La secretaria de Monseñor Romero y exmilitante del ERP, María Isabel Figueroa, participa en un acto con vecinos en Valencia
Estuvo en la guerrilla y fue secretaria de Monseñor Romero. Hija de un pequeño propietario campesino, católico y sin militancia política, que cultivaba maíz, arroz, frijoles y verduras, María Isabel Figueroa (Suchitoto, Cuscatlán, 1948) se trasladó a estudiar a la capital, San Salvador. Su madre se dedicaba a las tareas domésticas y a cuidar de la familia numerosa, formada por 10 hermanos. En San Salvador la joven estudió el bachillerato, comenzó con la carrera universitaria –cursó un año de Filosofía- y a participar en las comunidades cristianas de base y el movimiento popular. Desempeñó su primer trabajo en una asociación de cooperativas dependiente del Arzobispado de San Salvador; y después en el archivo diocesano con Monseñor Luis Chávez y González (antecesor de Óscar Romero), quien estuvo al frente de la Archidiócesis de San Salvador entre 1938 y 1977; la muchacha tenía entonces 22 años y continuaba con el trabajo voluntario –en los barrios humildes y periféricos de la capital- con las comunidades eclesiales de base, “muy vinculadas a los sindicatos, las cooperativas y el movimiento universitario”, recuerda.
Seguía, como muchos salvadoreños, el mensaje del Concilio Vaticano II (1962-1965), promovido por el Papa Juan XXIII y entre cuyos objetivos figuraba el “aggiornamento” de la iglesia católica; además tomaba impulso para la acción en la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM), celebrada en 1968 en Medellín. “Íbamos casa por casa en las ‘comunidades marginales’, dándonos a conocer de parte de una parroquia y creando confianza y amistad con la gente; muchos eran católicos sólo porque se les había bautizado, cumplían con los sacramentos o asistían a misa los domingos, pero no tenían un entendimiento de lo que significaba el Evangelio”, explica Figueroa. El primer tema de reflexión -en torno a la Biblia- versaba sobre la injusticia.
Eran los periodos de la presidencia del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977) cuando, según recuerda el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, se produjo la “intervención militar” de la Universidad de El Salvador (1972); además en julio de 1975 “fueron masacrados estudiantes y pueblo que acompañaba su lucha”, apunta Cuéllar (El Mundo de El Salvador, julio 2017); el general Carlos Humberto Romero Mena, presidente del país entre 1977 y 1979, ejercía como ministro de Defensa y Seguridad Pública cuando se produjo la masacre.
El 24 de marzo de 1980 Óscar Arnulfo Romero fue asesinado por un “escuadrón de la muerte” ultraderechista, cuando oficiaba una misa en la Capilla del Hospital La Divina Providencia, en San Salvador; el día anterior al crimen concluyó de este modo la homilía: “En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!” Unos minutos antes se hizo eco de los hechos “trágicos” de la semana; por ejemplo, “se registró uno de los más fuertes y dolorosos operativos militares en las zonas campesinas; los cantones afectados fueron La Laguna, Plan de Ocotes, El Rosario”, con un balance de “muchísimos ranchos quemados, acciones de saqueo y lo que nunca falta, cadáveres”. Asimismo Romero informó a los feligreses sobre un comunicado de Amnistía Internacional (AI), que le entregaron al entrar en la iglesia con el siguiente contenido: “AI recientemente condenó al Gobierno de El Salvador, responsabilizándolo de 600 asesinatos políticos”.
Romero fue designado Arzobispo de San Salvador en febrero de 1977. María Isabel Figueroa trabajó con el eclesiástico durante dos años y medio, en el despacho ubicado en la segunda planta del Seminario Mayor de San José de la Montaña; allí laboraba, también como secretaria, su compañera Silvia Maribel Arriola, religiosa asesinada por el ejército en enero de 1981, cuando hacía acompañamiento -como enfermera- en el frente de combate. María Isabel Figueroa recogía en el despacho la correspondencia -muy abundante-, la seleccionaba y resumía; la entonces secretaria destaca dos etapas respecto al posicionamiento de Romero: “Antes de ser arzobispo creo que fue un sacerdote-obispo con valores humanos y caritativos pero conservador, sin un compromiso muy definido con el pueblo”. Es más, si el papa Pablo VI lo designó cuarto Arzobispo Metropolitano de San Salvador, “no pensábamos que lo hiciera para favorecer a la iglesia de los pobres que construíamos a partir de Medellín”.
La activista destaca como punto de inflexión en el compromiso de Óscar Romero la muerte de su amigo, el sacerdote jesuita Rutilio Grande García, en marzo de 1977; Rutilio Grande fue acribillado junto a los feligreses Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutlio Lemus, de 16, por “escuadrones de la muerte” de la Guardia Nacional en el municipio de Aguilares. “Fue notoria la ausencia de las autoridades que oficialmente suelen prestar ayuda en estos casos”, criticó en un comunicado el Arzobispado de San Salvador. “En la parroquia de Aguilares, en cuya jurisdicción se encontraba su pueblo natal, El Paisnal, Rutilio dedicó los cuatro últimos años de su vida a proclamar el Evangelio y la justicia del reino de Dios entre los campesinos; en la misma línea de Jesús, denunció al explotador e hizo conciencia en el explotado de la dignidad y sus derechos”, explica el director del Centro Monseñor Romero y profesor de Teología de la Universidad Centroamericana (UCA), Rodolfo Romero (“Rutilio Grande: mártir de la evangelización rural en El Salvador”, conferencia en Roma, marzo de 2019).
Dos días después del crimen, Monseñor Romero ofició una misa de exequias en todo el país –en la catedral de San Salvador- por Rutilio Grande, a la que asistieron miles de personas; “Romero empezó a denunciar la violencia en las homilías”, afirma María Isabel Figueroa (por ejemplo, en mayo de 1977, con motivo del asesinato del sacerdote Alfonso Navarro Oviedo y el menor Luisito Torres, perpetrado por la organización ultraderechista Unión Guerrera Blanca; o por la detención y expulsión del país del sacerdote jesuita Jorge Sarsanedas); en esta segunda etapa, “Romero se acercaba a los sacerdotes más comprometidos y se hizo más accesible a las comunidades que llegaban a compartirle qué pasaba en los cantones”, añade Figueroa, quien continuaba trabajando en las comunidades eclesiales de base, en barrios como Zacamil (San Salvador).
En 1980 María Isabel Figueroa ingresó en la guerrilla; estuvo cinco años en el campo y otros siete en la ciudad. El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recogió la “acción coordinada” que, en mayo de 1980, encabezó el ejército de El Salvador con la colaboración de tropas hondureñas y que pasó a la historia como la masacre del río Sumpul (entre 300 y 1.500 campesinos muertos, según las fuentes, que intentaban entrar en Honduras); en la escabechina de El Mozote (departamento de Morazán), que también afectó a los cantones y caseríos cercanos, las fuerzas armadas salvadoreñas perpetraron la ejecución extrajudicial, en diciembre de 1981, de cerca de mil personas.
Cuatro décadas después en Valencia, donde ha participado en un acto con vecinos en la Asociación Vilanova del Grao, la activista hace memoria de aquellos años: “Las marchas y protestas populares eran reprimidas y había gente asesinada; entonces el pueblo se vio obligado a definir ‘frentes de guerra’, en los que comenzó a defenderse; la gente que tenía problemas en la ciudad se podía ir al campo, a estos ‘frentes’, y sentirse allí más protegidos, porque había ya grupos de compañeros (armados) del FMLN; se sabía que si el ejército venía a buscar a la gente, habría un enfrentamiento”.
Militó durante 12 años en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones que en octubre de 1980 constituyeron el FMLN; las otras cuatro fueron el Partido Comunista de El Salvador (PCS), las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (FPL), la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). María Isabel Figueroa estuvo en el Frente Paracentral y en la ciudad de San Salvador. De la experiencia revolucionaria extrae algunas conclusiones: “Sí que ha servido, porque a pesar de tanta sangre, lucha y sacrificio de la gente, si no hubiera sido así no habríamos alcanzado lo poco que tenemos ahora; al final el ejército y el gobierno llegaron a un empate de fuerzas con el pueblo alzado en armas; no pudieron continuar más y cedieron al diálogo”.
En enero de 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz en el castillo de Chepultepec (México), que pusieron fin a 12 años de conflicto armado, con un balance de cerca de 75.000 personas asesinadas y 8.000 víctimas de desaparición forzada (entre ellas más de mil menores). La Comisión de la Verdad surgida de los acuerdos presentó en 1993 el informe “De la locura a la esperanza”; la Comisión registró más de 22.000 denuncias por “graves hechos de violencia”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas; los testimonios señalaron la responsabilidad de agentes del Estado, grupos paramilitares y “escuadrones de la muerte” en el 85% de los casos. Según el informe de la UCA “El Salvador: verdad, justicia y reparación”, de 2009, durante la guerra el Estado salvadoreño desplegó “estrategias militares de control y exterminio de la población civil para combatir a los grupos insurgentes”.
¿Qué influencia tuvo durante el conflicto Estados Unidos? “Ah!, la intromisión fue terrible”, responde María Isabel Figueroa; “creo que los problemas que tenemos en América Latina y el mundo son por el imperialismo; en El Salvador tuvimos la presencia real de los Estados Unidos dirigiendo la guerra; los cuerpos de los combatientes eran salvadoreños, pero hasta el tamal que se comían venía enlatado de Estados Unidos; parece que se gastaron millones diarios en la guerra con nosotros”. El historiador Héctor Ibarra Chávez, exmiembro del ERP y combatiente durante una década en la guerrilla, subraya la coyuntura de diciembre de 1983: “En este contexto de victorias militares del FMLN, y de un eventual ‘colapso moral’ de las Fuerzas Armadas, es que se inicia la escalada intervencionista de los Estados Unidos, y el riesgo de una inminente intervención con tropas norteamericanas”; se trataba de evitar, en los términos de la Administración estadounidense, “otra Nicaragua en Centroamérica” (“Brigada Rafael Arce Zablah ¡Misión Cumplida! (Expediente Abierto, 2008).
Actualmente María Isabel Figueroa participa en la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES), surgida de un movimiento de mujeres adscritas a las comunidades eclesiales de base de Zacamil y su entorno, en 1986. El objetivo inicial -ampliado con los años a programas de sostenibilidad, niñez, salud y desarrollo comunitario- era apoyar a la infancia huérfana por los asesinatos y la tortura durante la guerra. “En la historia de El Salvador hay personajes nefastos”, asevera la activista ya en el final de la conversación. Menciona al exmayor Roberto d’Aubuisson (1943-1992), adiestrado en la Escuela de las Américas, a quien la Comisión de la Verdad atribuye la orden del asesinato de Óscar Romero y la dirección de un grupo de “escuadrones” paramilitares. D’Abuisson fue asimismo uno de los fundadores del partido derechista ARENA en 1981.
Figueroa cita además al grupo de militares de alta graduación de “La Tandona”, a quienes la UCA considera presuntos autores intelectuales –a partir del informe de la Comisión de la Verdad- del asesinato de seis jesuitas, una trabajadora y su hija en el recinto de la Universidad Centroamericana, en noviembre de 1989 (este sector de oficiales “llegaron a controlar la mayor parte de los puestos de poder en la Fuerza Armada y, en consecuencia, se sentían impunes a la hora de actuar ilegalmente”, detalló la UCA en un comunicado). En la trinchera contraria, “no lo conocí, pero Farabundo Martí me parece un líder valioso; y de la iglesia, Monseñor Romero”, concluye María Isabel Figueroa.
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