Ejército colombiano: el pene como cuchillo

Por Alberto Pinzón Sánchez | 13/07/2020 | Colombia

Fuentes: Rebelión

[Fuente imagen AFP. Niñas indígenas se manifiestan en el monumento a los héroes de Colombia en Bogotá]

El desgarro de vestiduras en señal de protesta airada (unas verdaderas y las más simuladas) de opinadores en Colombia, tras los casos “filtrados” o dados a conocer, de violaciones colectivas cometida por parte de soldados del ejército colombiano de niñas indígenas en lugares tan remotamente separados y ocurridos en fechas distantes; una reciente en la región de la costa Pacífica chocoana donde vive la etnia Chamí (28.06.2020) y cinco casos previos en septiembre 2018, ocurridos en la región selvática del Guaviare donde vive la etnia Makú, según la denuncia del investigador Ariel Ávila para la revista Semana  Ver  https://www.semana.com/nacion/articulo/el-relato-de-la-nina-indigena-que-habria-sido-abusada-por-militares-en-guaviare/682848
No solo muestran que Colombia, como muchos de ellos lo dicen, es una sociedad enferma moralmente anclada en los principios religiosos del cristianismo del siglo VII, que decía que “se debía condenar implacablemente el pecado, pero perdonando al pecador”; sino más bien una conexión que no se ha querido ver entre tan aberrantes perpetraciones relacionadas con la unidad dialéctica de la guerra contrainsurgente adelantada por el Pentágono estadounidense contra diversos pueblos y etnias en el Mundo en el marco de la llamada Guerra Global contra el Terrorismo y que fusionó definitivamente: Uno, el uso del terror del Estado como método de control social (método en el cual el ejercito colombiano es uno de sus más aventajados alumnos con más larga experiencia en el Mundo. Y dos, el uso militar de la ciencia social llamada Antropología, tal y como lo denunció el antropólogo mexicano Gilberto López y Rivas ( 2012) en su contundente análisis-denuncia de los manuales de contrainsurgencia del US Army, que se puede leer en el siguiente enlace del portal Rebelión .org   https://rebelion.org/docs/222324.pdf en donde en la página 26, citando la denuncia de la “American Anthropological Association” hecha en 2006, condenando el uso del conocimiento antropológico como elemento de tortura física y psicológica, por ejemplo, para lograr que “ hombres árabes humillados sexualmente podrían llegar a ser informantes comedidos” (pág 26 op cit)
El uso del conocimiento antropológico es tan antiguo como el colonialismo. Esto es lo primero que se aprende al iniciar estudios de Antropología, o por lo menos en mi época. No sé si ahora sea igual. En Nuestramérica tenemos escritos de cronistas y conquistadores, verdaderas preciosuras escritas del “trabajo de campo” o método de la ciencia antropológica, usados por el Poder Imperial europeo para conquistar, dominar y colonizar, y luego, explotar mediante trabajo esclavo a los pueblos originarios americanos, o incluso para exterminar a los que ofrecieron resistencia reemplazandolo por esclavos traídos del África. Sin embargo, el uso militar “científico” de la antropología se remonta a los albores de la primera gran guerra europea, cuando se usaron abiertamente los descubrimientos de Malinowski en Nueva Guinea y de Evans-Pritchard en el alto Nilo y en Sudán, para elaborar los planes estratégico-políticos de las potencia europeas en guerra por territorios coloniales y conservar sus dominios una vez concluyera la disputa armada inter imperialista.
Antes y durante la segunda guerra mundial son muy conocidos los trabajos de campo de la “ciencia nazi” para demostrar más que la superioridad de la raza blanca aria, la inferioridad física y mental de los pueblos “periféricos”, es decir por fuera del centro capitalista desarrollado tanto de Europa (rusos, eslavos del sur, pueblos balcánicos, turcos y norafricanos) como de los demás continentes.  En Colombia, el político falangista Laureano Gómez coincidía con el “científico” liberal Luis López de Mesa, afirmando seriamente que nuestra pobreza generalizada se debía a la pereza para el trabajo y a la mala sangre de nuestros ancestros indígenas y negros.
 En el campo anglosajón son clásicos los usos militares que le dieron los aliados de la guerra, a los estudios de Margaret Mead sobre los pobladores de la polinesia, de Ruth Benedict sobre Japón, o del letón Isaiah Berlin sobre Rusia y la URSS. Después, en las décadas siguientes y durante la guerra de Vietnam, es bien conocido el manual FM 31-21 de 1961, titulado  “guerrilla  warfare  and  special  forces operations”, publicado por el  Departamento de Defensa de EEUU, cuyo objetivo era adiestrar a los soldados de las fuerzas especiales o “boinas verdes”, en su interacción con personal de “otras culturas”, enseñándoles a utilizar técnicas de guerrilla,  así como de psicología de combate, de comunicación con gentes de otras culturas, de pedagogía y captación de auxiliares e informantes clandestinos, recopilación de información y trabajo de campo. Iniciativa que se fue perfeccionando a medida que se tenían nuevas experiencias militares y se ampliaba la expansión militar mediante el empleo de lo que se ha dado en llamar “la Antropología Mercenaria”, ampliamente demostrada en innumerables estudios, el más agudo el del mexicano López Rivas, cuyo enlace fue citado arriba.
“Despues del morbo viene la calma”, sabemos todos los colombianos: Pobre angelito, pobre niña desvalida, aturdida y llorosa sentada en una piedra a la orilla de un río con su ropita hecha jirones intentando lavar su inocencia manchada, escribe alguien. ¡No! Nada inocente, pilas señores de la autoridad que puede ser un falso positivo de la malicia indígena colombiana, escriben desde la bodeguita del Matarife afilandole los cuchillos. El fiscal turista también afila términos jurídicos y da a entender que no fue una violación de 7 soldados armados hasta los dientes que usaron el pene como si fuera un cuchillo para producirle pánico a una niña desarmada y terror a la parentela de la comunidad Chamí (o Makú en el caso del Guaviare) sino que hubo consentimiento y seducción por parte de ella, pues iba semidesnuda e insinuante.
Aceptados sin asaco los hechos por los culpables y minimizados por sus superiores, surge una de las más enjundiosas discusiones jurídicas en muchos años en Colombia entre jurisconsultos santanderistas: Un padre de la patria, ingenuo todo él, pregunta: ¿le aplicarán a esos pobres soldados tostados la cadena perpetua que acabamos de aprobar en el parlamento? No, responde otro más sutil, dando a entender que en Colombia hay varias jurisdicciones legales, los indios están pidiendo a esos soldados para juzgarlos por las leyes indígenas. A lo que un alto general responde que es mejor darles el batallón por cárcel.
En el entretanto, la voz tronante de Vivanco no se escucha desde Washington para que defina como supremo árbitro jurídico global, aceptado por todos, hasta por el Jesuita padre De Roux, si esta atrocidad sexual corresponde a un crimen de guerra y entonces se hace necesario pedir YA la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI por sus siglas en castellano) en cuya fiscalía de la Haya, amedrentada por las sanciones anunciadas por Trump y en donde se acumulan centenares de denuncias sobre crímenes de guerra cometidos por los “actores” del conflicto colombiano, también se guarda un prudente silencio. ¡Malhaya en la Haya!
Pero también hay resistencia: algunos Juristas sinceros y honestos, apoyados por unos políticos “Vegan” en trance de los votos del centro izquierda, dicen tímidamente que bien valdría “revisar” la doctrina militar imperante en Colombia, y así, echarle tierrita a este escándalo que ya pasó y nos preparamos para el otro que ya llega. Ay, del recuerdo del padre García Herreros, preclaro educador de generaciones.  
No es revisar la doctrina militar “contrainsurgente”, con la que se ha adelantado toda esta barbarie llamada conflicto interno colombiano que ha enfermado moral y éticamente a la sociedad colombiana. No sirve de mucho revisar todo ese corpus teórico-práctico que tiene como uno de sus principios básicos el uso militar de la Antropología científica en terreno, y donde quiera que se desarrolle la guerra contrainsurgente (en Chocó o en el Guaviare por ahora) y que le sirve (como le ha servido durante 5 décadas) al Bloque de Poder dominante de “espada vengadora del Estado contra quienes osan retarlo” para mantener el orden público, oprimir al pueblo trabajador y, explotarlo.
 No es revisar esa doctrina. Es barrerla de la realidad jurídico- política colombiana y eliminarla de las mentes de los militares colombianos, para que adopten una mentalidad moderna de servicio y defensa de la soberanía de sus conciudadanos como lo recomendara hace 200 años nuestro padre Simón Bolívar.
Es entender sin aspavientos y sin claudicaciones, que esas violaciones de niñas indígenas en lugares tan dispares como el Chocó o Guaviare donde se recicla actualmente el conflicto social armado colombiano y se da continuidad a la guerra contrainsurgente en Colombia, hoy en el 2020, no ha sucedido por casualidad o por la exacerbación momentáneas de la libido perverso paidófilo de unos soldados enclaustrados, sino que tienen un hilo conductor y sistémico que es el uso del Terror de Estado como método infalible largamente usado de control social. Pues esas atrocidades, llámese como se quieran llamar son crímenes de guerra y crímenes de Estado aquí o en Cafarnaúm. ¿Acaso no estaban los militares buscando indígenas sexualmente humillados para convertirlos en informantes comedidos, como dice el manual militar estadounidense?
No son pecados que se reparan o se “sanan” con una “confesión de boca y propósito de la enmienda”, sino hechos jurídicos que causan una responsabilidad judicial concreta ¿Quién es el encargado de reparar o resarcir en concreto, semejante injuria? ¿El Estado colombiano que dice representar los intereses generales de toda la sociedad? ¿La comunidad global representada por una Corte Penal Internacional? ¿Acaso las organizaciones indígenas que piden juzgar a los soldados bajo los fueros indígenas de la época colonial? Estas son las preguntas que esperamos sean resueltas. No importa si lo son desde Washington, o la Haya, en Bogotá, o en la isla de San Andrés, con tal que se respondan como debe ser.