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jueves, 25 de junio de 2020
rebrotes en España evidencia cómo el COVID-19 acampa en la pobreza
El mapa de los rebrotes en España evidencia cómo el COVID-19 acampa en la pobreza
MADRID
(Sputnik) — El mapa de los rebrotes de COVID-19 registrados en España
evidencia que esta enfermedad encuentra en la pobreza un vector de
transmisión. Afecta de forma más rotunda a los colectivos más
vulnerables socialmente, carentes de las condiciones mínimas para
protegerse.
"Tenemos algunos brotes en colectivos vulnerables, fundamentalmente en personas inmigrantes y centros de acogida",
explicó este jueves Fernando Simón, director del director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio
de Sanidad.
España acumula 44 brotes reconocidos oficialmente por las autoridades sanitarias desde el inicio de la desescalada del confinamiento, de los cuales al menos 18 todavía están activos.
Si
se atiende a las características de esos focos de transmisión pueden
distinguirse escenarios muy diversos: desde los esperables casos
localizados en hospitales y residencias a otros llegados del extranjero,
pasando por celebraciones familiares e incluso casos en empresas cárnicas.
Sin embargo, destaca especialmente la proliferación de brotes entre personas vulnerables,
sobre todo entre migrantes en centros de acogida y explotaciones
agrícolas, donde el trabajador sin papeles es carne de cañón, mano de
obra barata sin herramientas legales para protegerse de los abusos.
Este jueves 25 fue detectado un brote
con hasta 89 positivos en un centro de acogida de la Cruz Roja en
Málaga, a poco más de una hora en coche de Algeciras, donde dos
albergues municipales dedicados a dar cobijo a personas vulnerables
fueron aislados tras registrar 22 casos.
Actualmente el mayor brote de España está localizado en la región de
Aragón, donde se registraron 250 casos relacionados con una empresa
hortofrutícola.
Un cariz similar tienen los brotes surgidos en la provincia catalana
de Lleida, que mantiene aisladas a 42 personas en hoteles tras un brote
entre siete temporeros, a los que hay que sumar otros 24 casos positivos
en una granja.
¿Por qué en el campo?
La concentración de casos en el ámbito del trabajo agrario es
especialmente llamativa, sobre todo a la vista de que al menos
teóricamente en los espacios abiertos el riesgo de transmisión del virus
es menor. Entonces, ¿por qué no paran de surgir brotes en este entorno?
En
opinión de Juan Antonio Segura, experto en migración de la Red Europea
de Lucha contra la Pobreza (EAPN por sus siglas en inglés) esto se debe a
la precariedad, el hacinamiento y la falta de higiene impuesta sobre
los trabajadores extranjeros en el entorno agrícola.
"Nuestras investigaciones indican que en España unas 15.000 personas
viven en asentamientos chabolistas junto a explotaciones agrarias. Se
trata de población en mayor parte migrante que vive situaciones de gran
precariedad, sin una vivienda digna y sin acceso a condiciones de
higiene, sin agua, lo que les convierte en altamente vulnerables al
COVID-19", explica a Sputnik el portavoz de la EAPN.
Añade Segura que "esta realidad es intolerable para una sociedad como
la española. No podemos permitir que en nuestro país haya seres humanos
viviendo en esas condiciones".
El Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, ya llamó la atención sobre la existencia de estos asentamientos el pasado mes de febrero.
En un informe elaborado tras recorrer el país, Alston decía haber
quedado "pasmado" por la situación de los recolectores de fresa en
Huelva, tratados "como animales".
"La situación de los recolectores de la fresa en Huelva es peor que en un campo de refugiados", rezaba el informe.
Es decir, el entorno dramático e insalubre en el que miles de
personas se ven obligadas a vivir en España ya era una realidad antes de
la pandemia, aunque ahora la crisis sanitaria urge a buscar soluciones
para contener la expansión de la enfermedad.
Regulariazción
Para alejar a las personas migrantes sin papeles de estos entornos insalubres y proteger al conjunto de la población de los contagios por coronavirus, los expertos sobre inclusión destacan la importancia de permitir su acceso a los sistemas de protección social.
Durante
la pandemia, países como Italia o Portugal apostaron por una
regularización masiva de migrantes que hasta la fecha no parece en los
planes del Gobierno español.
Además, la medida estrella del Gobierno español para contener la
crisis social, la instauración de un Ingreso Mínimo Vital (IMV), tampoco
ofrece cobertura a los migrantes irregulares.
Según explica a Sputnik Lara Contreras, portavoz de Oxfam Intermon,
para recibir el IMV es necesario tener la residencia en España durante
un año, lo que a su vez implica tener que haber vivido en el país tres
años con anterioridad.
"Se deja fuera a una gran parte de población que, además, ha sido
esencial para la sociedad durante la pandemia", señala, subrayando que
muchos jornaleros siguieron trabajando durante la crisis sanitaria o que los trabajos relacionados con los cuidados recaen, sobre todo, en las espaldas de mujeres migrantes sin papeles.
"Los trabajadores inmigrantes han
estado ahí para nosotros, proveyendo alimentos y cuidando de las
personas que necesitaban. Todas estas personas aportan un gran valor
social y generan riqueza", añade.
Por todo ello, a ojos de Contreras la puesta en marcha de un proceso de regularización masiva con motivo de la pandemia no solo respondería a motivos humanitarios e incluso sanitarios, sino que tendría sentido desde el punto de vista económico.
"Pedimos
una regularización extraordinaria porque no se puede permitir que
contratemos de pronto a jornaleros porque nos conviene para la
agricultura, pero no les demos ningún derecho. No puede ser que los
tratemos como pura mercancía", concluye.
En un sentido similar se expresa Juan Antonio Segura, destacando que "si no hubiera sido por la población inmigrante, difícilmente hubiéramos tenido en esta pandemia el abastecimiento que hemos tenido en nuestros supermercados".
No obstante, también pone el foco sobre que los motivos económicos no
deben ser el primer factor a tener en cuenta a la hora de ofrecer unas
condiciones de vida digna a la gente.
"Necesitamos de esa población
inmigrante en nuestra estructura productiva, pero sobre todo necesitamos
que estén en condiciones de dignidad", señala antes de concluir que "no
podemos pensar que la inmigración es solamente un factor económico. Si
no, volveremos a lo que describía Max Frisch en los 60 cuando decía
aquello de 'pedimos mano de obra y nos vinieron personas'".
"Pedimos
una regularización extraordinaria porque no se puede permitir que
contratemos de pronto a jornaleros porque nos conviene para la
agricultura, pero no les demos ningún derecho. No puede ser que los
tratemos como pura mercancía", concluye.
En un sentido similar se expresa Juan Antonio Segura, destacando que "si no hubiera sido por la población inmigrante, difícilmente hubiéramos tenido en esta pandemia el abastecimiento que hemos tenido en nuestros supermercados".
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