China, El regreso de una superpotencia

China El regreso de una superpotencia Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone Por Juan Vázquez Rojo | 06/04/2021 | Mundo Fuentes: Ctxt El orden mundial de posguerra liderado por Estados Unidos podía aceptar la integración periférica de Pekín en el capitalismo global, pero tienen grandes dificultades para encajar al país asiático como gigante tecnológico. En los últimos treinta años, mientras China era la “fábrica del mundo”, con un papel periférico y funcional a la globalización liderada por Estados Unidos, las fricciones entre ambos países eran menores. Sin embargo, en la actualidad la situación es muy distinta, ya que el país asiático ha iniciado un cambio en su modelo de crecimiento económico que está provocando grandes tensiones con Washington. Concretamente, el proceso de transición económica de China pasa por cambiar su rol de “fábrica del mundo” al de superpotencia tecnológica. Este fenómeno está reconfigurando el capitalismo mundial, situación que Estados Unidos percibe como una amenaza para su hegemonía. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La mayor economía durante gran parte de la historia La visión eurocéntrica distorsiona la forma en la que observamos y describimos el mundo, algo que se plasma en los términos en los que interpretamos lo que ocurre en China. De hecho, una muestra de los límites de nuestra cosmovisión es clasificar al país asiático como “emergente”, pues China ha sido una de las economías más grandes del mundo durante los últimos 2.000 años. Más bien, el crecimiento del país en los últimos treinta años ha sido la vuelta a su papel más frecuente: el de superpotencia económica. La economía china ejercía como motor de redes comerciales a larga distancia siglos antes de que portugueses, holandeses y británicos tomaran el control del intercambio entre Oriente y Occidente. Los productos chinos solían ser la vanguardia tecnológica del mundo y los europeos no fuimos capaces de reproducir estas manufacturas hasta siglos después. En la actualidad, en Occidente nos sorprendemos con la escala de la fabricación china como si fuera algo nuevo, pero en realidad es solo una vuelta a la norma histórica. Imagen Figura 1: Porcentaje de participación en el PIB Fuente: Visualcapitalist Sin embargo, después de quedarse fuera del epicentro de la I y II Revolución Industrial y con la derrota de la dinastía Qing por los británicos en la I Guerra del Opio (1839-42) el equilibrio de poder viró hacia Occidente. A partir de este momento, China entraría en el Siglo de Humillación (1839-1949) en el que el país atravesaría una época de decadencia económica, política, tecnológica, cultural y social, subordinada al imperialismo occidental, ruso y japonés. Después de cien años de desórdenes económicos, territoriales, sociales y políticos, con el final de la Guerra Civil y la llegada al poder del Partido Comunista de China (PCCh) en 1949, la unificación del país sería un hecho. En este contexto, durante los treinta primeros años de la República Popular De China, se formó una economía socialista planificada al estilo soviético, se colectivizó la propiedad agraria y se consiguió una rápida industrialización del país. Así, pese a la convulsión que supuso el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, se revirtió la fuerte decadencia previa, sentando las bases políticas y económicas que permitirían la gran expansión en las siguientes décadas de la reforma. Durante esta etapa (1949-1978), el modelo chino de planificación central aseguraba la distribución igualitaria del excedente, pero suponía un freno para la expansión de la productividad, a lo que se sumaba el limitado acceso a tecnología externa por la difícil situación geopolítica del país asiático. Partiendo de este contexto, con la llegada de Deng Xiaoping al poder en 1978, se inicia el proceso de reforma y apertura al capitalismo global coincidiendo con los primeros impulsos de la globalización. Las autoridades chinas comenzaron una reforma en la que se caminaría desde la planificación de la economía a la inclusión progresiva de elementos de mercado, con el objetivo de mejorar la productividad en el sector agrícola y el industrial. Además, se promovió la flexibilización de las restricciones al comercio exterior y la creación de Zonas Económicas Especiales en la costa sur para atraer inversión extranjera directa a través de la cual se tendría acceso a tecnología extranjera. Figura 2: Comercio exterior como porcentaje del PIB Fuente: Banco Mundial Las ciudades costeras vivieron un proceso de rápida industrialización y se nutrían de mano de obra barata que provenía de las zonas rurales. Debido a la existencia de permisos de residencia urbanos (hukou), la mayor parte de población proveniente del campo se establecía en las ciudades sin derechos laborales ni acceso a servicios sociales, educación, sanidad, prestaciones por desempleo, pensiones, etc. Esta situación permitía a las empresas producir con costes laborales muy reducidos y elevados beneficios, lo que creaba un entorno muy atractivo para que empresas multinacionales deslocalizasen parte de su producción y así exportar productos de bajo valor añadido. Como la mayor parte de los beneficios eran reinvertidos y la rápida urbanización empujaba la construcción de infraestructuras, las tasas de inversión de la economía china se convirtieron en el motor del PIB junto a las exportaciones. De esta forma, en pleno auge de la globalización, el modelo de crecimiento convirtió al país en la fábrica del mundo, algo que terminó por impulsarse con la entrada en la OMC en el año 2001. En total, el PIB chino crecería de media un 10% anual entre 1980 y 2007, aunque con un peso del consumo muy reducido (véase figura 3) y gran dependencia de la elevada inversión (40,4% del PIB en 2007) y el comercio exterior (62,2% en el 2007, como se muestra en la figura 2). Además, ante los salarios reducidos y la débil red social del país, la tasa de ahorro era relativamente alta (49% del PIB en 2007). Figura 3. Consumo final (% del PIB) Fuente: Banco Mundial Con todo, el modelo de crecimiento empezaba a mostrar sus límites a mediados de la década de los dos mil. Sumado a los niveles de desequilibrio entre consumo en inversión, el incremento de los costes salariales a tasas superiores a la productividad comenzó a afectar a la competitividad de la economía china, erosionando también la rentabilidad de las inversiones. Además, la reducción de la migración del campo a la ciudad afectaría a la inversión en infraestructuras, muy vinculada al crecimiento de las ciudades. A esto se suman los niveles de contaminación y de desigualdad, que comenzaban a ser un problema grave. Concretamente, en 2007 el índice de GINI era de 0,48 puntos y los ingresos de la población urbana eran 3,33 veces los de la rural. El cambio de modelo de crecimiento La crisis mundial de 2008 supuso un punto de inflexión para las autoridades chinas a la hora de acelerar una modificación de los patrones de crecimiento, además de constatar que el país no podía depender tanto del exterior. No obstante, el agotamiento del modelo basado en la inversión y las exportaciones ha sido un debate que ha estado presente desde antes de la crisis económica del 2008 y que sigue muy presente a día de hoy. De hecho, antes de 2008, Wen Jiabao y Hu Jintao iniciaron el proyecto de “Sociedad Armoniosa” y “Desarrollo Científico”, que tenía como objetivos conseguir un mejor reparto de la riqueza y escalar en la cadena global de valor. Del mismo modo, como marco de actuación tras la crisis la covid-19 y el conflicto con Estados Unidos, Xi Jinping ha propuesto el nuevo plan Dual Circulation, en el que se hace explícita la necesidad de depender menos del exterior y producir la mayor parte de los bienes intermedios en el interior del país, además de aumentar el consumo interno. Esta estrategia también se ha plasmado en el XIV Plan Quinquenal aprobado en marzo de 2021. Por tanto, durante más de una década, el Gobierno ha reconocido la necesidad de un cambio de modelo para transitar a uno en el que el consumo interno y la producción de alto valor añadido tengan más peso. Además, este cambio podría mejorar la calidad de vida de la población china, lo que generaría una mayor estabilidad social y política. Sin embargo, atendiendo a la evolución desde 2007, la economía china ha iniciado la transición con grandes dificultades. Figura 4: Distribución del PIB entre sectores de actividad Fuente: Statista Como se muestra en la figura 4, resulta evidente que la economía está transitando de tal forma que el sector servicios tiene más peso y la industria y la agricultura menos. Por otra parte, aunque se han reducido la dependencia del comercio exterior (figura 2), el peso del consumo sigue siendo muy reducido en comparación con otros países (figura 3) y la inversión ha aumentado hasta el 43,1% del PIB en 2019. Además, el índice de GINI sigue siendo muy elevado (0,46) pese a la mejora de la participación salarial en el PIB y a que la brecha salarial del campo/ciudad se ha reducido hasta 2,71 veces en 2017. Las contradicciones en el cambio de modelo, así como la lenta transición, se explica por diversos factores. En primer lugar, al igual que en la crisis de 2008, como medidas para fomentar la recuperación ante la crisis derivada de la covid-19 se han promovido políticas que impulsan la inversión en infraestructuras, incentivando los mecanismos del modelo que se pretenden reequilibrar. En segundo lugar, existen grandes resistencias por parte de las burguesías exportadoras urbanas y los gobiernos locales ante este cambio, ya que, en gran medida, se siguen beneficiando de los mecanismos de crecimiento clásicos. En tercer lugar, como veremos a continuación, el cambio de modelo de China modifica su rol en el capitalismo global, lo que genera grandes tensiones, sobre todo con Estados Unidos. El cambio del rol de China en el capitalismo global Además de los cambios a nivel interno, desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2013, el papel de la potencia asiática en el mundo es cada vez más activo, reflejo de la transición del rol de China en el capitalismo global. En este sentido, dos de los proyectos más importantes de la etapa de Xi Jinping son el Made In China 2025 y el Belt and Road Iniciative (BRI). Ambos han tenido implicaciones internacionales de calado y han sido vistos como una amenaza por parte de Estados Unidos. Por un lado, el plan Made in China 2025, iniciado en 2015, tiene como objetivo convertir al país asiático en el líder de producción de bienes de alta tecnología y reducir su dependencia del exterior, produciendo internamente el 70% de los materiales necesarios antes de 2025. Concretamente, de conseguir las metas señaladas en el plan, China se convertiría, en 2025, en el líder de las manufacturas en telecomunicaciones, ferrocarriles y energía eléctrica y ocuparía el segundo o tercer lugar en las industrias de robótica, automatización de alta gama y vehículos de nueva energía. Este proyecto ha tenido un gran peso en las tensiones geopolíticas con Estados Unidos, ya que la competencia en la producción de bienes de alta valor añadido supone una amenaza para la hegemonía estadounidense, además de una reforma de las cadenas globales de valor. Figura 5: Propietarios de patentes 5G (porcentaje sobre el total) Fuente: Elaboración propia a partir de Kim et al. (2020) Por otro lado, el proyecto del Belt and Road Iniciative (BRI) consiste en la construcción de un corredor económico terrestre a lo largo de la antigua Ruta de la Seda que conecta el oeste de China a través de la región central de Asia, Oriente Medio, Europa Oriental, Meridional y Occidental, y el cinturón económico marítimo que une la costa sudeste de China con el sudeste y el sur de Asia, los estados del Golfo, el este de África y Europa. Dentro del BRI se ha incluido también la Digital Silk Road, inversiones y acuerdos comerciales relacionados con infraestructura digital y datos. En general, este proyecto iniciado en 2013 permite a China un incremento de las relaciones económicas y diplomáticas, impulsando inversiones en las que participan sus empresas, lo que alivia parte del problema de sobrecapacidad. Además, permite aumentar los lazos diplomáticos con terceros países y crea un nuevo contexto geopolítico de relaciones centradas en Pekín. Por otra parte, el BRI permite generar demanda externa para solventar el problema de sobrecapacidad de la economía china, crear rutas de importación seguras de energía e impulsar el desarrollo del oeste del país. Además, los proyectos de infraestructura realizados por empresas del país asiático en terceros países utilizan tecnología y estándares chinos, lo que crea una dependencia futura para la expansión o renovación de dichas construcciones. Con todo, además de su papel diplomático, el BRI funciona como palanca para sostener su modelo de crecimiento impulsado por la inversión, evitando la necesidad de reducir la capacidad de muchas empresas y los consecuentes cierres y despidos que eso generaría, además de exportar la tecnología y los estándares chinos. La nueva superpotencia El rol de China en el capitalismo global como fábrica del mundo, exportando bienes de bajo valor añadido, era compatible y complementario con la hegemonía de EE.UU. y un enclave fundamental en la globalización comercial y financiera. De hecho, los dirigentes estadounidenses consideraban que la inserción de Pekín en el capitalismo global haría que su sistema político convergiese con el de las llamadas democracias liberales occidentales. Sin embargo, con el cambio de modelo, China está consiguiendo ascender en la escala global de valor compitiendo de tú a tú en ramas de alta tecnología con las economías centrales (EE.UU., Europa y Japón), como puede ser en Inteligencia Artificial o en 5G (la figura 5 muestra como Huawei encabeza las patentes de 5G). Dadas las dimensiones económicas que ha alcanzado el país asiático, la estrategia de Xi Jinping provoca que Estados Unidos vea amenazada su posición de potencia hegemónica, pues tecnologías como el 5G o la IA serán el centro de la IV Revolución Industrial y el país que lidere su desarrollo será uno de los centros de acumulación de capital en la nueva etapa del capitalismo global. De hecho, este es uno de los puntos clave para explicar la guerra tecnológica entre ambas potencias. La carrera por liderar el desarrollo de nuevas tecnologías pasa por marcar los estándares y normas, además de copar las instituciones multilaterales que las desarrollan. Esta batalla se convierte en un juego de suma cero, pues la tecnología que llegue primero se convertirá en estándar internacional, por lo que el resto de los países tendrán que adaptarse a las reglas del juego del país líder. La estrategia de EE.UU., tanto con Trump como con Biden, pasa por contener el ascenso de China. La ofensiva de Washington tiene como objetivo bloquear el acceso de Pekín a productos clave (como los semiconductores), además de impedir que la tecnología china (como el 5G) se expanda a nivel mundial. Ante esto, China ha acelerado su estrategia por la autonomía: depender menos del exterior en la producción de componentes clave, algo que se ha plasmado en el XIV Plan Quinquenal (2021-2025). Derivado de lo anterior, los roles de las principales potencias están en pleno proceso de reconfiguración, en el que cada vez destacan más las políticas que buscan la autonomía estratégica. Es decir, más que en un desacoplamiento o una desglobalización, los principales países o regiones (China, EE.UU. o la UE) intentan conseguir una menor dependencia externa en tecnologías clave y tener más margen de maniobra en la toma de decisiones. En definitiva, mientras el centro de gravedad económico se desplaza a Asia, el edificio multilateral representa una correlación de fuerzas obsoleta. El orden mundial de posguerra liderado por Estados Unidos podía aceptar la integración periférica de Pekín en el capitalismo global, pero tienen grandes dificultades para encajar a China como superpotencia tecnológica. En este sentido, cada vez nos alejamos más de las pautas que reinaron durante la etapa de globalización y nos adentramos en la era de la autonomía estratégica. Juan Vázquez Rojo es economista, docente e investigador. Fuente: https://ctxt.es/es/20210401/Politica/35454/Orden-mundial-China-potencia-mundial-Estado-Unidos-Capitalismo-Pekin.htm

Gladiadores rebeldes

Gladiadores rebeldes Por David Brooks | 06/04/2021 | EE.UU. Fuentes: La Jornada Tal vez por la carencia de políticos que ameritan ser llamados héroes, gladiadores del mundo de deportes suelen ocupar ese vacío en el ámbito público de Estados Unidos. La decisión, la semana pasada, por las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) de trasladar su Juego de las Estrellas anual fuera del estado de Georgia fue respuesta a la aprobación de una ley estatal para suprimir el voto, sobre todo el de las minorías, uno de unos 250 proyectos de ley e iniciativas estatales y locales alrededor del país para controlar las elecciones y protegerlas de la voluntad popular. Que una asociación de los dueños millonarios de equipos de beisbol profesional se vio obligada a tomar esa decisión es algo sin precedente en décadas recientes. No cabe duda de que fue tomada, sobre todo, por intereses de negocio (vale señalar que empresas nacionales con sede en Atlanta, como Coca-Cola y Delta, finalmente también fueron obligados a denunciar la nueva ley). Pero ese cálculo de negocio es resultado de cambios impulsados por movimientos sociales que ahora, tal vez más que nunca, incluyen a cada vez mas gladiadores del mundo del deporte. En las semanas antes de la elección nacional de noviembre de 2020, las jugadoras del equipo profesional de basquetbol femenil Atlanta Dream, enfurecidas por las declaraciones derechistas y racistas de la co-dueña del equipo, la senadora federal Kelly Loeffler, hicieron campaña y hasta se pusieron playeras a favor de su contrincante demócrata, el reverendo Raphael Warnock –líder afroestadunidense de derechos civiles– contribuyendo a su triunfo, lo que fue clave en trasladar el control del Senado a los demócratas. Mas aún, Loeffler se rindió ante la pre-sión de las jugadoras y sus fans y vendió el equi-po a un grupo que incluye a su estrella y activis-ta social Renee Montgomery quien ahora es vi-cepresidenta del Dream. Esa debería ser la nota mas grande del mundo del deporte, afirmó Dave Zirin, el editor de deportes de The Nation. Mucho de este cambio es reciente y mucho tiene todo que ver con Black Lives Matter, el movimiento de protesta más grande en la historia del país. De repente, el lema Black Lives Matter se ha vuelto etiqueta oficial en las arenas de basquetbol y futbol americano como en algunas canchas de futbol soccer gracias al liderazgo de la estrella Megan Rapinoe de la selección nacional estadunidense, entre otras. La participación y expresión de atletas profesionales en el ámbito político llegó a tal nivel que la revista premier del mundo de los deportes, Sports Illustrated, otorgo su premio como figura deportiva de 2020 no a un superestrella, sino a el atleta activista. Hubo acciones novedosas, incluyendo huelgas por algunos atletas y hasta equipos enteros de basquetbol como parte de la expresión de Black Lives Matter, como iniciativas de alto perfil para promover el voto encabezados por estrellas del NBA como Lebron James, y por otro lado nuevas alianzas encabezadas por agrupaciones indígenas para cambiar nombres considerados racistas de algunos equipos, por ejemplo los Pieles Rojas de Wa-shington que ahora sólo se llama el Washington Football Team mientras busca nuevo nombre. El fenómeno de atletas como héroes en la política tiene una larga historia, desde figuras legendarias como Jesse Owen, Jackie Robinson y Hank Aaron, a Muhammad Ali, a John Carlos y Tommie Smith levantando sus puños en las Olimpiadas del 68 en México, a Colin Kaepernick quien inició la protesta de hincarse durante el himno nacional y fue exiliado de la NFL por su desafío. Hoy día, eso del pan y el circo podría estar cambiando con movimientos por justicia económica y social, generando una creciente alianza entre gladiadores en las arenas y gladiadores en las luchas sociales. el 4 de abril fue aniversario del asesinato de Martin Luther King, en 1968, durante su campaña de apoyo para la justicia económica de trabajadores sanitarios en Memphis: Ben Harper: Like a King/I’ll Rise https://www.youtube.com/watch?v=xFle2FNHASs Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/04/05/opinion/023o1mun

El plan de Biden para América Central y la externalización de la política de “control de las migraciones”

El plan de Biden para América Central y la externalización de la política de “control de las migraciones” Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone Por Aviva Chomsky | 06/04/2021 | EE.UU. Fuentes: A l'encontre Tanto las administraciones demócratas como las republicanas dieron una respuesta tercerizada y militarizada a la inmigración y trataron de vender su programa con promesas de ayuda para el desarrollo económico de Centroamérica. Joe Biden llegó a la Casa Blanca con posiciones ambiciosas pero contradictorias sobre la inmigración y Centroamérica. Había prometido revertir las políticas draconianas antiinmigración de Donald Trump, pero al mismo tiempo restaurar, a través de su «Plan para construir seguridad y prosperidad en asociación con los pueblos de Centroamérica», el «liderazgo de Estados Unidos en la región» que, según él, Trump había abandonado. Sin embargo, para los centroamericanos ese «liderazgo» tiene una connotación preocupante. Aunque la segunda parte del título de su plan haga referencia a organizaciones de izquierda como el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES, https://www.cispes.org), su contenido destaca una versión de la seguridad y la prosperidad en la región que suena más a Guerra Fría que a CISPES. En lugar de la solidaridad (o incluso el trabajo conjunto) con Centroamérica, el plan de Biden en realidad promueve un viejo modelo de desarrollo económico que benefició durante mucho tiempo a las corporaciones estadounidenses. También busca imponer a los habitantes de la región una versión claramente militarizada de la «seguridad». Por otra parte, aspira a incentivar a los gobiernos centroamericanos y en particular a sus ejércitos, a frenar la emigración mediante la represión. Vincular la inmigración y la política exterior La más clara declaración sobre los objetivos del presidente para América Central aparece en su «Ley de Ciudadanía Americana de 2021», enviada al Congreso el 20 de enero. La propuesta es un conjunto de cambios que tienen como objetivo eliminar las deportaciones racistas del presidente Trump, restaurar el derecho de asilo y abrir un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía para la población inmigrante. Después de la política antiinmigrante de los últimos cuatro años, la propuesta de Biden debería ser ampliamente aceptada. En realidad, sigue los pasos de los anteriores compromisos bipartidistas «integrales» como la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y un proyecto de ley fracasado en 2013, que incluían una vía de acceso a la ciudadanía para muchos inmigrantes indocumentados, a la vez que le dedicaban importantes recursos a la «seguridad» de las fronteras. Si se analiza con atención, una parte importante de la propuesta de inmigración de Biden se centra en la idea de que si se abordan las causas profundas de los problemas de Centroamérica se reducirá el flujo de emigrantes hacia la frontera estadounidense. Según sus propias palabras, el plan de Biden promete promover «el Estado de derecho, la seguridad y el desarrollo económico en Centroamérica» para «abordar los factores clave» que contribuyen a la emigración. Sin embargo, detrás de ese lenguaje vago se esconden los objetivos de larga data de los dos partidos hegemónicos en Washington y que deberían sonar como algo conocido para aquellos que le han prestado atención en los últimos años. Su especificidad: hay que distribuir millones de dólares de «ayuda» para mejorar las fuerzas militares y policiales locales con el fin de proteger un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de beneficios. Sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no deben ser amenazados. Resulta que se trata del mismo modelo que Washington impuso a los países centroamericanos durante el siglo pasado, un modelo que dejó territorios corrompidos, violentos y empobrecidos y que, por lo tanto, siguió contribuyendo al desarraigo de los centroamericanos y a su huida hacia Estados Unidos. Otro elemento clave del plan de Biden, al igual que los de sus predecesores, es obligar a México y Guatemala a servir de agentes para la culminación del muro, que sólo está parcialmente construido, a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos y que los presidentes, desde Bill Clinton hasta Donald Trump, impulsaron con orgullo. Si bien el modelo económico en el que se basa el plan de Biden es efectivamente conocido, el intento de tercerizar la aplicación de las leyes de inmigración estadounidenses a las fuerzas militares y policiales mexicanas y centroamericanas constituye un giro mucho más moderno en la política fronteriza. Subcontratación de la frontera (de Bush a Biden) La idea de que la política migratoria podía subcontratarse comenzó mucho antes de que Donald Trump amenazara con imponer, a mediados de 2019, aranceles a los productos mexicanos para presionar al nuevo presidente de ese país (Andrés Manuel López Obrador) a que accediera a su exigencia de colaborar con el programa antiinmigración de Washington. Eso incluía, por supuesto, la controvertida política de Trump de «quédense en México», que sigue bloqueando a decenas de miles de solicitantes de asilo en ese país. Mientras tanto, desde hace ya casi dos décadas, Estados Unidos presionan (y financian) a las fuerzas militares y policiales al sur de sus fronteras para que apliquen sus prioridades en materia de inmigración, convirtiendo de hecho las fronteras de otros países en una extensión de las de Estados Unidos. En este proceso, las fuerzas de «seguridad» de México se han desplegado regularmente en su frontera sur, y las de Guatemala en su frontera con Honduras, todo ello para hacer respetar de forma violenta las políticas de inmigración de Washington. La subcontratación fue, en parte, una respuesta al éxito del movimiento por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Los dirigentes estadounidenses esperaban poder evitar el debate jurídico y las protestas en su país al obligar a México y a Centroamérica a aplicar los peores aspectos de sus políticas. Todo comenzó con la Iniciativa de Mérida [capital del estado de Yucatán] en 2007, un plan lanzado por George W. Bush que destinó miles de millones de dólares para equipamiento militar, ayuda e infraestructuras en México (con cantidades menores destinadas a Centroamérica). Uno de los cuatro pilares era la creación de una «frontera del siglo XXI» a través de la obligación para México de militarizar su frontera sur. En 2013, Washington había financiado 12 nuevas bases militares a lo largo de esta frontera con Guatemala y un «cinturón de seguridad» de 100 millas [161 km] al norte de la misma. En respuesta a lo que fue considerado como la crisis de los niños migrantes en el verano de 2014 (lo que se parece a la situación actual), el presidente Barack Obama volvió a presionar a México para que pusiera en marcha un nuevo programa en su frontera sur. Desde entonces, decenas de millones de dólares por año fueron destinados a la militarización de esa frontera y rápidamente, México detuvo cada mes a decenas de miles de migrantes. No es de extrañar que las deportaciones y los abusos contra los derechos humanos de los migrantes centroamericanos hayan aumentado drásticamente. «Nuestra frontera es hoy, en realidad, la frontera de México con Honduras y Guatemala», afirmaba en 2019 el ex jefe de fronteras de Obama, Alan Bersin [jefe de Aduanas y Protección Fronteriza entre marzo de 2010 y diciembre de 2011]. Un activista local se mostraba menos optimista, cuando afirmaba que el programa «convirtió la región fronteriza en una zona de guerra». El presidente Trump fanfarroneaba sobre el tema e intimidó a México y a varios países centroamericanos, con mucho más descaro que los dos presidentes anteriores, mientras llevaba estas políticas a nuevos niveles. Bajo sus órdenes, México formó una nueva Guardia Nacional militarizada y desplegó a 12.000 de sus miembros en la frontera con Guatemala, a la vez que la financiación de Washington permitió la creación de infraestructuras de alta tecnología a lo largo de la frontera sur de México, las que compiten con las de la frontera estadounidense. Trump instó a recortar la ayuda a Centroamérica. Sin embargo, bajo su dirección, la mayor parte de los 3.600 millones de dólares asignados por el Congreso siguieron llegando, aproximadamente la mitad de esa suma sirvió para reforzar las unidades militares y policiales locales. Sin embargo, Trump suspendió temporalmente los fondos de ayuda no militar para obligar a Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar acuerdos de «tercer país seguro», unos acuerdos que le permitirían a Estados Unidos deportar a esos mismos países a personas aunque éstas hubieran presentado una solicitud de asilo válida. Trump también le exigió a Guatemala que reforzara la seguridad en su frontera sur «para frenar el flujo de la migración irregular» e » incorporara a funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del servicio de inmigración de Estados Unidos para asesorar y dirigir a sus homólogos guatemaltecos.» La ayuda fue restablecida después de que los países centroamericanos acataran las exigencias de Trump. En febrero de 2021, el presidente Biden suspendió esos acuerdos de «tercer país seguro», pero está claramente dispuesto a seguir subcontratando la vigilancia fronteriza en México y en Centroamérica. La otra cara de la militarización: el “desarrollo económico” Tanto las administraciones demócratas como las republicanas dieron una respuesta tercerizada y militarizada a la inmigración y trataron de vender su programa con promesas de ayuda para el desarrollo económico de Centroamérica. Sin embargo, impulsaron de manera sistemática el mismo tipo de ayuda, esa que históricamente no hizo sino aumentar la violencia y la pobreza en la región, lo que condujo directamente a la crisis migratoria actual. El modelo que Washington sigue presentando se basa en la idea de que si los gobiernos centroamericanos pueden atraer a los inversores extranjeros mejorando las infraestructuras, otorgando exenciones fiscales y debilitando las leyes de protección del medio ambiente y del derecho laboral, el «libre mercado» generará la inversión, los puestos de trabajo y el crecimiento económico que (en teoría) evitará que la gente quiera emigrar. Sin embargo, a lo largo de la turbulenta historia de Centroamérica, ha ocurrido exactamente lo contrario. Las inversiones extranjeras llegaron, ávidas de aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región. Esta forma de desarrollo -ya sea apoyando las plantaciones de bananas y café en el siglo XIX o las explotaciones azucareras, algodoneras y ganaderas después de la Segunda Guerra Mundial- llevó a Centroamérica a sus revoluciones de los años 80 y a una masiva migración hacia el norte en la actualidad. Esta forma de desarrollo se basa en gobiernos militarizados para despojar a los campesinos, liberando tierras para los inversores extranjeros. Del mismo modo, la fuerza y el terror se utilizan para mantener una clase trabajadora barata e impotente, lo que permite a los inversores pagar poco y cosechar fantásticos beneficios. Esas operaciones, a su vez, han provocado la deforestación del campo, mientras que las exportaciones baratas a Estados Unidos y a otros países han contribuido a fomentar estilos de vida de alto consumo que han acelerado el cambio climático, provocando condiciones meteorológicas cada vez más desastrosas, como la subida del nivel del mar, tormentas más intensas, sequías e inundaciones que han deteriorado aún más los medios de subsistencia de las poblaciones pauperizadas de América Central. Ya en los años 1970, muchos de esos trabajadores y campesinos pobres exigían una reforma agraria y presupuestos de inversión destinados a derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación, en lugar de seguir enriqueciendo a las élites locales y extranjeras. La respuesta a las protestas pacíficas fue la violencia y a ésta le siguió la revolución, aunque sólo triunfó en Nicaragua. En los años 80, Washington se empeñó en aplastar la revolución victoriosa de Nicaragua y los movimientos revolucionarios contra los gobiernos militares de derecha de El Salvador y Guatemala. Los tratados de paz de los años 90 pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca abordaron las divisiones sociales y económicas fundamentales subyacentes. De hecho, el fin de estos conflictos no hizo sino abrir las puertas de la región a nuevas y masivas inversiones extranjeras y al auge de las exportaciones. Entre ellas, la expansión de fábricas con bajos salarios orientadas a la exportación (maquiladoras) y el cultivo de nuevas frutas y verduras «no tradicionales» destinadas también a la exportación. Al mismo tiempo, se produjo un auge de las industrias extractivas, como el oro, el níquel y el petróleo, sin olvidar la creación de nuevas infraestructuras para el turismo de masas. En la década de 1980, los refugiados empezaron a huir hacia el norte, sobre todo desde El Salvador y Guatemala, por entonces desgarrados por la guerra, la represión y la violencia de los paramilitares locales y los escuadrones de la muerte. La paz aparente de los años 90 no sirvió para acabar con la pobreza, la represión y la violencia. Las fuerzas armadas estatales y privadas ofrecían «seguridad», pero sólo para las élites y los nuevos megaproyectos urbanos y rurales que éstas impulsaban. Si un gobierno amenazaba de una u otra manera los beneficios de los inversores, como cuando El Salvador declaró una moratoria sobre las licencias mineras, el Tratado de Libre Comercio de América Central, apadrinado por Estados Unidos, permitía a las empresas extranjeras demandar al gobierno y obligarlo a someterse a un arbitraje de carácter obligatorio a través de un organismo del Banco Mundial. Durante los años de Obama, cuando el presidente electo de Honduras [Manuel Zelaya], trató de implementar mejoras laborales y medioambientales, Washington dio el aval a un golpe de Estado y se felicitó cuando el nuevo presidente [Roberto Micheletti] declaró con orgullo que el país estaba «abierto a los negocios» con un conjunto de leyes que favorecían a los inversores extranjeros. El periodista David Bacon calificó el nuevo rumbo del país como un «modelo económico basado en salarios de hambre» que no hizo más que favorecer el aumento de las bandas, del narcotráfico y de la violencia. Ante las protestas, la represión fue feroz, a pesar de que la ayuda militar de los Estados Unidos llegaba a raudales. Antes del golpe, los hondureños eran una pequeña fracción de los migrantes centroamericanos que se dirigían a los Estados Unidos. Desde 2009, son a menudo mayoritarios entre los que se ven obligados a huir de sus hogares y dirigirse hacia el Norte. En 2014, la Alianza para la Prosperidad del presidente Obama proporcionó una nueva serie de ayudas al desarrollo económico centradas en los inversores. La reportera Dawn Paley caracterizó esta Alianza como «en gran medida un plan para construir nuevas infraestructuras que beneficiarán a las corporaciones transnacionales», incluyendo «rebajas fiscales para los inversores y la construcción de nuevos oleoductos, carreteras y líneas eléctricas para acelerar la extracción de recursos y racionalizar el proceso de importación, montaje y exportación de las maquiladoras con bajos salarios.» Uno de los principales proyectos era un nuevo gasoducto para facilitar las exportaciones de gas natural estadounidense a América Central. Obama supervisó el reconocimiento por parte de Washington del golpe de Estado en Honduras. Trump miraba para otro lado cuando Guatemala en 2019 y Honduras en 2020 expulsaron a las comisiones internacionales de lucha contra la corrupción. Y fue Trump quien aceptó restar importancia a los crecientes cargos de corrupción y narcotráfico contra su amigo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández [en el cargo desde enero de 2014], siempre y cuando promoviera una economía favorable a los inversores y aceptara colaborar con el programa antiinmigración del presidente estadounidense. La caravana de enero de 2021 marcó la llegada de la era Biden Todo indica que los años de Biden van a seguir con lo que se ha convertido en la norma de Washington en Centroamérica: subcontratar la política de inmigración, militarizar la seguridad y promover un modelo de desarrollo que pretende disuadir la migración pero que la alimenta. De hecho, la propuesta del Presidente Biden prevé 4.000 millones de dólares a lo largo de cuatro años, desembolsados por el Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID). Un programa que, sin embargo, estaría condicionado a los avances en la realización de objetivos aprobados por Washington, como «mejorar la seguridad fronteriza», «informar a los ciudadanos sobre los peligros de viajar a la frontera suroeste de EE.UU.» y «resolver los litigios relacionados con la confiscación de bienes inmobiliarios de entidades estadounidenses». También se volcarían importantes recursos al desarrollo de tecnología fronteriza «inteligente» en la región y a las operaciones de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) en América Central. Una muestra de la manera en que todo esto puede funcionar tuvo lugar precisamente cuando Biden tomó posesión de su cargo en enero de 2021. [Véase Guatemala – Violenta represión policial a caravana de migrantes hondureños: https://correspondenciadeprensa.com/?p=16174] Uno de los resultados previsibles de la subcontratación del control de la inmigración por parte de Washington es que el viaje de los migrantes de Centroamérica se ha vuelto cada vez más caro y peligroso. Como resultado, algunos migrantes han comenzado a reunirse en grandes «caravanas» públicas para protegerse. Su objetivo: llegar a la frontera de Estados Unidos de forma segura, presentarse ante la Patrulla Fronteriza y pedir asilo. A finales de enero de 2021, una caravana de unos 7.500 hondureños llegó a la frontera guatemalteca con la esperanza de que el nuevo presidente en Washington anulara, como lo había prometido, la controvertida política de Trump de dejarlos varados en México y de proceder a detenciones aparentemente interminables en campamentos superpoblados e inapropiados situados a poca distancia del territorio estadounidense. No sabían que Biden, en realidad, continuaría con la política de inmigración de sus predecesores hacia México y Centroamérica. De hecho, 2.000 policías y soldados guatemaltecos armados con gases lacrimógenos y con porras (armados, entrenados y apoyados por Estados Unidos) se habían concentrado en la frontera entre Guatemala y Honduras para repelerlos. Un exfuncionario de Trump -que Biden mantuvo en su puesto- tuiteó que Guatemala había «cumplido adecuada y legalmente con sus responsabilidades.» El gobierno mexicano alabó también a Guatemala mientras procedía a concentrar miles de sus tropas en su propia frontera sur. Y Juan González, director del Consejo de seguridad nacional de Biden para el hemisferio occidental, felicitó la gestión que hizo Guatemala del «flujo de migrantes». A mediados de marzo, el presidente Biden vinculó al parecer una respuesta positiva a la solicitud de México para obtener una parte de las vacunas excedentes de Covid-19 de Washington a nuevos compromisos sobre la represión a los migrantes. Una de las demandas era que México suspendiera sus propias leyes que garantizan condiciones de detención humanas para las familias con niños pequeños. Ninguno de los dos países había tomado las disposiciones necesarias para ofrecer esas condiciones a la gran cantidad de familias detenidas en la frontera a principios de 2021. El gobierno de Biden optó por presionar a México para que ignorara sus propias leyes y así poder deportar a más familias de manera tal de ocultar el problema a la opinión pública estadounidense. A fines de enero de 2021, el CISPES se sumó a una amplia coalición de organizaciones pacifistas, solidarias y sindicales que pidieron al gobierno de Biden que reconsiderara sus planes para América Central. «Las crisis cruzadas a las que se enfrentan millones de personas en América Central son el resultado de décadas de brutal represión estatal de los movimientos democráticos por parte de los regímenes de derecha y de la aplicación de modelos económicos diseñados para beneficiar a los oligarcas locales y a las empresas transnacionales», escribe el CISPES. «Demasiado a menudo, los Estados Unidos han sido una fuerza determinante detrás de esas políticas que han empobrecido a la mayoría de la población y devastado el medio ambiente». La coalición exhortó a Biden a rechazar el viejo compromiso de Washington a favor de una seguridad militarizada y vinculada estrechamente a la creación y al fortalecimiento de economías extractivas favorables para los inversores en América Central. «Para abordar los flujos migratorios es necesario replantear totalmente la política exterior de los Estados Unidos», insistió el CISPES. A mediados de marzo, el presidente Biden no había dado ninguna respuesta a esta llamada, una respuesta con la que no hay que contar demasiado. Historiadora y ensayista americana, (Artículo publicado en Tom Dispatch, 30-3-2021: https://tomdispatch.com/) * Aviva Chomsky es conocida por su labor en Universidades como Harvard o Salem State, donde coordina el programa dedicado a Estudios Latinoamericanos. Hija del pensador Noam Chomsky, es una destacada activista política en favor de los derechos sociales y se ha especializado en la historia social y económica de varios países sudamericanos en relación con la industria estadounidense. (Redacción Correspondencia de Prensa) Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa http://alencontre.org/ameriques/

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El progresismo no se comprometió con la superación del capitalismo

Entrevista a Verónika Mendoza, candidata presidencial de la izquierda peruana «El progresismo no se comprometió con la superación del capitalismo» Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone Por | 06/04/2021 | América Latina y Caribe Fuentes: Jacobin En vísperas de las elecciones presidenciales, Verónika Mendoza se proyecta como candidata de la izquierda peruana. Desde que fuiste candidata a la presidencia en 2016, los medios no se cansan de calificarte como representante peruana del ciclo progresista latinoamericano. Sin embargo, pocos indagaron en tu propio sentido de pertenencia a ese ciclo político. ¿Cómo te sitúas en relación con el progresismo latinoamericano? En Perú siempre nos sentimos un tanto alejados de los procesos progresistas latinoamericanos. A veces los miramos con admiración, a veces de manera crítica, pero siempre con distancia. Valoramos su horizonte antimperialista, que sigue vigente y deberá ratificarse a cada paso para construir cada vez mayores márgenes de autonomía regional y continental. También valoramos la tendencia redistributiva que, en mayor o menor medida, todos compartieron. La intención de construir un Estado que se comprometa con el bienestar de las mayorías y que, por medio de iniciativas de distinta índole, procure garantizar derechos y permitir el acceso a los recursos y a los bienes públicos es siempre una política saludable. Su componente democratizador, que tuvo efectos concretos en la ampliación de derechos y de la dignidad de los sectores populares, es otro punto a resaltar. También es valorable el arraigo histórico transformador que exhibieron, lo cual estuvo vinculado al hecho de poner en cuestión elementos estructurales como la identidad o la nación. Apuntar a remover el sustrato conservador-colonial-dependiente de nuestras sociedades resulta fundamental. En ese sentido, el caso boliviano, con el acceso de los sectores indígenas al gobierno y la puesta en práctica de una serie de mecanismos democráticos por fuera de los tradicionales, constituye un ejemplo a seguir. También lo fue el intento venezolano de generar otro tipo de participación, de construir el poder desde otras bases, tal como se observó durante el gobierno de Hugo Chávez. Definitivamente, en Perú nos sentimos hermanados con estas experiencias, pasadas y recientes. Es innegable que hay una identidad y una cultura que compartimos con distintas experiencias populares, particularmente en lo referido a la impronta plebeya de impugnar el neoliberalismo y denunciarlo en todas sus versiones. Pero también existen deficiencias, y la posibilidad de extraer lecciones y volvernos mejores depende de que seamos capaces de identificarlas y discutirlas. Es necesario tener en claro lo que podemos y no podemos hacer y lo que debemos y no debemos hacer, tanto en Perú como en toda América Latina. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, estas deficiencias de los gobiernos progresistas y las lecciones que se desprenden de ellas? Desde nuestro lugar, a la izquierda del mapa político peruano, hemos sido críticos en varios aspectos. Venimos elaborando, desde los años 1990, algunas ideas más radicales vinculadas al movimiento alterglobalizador, al zapatismo, a los Foros Sociales. Trabajando junto a todo un movimiento que se atrevió a impugnar el orden en el momento en el que estaba mejor establecido, y que pretendió montar una plataforma que fuese mucho más allá de la crítica antineoliberal. Desde ese lugar, cuando vimos emerger los gobiernos progresistas en nuestra región, si bien los recibimos como una buena noticia en relación con lo anterior, los percibimos en otra frecuencia, con otros códigos. Unos proyectos sin mucho compromiso por superar el capitalismo, sin vocación de ir más allá en la búsqueda de alternativas. Existe una limitación muy desarrollista en el progresismo, que se expresa en su afán por gestionar lo establecido, particularmente en todo lo que tiene que ver con el modelo económico extractivo. Vimos cómo los países con gobiernos progresistas mantenían una creciente dependencia de sus materias primas, de la minería, del petróleo o de la soya, sin proponerse superar realmente el modelo primario exportador extractivista. Al contrario, muchos terminaron por exacerbarlo. Ese, creemos, es un primer déficit del que aprender: no se puede transformar realmente un país manteniendo una política económica meramente rentista y primario exportadora. Un segundo déficit importante gira en torno a que, a pesar de los esfuerzos y de cierta radicalidad exhibida en algunos países, no se pudo desmontar la estructura de los Estados tal y como fue construida a lo largo de todos estos siglos. En Venezuela se habla de la Quinta República, pero vale la pena preguntarse cuántas de las taras de las otras repúblicas pesan sobre esta Quinta. El Estado cambió de manos, pero no hubo una reforma profunda. La forma de organizar el poder, a pesar de todo, parece persistir de forma inalterada. No se puede negar que, aunque empalmaron con las demandas de cambio reclamadas por los movimientos sociales y por sectores ciudadanos, terminaron enmarcados en una dinámica más bien estatalista. Con ello, surge un tercer aspecto aleccionador: la compleja relación con los movimientos sociales, muchas veces tensa y ambivalente, terminó a menudo convirtiendo en opositoras a las organizaciones que no encajaron en esa lógica estatalista, lo cual terminó por tender un manto de sospecha sobre su autonomía. Una experiencia dramática, en este sentido, es la de Brasil, donde todo el acumulado del PT y su relación con los diversos movimientos sociales entraron en tensión, lo cual lo llevó a replegarse frente a fuerzas conservadoras como las que condujeron a Bolsonaro al gobierno. Otro ejemplo lo constituye Ecuador: la relación de tensión entre Correa y una parte importante del movimiento indígena y ecologista continúa hasta el día hoy. Pero la dinámica histórica de las últimas décadas en Perú no es asimilable a ninguna de las trayectorias anteriores. Es un país hecho de retazos. Puede que un sector de la ciudadanía –especialmente en el sur– se sienta identificado con el proceso de cambio de Bolivia. Pero también hay otro sector que no, y que se identifica más con lo que pasa en Argentina, donde existe un bloque más amplio y nacionalista con fuerte presencia de una capa tecnocrática de corte moderno. Entre los jóvenes peruanos, por otra parte, la identificación más fuerte pasa por el movimiento chileno y la movilización social por una nueva constitución. Iniciaste tu militancia política a principios de la década del 2000, en las filas de lo que alguna vez –aunque de manera efímera– fue aclamado como el vehículo del progresismo peruano: el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Ahora, como candidata presidencial de Juntos por el Perú en 2021, ¿qué balance haces de la transformación de la izquierda peruana en estas últimas décadas? En Perú fue el nacionalismo de Ollanta Humala el que, hacia el año 2011, intentó subirse a la ola latinoamericana de gobiernos progresistas. Pero, pese a las expectativas depositadas por buena parte de la población, el Partido Nacionalista nunca lo logró del todo. Humala nunca fue revolucionario, ni mucho menos. No tenía una cultura de izquierdas, ni siquiera en clave nacional-popular. Su proyecto se estuvo muy limitado desde sus orígenes. La correlación de fuerzas al momento de su ascenso al gobierno fue el factor que más condicionamientos impuso, y el poder económico –en medio de una bonanza generalizada– se volvió rápidamente dominante. Más allá de la implementación de algunos programas sociales y del incipiente desarrollo de la arista social de la gestión estatal, Humala terminó siendo profundamente conservador. Y es que, en nuestro país, la correlación de fuerzas heredada del fujimorismo ha permanecido hasta hoy inalterada. La herencia que recibimos a su caída nos legó todo su andamiaje de poder, incluyendo la Constitución promulgada en el año 1993. Las reformas neoliberales en el Perú fueron sumamente profundas, producto del conflicto armado y la crisis política de las décadas de 1980 y 1990. El gran logro de largo plazo del fujimorismo fue la rearticulación y la consolidación de un bloque dominante neoligárquico, aliado a las Fuerzas Armadas y sumamente poderoso. Pero el retrato no estaría completo si no contemplamos también las debilidades propias: la crisis política y el pragmatismo dominante en la izquierda. Sin calibrar de manera justa la profunda derrota sufrida por el movimiento popular durante el conflicto armado y la consecuente implementación en toda línea del modelo neoliberal (no solo como programa de gobierno, sino también en el sentido ideológico), resulta imposible comprender la crisis del campo progresista en Perú. Su versión más deforme fue encarnada por la figura de Humala, pero también se expresó en la crisis de la izquierda, replegada en torno a las ONG y buscando atajos al gobierno para acomodarse con mayor facilidad. Pero hoy nuestra realidad comienza a cambiar. Las intensas movilizaciones desatadas a partir de la destitución de Vizcarra sacaron a la luz la necesidad de transformaciones de otro orden y la disposición de amplios sectores de la población para impulsarlas. La construcción de un proyecto firmemente arraigado en los procesos populares puede permitirnos revertir el camino de renuncia que viene transitando hace tiempo la izquierda. Es un esfuerzo propio, que solo podemos hacer nosotros mismos, porque la búsqueda de atajos ya se ha evidenciado infructuosa en el pasado. No se trata de llegar más rápido, sino de llegar mejor, con mejores posibilidades de triunfar. Las experiencias progresistas en nuestra región representan un punto de referencia del cual extraer lecciones positivas y negativas. Pero la fortaleza de nuestro arraigo popular dependerá de la originalidad de la senda que logremos trazar: ni calco ni copia, sino creación heroica, una apuesta por avanzar más allá. Fuente: https://jacobinlat.com/2021/03/31/el-progresismo-no-se-comprometio-con-la-superacion-del-capitalismo/

La comida, un derecho humano esencial

Vía Campesina exige respeto pleno al derecho a la alimentación La comida, un derecho humano esencial Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone Por Sergio Ferrari | 31/03/2021 | Otro mundo es posible Fuentes: Rebelión Próxima Cumbre sobre Alimentación debatida en el Consejo de DDHH de la ONU A escaso medio año de la fecha prevista para la realización de la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios, el rol esencial de los campesinos y la agroecología fueron tematizados durante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos que culminó el 24 de marzo en Ginebra, Suiza. Vía Campesina y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), ONG progresista observadora ante la ONU, presentaron la posición de trabajadores rurales, pequeños productores y centenas de ONG y actores solidarios. Es esencial que los Estados protejan las zonas rurales, así como la cooperación multilateral internacional para resolver esta crisis (https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/Dec_o_derecho-alimentacion-1.pdf), enfatizaron. Advirtieron que los poderes políticos y económicos dominantes apuntan a “desmantelar los espacios multilaterales”, para privilegiar al sector privado de la alimentación en lugar del interés general de los pueblos. En relación a la Cumbre alimentaria de las Naciones Unidas prevista para el último trimestre del 2021 denunciaron que “los lobbies empresariales que defienden los intereses del agronegocio están influyendo y capturando los preparativos”. Los Estados y la ONU, insiste Vía Campesina, deben garantizar que las y los campesinos, los pueblos indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, estén en el centro mismo de atención de ese evento internacional. (https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/LVC-Position_ES_UN-Food-Summit_2020_LowRes2.pdf ). Y recuerda que la Declaración sobre los Derechos Campesinos, aprobada en la Asamblea General de la ONU de diciembre del 2018, debe ser la “hoja de ruta común” a favor de sistemas alimentarios y agrícolas equitativos y justos, que defiendan la vida de los pueblos y no el interés privado. (https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/73/165 ). Destapar oídos sordos Vía Campesina y el CETIM, siguen de cerca los preparativos de la Cumbre considerándola “un evento tan crucial como controvertido”, afirmó Melik Özden, director del Centre Europa-Tercer Mundo en entrevista con este corresponsalla última semana de marzo. “Constatamos la injerencia y la influencia indebida ejercida por las empresas transnacionales del agronegocio, con el fin de utilizarla la Cumbre en su propio beneficio”. Lo que no es una sorpresa, según Özden. Esas multinacionales están presentes en las instancias de negociación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), así como en otros espacios multilaterales, que se ven cada vez más afectados por esta presión transnacional. A través de estos métodos, los monopolios pretenden asegurar su control sobre los organismos internacionales donde se toman las decisiones importantes, enfatiza. Vía Campesina y CETIM decidieron intervenir en el Consejo de Derechos Humanos para llamar la atención de los participantes (Estados, instituciones multilaterales, ONG) sobre el riesgo de interferencia e injerencia que sufre la preparación de la Cumbre. Y advertir sobre la repercusión negativa que dichas presiones pueden tener sobre la alimentación y el campesinado familiar. Melik Özden reivindicó como trascendente el reciente informe de Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación durante la sesión del Consejo de DDHH ( https://undocs.org/es/A/HRC/46/33) El Relator de la ONU habla claro Fakhri, profesor de Derecho de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, presentó en esta 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la situación actual del Derecho a la Alimentación. El mismo analiza el impacto de la pandemia en la actual crisis inminente del hambre; los sistemas alimentarios y la gobernanza mundial; las semillas y los derechos de los agricultores; y el derecho a la alimentación en los conflictos armados y las crisis prolongadas. Tema esencial del informe, también, la preparación de la Cumbre de la Alimentación de la ONU. “Dicho con pocas palabras: inicialmente los derechos humanos fueron excluidos de los preparativos de la misma; aunque ya han sido incluidos, aún permanecen en los márgenes”, subraya Michael Fakhri. Quien recuerda que más de 500 movimientos sociales de agricultores, sindicatos de trabajadores de la alimentación y activistas de derechos humanos plantearon su preocupación a la ONU que los intereses empresariales acaparen la política alimentaria mundial. “Los primeros materiales de preparación de la Cumbre reflejaban los términos y el marco del proyecto del Foro Económico Mundial (ndr: de Davos) para transformar el sistema alimentario”. De hecho, en el primer año de los preparativos de la Cumbre no se mencionaron los derechos humanos, lo cual no era coherente con la misma convocatoria a la misma, afirma. Fakhri también señala en su documento que “debido a la marginación constante de los derechos humanos durante la preparación de la Cumbre”, el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas -que representa a 300 millones de afiliados- decidió impugnarla. Y agrega: “la Cumbre parece estar todavía muy sesgada a favor de un tipo de enfoque de los sistemas alimentarios, a saber, las soluciones basadas en el mercado”. En contraposición, el enfoque de los sistemas alimentarios basado en los derechos humanos, prioriza los seres humanos a los beneficios económicos. Y su crítica directa revela argumentos conceptuales esenciales: aunque el título de la Cumbre parece indicar que deberían coexistir los múltiples sistemas alimentarios, “en la actualidad los preparativos están dando prioridad a un tipo de conocimiento, a saber, la ciencia experimental, y a un tipo de política, a saber, la agricultura intensiva sostenible, también conocida como la nueva revolución verde”. Agroecología, apuesta esencial Y reivindica –escuchando a los movimientos sociales como Vía Campesina- la agroecología, que “supone un enfoque diferente y actualmente está ausente de los preparativos de la Cumbre”. El Relator sostiene: “la agroecología es una disciplina científica que incluye conocimientos experimentales centrados en la ecología de los entornos agrícolas. Su objetivo principal es imitar en la medida de lo posible los procesos ecológicos y las interacciones biológicas para concebir métodos de producción basados en reunir cultivos, animales, árboles, suelos y otros factores en sistemas espaciales/temporales diversificados” que permitan a las explotaciones agrícolas generar una fertilidad del suelo, una protección de los cultivos y una productividad propias”. Con la claridad extrema del rigor científico y ético, el Relator Especial evalúa que “la Cumbre no solo no da ninguna cabida a la agroecología, sino que también deja de lado los conocimientos experienciales o tradicionales, lo que tiene el efecto grave de excluir a los pueblos indígenas y sus conocimientos”. Y recuerda que el mismo Secretario General de la ONU recientemente subrayó que “los pueblos indígenas constituyen menos del 6 % de la población mundial pero, sin embargo, son los guardianes del 80 % de la biodiversidad mundial en tierra”. El Informe de Michael Fakhri, relevante en cuanto a sus fundamentos científicos y sensibilidad social, concluye con una serie de constataciones y recomendaciones. En cuanto a la Cumbre se ha propuesto transformar los sistemas alimentarios del mundo… Sin embargo, nada puede transformarse adecuadamente con toda una población enferma, cansada, pobre y hambrienta; la mayoría de los Estados ya no son capaces de gobernar adecuadamente durante la crisis. Los Estados deben velar por que la máxima prioridad de la agenda internacional permita confrontar la crisis de hambre inminente y las consecuencias de la pandemia de COVID-19”. Enfatiza, además, que la Cumbre debe estar intrínsecamente definida por los derechos humanos y el multilateralismo, lo que significa, en la práctica, frenar el intento de las transnacionales de apropiarse de ese evento para sus intereses. Y subraya la necesidad que los resultados se expresen en procesos multilaterales, por ejemplo, vía el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y que en la misma “predominen las discusiones en torno a la agroecología”. Concluye la sesión de Ginebra de marzo, se baja el telón, y el debate alimentario transita otro nivel. La voz de los movimientos sociales, coincidente con el Relator especial de la misma ONU para el tema de la alimentación, entró en el espacio simbólico de la catedral de los derechos humanos. Los graves problemas políticos que encierra la convocatoria de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios están sobre la mesa. Muchos Estados hacen oído sordo y miran para otro lado. Sin embargo, la sociedad civil internacional pone la cara, critica, denuncia y exige rectificaciones. Nada es banal. Lo que está en juego es la alimentación en un mundo que vio duplicarse la cantidad de hambrientos en el último año a causa de la pandemia. Hambre en aumento, comida chatarra transnacional o alimentación agroecológica, éste es el debate.

¿Por qué el feminicidio de la refugiada salvadoreña en México refleja un patrón represivo?

¿Por qué el feminicidio de la refugiada salvadoreña en México refleja un patrón represivo? hace 20 horas Manifestación por el feminicidio de Victoria Salazar en la representación de Quintana Roo en la Ciudad de México, 29 de marzo de 2021. - Sputnik Mundo, 1920, 30.03.2021 La Ciudad de México, a más de 1.500 kilómetros del crimen, fue uno de los puntos en la república donde se manifestaron por la muerte a manos de la Policía de una mujer refugiada en México. Sputnik acompañó la protesta y recogió las voces de quienes reclamaron Justicia. El asesinato de Victoria Salazar, refugiada salvadoreña en México, ocurrido el último sábado de marzo de 2021, despertó una respuesta a nivel político de ambos países sin precedentes para una región que vive sumergida en la violencia. Rosibel Arriaza, madre de Victoria Salazar, la mujer salvadoreña que murió siendo arrestada por la Policía mexicana - Sputnik Mundo, 1920, 29.03.2021 América Latina Feminicidio de refugiada salvadoreña por brutalidad policial en México moviliza a la población ayer Tanto los presidentes de ambos países, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele; como el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín y Víctor Mas, presidente municipal de Tulum —dónde sucedió el crimen—, condenaron los hechos. También el Senado mexicano y la más diversa gama de organizaciones sociales. En la Ciudad de México, frente a la representación del Gobierno del estado de Quintana Roo, ubicada en Avenida Álvaro Obregón #161, en el corazón de la colonia Roma —zona de alta plusvalía y afluencia de turismo internacional— un grupo de mujeres convocadas por organizaciones de izquierda señaló lo antedicho: que hay un patrón global evidente en la forma de reprimir a la protesta y a los pobres del continente. Como consecuencia, el jefe de la Policía de Tulum ha sido destituido, aunque, como explicó a Sputnik la periodista mexicana Graciela Machuca Martínez, el sistema de seguridad de Quintana Roo se rige por un mando único, a cargo de Jesús Alberto Capella Ibarra, quien a pesar de estar impugnado tras haber reprimido con armas de fuego una manifestación que pedía justicia por el feminicidio de Alexis, una joven asesinada en Cancún, se mantiene gozando los beneficios del cargo de la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo. Juegue al Powerball desde su casa theLotter.com A cciones de Amazon: con solo $200 podría obtener un salario mensual fijo. ¡Averigüe cómo! InvestMarket Una inversión de $200 en Amazon podría darle un salario extra Investingops Cómo reducir el dolor en las articulaciones y la artritis (tómate esto todos los días) Joint 360 por TaboolaEnlaces Promovidos Mientras tanto, la familia de Victoria buscó la manera de llegar a México cuando supo del asesinato de su hija. Su madre, Rosibel Emerita Arriaza de Olivares, habló con los medios de comunicación en la sede la Cancillería mexicana en El Salvador, donde acudió para reconocer el cuerpo y pedir que le faciliten la llegada a Tulum a acompañar a las dos hijas adolescentes de Victoria que quedaron huérfanas: "Siento indignación, me siento impotente y frustrada. Yo hubiera querido estar ahí como madre, pero los hijos vuelan y aunque ella se fue para allá, no merecía esa muerte. Pido justicia para mi hija porque no era un animal, ni a los perros en las casas se los trata así. Ellos abusaron de su autoridad y aunque mi hija ya no volverá a la vida, yo estaría más satisfecha si esos cuatro policías pagaran por lo injusto que hicieron", sostuvo. Represión internacional Manifestación por el feminicidio de Victoria Salazar en la representación de Quintana Roo en la Ciudad de México, 29 de marzo de 2021. - Sputnik Mundo, 1920, 30.03.2021 A las cinco de la tarde del 29 de marzo, en el cruce de las Avenidas Álvaro Obregón y Cuauhtémoc en la Ciudad de México, había cuatro vehículos de la policía capitalina estacionados como refuerzos. Unas pocas cuadras más adelante, la manifestación en las afueras de la representación de Quintana Roo en la capital mexicana, encontraba un edificio rodeado de vallas como suelen utilizarse para las manifestaciones feministas recientes. Entre los policías que estaban estacionados junto al Jardín Pushkin y las primeras manifestantes que acudían al sitio de la protesta, hay cuatro cuadras del mismo ambiente que reina en Tulum. Esa tarde, los turistas paseaban y comían sobre las mesas instaladas sobre la calzada y la vereda de la avenida, como medida de contención del COVID-19. A pesar de la cercanía, ambos mundos no se mezclan. Una de las convocantes a la manifestación en la representación de Quintana Roo es la Liga de mujeres revolucionarias de la izquierda socialista, de la que Mayren Padilla es integrante. En diálogo con Sputnik, la joven señaló que el problema del abuso de poder de la fuerza policiaca y los cuerpos represivos en general, "se sufre de manera cotidiana en Quintana Roo, en todo México y a nivel internacional". "Si observamos los países de América Latina, la tónica es la misma, detener y criminalizar a quien está organizado y protesta, a la gente de a pie hasta llegar, como en este caso, a asesinarla por ese abuso", sostuvo Padilla en entrevista con Sputnik. La forma que los policías mexicanos usaron para "reducir" a Victoria fue la misma que terminó con la vida del norteamericano George Floyd en Mineápolis en mayo de 2020, algo que según Padilla evidencia que los métodos represivos efectivamente se comparten entre los Estados. Ese detalle traza u hilo evidente entre ambos casos, que fue referido públicamente tras viralizarse las imágenes de la detención arbitraria cometida contra Victoria. "No vemos la arbitrariedad que se cometió contra Victoria como un hecho aislado. Ya sucedió en Jalisco contra Giovanni López y vemos que ese es el reflejo de la esencia natural de la Policía, el Ejército y los cuerpos armados", manifestó la entrevistada. La Policía Federal de México - Sputnik Mundo, 1920, 16.06.2020 América Latina Abuso policial en Latinoamérica: la violencia institucional atraviesa el continente 16 de junio 2020, 01:09 GMT Agregó que Victoria sufrió una doble discriminación por ser mujer y ser migrante, que refleja la xenofobia surgida en México como consecuencia de haber militarizado la frontera sur para evitar el paso de los migrantes centroamericanos. Una política que fue promovida por el Gobierno norteamericano desde el año 2014 con el Programa Frontera Sur y que ha sido sostenido en la decisión de Andrés Manuel López Obrador de usar a la Guardia Nacional como policía migratoria en la misma región. Padilla recordó la represión vivida en la Ciudad de México en una protesta convocada por el asesinato de Giovanni, que acabó con una adolescente siendo pateada en la cabeza por policías de la Secretaría de Seguridad capitalina. Y cómo ocurrió lo mismo en Cancún, Quintana Roo, en la protesta que exigía justicia por el feminicidio de Alexis, una joven de 20 años, que fue reprimida por la policía local con armas de fuego. Manifestación por el feminicidio de Victoria Salazar en la representación de Quintana Roo en la Ciudad de México, 29 de marzo de 2021. A la par de su crecimiento como destino turístico, Tulum vivió un aumento desmedido de la violencia que permite hablar de proceso de "gentrificación violenta". Con 25.000 habitantes, casi una cuarta parte de la población de su vecino Cancún, Tulum pasó a superarlo en número de muertes que, dada su escasa población, lo colocaron entre los municipios más violentos del país, al medirlo en tasas de cien mil habitantes. El ahora destituido Nesguer Ignacio Vicencio Méndez, fue designado como director general de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum el 19 de marzo de 2020, por el pleno del cabildo local. Como autoridad de la Policía municipal, su cargo depende del mando único policial, según explicó la periodista basada en Quintana Roo. "Ser mujer es peligroso en todo el mundo, en México es una peligrosidad de salvajismo brutal" La imagen de Jesús Alberto Capella Ibarra, el responsable de la seguridad estatal en quien recae el poder del mando único, quedó manchada tras la represión armada en Cancún en la protesta por el feminicidio de Alexis, mencionado más arriba. Aunque se anunció su separación del cargo en noviembre de 2020 como consecuencia de esos hechos, "fue una tomada de pelo para el pueblo quintanarroense", dijo Machuca, ya que no tuvo efectos prácticos sobre su salario, apoyo logístico ni sobre las ayudantías que tiene su cargo, que siguieron a su disposición. La periodista de amplia trayectoria en Quintana Roo y directora del portal Maya sin fronteras señaló a Sputnik que el aumento de la violencia en la región sucedió a la par del aumento presupuestal en seguridad para Quintana Roo, el cual "ha sido uno de los más altos de la historia" . La violencia, en cambio, no ha parado de expresarse. La Red feminista quintanarroense denunció que además de Victoria, otras cuatro mujeres fueron asesinadas el mismo día en el estado: tres en Cancún y Karla, una mujer que se desempeñaba como taxista en Holbox, la primera mujer en la historia de la isla en sufrir una muerte violenta. El paraíso huele a sangre. De regreso en la ciudad de México, algunas de las asistentes a la manifestación en la representación de Quintana Roo pintan las vallas que rodean el edificio, mientras otras toman la palabra y exigen que se atienda al reclamo de las familias de las víctimas. Para Noemí Salinas, presente en la protesta, su vida y la de su familia cambiaron totalmente cuando el 25 de agosto de 2019, su madre descubrió que su hermana de 22 años, Sara Abigail Salinas Sandoval, había sido asesinada en su cuarto. Noemí Salinas Noemí explicó que la familia ha tenido miles de obstáculos para obtener justicia dado que, entre otras cosas, el peritaje de la escena del crimen fue mal realizado y por eso, la autoridad dice que no tiene como avanzar sobre el autor del feminicidio de su hermana. "Cuando esto pasa, puedes seguir con tu vida y dejar las cosas así, o volcar toda tu existencia en la búsqueda de Justicia. Esas son las dos opciones que tienes aquí en México. Porque si no andas atrás de los funcionarios, si no te estás movilizando y tocando puertas, no va a haber nada", explicó la entrevistada a Sputnik. Noemí evidenció que además del dolor que sienten, este mecanismo de empujar a las instituciones carga a las familias con el peso de la responsabilidad de lograr que las investigaciones avancen. Si llevamos esta lógica a casos como el de Victoria, la pregunta que surge es qué ocurre cuando la violencia corta la vida de alguien que no tiene una familia que empuje a las autoridades. "El sistema de Justicia no está diseñado para personas como nosotros que trabajamos o para quienes se ven en la necesidad de migrar, porque uno no migra por hobby, son las condiciones materiales las que te obligan a salir, como es la negligencia de las autoridades la que nos obliga a estar aquí", expresó. Un grupo de mujeres, tras pintar un mensaje sobre un papel blanco, pasó detrás de Noemí y colocó sobre la barda de la representación estatal, una pancarta de gran tamaño que en letras rojas resumía la lectura compartida en la protesta con una frase: "El paraíso huele a sangre". América Latina