34 millones de personas a un paso de la hambruna

34 millones de personas a un paso de la hambruna Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone Por | 26/03/2021 | Economía Fuentes: El salto [Foto: Mujeres en un vertedero de basura en Adís Abeba, capital de Etiopía. No CC. ÁLVARO MINGUITO] La guerra, el coronavirus o los fenómenos climáticos extremos son tres elementos que agravan la inseguridad alimentaria de millones de personas en todo el planeta. Un informe de la FAO alerta del inminente paso a situación crítica de 34 millones de personas. La crisis alimentaria amenaza ya a 20 países y a 34 millones de personas en todo el mundo. La situación es crítica, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). “Algunos sectores de la población atraviesan una situación crítica de hambre, con un agotamiento extremo de los medios de subsistencia, un consumo insuficiente de alimentos y una elevada desnutrición aguda”, explica el informe Los puntos críticos del hambre, presentado ayer 24 de marzo en Roma. El mapa de la inseguridad alimentaria marca África, especialmente los países del centro continental como el eje del hambre en el mundo. Por cantidad de población, la República Democrática del Congo acumula la mayor bolsa de personas, 4,4 millones, en fase 4, la fase de emergencia, el último paso hasta la declaración de hambruna. Se trata de aquellas personas que tienen grandes carencias en el consumo de alimentos que se reflejan en una desnutrición aguda muy alta y exceso de mortalidad, también quienes son capaces de mitigar las grandes brechas en el consumo de alimentos, “pero solo empleando estrategias de subsistencia y liquidación de activos”. Tras la RD del Congo, el mayor contingente de personas al borde de la más grave situación de hambruna se encuentra en Oriente Medio, en los países de Afganistán y Yemen, ambos con conflictos bélicos abiertos. Tanto en determinados territorios de Yemen como en la zona de Jonglei, en Sudán del Sur, ya se ha pasado a la fase 5, de hambruna. Nigeria, Etiopía, Sudán del Sur y Sudán son otros de los puntos críticos de la crisis alimentaria que atraviesa el planeta. En Centroamérica, la situación se reproduce en El Salvador, Honduras y Haití. “Estamos viendo cómo se desarrolla una catástrofe ante nuestros propios ojos. La hambruna, impulsada por el conflicto y alimentada por los impactos climáticos y la pandemia covidD-19, está llamando a la puerta de millones de familias”, ha declarado el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, coautor del informe junto a la FAO. “Se necesita una acción humanitaria selectiva urgente y a gran escala para prevenir el hambre o la muerte en estas situaciones de mayor riesgo y para proteger a las comunidades más vulnerables”, denuncia la FAO. A lo largo del mes de abril, la FAO publicará su anual Informe mundial sobre crisis alimentarias, en el que se detallará cuál ha sido el impacto global de la pandemia y se incluirá información adicional sobre estos “puntos críticos” del hambre. Fuente: https://www.elsaltodiario.com/hambre/34-millones-personas-paso-hambruna-informe-mundial-FAO

Ante el pronunciamiento del Consejo de DDHH de la ONU sobre el bloqueo contra Venezuela

Pronunciamiento de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad Ante el pronunciamiento del Consejo de DDHH de la ONU sobre el bloqueo contra Venezuela Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone Por Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad | 25/03/2021 | Venezuela Fuentes: Rebelión El 23 de marzo de 2021 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por mayoría de treinta países contra quince, aprobó una resolución que condena las medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, porque afectan el disfrute de los Derechos Humanos en el país. Dicho Consejo manifestó su preocupación por el hecho de que «se siguen promulgando, aplicando y haciendo cumplir medidas coercitivas unilaterales, con todas las consecuencias negativas que tienen para las actividades sociales y humanitarias, y el desarrollo económico y social de los países menos adelantados y los países en desarrollo” Ante esta resolución, el capítulo Venezuela de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales señala: -Dicha decisión confirma de manera flagrante las conclusiones de la Relatora Especial de la ONU Alina Douhan, quien, basándose en su estudio sobre el terreno, afirmó que: “El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena”. -Resulta particularmente vergonzosa la votación contra la bloqueada Venezuela de países que, como Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, República de Korea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, han experimentado históricamente los efectos de bloqueos que han tenido desgarradores efectos sobre su economía y su población, al punto de que muchos de sus nacionales debieron emigrar masivamente y encontrar solidaria y humanitaria acogida en Venezuela. -Las medidas coercitivas unilaterales, bloqueos y masivas confiscaciones de activos en el exterior no se ejecutan contra un país para asegurar a sus habitantes el disfrute de los Derechos Humanos, sino para llevarlo a un colapso que lo fuerce a entregar su soberanía y sus riquezas a los países que lo agreden, y el gobierno que ignore tales hechos no puede tener representación en un Consejo de Derechos Humanos. -Esperamos que ninguno de los países que votaron por la continuación de esta inmotivada y feroz agresión contra Venezuela tenga que padecer los efectos de medidas atroces similares a las que se asestan contra nuestro país, que siempre ha extendido, extiende y extenderá su solidaridad a todos los pueblos de la tierra.

La jerarquía católica niega la existencia del golpe de Estado

La jerarquía católica niega la existencia del golpe de Estado para liberarse de culpa Por Ollantay Itzamná | 23/03/2021 | Bolivia Fuentes: Rebelión Con asombro y vergüenza veo, una vez más, que la jerarquía católica boliviana, ante el inicio de la investigación judicial contra los responsables del Golpe de Estado y de las masacres subsecuentes en noviembre 2019, se pronunció enérgico acusando/recriminando a los operadores de la justicia, y exigiendo la libertad de la ex gobernante de facto detenida. Aunque en el calvario de las masacres de Senkata y Huayllani no hubo obispo alguno que recriminase a los verdugos cristianos. ¿Quiénes y por qué niegan la existencia del golpe de Estado en Bolivia? Sólo cuantos se sienten culpables con las masacres, o conmocionados por el impacto de las detenciones judiciales contra actores del golpe de Estado, puede negar a estas alturas la existencia de la violenta ruptura del orden constitucional en Bolivia ocurrida en noviembre del 2019. La jerarquía católica boliviana fue uno de los artífices y legitimadoras del golpe de Estado porque los obispos en reunión con políticos opositores al gobierno de Morales, y con embajadores de otros países, decidieron incluso quién sería la sucesora de facto del sillón presidencial. Las evidencias periodísticas y confesiones de parte sobre ello son abundantes. Los obispos católicos sienten culpa y miedo. Saben que si juzgan y encarcelan a los ejecutores del golpe y de las masacres, también se tendrá que investigar y castigar a los “autores intelectuales y espirituales”. He aquí la razón del por qué intentan ahogar la verdad sobre el golpe de Estado y de las masacres en nombre de Dios. ¿Por qué la jerarquía católica boliviana apostó al golpe de Estado? Quienes defenestraron violentamente el gobierno constitucional de Evo Morales, en 2019, lo hicieron envalentonados y legitimados por la Biblia, la cruz, el rosario, oraciones, etc. Biblia en mano, y en nombre de Dios, la usurpadora decretó inmunidad para militares que masacraban a indígenas y campesinos descontentos. Los obispos, ante esa hecatombe infernal, con rótulo cristiano, guardaron silencio de ultratumba. ¿Por qué? En el fondo, la jerarquía católica, confió que el golpe de Estado restauraría el añorado orden político de la República católica. Confiaron que con el retorno a la República se restaurarían sus privilegios disminuidos durante los 14 años del gobierno del MAS. Pero, la “dictadura católica” encabezada por la “predilecta” de los obispos fue un desastre total. Al grado que, ahora, hasta “los intocables” sienten el aliento de la justicia que les sopla en sus nucas. ¿Qué ocurre y ocurrirá con la Iglesia Católica en Bolivia? La actitud desesperada, y hasta irracional, de la jerarquía católica evidencia su sentimiento de culpa. Saben que golpearon una vez más al pueblo en nombre de Dios, y que ese pueblo creyente regresó por las urnas al poder para hacer justicia con sus verdugos. En este momento, como nunca antes, existe un repudio abierto contra la jerarquía católica que promovió y apañó las masacres y humillaciones a los pueblos de Bolivia. Ese repudio se lo están ganando a pulso los obispos. Especialmente por atacar a los administradores de justicia que tardíamente comienzan a investigar a los culpables. Ante el desprecio de la dignidad y de la vida de las y los bolivianos por parte de la jerarquía católica boliviana el Estado Plurinacional está en la obligación de revisar los contenidos del Concordato que firmó con el Vaticano. Se tiene que suprimir todos los privilegios que el Estado boliviano concede a la Iglesia Católica con los impuestos del pueblo. La auténtica espiritualidad irremediablemente nos lleva a ejercer nuestra vocación profética, no únicamente desobedeciendo la orientación o prédicas torcidas de la jerarquía católica, sino denunciándolas por ser cómplices y corresponsables del golpe de Estado y de las masacres contra nuestros hermanos y hermanas indefensas. Urge una Iglesia dócil al dolor de los pueblos sufridos. Es imperdonable que por un plato de lentejas la jerarquía católica boliviana venda a toda una Iglesia local a las hienas del infierno. Ollantay Itzamná. Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala. Blog del autor: https://ollantayitzamna.com/ @JubenalQ

Obispo sobre la violencia en Buenaventura: "La gente hasta extraña a la guerrilla de las FARC"

Obispo sobre la violencia en Buenaventura: "La gente hasta extraña a la guerrilla de las FARC" hace 20 horas (actualizado: hace 20 horas) El obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo Montoya - Sputnik Mundo, 1920, 23.03.2021 © AP Photo / Fernando Vergara La ciudad de Buenaventura en el Pacífico colombiano vive una cruenta guerra de bandas que tiene disparados los homicidios, las desapariciones forzadas y los desplazamientos urbanos. Spuntik documentó la situación humanitaria del principal puerto de exportación e importación del país sudamericano. Buenaventura es la capital de Colombia sobre el océano Pacífico. Por sus aguas entra y sale más del 49% del comercio del país con el mundo. Su población no alcanza al medio millón de habitantes y sin embargo concentra problemas grandes: pobreza del 41 % de sus habitantes, una deserción escolar cercana al 10 % y una violencia endémica que tiene arrinconados a sus habitantes y prendidas las alarmas de los organismos humanitarios. Recientemente, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, instó al Gobierno colombiano a tomar cartas en el asunto y atender la crisis que vive el puerto. Tras un recorrido por las comunas de Buenaventura, donde se libra una sangrienta guerra entre bandas paramilitares, De Rivero declaró que en lo que va del 2021 ha registrado 41 homicidios, la desaparición forzada de 13 personas y el desplazamiento forzado de más de 8.000, además de recibir denuncias sobre amenazas a líderes y lideresas defensores de derechos humanos que vienen alzando la voz para llamar la atención de Estado y la comunidad internacional. La oficial de la ONU en Colombia instó a una acción concertada entre los Gobiernos nacional, departamental y local para desmantelar las redes criminales, a través de la acción de la justicia, la inversión social, el desarrollo con enfoque de derechos humanos. Y declaró: "La violencia está destruyendo la cultura y el tejido social de las comunidades negras y de pueblos indígenas que viven en el territorio y que representan más del 90 % de la población". También se refirió a lo más doloroso que encontró en su visita: "El camino que recorren las familias, y en particular las madres, de las personas desaparecidas forzosamente es uno de los más violentos y solitarios que he observado en mi vida". Violencia en Buenaventura Es tal la situación humanitaria que se vive en el puerto que en los primeros días de febrero más 500 jóvenes marcharon pidiendo que cese la violencia, ya que se registraron en menos de dos meses 38 enfrentamientos intraurbanos. Fue la respuesta desesperada de una juventud inerme ante la disputa territorial en que se trenzan tres bandas delincuenciales que se denominan la Local, los Shotas y los Espartanos. La Alcaldía de Buenaventura hoy está en manos de Hugo Vidal, un líder social emergido del paro cívico de 2017 que paralizó el puerto en históricas movilizaciones. La principal defensa de los bonaverenses ha sido, históricamente, la pastoral social. Y no es un asunto de ahora, ni la guerra ni la acción humanitaria de la Iglesia católica. En 2013, en el puerto empezó a escalar la violencia a niveles de terror. El obispo de Buenaventura por esos días era Héctor Epalza, fallecido el 2 de febrero de 2021, quien denunció la existencia de casas donde descuartizaban personas a plena luz del día, que se conocen como casas de pique. La guerra de entonces no es muy distinta a la de ahora, y también hay un obispo que les está haciendo frente a los armados. Se trata de monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien está afónico de pedirle al Gobierno que les haga frente a la violencia y la pobreza. Sus denuncias lo han puesto en riesgo y le han costado reiteradas amenazas en panfletos y llamadas. ¿Qué dice el obispo de Buenaventura? Monseñor Rubén Darío Jaramillo es el obispo de Buenaventura, sus declaraciones sobre lo que ocurre en el puerto lo han puesto en la mira de los grupos armados. Tiene 54 años y acento paisa, de la región del Eje cafetero (centro-oeste). Reemplazó a Epalza en agosto de 2017 al ser ordenado por el papa en la Diócesis del puerto y desde entonces es una de las voces que dicen lo que pasa en Buenaventura sin aspavientos ni retahílas. "Mientras esto esté revolcado, hay mucho dinero en juego, y en río revuelto pescan los legales, los ilegales, los de allá y los de acá, y todo el mundo tiene su pedazo. Y cualquiera que trate de buscar una ruta clara, transparente, para ellos es el malo. Para ellos lo malo es el bien. Todo al revés. A mí me aterra. Una sociedad no puede funcionar así. Está fallando en su base fundamental y terminamos todos muy afectados", señala para introducir su lectura sobre la violencia. Para el obispo lo que ocurre en Buenaventura tiene que ver con su ubicación estratégica, y agrega algunos datos: "Al sur conecta con Ecuador y el departamento del Cauca; y al norte, con Chocó, que es contiguo a Panamá, y la puerta a Centroamérica y Estados Unidos. Por lo tanto, Buenaventura es la capital de una región. De aquí se abastecen todas las costas para arriba y para abajo, y de su economía se alimentan casi 1,2 millones de personas que viven en esta zona. Además, es la ciudad conectada con el centro del país. A 115 kilómetros de Cali, y por ahí con Medellín y Bogotá", detalla. Esta condición geográfica convirtió a esta ciudad en un puerto con cuatro terminales que operan de forma independiente, que mueve, según datos de 2019, 195,2 millones de toneladas de carga al año y produce más de 400.000 millones de pesos anuales (112 millones de dólares). Además, asegura Jaramillo, Buenaventura tiene 6.485 kilómetros cuadrados, de los cuales la zona urbana solo ocupa el 0,3% del territorio. "También hay selvas y ríos, oro y otro tipo de metales preciosos. Hace parte de un pulmón ambiental que se extiende desde la Amazonia, pasa por Putumayo, Cauca, Buenaventura y sigue hasta el Tapón del Darién, en Chocó. La droga, incluso, viene de esas selvas. Una zona de gran riqueza biodiversa. Todo esto quiere decir que hay intereses de todo el mundo, y los que lo mejor lo tienen estudiado son los narcotraficantes", expresa. Monseñor Jaramillo asegura que cada día crecen los sembrados de coca y que ha visto cómo lo que antes era selva ahora son cultivos ilícitos. “Y siguen creciendo porque es un mercado mundial que no va parar, y nosotros somos el principal puerto de envío de droga y de ingresos de armas y dinero ilegal. Buenaventura está dividida en dos, partida por un muro. Un muro de infancia como el que hay entre Estados Unidos y México, o entre Israel y Palestina. Este muro separa la zona portuaria, que son altos, electrificados y donde rueda el dinero; y una ciudad empobrecida, desempleada, sin agua potable permanente, donde el desorden y la delincuencia gobiernan”. Agrega que los grandes problemas de Colombia se pueden observar en Buenaventura: homicidios, despojos, masacres, desplazamientos, desapariciones, robos. Dice que aquí se profesionalizó la delincuencia y la caracteriza así: “Una delincuencia que crece en la falta de oportunidades y que además nos está llegando desde otras partes del mundo. Ya tenemos hasta cárcel para extranjeros, donde hay 30 o 40 personas de otros países —principalmente de México— que vienen a delinquir. Una ciudad que recoge una problemática de una sociedad que ha llegado al máximo de la corrupción, que se mueve a todos los niveles”. Es tal el desespero de las comunidades, sostiene monseñor Jaramillo, que la gente hasta extraña a la guerrilla de las FARC, y explica: "Ellos tenían un comandante y lo que él dijera se hacía. Ellos controlaban la seguridad. Si alguien robaba, lo mataban, entonces nadie robaba. Ahora todos roban, todo hacen parte de un grupo que no se sabe ni qué es, todos tienen distintos nombres, jefes, hay comandantes por todas partes y nadie sabe ni con quién hablar para que dejen la matazón. Una descomposición absoluta con una revoltura de grupos y de intereses que uno no entiende". Y concluye su análisis: "Lo que sabemos es que aquí no hay institucionalidad, ni gobernanza, ni legitimidad. Aquí mandan las bandas, y los políticos están implicados en todo. Es un modus vivendi. Es una cadena que no se ha roto, porque el que se mete a cambiar cosas es amenazado, desplazado o asesinado. De aquí líderes muy importantes se han ido. Eso es lo que más me entristece. En muchas partes hay corrupción y delincuencia, pero lo disimulan con cierto desarrollo, pero acá ni eso intentan, y la única salida es colectiva, integral y estructural".

¿Por qué demoran tanto los resultados de las elecciones primarias hondureñas?

¿Por qué demoran tanto los resultados de las elecciones primarias hondureñas? hace 20 horas Elecciones primarias en Honduras - Sputnik Mundo, 1920, 22.03.2021 © REUTERS / Fredy Rodriguez Síguenos en A cinco días de las elecciones primarias en Honduras, se había escrutado apenas el 30% de las actas de votación, en un país dónde estaban llamados a votar 6 millones ciudadanos. Sputnik explica las dificultades del sistema electoral de Honduras y cómo leer los resultados de las primarias proyectados sobre las elecciones generales. Según los resultados preliminares que se conocen hasta el momento, Xiomara Castro es la candidata de oposición que ha cosechado la mayoría de los votos en las elecciones internas y primarias, con más del 80% de las adhesiones dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre). Este partido que ha tomado la delantera nació apenas en 2011 y proyecta su sombra sobre Juan Orlando Hernández, el presidente actual que fue electo por el conservador Partido Nacional y que se ha mantenido dos períodos en el poder, a pesar de que la Constitución del país prohíbe la reelección presidencial. Xiomara Castro, la precandidata presidencial de oposición más votada en Honduras ayer Junto a ellos, en el tercer lugar en adhesiones está el Partido Liberal, que se fragmentó tras la crisis política que vivió el país con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, que había sido electo presidente por este partido. Las elecciones primarias o internas funcionan como una "primera vuelta", ya que en Honduras no existe la figura del balotaje, la segunda votación que se lleva a cabo entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno ha obtenido la mayoría requerida. Así, aunque las primarias ordenan a los candidatos dentro de cada partido, tienen ciertas dificultades de funcionamiento para el ejercicio democrático. Para conocer más sobre ellos, Sputnik conversó con el hondureño Gerardo Torres Zelaya —no está vinculado al expresidente Manuel Zelaya Rosales— quien es el secretario internacional del Partido Libertad y Refundación (Libre) y director de su instituto de formación política e ideológica. El tercer partido Cualquiera que repase el ambiente político reciente hondureño sabrá que el país caribeño ha vivido una profunda crisis en la última década. Comenzó con el golpe de Estado en 2009 y provocó la salida del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. La caída del Zelaya que había sido electo por el Partido Liberal y su expulsión del país, provocaron la intervención de otros presidentes latinoamericanos. Dos años más tarde, en 2011, Juan Manuel Santos, el entonces presidente colombiano, y Hugo Chávez Frías, su par venezolano, firmaron junto a Porfirio Lobo Sosa, presidente de Honduras en esa fecha, el llamado Acuerdo de Cartagena de Indias. Además de facilitar el retorno de Zelaya Rosales y otros miembros de su Gobierno al país, el Acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras permitió que el Frente Nacional de Resistencia Popular —que se manifestaba en las calles como resistencia al golpe— ganase su inscripción como partido político para competir en las elecciones del año 2012, en las que triunfó por primera vez Juan Orlando Hernández por el Partido Nacional, en medio de acusaciones de fraude. Desde entonces, el antiguo partido de Zelaya se partió y una parte de sus integrantes fundó el Partido Libertad y Refundación (Libre) en el año 2011, conformando una nueva fuerza de izquierda dentro del panorama político hondureño. Así, Libre su sumó al Partido Liberal y el Partido Nacional, como una tercera fuerza política en Honduras. "En las elecciones primarias de 2012 y generales de 2013 participamos sin tener conexión ni nadie dentro del aparataje electoral. En las elecciones de 2016 y 2017 tampoco lo tuvimos, hasta que en 2019, tras una lucha que duró cuatro meses de estar casi todos los días en la calle y con duros enfrentamientos con la policía, se logró que se incorporase a Libre en los aparatos electorales y que se reforme la ley electoral", explicó Torres a este medio. Sin censo ni ley Los órganos electorales básicos de Honduras son el Registro nacional de las personas y el Consejo Nacional electoral, el gran conductor del proceso eleccionario en el país caribeño. También está el Tribunal de Justicia Electoral, dónde se dilucidan las denuncias por irregularidades y crímenes electorales. Según el secretario de internacionales del Libre, a pesar de la renovación en estas instituciones, la nueva ley electoral quedó demorada sin ser aprobada en el Congreso local. "El Partido Nacional frenó la aprobación de la nueva ley y generó unas elecciones internas y primarias bastante irregulares, porque aunque Libre esté por primera vez dentro del aparato electoral, las autoridades y estructuras nuevas tienen que desarrollar la elección con la ley y el censo viejo", apuntó Torres. La fuente explicó que el nuevo censo de votantes del país no llegó a concretarse antes de las elecciones primarias, pero que se identificó que existen 500.000 votos de personas que ya están muertas, además del millón de hondureños que han salido del país tras la crisis de 2009. "Le llamamos el Censo del fraude porque demostramos que es irregular y que no se puede partir de un censo distorsionado para realizar las elecciones. Esperamos corregir ambos para las generales de noviembre", expresó Torres Zelaya a Sputnik. Las demoras El político señaló que otro elemento que explica la tardanza en el proceso de conteo y en el escrutinio de la votación y refiere al hecho que tres días antes de los comicios del domingo 14 de marzo de 2021, fue desmontado el sistema de recepción y procesamiento de información de las actas electorales del país. "Tuvimos que montar un nuevo sistema de recepción y procesamiento de datos casi al mismo tiempo que estaban siendo las elecciones el domingo, eso explica por qué cinco días después apenas se tiene el 30% de las actas electorales escrutadas", señaló la fuente desde Honduras. Explicó que las dilaciones han generado nervios y preocupación en el país, ya que se decidió no realizar un proceso de transmisión rápida de datos, para evitar la generación de tendencias falsas durante el proceso de conteo. Sin embargo, para el integrante del principal partido de oposición en el país, las elecciones primarias fueron masivas, "las primarias más emocionantes en la historia de este país". Dado que las personas son fácilmente identificables en el momento de la votación primaria, —ya que cada partido tiene un cuarto de votación propio—, la oposición suele registrar un voto menor que el oficialismo, porque, según Torres, existe discriminación desde el Gobierno hacia los votantes de sus filas políticas. "Denunciamos en el marco de la pandemia por COVID-19 que el Estado de Honduras dejaba por fuera intencionalmente de la bolsa de comida a la gente que participó de los censos de Libertad y refundación. Fue peor cuando llegaron los huracanes Eta y Iota, porque se negó el apoyo gubernamental a la gente identificada con Libre", denunció el integrante de este partido. Sin embargo, los resultados parciales conocidos hasta el momento señalan que la candidata a la presidencia de Libre, Xiomara Castro, se proyecta con una votación más nutrida que el resto de los candidatos de los otros dos partidos en juego. Torres explicó que en Libre tenían calculado que necesitaban cosechar 50 votos por mesa electoral receptora para ubicarse nuevamente en el umbral de los 400.000 votos, como los que tuvieron en su primera elección interna. Sin embargo, la información que tienen hasta el momento indica que Libre obtuvo entre 80 y 100 votos por mesa, lo que duplica sus expectativas. "Aunque después vengan depuraciones en algunos votos y se puede impugnar algún acta, esto da un mensaje crítico al régimen porque o la gente le perdió el miedo a presentarse como parte de Libertad y refundación, o Libre tiene un caudal electoral muy grande, en los jóvenes que votan por primera vez", concluyó.

Un sacerdote contra el Estado mexicano

Un sacerdote contra el Estado mexicano Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone Por Marco Antonio López | 22/03/2021 | México Fuentes: Pie de Página Óscar Enríquez Pérez tiene una voz de volumen bajo, los ojos claros y el cabello blanco. Hace unos años inició una organización que desde Ciudad Juárez expuso al Ejército como una maquinaria de muerte, un peligro para la sociedad y un sistemático violador de derechos humanos. Para llegar a Ciudad Juárez, si se viene por el sur, es necesario cruzar una carretera que atraviesa montones de arena que, dicen, es arena de mar, arena que, con la paciencia de miles y miles y miles de años, la imperdonable y rigurosa línea del tiempo convirtió en inmenso desierto. Hace mucho que acá no hay mar, y mucho también que de la arena comprimida en la profundidad de las dunas brotan flores. Bajo el principio de la creación del vidrio, entre calor y arena, se forman las flores que nos regala este desierto, así les llaman: flores del desierto. Si se viene por el norte, de inicio sería como venir en sentido contrario. Al llegar a la frontera se encuentra un muro; y frente al muro hay un río casi seco, gran parte del año, pisado por personas que huyen de sus países en busca de asilo en Estados Unidos. Los perseguidos por la violencia, la pobreza, la nada como un vacío que crece como si se alimentara de días que pasan y días que aún no llegan pero no ofrecen esperanza a las personas que huyeron de Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, algún país de África, algún punto miserable de este mundo desequilibrado que en unas partes expulsa y en otras rechaza. Desde la orilla del río se puede ver pasar a los grupos: mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes que guardaron en su mochila el poco pasado, o lo poco útil de ese pasado, para echarlo a su espalda y correr de su país. Se les puede ver llegar al otro lado, aunque el otro lado sea definido por una línea imaginaria que, se supone, corre a la mitad del río -aunque el río también, en todo caso, puede ser imaginario- y entregarse a los agentes de uniforme verde para pedir protección internacional, para pedir que los dejen decir en una Corte que quedarse en su país es equivalente al suicidio. Todo esto uno puede ver si va por la orilla desde hace dos años. Y puede saber que se inició una lista de espera que fue creciendo. Que se cerraron los puentes internacionales. Que los que cruzan o intentan cruzar son retornados para esperar un proceso de solicitud de asilo a Estados Unidos en México, aunque no pidan asilo en México. Pero que son acuerdos de ambos países. Qué México apostó a la Guardia Nacional a lo largo de la orilla para impedir que los migrantes, mexicanos, centroamericanos, africanos, cubanos, puedan cruzar ese río, esa línea imaginaria. El ejército como otro muro antes del muro. Y después la pandemia, que paralizó todo. Llegar por el oriente es, quizá, la parte más triste para los habitantes de esta frontera; habría que pasar por los pueblos que forman el Valle de Juárez, comunidades que crecieron junto al río, con las condiciones necesarias que brinda la cercanía del agua para sembrar algodón. Guadalupe, Práxedis, El Millón, San Agustín, Loma Blanca, pueblos pequeños, de familias grandes y entre todos conocidas; acostumbrados a las labores del campo y que fueron el escenario principal o el más visible de la estrategia de combate contra el narcotráfico emprendida en el estado en 2008 por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Pueblos que simbolizaron unidad, trabajo y progreso se volvieron ruinas y fantasmas. En sus calles asesinaron a familias completas, desaparecieron, torturaron, enterraron. Pueblos a los que se les prendió fuego para dejar a la memoria alejarse en forma de ceniza. Se estima que entre 2008 y 2012 el 70 por ciento de la población de Guadalupe, cabecera municipal y poblado más importante, huyó. Esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por ejemplo. Llegar por ese lado también implicaría pasar por el Arroyo El Navajo, cerca de Práxedis G. Guerrero. Ver 13 cruces rosas junto a un cauce seco de tierra dura; una por cada cadáver de mujer identificada que fue abandonado ahí, a las faldas de la sierra. En ese punto se han encontrado los restos óseos de 26 mujeres. Un cementerio brutal en medio de la nada. En el poniente hay una carretera que cruza cerros y que conecta a la ciudad con los poblados de Palomas, frontera con Columbus, Nuevo México; Janos, lugar donde los Búfalos se alimentan de las praderas sin conocer de fronteras ni muros; siguiendo esa carretera hacia el sur Casas Grandes, el poblado en el que siete personas rodearon el vehículo del ex comandante de la Policía de Ciudad Juárez Adrián Matsumoto, que se bajó de su camioneta para ser acribillado frente a su familia el 3 de marzo de 2019 y donde a finales de 2020 se encontró una fosa clandestina con los restos de al menos 15 personas; más al suroriente de Casas Grandes, en la carretera que baja como el cuerpo de una serpiente: Benito Juárez, entre otros poblados. En la periferia de Ciudad Juárez, por este lado de la ciudad, hay una pinta gigante sobre un cerro que se alcanza a ver casi desde cualquier punto, que dice: La Biblia es la Verdad, Leela. A Juárez lo bordean por los costados la muerte y la desaparición; en el sur la esterilidad del desierto y el recuerdo de un mar que quedó en forma de millones de granitos de arena finísima y en el norte la esperanza que significa el agua del Río Bravo que a veces está y a veces no, pero que alimenta, bien o mal, la idea de vida que florece junto al río, o, poco más allá, “del otro lado”, el destino de un viaje suspendido. Esta es la cruz que forman los caminos para llegar a Ciudad Juárez. *** Hay un hombre sentado frente a mí, pero podría ser el inicio de una turba, gasolina en un incendio, el derrumbe que inicia una avalancha. Hay un hombre sentado frente a mí que inició una organización y alianzas que derrotaron al Estado mexicano. Que expuso al Ejército como una maquinaria de muerte, un peligro para la sociedad y un sistemático violador de derechos humanos. Hay un hombre aquí, pero podría ser varios. Óscar Enríquez Pérez tiene una voz de volumen bajo, los ojos claros y el cabello blanco y delgado como si el paso del tiempo hubiera ido erosionando su espesura; tiene unas manos manchadas de edad que lleva al pecho donde sostiene un micrófono con el que habla a más de doscientas personas en la parroquia Jesús Obrero, al poniente. Esta es una de las zonas marginadas y considerada una de las 80 colonias de la ciudad que viven en extrema pobreza, de acuerdo con el INEGI. Su iglesia es pobre, muy pobre si se le compara con otras que se encuentran en las zonas más favorecidas económicamente de la ciudad. En el altar, a la espalda del padre que oficia misa cada día, está siempre un Cristo resucitado, vivo. No es el Cristo clavado en una cruz a pesar de que está la cruz; el Cristo del padre Óscar no está clavado. Hay también una lona con un Cristo que trabaja cortando madera y hay otra cruz a un costado que mide alrededor de dos metros. Del ala derecha de la cruz cuelga el número 43 para recordar a los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Y en la cruz hay 101 cruces pequeñas hechas de palitos de paleta que llevan el nombre de una persona asesinada de alguna de las familias que conforman esta comunidad cristiana. La vida y la muerte se mezclan en esta parroquia, entre las manos de alrededor de doscientas personas que rezan y las cruces por los que ya no están. La voz baja del padre se amplía con las bocinas de las que también brotan las voces de 13 niños que conforman el coro. El padre dice, este domingo que anuncia el preludio del verano en el calor que emite un sol intenso del cielo despejado bajo el que se levanta esta parroquia, que no se pueden cerrar a los migrantes porque es cerrarse a Cristo. Lo dice en un contexto en el que los medios de comunicación con más alcance de la ciudad dicen lo contrario: que hay crisis, que la ciudad no soporta más migrantes ni los quiere. Los medios, el alcalde, los empresarios se han pronunciado rotundos en el tema, nadie invitó a la ciudad a los migrantes. El padre Óscar Enríquez pide lo que aprendió desde su formación jesuita en el seminario y en las lecturas de la teología de la liberación, que tiendan la mano siempre a los pobres, a los más vulnerables. Hay una cita bíblica que el padre recuerda, sentado en su oficina, que le da sentido a su lucha, a su trabajo social desde las comunidades eclesiales de base, me cuenta que Jesús dijo, según el Evangelio: “Todo lo que hacen al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen”. Óscar Enríquez está por cumplir 80 años; hace 55 años es sacerdote, desde hace 22 años que cada día oficia misa en la parroquia Jesús Obrero; solo fue interrumpido un año por la pandemia. Hace 20 que fundó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte desde donde atiende casos de tortura y desaparición forzada, es decir, a las víctimas de los agentes que se supone deberían brindar seguridad, a las víctimas del Estado. El Centro de Derechos Humanos que nació como un organismo de apoyo para las víctimas de cualquier violación a derechos humanos cambió en 2008 en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua y de lo que se llamó la estrategia de Guerra contra el Narcotráfico que emprendió el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en el país y específicamente en el estado fronterizo de Chihuahua. En el contexto del Operativo Conjunto arribaron al estado 11 mil 840 elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal, de acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Para 2010 los índices de violencia no sólo no disminuyeron, sino que incrementaron dramáticamente convirtiendo a Ciudad Juárez en la urbe más violenta del mundo con una tasa de homicidios para ese año de 229 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto, combinado con un golpe económico que llevó a la pérdida de 91 mil empleos, entre 2007 y 2009, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de la recesión económica en Estados Unidos que derivó en el cierre de varias plantas maquiladoras aquí. En este contexto se incrementaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad que patrullaban la ciudad y el estado. “Mira a tu alrededor. Toda la fe cristiana gira en torno a un torturado”, dice el sacerdote para explicar la visión cristiana frente a la práctica de tortura y la decisión personal de buscar erradicar esta violencia en la frontera. El torturado que en su iglesia aparece vivo e intacto. Desaparecer “Nitza Paola Alvarado Espinoza nació el 2 de noviembre de 1978… Rocío Irene Alvarado Reyes nació el 26 de agosto de 1991… José Ángel Alvarado Herrera Reyes nació el 24 de marzo de 1971”, dice la página 28 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí están sus nombres, el último registro de la lucha por encontrarlos. El último registro para decirle al Estado mexicano que es su responsabilidad la desaparición de estos tres familiares. Los primos José Ángel y Nitza Paola estaban adentro de una camioneta azul estacionada afuera de la casa de la suegra de José Ángel. Eran entre las ocho y las nueve de la noche del 29 de diciembre de 2009. Dos camionetas llegaron al lugar: una chevrolet gris de doble cabina y una hummer que, de acuerdo con los testigos, pudo ser blanca o un color muy claro. De las camionetas bajaron entre ocho y diez personas con uniforme militar camuflado, cascos y armas largas que hablaban con un acento distinto al de la zona. José Ángel, que estaba en el asiento del copiloto, bajó de la camioneta. Mientras algunos de los uniformados jalaban a Nitza del cabello, otro golpeó la cara de José Ángel con su arma. Los subieron a la camioneta de doble cabina y se fueron del lugar. Lo que quedó como escena para la suegra de José Ángel que vio por la ventana cómo se los llevaban, fue la camioneta con las puertas abiertas, el estéreo arrancado, sangre junto a una de las llantas. Una hora después Rocío Irene, de entonces 18 años, madre de una niña de dos años y empleada de una tienda de abarrotes, se encontraba rodeada por cerca de una decena de hombres vestidos de militares con cascos y armas largas. Estaba adentro de su casa a la que entraron a la fuerza, vio a sus tres hermanos, a su hija y a su madre, les dijo que estuvieran tranquilos, que todo iba a estar bien, aunque en realidad no supiera a dónde iba ni por qué se la llevaban. Les dijo que volvería pronto, hace más de diez años. La esposa de José Ángel, Obdulia Espinoza, vio por la ventana de la casa de su mamá cómo seis camionetas de la Policía Ministerial y una grúa se llevaban el vehículo de Nitza. Eran entre las tres y las cuatro de la madrugada del 30 de diciembre. Un día después, la hermana de Nitza, María de Jesús Alvarado Espinoza, vio en el patio de las instalaciones de la entonces Agencia Estatal de Investigación en Nuevo Casas Grandes, uno de los poblados más grandes y más cercanos, la camioneta de la que fueron sustraídos sus familiares. Al pedir el vehículo al personal de la dependencia, le dijeron que “era de los militares” y no se lo podían devolver. El agente de la Policía Ministerial que la atendió dijo que en ningún momento las tres personas que buscaba estuvieron detenidas en esa corporación. Entonces se vino el andar de una dependencia en otra denunciando, declarando siempre lo mismo y recibiendo siempre las mismas respuestas, que no, que “aquí no están”, que no los detuvieron militares, ni policías federales, ni ministeriales, ni estatales. Después encontraron inconsistencias en las declaraciones de los agentes de seguridad, unos dijeron que sí vieron a sus familiares detenidos en el campo del 35 Batallón de Infantería; y después, cuando se les mandó declarar dijeron que no. Les mostraron a los familiares la fotografía de una camioneta que estuvo bajo resguardo militar entre 2009 y 2010 y la cual reconocieron como el vehículo en que se llevaron a las tres víctimas. Con el avance de las denuncias y la presión por las investigaciones llegaron las amenazas. Una llamada telefónica a familiares directos de Nitza para decirles que tenían 24 horas para irse del pueblo porque estaban hablando de más. El atropellamiento intencional de un hermano de José Ángel al que después le allanaron la casa y le dejaron un mensaje en un papel pegado a una pared: “porque te quisimos quebrar y no se pudo, pero ya te tenemos culero y te va a cargar la verga a ti y a tu pinche familia atte ya sabes quién”. El acoso llevó a que 24 familiares directos de las víctimas dejaran sus casas, que se desplazaran del ejido a Chihuahua, a Hermosillo, Sonora; a Culiacán, Sinaloa; a Cuernavaca, Morelos; a Ciudad Juárez, Chihuahua y por último sin ninguna garantía de seguridad en México hacia diversos puntos de Estados Unidos. María de Jesús Alvarado Espinoza, hermanda de Nitza, que estaba en Estados Unidos con las hijas de la víctima decidió declarar en República Dominicana en la Corte Interamericana durante su proceso de asilo en Estados Unidos. Al tener prohibido salir del país aún no puede regresar y se encuentra en México. El padre Óscar todavía recuerda el día que la familia Alvarado llegó a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte un día de enero del 2009, porque se los encontró en la puerta y él personalmente escuchó el primer testimonio. Al escuchar los detalles del caso, ver pruebas y analizarlo en un contexto de militarización en el estado, decidió que el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte no podía llevar el caso solo y se alió con el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, en la ciudad de Chihuahua, con la Comisión Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y con Justicia para Nuestras Hijas quienes prepararon la defensa legal, la ayuda psicológica y todo el apoyo necesario para los familiares de las víctimas. El 28 de noviembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano por primera vez en un caso de desaparición forzada en el contexto de la estrategia de Guerra contra el Narcotráfico que impulsó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Lo que inició con una visita al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, con la casualidad de encontrarse al hombre de los ojos claros y el cabello cano que lucha desde que salió del seminario en 1966 por la justicia para los más pobres, el que salió a las comunidades en un contexto en el que el Vaticano realizó el único concilio del Siglo y en el que la comunidad cristiana de América Latina se organizó después del Congreso de 1968 en Medellín para pronunciarse como una iglesia de vuelta a las raíces de pelear por la igualdad y la justicia. Lo que inició el hombre que tiene presente a cada momento: “Lo que le hacen al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen”; y explica que agredir a otro ser humano es, entonces, agredir a Cristo. Lo que inició ahí terminó con una sentencia internacional contra el Estado mexicano en 2019. Y la sentencia llegó, además, en el momento en que el país se discutía todavía en cada estado a favor o en contra de la Guardia Nacional. De la vuelta a las calles del Ejército. Ejército que, en realidad, no regresó al cuartel luego de la estrategia de combate de Felipe Calderón. La estrategia de Operativos Conjuntos inició en 2006 en el estado de Michoacán y a partir de ahí se militarizaron en total 16 de los 32 estados de la República. De su inicio al 2012 circulaban por las calles de los estados bajo esquema de Operativo Conjunto, 50 mil militares, de acuerdo con información de la Presidencia de la República. Al iniciar la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y a lo largo de todo su sexenio los mismos elementos se mantuvieron en las calles pero con rotación, es decir, sin cambios sustanciales, de acuerdo con el Informe del Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias Christof Heyns. Entre 2007 y 2017 se registraron 10 mil 930 quejas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las que se emitieron apenas 121 recomendaciones. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas en el país hay al menos 36 mil 266 personas desaparecidas en el fuero común y mil 171 en el fuero federal. De las que alrededor de 3 mil desaparecieron en Chihuahua, hasta 2018. En Ciudad Juárez el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva actualmente diez casos por desaparición forzada. Al sacerdote se le puede ver cualquier día dando misa. En congresos contra la militarización. Denunciando casos públicamente. En marchas. En mítines. En las búsquedas que los familiares emprenden en la ciudad y en los poblados cercanos. Óscar Enríquez es el único sacerdote ordenado en el municipio de Madera, donde nació. Un poblado que es la entrada a la parte más profunda de la Sierra de Chihuahua. Lo ordenó el obispo Talamás Camandari, el más apegado que ha tenido la ciudad a la teología de la liberación. El niño que decidió ir al seminario a los 12 años para ayudar a los más vulnerables, el que ejerce el sacerdocio desde hace 55 años en Ciudad Juárez, fue el que llevó y derrotó al Estado mexicano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hombre que aparece en el mural del museo de Madera junto al primer obispo de Madera y al sacerdote actual sonriendo desde la frontera con la emblemática leyenda del cerro: “La Biblia es la Verdad, Léela”. * Esta historia fue publicada originalmente en AguaMala y La Verdad Juárez es reproducida con autorización del autor.

No temas, Jeanine, no somos como vos

No temas, Jeanine, no somos como vos Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone Por Cecilia Solá | 20/03/2021 | Bolivia Fuentes: Caminante del Sur No tengas miedo, Jeanine. A vos no te van a golpear hasta hacerte pulpa la cara. No te raparan la cabeza hasta hacerte sangrar el cuero cabelludo, con las manos atadas a la espalda. No te arrastrarán por las calles, después de arrojarte pintura roja, para el escarnio y la diversión de tus enemigos. No lo permitirían “las polleras”, esas cholas que tanto despreciaste y perseguirste. No tengas miedo, Jeanine. Fuiste detenida y encarcelada sin que tus derechos humanos fueran vulnerados. Fuiste conducida a una cárcel de mujeres, con acceso a defensa legal y ante los ojos del mundo, no humillada y aterrorizada por una jauría de machos rabiosos que te destrozaran y exhibieran tu miedo y tu dolor como un trofeo. No tengas miedo, Jeanine. Aunque hayas renegado de ser “una coya” y te hayas declarado aria, rubia y superior a esas pieles morenas y a esos ojos antiguos a quienes mandaste a cazar, no tengas miedo. Ellas, nosotras, no somos como vos. Fuente: https://caminantedelsur.com/2021/03/15/bolivia-no-temas-jeanine-no-somos-como-vos-cecilia-sola/