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viernes, 15 de mayo de 2020
La lucha por la libertad de expresion vence al gobierno Boliviano
La lucha por la libertad de expresión vence al Gobierno boliviano
Es
la primera gran derrota que asesta el pueblo boliviano al Gobierno de
Jeanine Áñez, que hoy es acusado de excesos, corrupción y mal manejo de
conflictos, en especial el de la pandemia. El Gobierno boliviano se vio
obligado a derogar un decreto que atentaba contra la libertad de
expresión.
A
seis meses de haber asumido la presidencia de mano de los jefes
militares, luego del golpe contra el Gobierno de Evo Morales Ayma,
Jeanine Áñez, ha logrado con éxito unir en su contra a distintos
sectores de la sociedad boliviana, con un peligroso y polémico decreto.
Pero tuvo que retroceder en su afán de coartar (aún más) la libre
expresión. Mediante un tuit de la ministra de Comunicación, el Gobierno
anunció que derogó la disposición adicional única del decreto supremo 4.231, del 7 de mayo de 2020 y anteriores disposiciones.
El referido decreto supremo,
que en su parte fundamental está dedicado a un tema de salud, de modo
subterfugio, en la sección de "disposiciones adicionales" establecía una
medida punitiva de tal magnitud que estremeció los cimientos de la
sociedad boliviana.
A la letra indicaba: "Las personas que
inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o difundan
información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa,
artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o
afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población,
serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el
Código Penal".
De ese modo, el decreto elevaba a la categoría "de penalmente
punible" cualquier manifestación de opinión y abría la puerta de par en
par, a las caprichosas interpretaciones de cualquier miembro del
Gobierno actual, de los órganos del orden y de justicia.
Al parecer, Áñez y sus más próximos asesores tomaron esa decisión
porque se sintieron fortalecidos con el espaldarazo que recibieron de
Donald Trump el pasado 2 de mayo, a quien la presidenta agradeció por su "solidaridad democrática".
Pero el rechazo fue abrumador y le llovieron críticas tanto a nivel
nacional como internacional. La Asociación Nacional de la Prensa de
Bolivia (ANP) hizo pública su profunda preocupación por el contenido del decreto 4.231.
La misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) calificó de excesiva la medida, mientras que el relator de ONU
dijo que la penalización de la desinformación es desproporcionada y el
relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, enunció que comparte plenamente el análisis de la Oacnudh en Bolivia sobre los problemas que presenta el decreto del Ejecutivo de Bolivia.
El candidato y expresidente Carlos Mesa expresó que ve "tentaciones de autoritarismo".
Por su parte, Luis Arce Catacora, candidato por el MAS, partido del expresidente Evo Morales, exigió al Gobierno abrogar el polémico decreto.
Es un signo de desgaste
Si las cosas estuviesen bajo control, el Gobierno no habría dictado
tal norma. Este decreto es un importante síntoma de los temores que
experimenta el Gobierno de Jeanine Áñez por la pérdida de credibilidad.
El Gobierno cada día se ve superado por el malestar de la gente, que
está preocupada por la forma de enfrentar la pandemia, o mejor dicho
ante la ausencia de medidas de bioseguridad serias que no permitan la
expansión de la enfermedad.
La gente clama que se realicen más pruebas de detección del coronavirus, la pobreza se hace sentir cada día con más crudeza, millones no tienen qué comer, y mientras tanto la presidenta ha pedido que recen y hagan ayuno, ultrajando de manera perversa el dolor causado por la tragedia de la cuarentena.
Pero la situación es tal, que la gente ha empezado a perder el miedo y
rechaza en redes sociales los escándalos de mal uso de bienes públicos,
como el uso del avión presidencial
para viajes particulares de su hija y festejo de cumpleaños con sus
amigos y para transportar amigos de la presidenta o ministros.
Entre tanto, para intentar aplacar ánimos, el Gobierno saca a las
calles a bandas musicales de policías a dar serenata, o hace marchar a
los militares. Áñez intenta frenar el coronavirus no con pruebas
clínicas, sino con predicadores que desde helicópteros rocían con agua para espantar la pandemia y además transmite esos actos en directo por el canal de televisión estatal.
Pero el Gobierno de Áñez está siendo rebasado por la gente, que
aprendió a convocarse y organizarse en redes sociales y hacer sonar
cacerolas vacías o petardos en protesta, pero también por el hambre.
El Gobierno no puede contener esta ola de indignación ante la triste
situación que vive Bolivia, por eso intentó hacerlo mediante el decreto
4.231. La gente está cansada y preocupada.
Los escándalos por denuncias de corrupción son a diario y la lista es
larga e involucra a empresas estatales, importantes generadoras de
riqueza, aquí unas pinceladas.
El Gobierno se vio obligado adestituir al presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, pues se detectó
casos de millonarias contrataciones de emergencia hechas al amparo de
decretos que autorizan compras directas, sin licitación. El escándalo de
corrupción en la empresa telefónica ENTEL, cuyo gerente escapó a EEUU.
Los sindicatos protestan y exigen transparencia, mientras que las denuncias de corrupción
y renuncia de altas autoridades se han sucedido cada semana. Las cosas
han llegado al extremo que el fiscal general, luego de largo silencio,
tuvo que decir que están investigando.
Indignación creciente rechaza transgénicos
Pero algo que está directamente relacionado con el decreto derogado, es el decreto supremo 4.232 que "de manera excepcional autoriza
al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados
para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya,
genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al
abastecimiento del consumo interno y comercialización externa".
Así, el Gobierno se ha rendido a los pies del agronegocio, sin importar la opinión del resto de actores políticos y sociales.
La sociedad boliviana de manera abrumadora rechaza el uso de tales
tecnologías riesgosas, más aún cuando es un país con importantes
cultivos orgánicos. El Gobierno sabía que habría rechazo, pero creyó que
manteniendo a la gente encerrada en cuarentena podría controlar la
protesta.
Distintos grupos sociales, personalidades, organizaciones no gubernamentales, etc., rechazaron el decreto con el argumento de que pondrá en riesgo la seguridad alimentaria, pero el Gobierno no ha retrocedido.
El rechazo a los transgénicos en Bolivia
es de larga data, y cada vez cala más profundo la conciencia de que no
hay necesidad de ellos, pues no hay garantías de que sean inocuos, sino
que son un coctel de genes
que solo envenena, afecta al medioambiente y pone en riesgo la salud,
pero por otro lado, llena los bolsillos de transnacionales.
Ahora ante la serie de conflictos que afronta, el Gobierno ha pedido a los obispos de la Iglesia católica que ayuden a generar un clima de diálogo para aplacar las protestas sociales.
Así, Áñez ha perdido ya la posibilidad de pasar a la historia
como lo hicieron los expresidentes Guido Vildoso Calderón y Eduardo
Rodríguez Veltzé, que lideraron procesos de transición mediante
elecciones y sin haberse visto tentados a retener el poder.
El laberinto en el que se halla hoy la presidenta Jeanine Áñez es
tal, que muchos se preguntan, ¿hasta cuándo logrará sostenerse? Mientras
tanto, ella se aferra cada vez más fuerte a la mano de sus mentores
norteamericanos que hoy pululan en las calles de Bolivia.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
El Gobierno se vio obligado a destituir al presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, pues se detectó
casos de millonarias contrataciones de emergencia hechas al amparo de
decretos que autorizan compras directas, sin licitación. El escándalo de
corrupción en la empresa telefónica ENTEL, cuyo gerente escapó a EEUU.
Los sindicatos protestan y exigen transparencia, mientras que las denuncias de corrupción
y renuncia de altas autoridades se han sucedido cada semana. Las cosas
han llegado al extremo que el fiscal general, luego de largo silencio,
tuvo que decir que están investigando.
Distintos grupos sociales, personalidades, organizaciones no gubernamentales, etc., rechazaron el decreto con el argumento de que pondrá en riesgo la seguridad alimentaria, pero el Gobierno no ha retrocedido.
El rechazo a los transgénicos en Bolivia
es de larga data, y cada vez cala más profundo la conciencia de que no
hay necesidad de ellos, pues no hay garantías de que sean inocuos, sino
que son un coctel de genes
que solo envenena, afecta al medioambiente y pone en riesgo la salud,
pero por otro lado, llena los bolsillos de transnacionales.
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