas
En ese marco han ocurrido rumores y especulaciones, como posibilidades de un golpe de Estado, algo que el mismo Ministerio de Defensa debió negar públicamente, "frente a la difusión en redes sociales con llamados a la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos netamente electorales o políticos". El ministerio ratificó en el comunicado que las Fuerzas Armadas "no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional".
Las preguntas sobre cuál sería el plan de Fujimori se dan en un contexto de movilizaciones tanto de quienes respaldan a Castillo, como, en menor medida, de quienes defienden a Fujimori. "Apoyo a Fujimori porque es un partido de derecha anti-comunista, por eso apoyo, he votado por ella pensando en Perú, en la paz del país, en mi familia", afirmó, por ejemplo, Marilú Pita Arriarán, venida a Lima desde la frontera entre Perú y Brasil para respaldar a la candidata de Fuerza Popular.
Marilú Pita Arriarán, en respaldo a Keiko Fujimori - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2021
Marilú Pita Arriarán, en respaldo a Keiko Fujimori
© Sputnik / Marco Teruggi
Quienes se movilizan por Fujimori están convencidos que ha existido un fraude contra su candidata. Quienes respaldan a Castillo afirman que Fujimori intenta realizar un fraude para robarle la victoria a Castillo. Las acusaciones cruzadas, las movilizaciones, la poca comunicación por parte del poder electoral respecto a los tiempos, la posible prolongación de este escenario, mantienen al país en un suspenso marcado por una tensión que podría escalar.
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