Nuevas elecciones bajo estado policial (¿Qué hacer?)
Con el pesado desenvolvimiento de estos días de represión militar y resistencia popular ante el golpe de Estado oligárquico-imperialista, se despeja con más nitidez el escenario de una nueva Jornada Electoral como “salida constitucional” a la crisis política. Con ello, no obstante, se afianza un Estado de contra-inseguridad con coro electoral. Es decir, se trata del establecimiento de una nueva forma política, que por la coyuntura actual, el régimen de facto está presionado a profundizar.En los últimos días, el “diálogo político” avanza en el poder Legislativo. Parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del bloque golpista (UD y PDC), reunidos en “Comisión de Constitución” del Senado han aprobado este sábado 23 la ley de “Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales”. Al día siguiente, la golpista Áñez la ha firmado.
Fue fundamentalmente la decisiva respuesta heroica de las organizaciones indígenas, campesinas y movimientos sociales y de trabajadores bolivianos y de sus métodos de lucha y resistencia -los históricos bloqueos que se remontan a las gestas de Túpac Katari- la que logró sentar en la mesa de negociación al gobierno de facto obligándola a reconocer la Asamblea Legislativa Plurinacional y el “hilo constitucional” para organizar y convocar a elecciones.
Sin embargo, el consenso por la convocatoria a nuevas elecciones, portan serios riesgos en los cuales el MAS y los movimientos sociales deben estar atentos.
Hay que señalar que desde el inicio de la crisis política, el bloque golpista –hegemonizado por EU, apoyado por la OEA y su “informe preliminar”– tenía la encomienda imperial de denunciar “fraude” en la elección del 20 de octubre. Cuando Evo llamó a nuevas elecciones, el golpismo las rechazó sabiéndose derrotados bajo las mismas condiciones de competencia política. Como sabemos, la decisión fue profundizar la fascistización del proceso hasta el último golpe.
Fue hasta la autoproclamación golpista del gobierno de facto encabezado por la senadora Jeanine Áñez que se asumió como “gobierno de transición democrática”, que se presentó el “compromiso” de “convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible”, es decir, bajo otras condiciones políticas de la competencia electoral. En esta nueva fase del gobierno de excepción, el imperialismo estadounidense, en voz de Mike Pompeo (21/11/2019), manifestó su “admiración al pueblo boliviano por defender su Constitución, su democracia y sus elecciones libres, justas y transparentes", y exhortó a Evo y a su equipo de gobierno “hacerse a un lado y dejar que los bolivianos reconstruyan sus instituciones”.
Estado de derecho, justicia, elecciones, libertades conforman los elementos principales de una narrativa que ciñe la “máscara democrática” con la que se revisten las “protodictaduras grises” y veladas de hoy, muy distintas a las “dictaduras blindadas” de ayer (Beinstein [1]).
Así, el actual ministro de Defensa de Bolivia, Fernando López, ha señalado que las fuerzas armadas de su país “fungen como el verdadero paladín de la democracia” (22/11/2019).
Con lo señalado hasta aquí, sostenemos que consumado el golpe de Estado y la defenestración del gobierno de Evo Morales, el régimen de facto encabezado por Áñez representa un cambio cualitativo en la forma de gobierno bajo la cual se viene estableciendo una superestructura política de excepción (policial-militar) con “máscara democrática”, con el objeto de construir condiciones de control político, jurídico, mediático y social que lleve a una modificación en las relaciones de fuerza en aras de desmantelar, desarticular y desmovilizar a las clases trabajadoras y fuerzas populares, al partido del MAS, así como diezmar sus capacidades políticas para la próxima competencia electoral.
El concepto que permite designar de modo inequívoco esta nueva forma de gobierno establecida en Bolivia es el de “Estado de contrainseguridad con coro electoral” (Osorio [2]). Pensamos que es sobre esta forma estatal que se debe debatir, pues gran parte de esta forma política viene a funcionar (hablando en un tiempo inmediato) para construir condiciones políticas en última instancia encaminadas a liquidar al adversario popular (progresista)así como en la competencia electoral, y de este modo arribar a la consolidación del Golpe.
El Estado de contra-inseguridad con coro electoral
El Estado de contra-inseguridad puede definirse como una forma de gobierno de redoblados rasgos autoritarios mediante los cuales se ejercen mecanismos de control y disciplinamiento social dirigidos a socavar las capacidades políticas y de organización social de las fuerzas sociales antagonistas a los intereses de las clases, fracciones u oligarquías predominantes. Uno de los principales rasgos de esta forma política reside en que reposa en el uso de políticas de seguridad y/o combate a la “inseguridad”, de cuyo principal objetivo consiste en desmantelar, desorganizar, controlar y vigilar a las organizaciones sociales, partidos políticos y movimientos sociales oponentes a los proyectos económicos y políticos del gran capital.
De acuerdo con Jaime Osorio, exponente de la teoría marxista de la dependencia, el Estado de contra-inseguridad con coro electoral se caracteriza sobre los siguientes elementos:
1) se configura a partir de los intereses de oligarquías locales y fracciones del capital internacional, los cuales pretenden impedir el mantenimiento o repetición de gobiernos populares, para lo que radicalizan sus acciones dirigidas a “recuperar la gestión del aparato de Estado”;
2) se apoya en el fortalecimiento de “las políticas de seguridad”, las que son desplegadas para enfrentar “en lugar destacado a las fuerzas sociales, organizaciones y líderes que cuestionan las políticas del capital”;
3) es una forma de gobierno que “mantiene las consultas electorales”, no obstante, “bajo procedimientos de mayor control, sea de las fuerzas que participan, de los candidatos, y de los resultados”;
4) parte de las acciones que ejerce dicha forma política son para minar la “credibilidad”, popularidad y socavar los alcances políticos de “organizaciones que amenacen la paz social y electoral que los grandes capitales reclaman”, lo que implica a su vez “destruir” o incluso “eliminar” a líderes sociales y políticos con gran capacidad de “respuestas de masas”;
5) Construye acciones de control social vinculadas a “mecanismos en donde se incrementa la percepción de inseguridad pública”, infundiendo el “miedo” en la sociedad con la presencia de “enemigos de la paz social y de los valores de la ´comunidad´”, lo que pone en acción un conjunto de prácticas con el objeto de “desorganizar y reprimir la resistencia social”, “desarticular las organizaciones populares”, “desmovilizar a la sociedad”, al tiempo que controla, procesa y distribuye una narrativa de justificación (lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, combate a la corrupción y la impunidad, defensa de la seguridad nacional, etc.) de “la vigilancia y la intervención policial y militar” anclada en medios de comunicación seleccionados;
6) es una forma política que establece enérgicas acciones para “perseguir” o “eliminar” a quienes cuestionan y denuncian las políticas del Gobierno o sus atropellos autoritarios (civiles o militares); reformula y endurece las normas de seguridad pública; pone en acción mecanismos “de control y vigilancia de los opositores”; crea nuevos vínculos con organismos de inteligencia y fuerzas armadas de EU.
Como vemos, las operaciones políticas imperiales no tratan exclusivamente de lo que se ha venido llamando “uso político de la justicia” (Lawfare) o judicialización política, sino que más bien, éstas operaciones se enmarcan dentro de toda una forma política y de gobierno que se ha constituido fundamentalmente bajo las recientes experiencias de América Latina (Honduras, Colombia, Paraguay, Brasil) al asedio de una nueva etapa imperialista. Es Bolivia -hablando de un marco temporal inmediato signado por el nuevo calendario electoral- quien se encuentra hoy bajo la presión de profundizar esta forma de gobierno, y que algunos pueden llamar en un sentido mucho más amplio como Estado policial.
Elementos que deben visualizarse hacia unas elecciones bajo Estado policial: condiciones de control político y social en Bolivia
Podría resultar altamente riesgoso si el MAS en la mesa de diálogo otorga –en aras de que se convoque a elecciones– concesiones al gobierno de facto, sin exigir garantías sustantivas y de reciprocidad que velen los derechos políticos, democráticos y constitucionales de todos los ciudadanos de Bolivia, incluido los dirigentes de las organizaciones y movimientos sociales, así como los del propio Evo Morales y Álvaro García Linera, con sus derechos de retornar a su tierra y el respeto a su participación política y social.
El MAS ha aceptado –incluso desde un inicio– que el propio binomio Evo-Álvaro no participe en la elección, con el fin de dar salida constitucional a la crisis política. También se han retirado buena parte de los bloqueos a “cuarto intermedio” y ello en la medida en que –según las propias organizaciones sociales– el diálogo en la Asamblea Legislativa “avanza” con la convocatoria a elecciones, cediendo éstas en parte con cierta “desmovilización” en aras de la “estabilidad”. Además, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Henry Cabrera, parlamentario del MAS, señaló que "no van a sugerir a ningún vocal" para el Tribunal Supremo Electoral, lo que puede resultar altamente riesgoso.
En síntesis, ¿cuáles son las demandas del MAS que pongan un portentoso dique para contravenir el Estado policial y de contra-inseguridad que tiende a profundizar el régimen de facto de Jeanine Áñez en el próximo periodo electoral? ¿Cuáles son y deben ser las demandas de garantías sustantivas y veraces para que se respeten los derechos políticos y constitucionales de todos los militantes y dirigentes del MAS y fuerzas sociales aliadas, y que a su vez pongan fin a las condiciones de persecución político-judicial y de desarticulación y control social en tiempos pre y post electorales?
Esta es una cuestión fundamental que deben resolver los movimientos sociales y populares para participar en la justa electoral bajo condiciones democráticas y constitucionales.
Freno a las persecuciones de dirigentes sociales (y del MAS) y a las acciones de control, desarticulación y desmovilización social
En este contexto, parlamentarios del MAS presentaron este sábado 23 un Proyecto de “Ley para la Pacificación del País y para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano”, el cual pretende otorgar garantías jurídicas a Evo y a su equipo de colaboradores para impedir su detención o la apertura de procesos judiciales en su perjuicio. Entrevistada el mismo día sábado sobre dicho proyecto de Ley, la usurpadora Áñez señaló poniendo de manifiesto el doble y peligroso sentido de su discurso: “Todo aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley; ha cometido abusos, no tendrá amnistía de ningún tipo”. Y agregó: “El nuevo país que queremos será una Bolivia de justicia, no de impunidad […] mi decisión es clara y firme no voy a promulgar esa ley, no podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos.
A este respecto, señalamos que vemos igualmente insuficiente el “Programa de Construcción de Paz” para Bolivia presentado por la ONU el sábado 23. En uno de sus incisos señalan que propiciarán “el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas, en condiciones de igualdad y sin intimidación, durante la campaña electoral, las elecciones y el período post electoral”.
El mismo día de la presentación de este programa de “pacificación” por parte de Naciones Unidas, el presidente derrocado, Evo Morales, denunció en su cuenta de twitter: “Continúa la persecución de dirigentes. Sin pruebas ni argumentos jurídicos, arrestaron a Gerardo García, vicepresidente del MAS-IPSP, al Ejecutivo de la FUL de la UMSS, Carlos Juchani y anunciaron orden de captura contra Wilma Alanoca. Paren las detenciones ilegales e injustas.”
La lista es larga y creciente
La instalación de un Estado policial en Bolivia es de extrema gravedad. Los dirigentes señalados por Evo no son los únicos perseguidos, amenazados, detenidos y llevados a juicio. La lista es larga. Desde el quebrantamiento de los derechos de participación política (en sus distintas expresiones) de Evo y García Linera, de los juicios “nacionales” e “internacionales” promovidos en contra del primero (caso del “montaje del audio”, o de otras denuncias penales por “terrorismo” y una lista de delitos), hasta los violentos métodos de censura en contra de una prensa acusada de “sedición”, no puede tolerarse el funcionamiento de un régimen político policial, y menos aún en el marco de la contienda electoral o incluso post-electoral.
Con la renuncia de los principales mandatarios, se vieron obligados a renunciar distintos gobernadores estatales pertenecientes al MAS, tales como Álex Ferrier (Beni), Iván Canelas (Cochabamba), Víctor Hugo Vásquez (Oruro). Varios de éstos han sido perseguidos (incendiándoles sus casas por hordas fascistas y paramilitares) e incluso han sido aprehendidos como el caso de Esteban Urquizu, gobernador de Chuquisaca, por presunto “abandono de funciones” y “uso indebido de bienes y servicios púbicos”. A ello se agregan del excandidato a diputado por el MAS y dirigente político de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), Jesús Vera; la orden de aprehensión en contra de Nicolás Laguna, director ejecutivo de AGETIC; el arresto domiciliario de Windsor S. exdirector de Tecnología, Información y Comunicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE);
Como vemos, las horas presentes de una Bolivia al abrigo de un Estado de contra-inseguridad, experimentan el ejercicio del castigo, el control social-institucional y la vindicta neocolonial en contra de los pueblos más humildes de Nuestra América.
La tarea urgente es bloquear el conjunto de acciones desplegadas por el estado de contra-inseguridad y/o policial en el marco de la justa electoral, fortalecer la movilización social y las organizaciones populares, derrotar el golpe y lograr la victoria.
Notas:[1] Jorge Beinstein, “Las nuevas dictaduras latinoamericanas”, 17/03/2018, https://beinstein.lahaine.org/
[2] Jaime Osorio, “El Estado de contrainseguridad con coro electoral en América Latina”, 11/08/2018, https://www.rebelion.org/
Fue fundamentalmente la decisiva respuesta heroica de las organizaciones indígenas, campesinas y movimientos sociales y de trabajadores bolivianos y de sus métodos de lucha y resistencia -los históricos bloqueos que se remontan a las gestas de Túpac Katari- la que logró sentar en la mesa de negociación al gobierno de facto obligándola a reconocer la Asamblea Legislativa Plurinacional y el “hilo constitucional” para organizar y convocar a elecciones.
Sin embargo, el consenso por la convocatoria a nuevas elecciones, portan serios riesgos en los cuales el MAS y los movimientos sociales deben estar atentos.
Hay que señalar que desde el inicio de la crisis política, el bloque golpista –hegemonizado por EU, apoyado por la OEA y su “informe preliminar”– tenía la encomienda imperial de denunciar “fraude” en la elección del 20 de octubre. Cuando Evo llamó a nuevas elecciones, el golpismo las rechazó sabiéndose derrotados bajo las mismas condiciones de competencia política. Como sabemos, la decisión fue profundizar la fascistización del proceso hasta el último golpe.
Fue hasta la autoproclamación golpista del gobierno de facto encabezado por la senadora Jeanine Áñez que se asumió como “gobierno de transición democrática”, que se presentó el “compromiso” de “convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible”, es decir, bajo otras condiciones políticas de la competencia electoral. En esta nueva fase del gobierno de excepción, el imperialismo estadounidense, en voz de Mike Pompeo (21/11/2019), manifestó su “admiración al pueblo boliviano por defender su Constitución, su democracia y sus elecciones libres, justas y transparentes", y exhortó a Evo y a su equipo de gobierno “hacerse a un lado y dejar que los bolivianos reconstruyan sus instituciones”.
Estado de derecho, justicia, elecciones, libertades conforman los elementos principales de una narrativa que ciñe la “máscara democrática” con la que se revisten las “protodictaduras grises” y veladas de hoy, muy distintas a las “dictaduras blindadas” de ayer (Beinstein [1]).
Así, el actual ministro de Defensa de Bolivia, Fernando López, ha señalado que las fuerzas armadas de su país “fungen como el verdadero paladín de la democracia” (22/11/2019).
Con lo señalado hasta aquí, sostenemos que consumado el golpe de Estado y la defenestración del gobierno de Evo Morales, el régimen de facto encabezado por Áñez representa un cambio cualitativo en la forma de gobierno bajo la cual se viene estableciendo una superestructura política de excepción (policial-militar) con “máscara democrática”, con el objeto de construir condiciones de control político, jurídico, mediático y social que lleve a una modificación en las relaciones de fuerza en aras de desmantelar, desarticular y desmovilizar a las clases trabajadoras y fuerzas populares, al partido del MAS, así como diezmar sus capacidades políticas para la próxima competencia electoral.
El concepto que permite designar de modo inequívoco esta nueva forma de gobierno establecida en Bolivia es el de “Estado de contrainseguridad con coro electoral” (Osorio [2]). Pensamos que es sobre esta forma estatal que se debe debatir, pues gran parte de esta forma política viene a funcionar (hablando en un tiempo inmediato) para construir condiciones políticas en última instancia encaminadas a liquidar al adversario popular (progresista)así como en la competencia electoral, y de este modo arribar a la consolidación del Golpe.
El Estado de contra-inseguridad con coro electoral
El Estado de contra-inseguridad puede definirse como una forma de gobierno de redoblados rasgos autoritarios mediante los cuales se ejercen mecanismos de control y disciplinamiento social dirigidos a socavar las capacidades políticas y de organización social de las fuerzas sociales antagonistas a los intereses de las clases, fracciones u oligarquías predominantes. Uno de los principales rasgos de esta forma política reside en que reposa en el uso de políticas de seguridad y/o combate a la “inseguridad”, de cuyo principal objetivo consiste en desmantelar, desorganizar, controlar y vigilar a las organizaciones sociales, partidos políticos y movimientos sociales oponentes a los proyectos económicos y políticos del gran capital.
De acuerdo con Jaime Osorio, exponente de la teoría marxista de la dependencia, el Estado de contra-inseguridad con coro electoral se caracteriza sobre los siguientes elementos:
1) se configura a partir de los intereses de oligarquías locales y fracciones del capital internacional, los cuales pretenden impedir el mantenimiento o repetición de gobiernos populares, para lo que radicalizan sus acciones dirigidas a “recuperar la gestión del aparato de Estado”;
2) se apoya en el fortalecimiento de “las políticas de seguridad”, las que son desplegadas para enfrentar “en lugar destacado a las fuerzas sociales, organizaciones y líderes que cuestionan las políticas del capital”;
3) es una forma de gobierno que “mantiene las consultas electorales”, no obstante, “bajo procedimientos de mayor control, sea de las fuerzas que participan, de los candidatos, y de los resultados”;
4) parte de las acciones que ejerce dicha forma política son para minar la “credibilidad”, popularidad y socavar los alcances políticos de “organizaciones que amenacen la paz social y electoral que los grandes capitales reclaman”, lo que implica a su vez “destruir” o incluso “eliminar” a líderes sociales y políticos con gran capacidad de “respuestas de masas”;
5) Construye acciones de control social vinculadas a “mecanismos en donde se incrementa la percepción de inseguridad pública”, infundiendo el “miedo” en la sociedad con la presencia de “enemigos de la paz social y de los valores de la ´comunidad´”, lo que pone en acción un conjunto de prácticas con el objeto de “desorganizar y reprimir la resistencia social”, “desarticular las organizaciones populares”, “desmovilizar a la sociedad”, al tiempo que controla, procesa y distribuye una narrativa de justificación (lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, combate a la corrupción y la impunidad, defensa de la seguridad nacional, etc.) de “la vigilancia y la intervención policial y militar” anclada en medios de comunicación seleccionados;
6) es una forma política que establece enérgicas acciones para “perseguir” o “eliminar” a quienes cuestionan y denuncian las políticas del Gobierno o sus atropellos autoritarios (civiles o militares); reformula y endurece las normas de seguridad pública; pone en acción mecanismos “de control y vigilancia de los opositores”; crea nuevos vínculos con organismos de inteligencia y fuerzas armadas de EU.
Como vemos, las operaciones políticas imperiales no tratan exclusivamente de lo que se ha venido llamando “uso político de la justicia” (Lawfare) o judicialización política, sino que más bien, éstas operaciones se enmarcan dentro de toda una forma política y de gobierno que se ha constituido fundamentalmente bajo las recientes experiencias de América Latina (Honduras, Colombia, Paraguay, Brasil) al asedio de una nueva etapa imperialista. Es Bolivia -hablando de un marco temporal inmediato signado por el nuevo calendario electoral- quien se encuentra hoy bajo la presión de profundizar esta forma de gobierno, y que algunos pueden llamar en un sentido mucho más amplio como Estado policial.
Elementos que deben visualizarse hacia unas elecciones bajo Estado policial: condiciones de control político y social en Bolivia
Podría resultar altamente riesgoso si el MAS en la mesa de diálogo otorga –en aras de que se convoque a elecciones– concesiones al gobierno de facto, sin exigir garantías sustantivas y de reciprocidad que velen los derechos políticos, democráticos y constitucionales de todos los ciudadanos de Bolivia, incluido los dirigentes de las organizaciones y movimientos sociales, así como los del propio Evo Morales y Álvaro García Linera, con sus derechos de retornar a su tierra y el respeto a su participación política y social.
El MAS ha aceptado –incluso desde un inicio– que el propio binomio Evo-Álvaro no participe en la elección, con el fin de dar salida constitucional a la crisis política. También se han retirado buena parte de los bloqueos a “cuarto intermedio” y ello en la medida en que –según las propias organizaciones sociales– el diálogo en la Asamblea Legislativa “avanza” con la convocatoria a elecciones, cediendo éstas en parte con cierta “desmovilización” en aras de la “estabilidad”. Además, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Henry Cabrera, parlamentario del MAS, señaló que "no van a sugerir a ningún vocal" para el Tribunal Supremo Electoral, lo que puede resultar altamente riesgoso.
En síntesis, ¿cuáles son las demandas del MAS que pongan un portentoso dique para contravenir el Estado policial y de contra-inseguridad que tiende a profundizar el régimen de facto de Jeanine Áñez en el próximo periodo electoral? ¿Cuáles son y deben ser las demandas de garantías sustantivas y veraces para que se respeten los derechos políticos y constitucionales de todos los militantes y dirigentes del MAS y fuerzas sociales aliadas, y que a su vez pongan fin a las condiciones de persecución político-judicial y de desarticulación y control social en tiempos pre y post electorales?
Esta es una cuestión fundamental que deben resolver los movimientos sociales y populares para participar en la justa electoral bajo condiciones democráticas y constitucionales.
Freno a las persecuciones de dirigentes sociales (y del MAS) y a las acciones de control, desarticulación y desmovilización social
En este contexto, parlamentarios del MAS presentaron este sábado 23 un Proyecto de “Ley para la Pacificación del País y para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano”, el cual pretende otorgar garantías jurídicas a Evo y a su equipo de colaboradores para impedir su detención o la apertura de procesos judiciales en su perjuicio. Entrevistada el mismo día sábado sobre dicho proyecto de Ley, la usurpadora Áñez señaló poniendo de manifiesto el doble y peligroso sentido de su discurso: “Todo aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley; ha cometido abusos, no tendrá amnistía de ningún tipo”. Y agregó: “El nuevo país que queremos será una Bolivia de justicia, no de impunidad […] mi decisión es clara y firme no voy a promulgar esa ley, no podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos.
A este respecto, señalamos que vemos igualmente insuficiente el “Programa de Construcción de Paz” para Bolivia presentado por la ONU el sábado 23. En uno de sus incisos señalan que propiciarán “el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas, en condiciones de igualdad y sin intimidación, durante la campaña electoral, las elecciones y el período post electoral”.
El mismo día de la presentación de este programa de “pacificación” por parte de Naciones Unidas, el presidente derrocado, Evo Morales, denunció en su cuenta de twitter: “Continúa la persecución de dirigentes. Sin pruebas ni argumentos jurídicos, arrestaron a Gerardo García, vicepresidente del MAS-IPSP, al Ejecutivo de la FUL de la UMSS, Carlos Juchani y anunciaron orden de captura contra Wilma Alanoca. Paren las detenciones ilegales e injustas.”
La lista es larga y creciente
La instalación de un Estado policial en Bolivia es de extrema gravedad. Los dirigentes señalados por Evo no son los únicos perseguidos, amenazados, detenidos y llevados a juicio. La lista es larga. Desde el quebrantamiento de los derechos de participación política (en sus distintas expresiones) de Evo y García Linera, de los juicios “nacionales” e “internacionales” promovidos en contra del primero (caso del “montaje del audio”, o de otras denuncias penales por “terrorismo” y una lista de delitos), hasta los violentos métodos de censura en contra de una prensa acusada de “sedición”, no puede tolerarse el funcionamiento de un régimen político policial, y menos aún en el marco de la contienda electoral o incluso post-electoral.
Con la renuncia de los principales mandatarios, se vieron obligados a renunciar distintos gobernadores estatales pertenecientes al MAS, tales como Álex Ferrier (Beni), Iván Canelas (Cochabamba), Víctor Hugo Vásquez (Oruro). Varios de éstos han sido perseguidos (incendiándoles sus casas por hordas fascistas y paramilitares) e incluso han sido aprehendidos como el caso de Esteban Urquizu, gobernador de Chuquisaca, por presunto “abandono de funciones” y “uso indebido de bienes y servicios púbicos”. A ello se agregan del excandidato a diputado por el MAS y dirigente político de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), Jesús Vera; la orden de aprehensión en contra de Nicolás Laguna, director ejecutivo de AGETIC; el arresto domiciliario de Windsor S. exdirector de Tecnología, Información y Comunicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE);
Como vemos, las horas presentes de una Bolivia al abrigo de un Estado de contra-inseguridad, experimentan el ejercicio del castigo, el control social-institucional y la vindicta neocolonial en contra de los pueblos más humildes de Nuestra América.
La tarea urgente es bloquear el conjunto de acciones desplegadas por el estado de contra-inseguridad y/o policial en el marco de la justa electoral, fortalecer la movilización social y las organizaciones populares, derrotar el golpe y lograr la victoria.
Notas:[1] Jorge Beinstein, “Las nuevas dictaduras latinoamericanas”, 17/03/2018, https://beinstein.lahaine.org/
[2] Jaime Osorio, “El Estado de contrainseguridad con coro electoral en América Latina”, 11/08/2018, https://www.rebelion.org/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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