SAN SALVADOR (Sputnik) — El anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional que el Parlamento de El Salvador tiene que promulgar antes de este 28 de febrero es criticado por varias organizaciones de la sociedad civil, porque no cumple con mandatos de justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado (1980-1992).
"Un objetivo claro de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa de El Salvador sobre la Ley de Reconciliación es proteger criminales de guerra: impedir condenas de cárcel y proteger sus patrimonios", afirmó el exprocurador David Morales en su cuenta de Twitter.
Morales, quien encabezó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de 2013 a 2016, señaló que ni el testimonio desgarrador de las víctimas conmovió a los diputados lo suficiente para abandonar su objetivo con la nueva normativa.
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"Se ha elaborado un proyecto de ley clandestino, a espaldas de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, e incluso a espaldas de varios partidos políticos en la Comisión Política del legislativo", denunció Martel en un video compartido en redes sociales.
El actual procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, insistió en que la nueva ley cumpla con criterios de verdad, justicia transicional, reparación y garantías de no repetición, tal como mandató la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al derogar en 2016 la Ley de Amnistía vigente desde 1993.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones perpetradas tanto por los llamados 'escuadrones de la muerte' (grupos parapoliciales o paramilitares), por el ejército y por la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
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